La corrupción administrativa ha sido el motor del poder político en México en sus relaciones con los ciudadanos. Hasta la fecha esa corrupción se había limitado al ámbito nacional, pero desde que Vicente Fox gobierna, la corrupción ha trascendido a la espera internacional por la ruta de las relaciones diplomáticas, de los organismos internacionales y de la política migratoria. El conocimiento de la corrupción mexicana en las esferas internacionales y su registro indeleble en las oficinas del gobierno cubano ha debilitado la posición de México como mensajero del imperialismo norteamericano.
El pasado 2 de mayo el gobierno del presidente Vicente Fox anunció el retiro de su embajadora en La Habana, Roberta Lajous, y pidió a Cuba que su representante en México, Jorge Bolaños, abandonara el suelo mexicano en el plazo de 48 horas. El 4 de mayo, el mismo día que Bolaños salía de México, el gobierno de este país dio marcha atrás en un proceso que parecía conducir a la ruptura de relaciones. El secretario de gobernación rectificó su reclamo por la supuesta intervención castrista en la vida pública mexicana.
Esta opereta diplomática entre dos repúblicas caribeñas se dio en el contexto de la confirmación del despliegue de intereses norteamericanos en el Caribe. Se trata de una estrategia que reclama la explotación conjunta de la zona petrolera del golfo de México por parte de norteamericanos y franceses después de que se consolidó la crisis de Haití. El siguiente paso es formar un bloqueo comercial, más agresivo que el que está en vigor, para que el aislamiento de Cuba lleve al derrocamiento del gobierno de Fidel Castro. El gobierno norteamericano no escatimó recursos para someter a la política exterior mexicana en su programa de aislamiento cubano. Pero la prolongación de las corruptelas mexicanas por los canales de su política exterior quebrantaron la eficacia del proyectil mexicano anticastrista.
Tan pronto como la situación de Haití consolidó por el transcurso del tiempo el dominio de los franceses y los norteamericanos, comenzó a ser evidente para todos que ambas potencias imperialistas tienen la mirada puesta sobre los famosos Hoyos de Donna, que son un gigantesco yacimiento petrolero que ocupa la parte septentrional del golfo de México, en el que hay reservas probadas de 200 mil millones de barriles de petróleo, aunque hay opiniones en el sentido de que las reservas ascienden a 500 mil millones.
Los Hoyos de Donna forman un polígono que se reparte en el golfo de México entre este país y Estados Unidos. El 65 por ciento del polígono se encuentra en la jurisdicción mexicana y el 35 por ciento restante en la plataforma norteamericana. Para ingresar en este club caribeño petrolero al gobierno mexicano no se le ha ocurrido otra cosa que entregar la explotación de los hidrocarburos a intereses privados anulando el alcance de Pemex, la institución que controla la producción del petróleo nacionalizado en 1938, a intereses privados sobre todo norteamericanos.
Para ello no se cansa de repetir en los medios informativos nacionales que los recursos petroleros tienen un precio con tendencia a la baja a pesar de que la realidad es que están a la alta. Otro argumento consiste en repetir hasta el cansancio que Pemex está descapitalizado. Esto es cierto, pero es una circunstancia que obedece a una política fiscal verdaderamente torpe que impide deliberadamente que Pemex modernice su infraestructura.
Como parte de su carrera de subordinación a los intereses geoestratégicos norteamericanos, dentro de los cuales no tiene otro papel que el de meretriz asalariada, México votó en la reunión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a mediados de abril por que un relator del organismo internacional investigue las supuestas violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Coincidió el proceso de subordinación a Estados Unidos de la diplomacia mexicana el hecho de que se encontrara en Cuba el magnate mexicano de origen Argentino Carlos Ahumada, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por delitos relacionados con lavado de dinero. La cancillería mexicana comenzó a gestionar la extradición de Ahumada, pero el gobierno cubano lo deportó el 28 de abril dejando en libertad a la Fiscalía de la ciudad de México de procesar al acusado por todos los delitos factibles de serle imputados y no sólo los mencionados en la solicitud de extradición.
El gobierno de Vicente Fox se sintió agraviado por la decisión cubana de deportar a Ahumada. Este había declarado en Cuba que los videos que ponían en evidencia que varios dirigentes del Partido de la Revolución Democrática recibían dinero del propio Ahumada, los entregó a las autoridades federales del PAN.
Los perredistas recibieron dinero del propio Ahumada para que éste a cambio pudiese obtener contratos para encargarse de obra pública en distintas circunscripciones de la ciudad de México. Los casetes demostrativos de la extorsión los entregó al PAN para que este partido tuviese un arma en contra de Andrés Manuel López Obrador para obstaculizarle su carrera a la presidencia de la república. A la vez, Ahumada estaba convencido de que con esa entrega de videos el gobierno del PAN lo pondría a salvo de investigaciones de la fiscalía por delitos de lavado de dinero.
La declaración de Ahumada hecha en Cuba es desde luego una amenaza contra el gobierno de Fox, lo que explica el cambio de actitud mexicana, tan repentino, respecto del régimen de Fidel Castro. El secretario de Gobernación Santiago Creel se ha comprometido a mantener a México fuera de la esfera de influencia diplomática de Estados Unidos.
Por lo pronto, el gobierno cubano deja bien guardadas las declaraciones completas de Ahumada en la cajafuerte.
En 1960, Adolfo López Mateos siendo presidente de México decidió establecer relaciones diplomáticas con el recién llegado al poder Fidel Castro. A esas relaciones las calificó de «estratégicas» como le aconsejó el internacionalista Isidro Fabela y aparte de darle presigio al gobierno mexicano el ejecutivo federal hizo depender de la sobrevivencia del régimen inaugurado por Fidel que los alcances de la enmienda Platt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos cubanos no alcanzara a la navegación por el golfo de México.
Además, en el orden práctico la relación con Cuba permitió al gobierno mexicano mantener a México a salvo de los movimientos guerrilleros que se desataron en América Latina bajo el auspicio cubano. Para tal efecto, siempre funcionó en La Habana un enlace entre el castrismo y el hombre fuerte de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política mexicana, Fernando Gutiérrez Barrios. Este funcionario, indispensable a lo largo de varios sexenios administrativos, solía recibir puntualmente de La Habana la información relativa a grupos mexicanos que llegaban a la isla a solicitar entrenamiento para organizar guerrillas.
Al mantenerse la tranquilidad interna en México, el régimen podía asumir una aureola democrática mientras los cubanos recibían hidrocarburos mexicanos a precio de regalo.
Cuando en 1995 el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decidió detener a Raúl Salinas de Gortari por la autoría intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, partido aún oficial, el hermano del detenido Carlos Salinas de Gortari decidió salir al exilio dorado a Cuba, desde donde siguió interviniendo en la política mexicana.
Así lo demuestran las visitas periódicas que recibía de Roberto Madrazo, Gustavo Carvajal y otros dirigentes del PRI, así como de los dirigentes del Partido del Trabajo, que es su principal caballo de batalla en la arena mexicana. Mantuvo asimismo la relación con el panista Diego Fernández de Cevallos que es quien le maneja el trabajo sucio en México. El vínculo con La Habana permitó abrirle las puertas de la isla a Carlos Ahumada, quien desde 1999, oficialmente hablando, ya había establecido una relación íntima con Rosario Robles Berlanga, quien fue la encargada del gobierno de la ciudad de México entre 1999 y el 2000.
Los vínculos salinistas salen a luz entre todos los actores mencionados. En el gobierno de José de las Fuentes Rodríguez, que encabezó el poder ejecutivo del estado de Coahuila en el periodo 1981-1987, su secretario de gobierno era Enrique Martínez Martínez, quien es el actual gobernador de ese estado norteño. Como secretario del gobierno, Enrique Martínez firmó y expidió un acta de nacimiento falsa en favor de Carlos Ahumada, con la cual el argentino quedaba acreditado como mexicano nacido en México. Esa acta sirvió de base para que en 1984 el joven Carlos obtuviera su pasaporte.
Pues bien, el 2 de abril último los diarios coahuilenses Vanguardia de Saltillo y La voz de Piedras Negras denunciaron que el registro original del acta de nacimiento expedida en 1982 en favor de Ahumada desapareció del Registro civil.
Lo extraño de la historia es que el nacimiento de Ahumada estaba acreditado en una comunidad del municipio de Saltillo (La Aurora) cercana de San Antonio de las Alazanas, de donde es originaria la familia de Rosario Robles Berlanga, miembro del PRD que gobernó a la ciudad de México en 1999, fecha aceptada por la fiscalía como la data en que Ahumada y Rosario comenzaron «a tratarse».
En el fragmento de la historia de México que va de 1982 a 2004, en el estado de Coahuila, ahora gobernado por Martínez, tuvo lugar una serie de enlaces en la que alegremente se encuentran reunidos miembros destacados de la triada infernal formada por el PAN, el PRI y el PRD. La esposa de Ahumada es María Gurza, perteneciente a una familia de Torreón, amiga de Martínez, que ha jugado lo mismo en el PRI que en el PAN.
También amiga de Martínez es Ana Lilia Cepeda, mujer de la más íntima confianza de López Obrador por estar a la cabeza del Fideicomiso del Centro histórico de la ciudad de México. Ana Lilia es hija de Ramón Cepeda, propietario de la gigantesca empresa lechera Lala. Con ella el campeón de la honestidad Andrés Manuel López Obrador queda engranado en el sistema de corrupción fomentado por Estados Unidos para lograr la unidad neoliberal en el Caribe.
Juan Ramón Jiménez, director de la Unidad académica para la investigación del crimen organizado, de la Universidad Nacional, dice respecto de estos siniestros enlaces que «hay demasiadas coincidencias y nada de transparencia».
Por su parte, la investigadora de asuntos internacionales Marivilia Carrasco, dice que desde que tuvo lugar en Monterrey la Reunión Bilateral México- Estados Unidos, como parte de la Cumbre de las Américas (12- 13 de enero de 2004) el presidente Vicente Fox dio luz verde al plan norteamericano para someter la soberanía de México a los planes neoimperiales. Un acuerdo de la reunión, dice la reconocida investigadora, es la influencia que recibe México del Comando Norte, formado a raíz de los acontecimientos del 11-S, para aplicar medidas antiterroristas en territorio estadunidense (y ahora en el de México). Con esa adhesión México queda inscrito en el esquema de soberanía limitada, que es la doctrina que justificó la invasión de Irak.
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