La Decisión requerida a la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo planteado por Perú a Chile el 16-1-2008, dice a la letra:
“13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional, según lo indicado en la Sección IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile.”
Y para ello dice en el primer párrafo del importante documento en Materia de la Controversia:
1.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado “Concordia” conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.
Abunda la demanda en su punto IV El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana:
“7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (“CONVEMAR”) y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables a la presente controversia.” Perú presentó Memoria en La Haya http://www.voltairenet.org/article159365.html
Fácil deducir que, amparado en el derecho internacional, ius cogens, sobre delimitación marítima y lo estipulado en el Tratado del 3 de junio de 1929 y la mención subrayada que esos “principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (“Convemar”)”, devienen, en orden de importancia, para determinar con inequívoca precisión cuáles son los puntos fundamentales considerados por el Estado del Perú y su Cancillería al haber adoptado la decisión de llevar a Chile ante la CIJ.
Por tanto, también es importante recordar que todas las personas que impulsaban como condición sine qua non la adhesión del Perú a la Convemar para poder presentar la demanda en La Haya o se equivocaron u ostentaron tino equivocado. El mentís rotundo, categórico, firme e inalterable fue lo acontecido cuando el gobierno de Alan García Pérez, en nombre del Estado y a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, interpuso, sin ser parte Perú de la Convemar, la demanda ante la CIJ sobre delimitación marítima.
El Perú no está para majaderías de ninguna especie. En pleno casus belli jurídico en La Haya, con una población cuasi ignorante de qué hay en juego, con castas políticas absolutamente “ajenas” a la controversia internacional, con un periodismo acrítico e incapaz de elaborar una posición de defensa comunicacional del Perú y con frívolos que creen que la geopolítica es un juego sin riesgos, es irresponsable, por ahora, plantear un debate nacional o, más claro, una división del país, en torno a la Convemar que, a todas luces, ha sido innecesaria como así lo demuestra la demanda peruana en La Haya.
¿Por causa de qué, quienes mintieron diciéndole al país que la Convemar era imprescindible, no guardan prudente silencio? Acaso, más adelante, a posteriori de La Haya y el caso fundamental que atenaza al Perú en difícil vecindad con Chile, haya ocasión de estudiar con detenimiento si Perú adhiere o no a la Convemar. ¿Ahora, para qué? ¿O hay interés de debilitar la posición nacional? ¡Este sí es un asunto que merece singular ojo vigilante!
Durante la etapa final del gobierno del presidente Toledo, se pretendió, con vistas televisivas de pescaditos y lemas pro domo sua, en una campaña cuyo costo permanece ignoto, conseguir apoyo y respaldo ciudadano a que Perú adhiriera a la Convención del Mar. ¡El fracaso no pudo ser más rotundo! Los dos candidatos centrales, Alan García Pérez y Ollanta Humala expresaron públicamente su repudio a semejante adhesión que debió ser guardada entre los trastos inútiles. Más aún: García Pérez recordó –y luego se olvidó “amablemente”- la firma de las Actas con Chile entre 1968-69 cuando era secretario general de Cancillería, el señor Javier Pérez de Cuéllar y quien por toda excusa dijo, ante el asombrado público nacional, “que su edad no le permitía recordar detalles”.
Nuevamente, con pertinacia reprobable, personas, de repente bien intencionadas, pretenden que Perú adhiera a la Convención del Mar. Lo inoportuno del asunto es evidente y culposo. El tema de fondo, entre 2012 y 2013, será manejar el resultado que se obtenga en La Haya y aquél tendrá repercusiones fundamentales para el Perú, sea el que fuere.
¡Perú tiene que darse, al margen de cualquier orientación, su PROPIA respuesta que está pendiente desde 1879!
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