Crónicas de la corrupción, por Ernesto J. Navarro

Cuándo las culpas de un gobierno
las paga un “chino”

El viernes negro transformó la vida económica de la nación. Aparece Recadi en el deceso del gobierno de Luis Herrera Campíns. El presidente Lusinchi continuó con el organismo de control cambiario. Los jueces dijeron a que los altos funcionarios de un gobierno era muy difícil comprobarles un delito. El Fiscal General de la época colgó los guantes.

Miércoles 21 de marzo de 1990. En reunión plenaria de la cámara alta del Congreso Nacional de Venezuela, la parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el Estado Zulia, Lolita Aniyar de Castro, finaliza su exposición -donde aborda el tema de la corrupción- solicitando a los Senadores: se abra una investigación contra el ex presidente adeco y Senador vitalicio (condición que atribuía la constitución de 1960 a los ex mandatarios), Jaime Lusinchi.

Aniyar de Castro pidió: "que se nombre una Comisión Especial que investigue su grado de responsabilidad política, civil o administrativa, en relación con la malversación del Patrimonio Nacional, en virtud de sus atribuciones constitucionales, con especial referencia al caso Recadi”. [1]

Se revivía, con este discurso, el bochornoso tránsito de uno de los casos de corrupción irresoluta, que naufragaba en las aguas del olvido nacional desde 1983.

UN PARTO LLAMADO RECADI

Estamos en 1983, finaliza el quinquenio del presidente Luis Herrera Campíns (COPEI). Luego de una reunión donde participó el gabinete de ministros y los representantes del Banco Central de Venezuela, presidido entonces por el “búfalo” Leopoldo Díaz Bruzual; se llegó a la conclusión de que había que romper con la libre convertibilidad de la moneda y se asumió un programa de cambios diferenciales.
De esta forma, el gobierno nacional instituye un apéndice del Ministerio de Hacienda, para que administre la vuelta a un sistema cambiario que, 20 años antes, estaba en manos del Banco Central de Venezuela.

Es así como el “domingo 20 de febrero, el Presidente Luis Herrera Campíns dicta un decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días lunes 21 y martes 22. Esta medida fue extendida posteriormente hasta el día 25 de febrero; y el día 22, por decreto presidencial, se establece un control diferencial que permite el cambio de 4,30 bolívares por dólar sólo para los gastos corrientes, envío a estudiantes del exterior, amortización de las deuda pública interna y la privada externa y para las operaciones de la industria petrolera, del hierro y otros renglones”. [2]

Nace, en medio de una turbulencia nacional denominada por los medios de comunicación como Viernes Negro: La Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, que pasaría a los anales de la historia nacional por sus siglas, Recadi. Esta organización manejó a sus anchas todas las divisas que circularon por las cuentas bancarias desde 1983 y hasta 1989, sin que nada -al menos hacia el conocimiento público- diera cuenta de la oscura procesión que se movía por dentro.

FLOTANDO EN CADA GOBIERNO

Jaime Lusinchi (AD) toma posesión de la presidencia de la república el 2 de febrero de 1984, bajo el llamado proselitista de: “pueblo, pongamos al país en marcha”. El testigo en las riendas del poder nacional se lo entrega Herrera Campíns. De esta manera y por cuarta vez consecutiva, la presidencia pasa de adecos a copeyanos y viceversa... era la época de esplendor del pacto de Puntofijo.

Recadi, a lo largo de este período accióndemocratista, continuaba siendo utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios, ventajas económicas, evadir leyes, responsabilidades, lucrarse en grupo e individualmente de las mayorías populares. El nombre de Blanca Ibáñez, secretaría privada del presidente Lusinchi será uno de los más relacionados con este caso.

No fue, sino con el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cuando se tomó la decisión de liquidar a Recadi el 10 de febrero de 1989. Un mes más tarde, la ebullición de aquel hervidero de corrupción, alcanzaría luz pública en los espacios del Congreso Nacional.

LA PRIMERA PIEDRA

Carlos Tablante quién para el 26 de marzo de 1989 actuaba como Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados del parlamento venezolano, denunció “aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, utilización de dólares preferenciales para fines distintos a los declarados, sobre facturación de importaciones y soborno” [3] en la oficina del Régimen Cambiario Diferencial. Rafael Salazar, general de resguardo nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación (FAC) hoy Guardia Nacional (GN) lo acompañó en la denuncia.
El diputado de la tolda naranja, acusó a un grupo de empresas, denominadas de la siguiente manera:

Distribuidora Nueva Zelandia C.A.
Maquinarias Royal C.A.
Maquinarias Europa, C.A.
Maquinarias Victoria y
Maquinarias Onix.

Agregó que todas las mencionadas “pertenecen a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas", dijo Tablante.

El recién estrenado presidente de la república, Carlos Andrés Pérez (CAP), quién tomó posesión en medio de una faraónica ceremonia propia de la Venezuela Saudita y con un importante respaldo popular, reaccionó como era de esperarse por parte de un hombre curtido en las arenas del pacto de puntofijo, solicitó el jueves 23 de febrero de 1989 -según aparece reseñada en una nota del diario El Nacional al día siguiente- a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, "abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2.500 ó 3.000 millones de dólares".

Las primeras flechas hicieron blanco en los últimos directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro, pero también impactaron en las empresas verificadores internacionales: Société Généralé Surveillance Caleb Brett, Bureau Veritas .

A pesar de que el ex presidente Lusinchi envió un fax a los medios de comunicación, defendiendo sus actuaciones frente a Recadi, varios dirigentes políticos se sumaron a los petitorios de investigación, entre ellos Antonio Ledezma de AD, Humberto calderón Berti y el socialcristiano Douglas Dáger que expresó una especie de profecía: “Recadi amenaza con quedarse en el puro escándalo y los peces gordos impunes”.

No obstante las primeras denuncias parecían tener alguna acogida en los predios judiciales, por orden del juez Luis Guillermo La Riva, del Tribunal Superior de Salvaguarda, se impuso auto de detención y prohibición de salida del país a los únicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Société Généralé Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola, a pesar de contar con una lista de 90 personas.

Andrés Velásquez, diputado del partido la Causa Radical y miembro de la Comisión Especial del Congreso, adelantó "las investigaciones quedarán en nada, no sólo por el débil piso moral de nuestras instituciones, sino porque además Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas".

¿CULPABLES?

Cuando avanzaban las investigaciones, se produjo una declaración por parte del juez Guillermo Urbina Cabello quién aseguró “En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas... son los llamados ladrones de cuello blanco” ¿Qué podíamos esperar los venezolanos de los administradores de justicia?

Este tribunal cerró la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, "por considerar que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales”. Esta decisión en el caso Recadi, fue la primera que se tomó en contra o a favor de algún particular.

Pero habría que anotar el gol de la honrilla y demostrar que aunque con prerrogativas y atenuantes, la justicia criolla verdiblanca podría mostrar visos de funcionamiento. Sólo Ho Fuk Wing, un nombre poco familiar, pagó los platos rotos, este ciudadano resultó el único detenido que purgó condena por el caso Recadi. Lo más increíble fue que su detención se produjo por accidente tras cometer una infracción de tránsito. Fuk Wing pasaría a engrosar el imaginario popular como “El chinito de Recadi”.

Los titulares de la prensa nacional evidenciaron el descontento del país por la ignominia propinada por una corte de jueces cómplices, miembros de las famosas tribus judiciales que eran nombradas por los partidos políticos.

"Fallo apresurado", "Se cumplió la profecía de Pérez, delitos sin delincuentes", "Un golpe a la democracia", "Inadmisible que Recadi queda impune", "Una emboscada contra la justicia". Lolita Aniyar, Senadora del MAS, la misma que pidió iniciar las averigüaciones hizo su condena: "la Corte ha consagrado la impunidad"

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

El entonces Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, colgó los guantes por parte del gobierno nacional, parecía inmóvil ante la historia patria, dijo: “Pasa el tiempo y no se hacen progresos en el caso Recadi”.

Los actores políticos de este caso, apenas uno de los más emblemáticos en la larga lista de hechos de corrupción jamás sancionados, no hicieron más que quejarse por la decisión y pasar la página a este capítulo de la historia.

Aquellos en quienes recayó la representación popular, protestaron, pero en las páginas de los medios... Hoy, esos mismos representantes de lo que fue el establecimiento de la cuarta república, enfilan sus voces contra el presidente Chávez, sin haber siquiera purgado sus culpas con las responsabilidades del pasado.

ALGUNOS DATOS FINALES

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Fuentes:

– www.aporrea.org
– www.venezuelanalitica.com

20 jeep que se perdieron en el olvido

El ministro de Relaciones Interiores de la época utilizó dineros públicos para comprar vehículos a su partido. La Casa Militar, custodia del presidente de turno, recibió el lote. Nadie vio los vehículos. 10 años después se encontraron 3 culpables... pero ya era demasiado tarde para castigarlos.

Para julio de 1998, Venezuela estaba sumida en la campaña electoral que meses más tarde llevaría a Hugo Chávez a la presidencia de la República, con amplísimo respaldo popular. Los partidos de derecha, históricos enemigos entre sí, terminaron aliándose para intentar evitar lo que ya se respiraba en el ambiente: el triunfo de las fuerzas bolivarianas.

No obstante, mediaba el séptimo mes del año y las elecciones no serían sino hasta diciembre. El país venía presenciando el derrumbe de los partidos políticos “tradicionales” (fundamentalmente Acción Democrática y COPEI) que gobernaron el país por más de 8 lustros consecutivos, y a medida que aumentaba en popularidad la propuesta bolivariana, también se gestaban las simpatías para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que le diera nuevos lineamientos legales a la nación y terminara por remover las estructuras del Estado.

Jueves 23 de Julio de 1998.
Las noticias de ese día eran las propias de una contienda electoral, veamos: “El CNE gastó en publicidad siete mil 426 millones de bolívares”, “Eduardo Fernández no aceptó ser candidato a senador por Copei”, ”Miguel Rodríguez fue inscrito como candidato presidencial de Apertura", pero la más importante no era el titular que abría los periódicos de esa jornada.

El diario Notitarde de Valencia, estado Carabobo, colocó en sus páginas el siguiente titular: “Sala de Casación Penal votó por unanimidad. CSJ absolvió a Blanca Ibáñez en el caso de los jeeps al prescribir acción penal."

En el cuerpo de la información, tomado de la agencia de noticias Venpres y redactada por Ludovico Quiñones, se lee lo siguiente: “Caracas, julio 22.- Por unanimidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a Blanca Alida Ibáñez Piñate, ex secretaria privada del entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, por el caso de los jeep adquiridos por el Ministerio de Relaciones Interiores, al prescribir la acción penal en su contra, en la cual también estaban involucrados José Ángel Ciliberto y Jorge Mogna Salazar".

Una sentencia simple a primera vista, pero que liquidaba, finalizando la década de los noventa, la aspiración popular de que las instituciones por fin castigaran a los culpables de al menos un caso de corrupción, del cual se escuchó hablar por primera vez, el 20 de junio de 1989.

LOS JEEP DE LA DISCORDIA

Según se hacía constar en el oficio del MRI número 4027000-58, fechado el 11 de julio de 1988, dirigido al coronel Ramiro Zambrano, sub jefe de la Casa Militar (Guardia pretoriana que brinda seguridad al presidente de la república y al palacio presidencial) el despacho ministerial a cargo de José Ángel Ciliberto, hacía entrega de un lote de 15 vehículos rústicos marca Jeep. Al día siguiente, por medio del oficio número: 4027000-61, se entregaban al edificio militar otros 5 jeep que sumaban un total de 20.

Jorge Mogna fue encargado por Ciliberto para adelantar la operación de la entrega de los vehículos a la Casa Militar que, para ese momento, servía a Jaime Lusinchi. Coincidencialmente este funcionario había sido nombrado adjunto a la secretaría de finanzas del partido de gobierno, Acción Democrática (AD).

Los jeep fueron comprados por Ciliberto, como comprobó el Tribunal Superior de Salvaguarda pero de eso hablaremos más adelante; para ser utilizados por los secretarios de organización de la tolda blanca, en el área metropolitana de Caracas para la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez.

Aunque la prensa nacional obtuvo copia de los oficios mediante los cuales MRI entregaba los jeep a la Casa Militar, el destinatario de tales documentos, coronel Ramiro Coromoto Zambrano declaró el 22 de junio de 1989: “nunca vi los jeep en Miraflores”.

Hasta ese momento, nadie parecía haber visto nada y por supuesto, nadie sabía nada acerca de los jeep. Pero lo cierto es que el entonces ministro Ciliberto, había utilizado el dinero de la partida secreta de dicho ministerio (unos 337.060 dólares americanos entregados por el presidente Lusinchi) para la adquisición, no sólo de los 20 jeep denunciados por la prensa, sino de un total de 65 que fueron repartidos luego por la Secretaria Privada del presidente, señora Blanca Ibáñez.

Los mencionados jeep fueron comprados a través de “El Pao. CA..”, una constructora que estaba en quiebra y que al reabrir sus puertas se vincula a las transacciones que derivan en esta venta destinada, supuestamente, “para una operación de defensa y seguridad nacional”. Más adelante se conocería que el propietario de la constructora era el dirigente adeco, Omar Camero quien declaró que “por amistad al gobierno recibía las órdenes de Ciliberto, para la entrega o venta de los jeep”

MENUDENCIAS

- ¿Qué sabe usted de la entrega de 20 vehículos del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) a la Casa Militar cuando usted era el ministro de ese organismo?
- Todo cuanto hice como Ministro de Relaciones Interiores está consignado en la memoria y cuenta consignada al Congreso de la República. Cualquiera que quiera indagar sobre mi conducta en el ministerio del interior, debe remitirse a la lectura de la memoria.

- De acuerdo ¿Pero quiero saber antes si esos jeep están incluidos en su memoria ministerial?
- No recuerdo. La memoria es tan amplia que no recuerdo

- Sin embargo, existe un oficio firmado por Jorge Mogna, director general sectorial de Administración y Servicios para ese momento...
- Si así es

- Ahora ¿Usted tenía conocimiento de la entrega de esos vehículos?-
- ¿De qué? Pregunta el ex ministro

- De esos jeep traspasados a la Casa Militar...
- Ya te digo. Todo lo que hice como Ministro del Interior, está registrado en la memoria.

- ¿Usted...?
- De menudencias y cosas de esas yo no me he ocupado

- ¿Cómo no se ocupaba de menudencias, no recuerda ese lote de vehículos?
- No, en lo absoluto. Honestamente te lo digo

- ¿Cuándo el señor Mogna le entregaba punto y cuenta semanal de su gestión, no le mencionó los vehículos?
- No recuerdo si él me dijo algo de eso

- ¿Entonces usted no sabe nada de los jeep?
- No, en absoluto

- ¿Y quién puede saberlo?
- No sé. Lo que yo hice búscalo en la memoria. Todo está allí

Lo anterior, que no amerita comentario alguno, fue una conversación sostenida entre la periodista Luzmila Vinogradoff y José Ángel Ciliberto. La misma fue publicada por el diario El Nacional, el miércoles 21 de junio de 1989.

EL FALLÓ QUE FALLÓ

Las razones que llevaron al Tribunal Superior de Salvaguarda a declarar “absueltos” a Ciliberto, Ibáñez y Mogna, en 1998 (diez años después de cometerse el delito), fueron expuestas por el magistrado y ponente del caso, Jorge Rosell Sehen, aquel 23 de julio de 1989:

Simplemente "porque transcurrieron los 5 años que establece la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público para que caduque la acción penal, más la mitad de esos 5 años para un gran total de 7 años y medio, y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia decidió en forma definitiva la prescripción de la acción penal en relación al caso".

Lo más bochornoso que aquella mañana declaró el juez Rosell y que el periodista Ludovico Quiñones registró fue que, y citamos la nota de prensa, se comprobó la adquisición de los jeep por parte del Ministerio de Relaciones Interiores y la asignación de esos vehículos a particulares, quedando "plenamente demostrado la perpetración de los delitos de peculado doloso y peculado culposo, previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, estando incursos en los hechos José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar".

Pero Rosell se puso duro y agregó: el Tribunal Superior de Salvaguarda condenó a los ex funcionarios relacionados con el caso, a penas de prisión, arresto, inhabilitación política y a reparar económicamente los daños ocasionados a la nación, pero todo ha quedado sin efecto al prescribir la acción, es decir que Ciliberto efectivamente si compró los vehículos, como dijimos líneas antes, pero ya no podía ser castigado. En cuanto a la brevedad del lapso para leer el expediente y adoptar la decisión final, el magistrado expresó que todo se redujo a una sumatoria de tiempo para declarar la prescripción y cerrar el proceso penal contra José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar.

Luego de esas declaraciones, se dio otra vuelta a las páginas del escabroso libro de los casos de corrupción sin castigo del país. Navegando por la internet encontramos una reseña en el Informe anual de Provea 1997 - 1998. Capítulo: Derecho a la Justicia Pronta, que dejamos acá como colofón.

“El retardo procesal dio por resultado la prescripción de casos de corrupción que involucraban a personas vinculadas al mundo de la política; de ellos el más significativo fue conocido como el caso de los jeeps, por el cual se encontraban procesados Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto y Jorge Mogna y cuya prescripción fue anunciada por la CSJ en julio de 1998. A raíz de este fallo, la presidencia de la CSJ se mostró a favor de eliminar la prescripción en casos que involucran delitos contra el patrimonio público."

Fuentes:

– Diccionario de la Corrupción Venezolana.
– El Nacional: 20, 22, 24, 25/06/1989 y 01/08/1994
– El Universal: 22/06/1989
– Últimas Noticias: 16, 17/08/1989
– Notitarde: 23 / 07 / 1998
– www.angelfire.com/nb/17m/prohibidoolvidar/rusticos.html

El BTV: ¡Algo más que un banco..! quebrado

Nacido a mediados de los 60. Su misión era favorecer a la clase trabajadora más desprotegida. Se convirtió en un bunker de Acción Democrática a través del férreo control burocrático ejercido por la CTV. Miles de estafados y muy pocos culpables.

El Banco de los Trabajadores de Venezuela, tristemente recordado por sus siglas BTV evidenció, una vez más, que la partidización de las instituciones del Estado, durante los gobiernos del pacto de Punto Fijo, consolidaron los peores vicios republicanos y extendieron patente de corzo a la campeante y siempre impune corrupción.

Pero los casos de corrupción irresolutos más importantes de nuestra historia, tienen su escenario durante los gobiernos de Luis Herrera Campins (COPEI: 1979-1984), Jaime Lusinchi (AD: 1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (AD: 1989-1994) Dentro de este marco se encuentra el caso de El Banco de los Trabajadores de Venezuela (BTV).

Ahora bien, mucha agua habría de correr debajo de los puentes para que los venezolanos pudiésemos conocer las primeras puntas de un raíd que terminó enmarañando a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y las más prominentes representantes del “barraganato” presidencial... el esplendor de aquel pacto suscrito por adecos y copeyanos en la quinta de Rafael Caldera, dejaba escuchar el estertor más próximo a la muerte.

EL GÉNESIS DE LA HISTORIETA

El BTV, fue una entidad bancaria creada en el año de 1966, pero que no es sino hasta el período 1978-1982 cuando cobra dimensiones de escándalo. Para este período, el BTV se posiciona como la primera entidad bancaria oficial del país, pero, sin una estructura sólida, que permitiera procesar y manejar el crecimiento y confiabilidad que ofrecieron a sus ahorristas.

Según el decreto de creación del Banco, ésta entidad financiera tendía la misión de ser ...un ente financiero que ayude a la clase trabajadora menos favorecida, a través del fomento de ahorros de los Trabajadores, de la construcción de viviendas para personas de bajos recursos, ayuda a la pequeña y mediana empresa, al cooperativismo, etc.

Es decir, el Estado Venezolano asume la responsabilidad de crear un organismo que apoye las crecientes luchas de la clase obrera, en pro de sus justas reivindicaciones económicas y sociales. Por ello es que el BTV estrecha sus relaciones con la Confederación de los Trabajadores de Venezuela (CTV).

No obstante esta “relación” deriva más bien en una especie de bunker que integran la CTV, el partido blanco y el BTV. La Fundación Polar, en una página web cuya dirección es: www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html, puede comprobarse esta conexión: La creación del Banco de los Trabajadores (BTV), marcó un hito en la evolución de la CTV y consagró el control hegemónico asumido por Acción Democrática en esa central sindical. Dicho control llegó a tal punto que para 1982 la CTV poseía un 57% de las Acciones del banco.

A mediados de la década de los ochenta, el BTV tenía obligaciones que sobrepasaba su liquidez, se excedió en gastos publicitarios (incluso destacados venezolanos en las Grandes Ligas, fueron contratados para las campañas) lo que generó un aumento en el número de ahorristas y aumentó los ilícitos.

Luis Brito García, en un artículo titulado El matrimonio de Fedecámaras y la CTV escribe: “¿Y qué decir de la CTV? Durante medio siglo sus sindicaleros nunca elegidos por las bases desfalcaron entidades como el Banco de los Trabajadores de Venezuela y colaboraron con patronos y gobierno en vender huelgas mediante laudos arbitrales, en mantener el salario mínimo por debajo de la canasta básica, y en legitimar latrocinios”

SE DESPATA LA OLLA

Para 1982 el BTV es intervenido. Al frente de las investigaciones está el destacado economista Domingo Maza Zavala. Los informes preliminares señalan, como uno de los responsables de la severa crisis experimentada por el BTV, al director del ente Eleazar Pinto.

Según el Diccionario de la Corrupción en Venezuela “dentro de las irregularidades presentadas se destaca la concentración para el otorgamiento de los créditos hacia los 3 principales deudores (Gobierno, una empresa filial del banco y CORACREVI- CTV).
Luis Piñerúa Ordaz, famoso por creerse sin rabo de paja, parecía mantener siempre una cajita de fósforos en la mano, decidió enfilar baterías contra Eleazar Pinto e introdujo una denuncia ante el tribunal Décimo Segundo de primera instancia, por diversas irregularidades administrativas cometidas en el BTV durante su gestión.

Lo más curioso es que los verdaderos responsables de las calamidades más grandes causadas a los ahorristas y a la nación en general, apenas saldrían a luz pública en 1992.

Jueves 03/09/1992:
– La página 18 de Últimas Noticias colocaba en sus seis columnas: “Salvaguarda dictó auto de detención a ex presidentes de la CTV y el BTV”. Se hablaba de Antonio Ríos (dirigente adeco) y José Vicente Sánchez Piña, respectivamente a los cuales se acusaba de “presunta comisión de delitos de influencia” a propósito de una denuncia presentada esta vez por el ciudadano Ricardo Valbuena, ex gerente de Finanzas del BTV.

Unas dos semanas más tarde, la primera página de Últimas Noticias reseñaba la triste realidad de lo que era la justicia venezolana puntofijista: “En Libertad Ríos y Sánchez Piña por sometimiento a juicio”. Luego de ello sobre vendría una avalancha de pronunciamientos. Carlos Andrés Pérez defendió a Rios, en el congreso lo rechazaron, Caldera prometió pagarle a los ahorristas, los únicos que no figuraron en las páginas de los diarios fueron los estafados y mucho menos, la deuda al fisco nacional que se elevó a 31 millardos de bolívares sino hasta 1997.

El informe de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), que se titula: Queja contra el gobierno de Venezuela presentada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 1993, señala que “el dirigente sindical Antonio Ríos fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la Comisión Especial del Congreso de la República, a raíz de una denuncia de un gerente de finanzas y de créditos comerciales del Banco de los Trabajadores de Venezuela. La acusación de la Fiscalía se realizó por la presunta comisión por parte del diputado Antonio Ríos, de hechos punibles contra la cosa pública, en perjuicio del Banco de los Trabajadores de Venezuela”.

En 1991, siendo Ríos Diputado al Congreso venezolano fue acusado de peculado y tráfico de influencias. Como consecuencia de las acusaciones, la Corte Suprema de Justicia ordenó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ex presidente cetevista, “con objeto de seguirle juicio ante la jurisdicción ordinaria de salvaguarda del patrimonio público”.

En el informe de la OIT queda sentada la injerencia de Carlos Andrés Pérez quién declaró, en medio de la turbulencia: “el Gobierno manifiesta que no considera que el Sr. Ríos haya cometido los delitos que se le imputan y que la acusación la realiza un fiscal que «por todo» ve delito".

No obstante, los intentos del gobierno no constituyeron obstáculos para que siguieran los juicios y el 13 de octubre de 1992, la PTJ detuvo al Ex Presidente del BTV José Vicente Sánchez Piña que luego fue trasladado al Reten del Junquito para cumplir su sentencia junto a otros imputados. Antonio Ríos estaba en cama tras sufrir un “atentado” que el gobierno de CAP se empeñó en endosar al Movimiento Bolivariano liderado por el candidato Hugo Chávez.

Fuentes:
– www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/instituc/sindicatos.html
– Capriles, Carlos (1990): “Diccionario de la Corrupción en Venezuela, Tomo III”. Consorcio de Ediciones Carriles. Caracas. Venezuela.
– Venezuelanalitica.com
– www.oit.org.pe/sindi/casos/ven/ven15.html

Silenciado el canto del Turpial

Las Fuerzas Armadas y una empresa firman un millonario contrato para instalar equipos en barcos militares. Unas 10 irregularidades rodearon las negociaciones. José Vicente Rangel fue uno de los que levantó su voz de protesta. Se buscan culpables.

Durante los últimos 30 años, muchos han sido los casos de adquisición de equipos deficientes o en mal estado, que han envuelto en un manto de cuestionamientos y escándalos a las Fuerzas Armadas Nacionales, debido a sus vinculaciones con los partidos políticos tradicionales.

Entre ellos destacamos uno, relacionado con la repotenciación y modernización de los sistemas de comunicaciones integrales navales del Comando General de la Armada que, en la década de los noventa, trascendió a la opinión pública venezolana como el denominado Caso Turpial, que surgió a la palestra los mismos días en que lo hizo la estafa del Banco de los Trabajadores de Venezuela.

Hablamos de una época convulsa para Venezuela donde los casos: Recadi, Jeep, Turpial, BTV, se mezclan y entrelazan con Lusinchi, Herrera Campíns, Carlos Andrés Pérez, Blanca Ibáñez, Cecilia Matos y otros que aparecerán repetidos e imbatiblemente impunes a los largo de una cantidad faraónica de folios judiciales.

Cómo en los casos que hemos revisado en esta serie, todos ocurren en la década de los ochenta al amparo de las complicidades partidistas, reviven en los noventa en medio de la debacle del modelo neoliberal y mueren vertiginosamente en manos de las tribus judiciales, prescribiendo causas e ilusiones populares.

EL PRINCIPIO

El 29 de septiembre de 1988, se celebra la firma de un contrato entre Fuerzas Armadas y la empresa IECA, para la instalación de un sistema de telecomunicaciones para la Armada venezolana. El monto acordado en la negociación fue de 11.669.156 dólares norteamericanos con el cual debían instalarse 28 estaciones fijas de trasmisión barco a barco y barco-avión.

Los primeros nombres que se conocen en esta caso fueron los de Edmundo Jesús González Bogarín y Pedro Rafael Lovera D’Armas quienes se desempeñaban como encargado de la Dirección de Contratos de la Dirección General del Ministerio de la Defensa y representante de la empresa IECA, respectivamente.

IRREGULARIDADES DENUNCIADAS

La prensa nacional (Últimas Noticias 2/09/92) recogió, para enumerar las “irregularidades” relacionadas con el caso Turpial, las observaciones que la Contraloría General de las FAN, las denuncias de José Vicente Rangel y Ricardo Vera Delgado, enumeramos:

Contratos sin licitación
Incumplimiento del control perceptivo
Aplicación unilateral por la empresa de empaquete
No contempla sanciones en los casos del pago por adelantado de los pagarés
Desconocimiento de las recomendaciones de la contraloría
Violación de las normas que obligan a informar a la contraloría de las FAN
Aplazamiento del contrato
La falta de una cláusula que obligue a la empresa a instalación de los equipos.
Sospecha de sobreprecio en los equipos
Negativa de la Armada a aceptar una comisión de arbitraje, porque no hay razones para hacer concesiones al contratista.

De estas acusaciones surgieron autos de detención contra el Vicealmirante Iván Carratú y el Capitán de Navío Edgar José Duven, además de el coronel ejercito José Rafael Aponte, el contralor general de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, entre otros, quienes se pusieron a derecho el 8 de septiembre de 1992.

LAS CONDENAS

En cuanto a la modernización de los sistemas integrales de comunicaciones navales de la Armada, caso Turpial, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Jorge Rossel, dictaminó el 15 de julio de 1999 los siguientes aspectos:

Se ratifican las penas de prisión de 7 meses y 15 días por pago fraudulento en el caso a Edmundo González Bogarín, y de la mitad de la pena anterior por aprovechamiento de dinero proveniente de pago fraudulento contra Pedro Lovera (quien fue denunciado de formar parte del entorno de Cecilia Matos), estipuladas en la Ley de Salvaguarda.

La empresa IECA fue condenada a pagar 11 millones 90 mil 30 dólares para resarcir daños demandados por el Ministerio Público, más las costas e intereses causados que incluye indexación y corrección monetaria a determinar en una experticia contable.

Se inhabilita políticamente y para ejercer cargos públicos durante la duración de la pena a los imputados.

FINAL QUE YA SE SABÍA

Cómo siempre ocurre, el silencio político y mediático envolvió la jaula de los turpiales, así como sus relaciones militares, partidistas e internacionales durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.

La única pista, como las migajas de pan de Hanzel y Grethel, fue una nota de prensa publicada por el Universal el 18 de abril de 1997, cuyo titular dice: “Sólo dos autos de detención siguen vigentes en caso Turpial”, los cuáles tienen como destinatarios a Edmundo González Bogarín y Pedro Lovera. El Tribunal Superior de Salvaguarda, revocó el resto de los autos de detención...

Fuentes:
– El Universal: 18 / 04 / 97
– Diccionario de la Corrupción
– http://es.geocites.com/malversacion/cap08_08.htm
– Cianuro en Gotas 24 / 01 / 03
– Últimas Noticias
– El Nacional