Pueblo mapuche lucha contra empresa minera canadiense en Argentina

Moira Millán es una mujer mapuche que integra, junto a su familia, la comunidad Pillán Mahuiza. El 24 de diciembre de 1999 ocuparon 150 hectáreas de tierras que estaban en posesión de la policía provincial, en el Municipio de Corcovado, en la provincia patagónica de Chubut. Allí viven hasta hoy, enfrentando las amenazas de la policía, de los jueces, y de un sistema para el cual la identidad no es más que un obstáculo para el avance de sus políticas depredatorias. Benetton, George Soros, Pérez Companc, algunos miembros de la “farándula mundial” como Jeremy Iron, Ted Turner, y fundamentalmente compañías norteamericanas y europeas interesadas en apropiarse estratégicamente de estos territorios, son algunos de los “nuevos” dueños de la Patagonia, donde duermen los abuelos del pueblo mapuche, desalojados como sus nietos... las comunidades que siguen resistiendo en defensa de la tierra y de la dignidad.

La comunidad Pillán Mahuiza fue protagonista de importantes movilizaciones, como la que realizó hacia la Plaza de Mayo junto a organizaciones piqueteras y asambleas populares en marzo del 2003, para decir No al Remate de la Patagonia; y como parte de las luchas del pueblo de Esquel, para evitar que se instale en su territorio la Meridian Gold, una empresa minera que intenta iniciar la explotación del oro de la región, amenazando no sólo con la depredación de las riquezas sino también con la contaminación de las aguas por la utilización de cianuro para la explotación. Junto a otras comunidades mapuches, el 11 de octubre del 2002 realizaron un corte de ruta. Por estas acciones fueron procesados: están imputados por la justicia provincial como usurpadores, causa que se tramita en la fiscalía de Estado desde el año 2001. A su vez, en enero del 2003 la Justicia Federal procesó a Moira Millán y a Martiniano Jones Huala por el corte de ruta del 11 de octubre. (¿Quién procesará a quienes quebraron su historia, su cultura, su vida, desde aquel otro 12 de octubre?).

“Las causas judiciales se multiplican”, nos explica Moira Millán, sabiendo que ellos son parte de los miles de hombres y mujeres que son víctimas de las políticas de judicialización de la protesta social. Desde siempre, han sido diversas las formas de represión que acompañan como sombra al cuerpo las políticas de saqueo, de devastación de estos territorios, que son reservorios de agua potable, de petróleo y otras riquezas mineras, de biodiversidad, de potencial turístico, y de importancia geoestratégica en las políticas de dominación de las corporaciones trasnacionales.
Moira Millán Huerquén (vocera) de la comunidad, está recuperando junto a la tierra, mucho de la cultura de su pueblo, de su música, de sus tradiciones. Está aprendiendo también a conocer al poder, y a sus modos de agresión. Hoy no sólo está amenazada por el posible desalojo de sus tierras, sino también por la posibilidad de que le quiten a sus hijos (tiene cuatro).

El padre de los dos hijos mayores –ligado al Partido Justicialista provincial- le ha realizado ya dos juicios (el primero lo perdió), para pedir que se los quiten, debido a que no tendrían condiciones de seguridad, al vivir en territorios “usurpados”. El juzgado, como consecuencia del segundo juicio, le permite convivir con ellos, pero exigiendo una serie de obligaciones, como por ejemplo enviarlos a la escuela, para cuyo traslado es necesario un presupuesto de $ 300 mensuales (del que nadie se hace cargo).
El Estado refuerza de esta manera el sometimiento. Nos decía Moira Millán: “Lo que debiera ser un derecho, la educación, se vuelve un nuevo instrumento de opresión. Es la manera de obligarnos a elegir: perder las tierras, o perder los hijos. Lo que pedimos es que el Estado se haga cargo del presupuesto que significa el traslado de los niños a la escuela, y si no que respeten nuestra autonomía en la manera de educar a los niños en la comunidad”.

La comunidad Pillán Mahuiza, en un reciente comunicado, denuncia los intereses que mueven estas nuevas amenazas. Señalan que “hace muy poco, el flamante gobernador, Mario Das Neves (que llegó al cargo con el apoyo de Kirchner), advirtió que impulsará todas las causas que ha presentado fiscalía de Estado a la justicia, entre ellos la de nuestra comunidad, en la que estamos imputados por la justicia provincial como usurpadores... por haber arrancado de las manos de la policía 150 hectáreas de tierra, que este organismo de seguridad había obtenido por desalojar violentamente a 30 familias mapuches en 1939, protegiendo como históricamente lo han hecho, la propiedad privada de los que más tienen. Coincide este reimpulso de la causa con el anuncio que hiciera el presidente Kirchner, sobre la construcción de cinco represas hidroeléctricas que afectarán al río Corcovado, una de las cuales se hará a tan solo tres kilómetros de nuestra comunidad, lo cual implicará la necesidad del traslado de muchas familias que aquí habitamos... No se sabe cuántas familias serán afectadas, no se ha informado del impacto ambiental y social que traerá este megaemprendimiento hidroeléctrico... se dice que a quien tenga el título de propiedad le expropiarán la tierra, ofreciéndole un poco más del valor del que se le tase.

Nuestra pregunta es ¿a quienes no tenemos título de propiedad se nos desalojará?... Los pueblos originarios nos hemos convertido en refugiados del desarrollo, nuestros territorios están siendo inundados, talados nuestros bosques, contaminados nuestros suelos”.
Estos y otros problemas fueron presentados por Moira Millán a una funcionaria de la Secretaría de Acción Social en una entrevista en la que la vocera del pueblo mapuche señala que no recibieron ninguna respuesta positiva. Después de acampar desde el día lunes al mediodía en la Plaza de Mayo, junto a representantes de otras comunidades mapuches de Chubut, y de la comunidad indígena guaraní El Tabacal, que recientemente fueron desalojados de sus tierras y también procesados por usurpación (denuncia realizada por el Ingenio San Martín del Tabacal, que está en manos de la multinacional Seabord Corporation), presentaron al gobierno estas demandas, así como el reclamo por la libertad de los 10 piqueteros de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi presos en Salta (los presos del petróleo). Sin soluciones regresa cada comunidad a su tierra. La pelea será más dura, más difícil, cree Moira Millán, después de verse cara a cara con los funcionarios del gobierno nacional.

Vuelve a pensar en sus cuatro hijos. Comienza ella entonces a preguntarnos: “¿Será que el movimiento de mujeres nos acompañará en la lucha para que no me quiten los chicos? ¿Será que las feministas saldrán a la calle junto a nosotras para resistir este avasallamiento que realiza la cultura patriarcal? ¿Será que los piqueteros y piqueteras cortarán rutas cuando el gobierno quiera desalojarnos? ¿Será que los organismos de derechos humanos asumirán que nuestro desamparo es también parte de su lucha? ¿Será que quienes hablan de soberanía, de independencia, comprenderán que nuestro lenguaje pone el cuerpo para decir cada verdad? ¿Será que junto a develar las violaciones a los derechos humanos que se realizaron en otros tiempos, se evitará que estos despojos se sigan realizando cada día?”.