Destrucción y robo del patrimonio arqueológico nacional

En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14 piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por civiles y autoridades.

A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes inmuebles se indagan 194 casos menos.

De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas; saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada; destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros; extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos. Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o inundación.

Los responsables

Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz, cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.

Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.

El INAH también recibió otra denuncia por la supuesta afectación parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla, Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV, habría utilizado el área como banco de material.

De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.

Según la información –de la que Contralínea posee copia– no sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la salvaguarda de los bienes nacionales.

Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de Tulancingo, Hidalgo.

También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras, considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de San José, municipio de Tula, Hidalgo.

El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada también monumento histórico.
En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.

Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi, Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.

El INAH es responsable de la protección de los monumentos arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no cumple con su principal encomienda.

Índice de saqueo y destrucción

Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor histórico, capillas, templos, portales y atrios.

Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos, cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana, piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas, imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como cálices, campanas y coronas, entre otros.

Con 223 denuncias, el Centro INAH Veracruz se colocó en el primer sitio como la entidad con mayor número de denuncias recibidas durante los sexenios panistas; sin embargo, la delegación estatal únicamente ha denunciado penalmente seis casos.

El siguiente sitio es ocupado por Puebla, con 165 denuncias recibidas e igual número de averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República; el Estado de México con 57 denuncias recibidas y 57 averiguaciones previas se coloca en el tercer sitio. Jalisco, con 47 denuncias y 23 averiguaciones previas, ocupa el cuarto escalón; mientras que Hidalgo, con 41 denuncias y 33 averiguaciones, representa el quinto lugar en el índice de saqueo y destrucción.

La lista anterior, elaborada por Contralínea a partir de datos de los 31 centros INAH que hay en el país, excluye al Distrito Federal, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia omitió entregar información al respecto como respuesta a dos solicitudes de información pública.

Mercado negro

Aunque desde 1939 se dictaminó como ilegal el comercio y el saqueo de objetos arqueológicos y se estableció que los sitios arqueológicos fueran considerados de propiedad federal, el robo, la venta y la compra de objetos con valor cultural son comunes dentro de algunos circuitos mercantiles.

La situación se refleja en los informes estatales de los centros del Instituto. Un ejemplo de ello data de 2011, cuando la delegación INAH radicada en Veracruz recibió una denuncia por un presunto tráfico de piezas. La venta de alrededor de 20 objetos arqueológicos se hacía por catálogo.

Los robos “sigilosos”, comunes en recintos y templos, no son regla. También hay registro de robos con violencia, tal como sucedió en la Parroquia de San Diego de Alcalá, Pitiquito, Sonora, cuando en 2009 sustrajeron violentamente del sitio una diadema y una daga.

Felipe Echenique, historiador, investigador y secretario general del Sindicato de Investigadores del INAH, refiere que los muebles e inmuebles que son patrimonio arqueológico e histórico no tienen valor, porque aunque hay una demanda el patrimonio no está a la venta. Lo anterior provoca que sea aún más difícil el cálculo de las pérdidas.

Blanca Paredes, de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, asegura que se hacen valuaciones con fines de seguridad en caso de traslado de piezas o para el programa Prevención de Desastres en Materia de Patrimonio Cultural.

No obstante, la falta de un programa claro para el registro y las “altas”, tanto de los monumentos muebles como inmuebles existentes, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coadyuva no sólo al saqueo y la destrucción, sino a la incapacidad de dimensionar el problema; pues el fenómeno es mayor, afirma Echenique March.

“El registro es vital para saber qué piezas son, quién las tiene, y cuál es la responsabilidad del tenedor”, aduce Echenique.

La investigadora Paredes Gudiño coincide con que hace falta un inventario que permita llevar control sobre el patrimonio: “En el Registro no nos damos abasto: el país es una gran zona arqueológica”, refiere la también arqueóloga y profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La ausencia de un inventario, así como la omisión por parte de las autoridades del INAH de resguardar el patrimonio nacional ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010. Por ello, el órgano fiscalizador emitió un dictamen negativo y ordenó al INAH 43 recomendaciones con el fin de que cumpla a cabalidad con sus obligaciones constitucionales.

Falta de presupuesto o falta de voluntad

La diputada panista Paz Gutiérrez Cortina considera que la cultura es una prioridad en la administración de Felipe Calderón: “¡Por supuesto! La conservación del patrimonio nacional ha sido una de nuestras prioridades”, responde, presta, a las interrogativas. Y aunque asegura que “se aprobaron muchos miles de millones de pesos para restauración de sitios arqueológicos, de monumentos coloniales [y] para instalación de nuevos museos”, atribuye el fenómeno del robo y daño a la falta de presupuesto.

De acuerdo con el Informe de la Auditoría Superior de la Federación, el INAH ejerció 1 mil 677 millones 664 mil pesos en el programa E012 Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación; sin embargo, los auditores no pudieron identificar el presupuesto aplicado a la protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico.

La solución, difieren tanto Felipe Echenique como Blanca Paredes, no es presupuestal (aunque sí es parte), sino organizacional, institucional, pero también es un trabajo que debe hacerse con las comunidades, con la sociedad, para que asuman como suyo el patrimonio y lo conserven.