No sólo Telefónica del Perú incumple regulaciones detectadas por Osiptel, sino que desde hace larguísimos años le viene robando al pueblo peruano usuario de sus servicios caros, ineficientes, mañosos y comunes en cualquier empresa de su giro. Si existiera alguna pizca de dignidad para con el trato a los cacos, habría que echar a estos ibéricos globalizadores con un buen puntapié en el trasero.
Son decenas de miles las facturas adulteradas con cobros por servicios que jamás prestó las que TdP pretende cobrar a sus clientes. Llamadas al extranjero falsas, conceptos que nadie ha solicitado, el costo tramposo de interconexión y alguna otra trapisonda caracterizan el comportamiento de esta firma.
Felizmente el congresista Jhony Lescano, uno de los pocos rescatables de la corporación que hasta el caballo de Calígula se avergonzaría de integrar -como sostenía Manuel González Prada- ha peleado con valentía y de frente contra los abusos connaturales de TdP. Recordemos también que el actual presidente del Parlamento, Henry Pease votó a favor de TdP en meses pasados.
En Argentina, en Chile, en Brasil, en la misma España, Telefónica hace cuanto le viene en gana porque si hay algo que no le falta es dinero para comprar periodistas, ejecutivos de imagen, ministros o legiferantes. La dictadura delincuencial de Fujimori tuvo en TdP uno de sus pilares más inconfundibles y el nipón les favoreció con toda clase de ordenamientos jurídicos abusivos.
Por ejemplo, hay decenas de estudios de abogángsters, que ganan porcentajes por la cobranza de cuentas morosas. Para ello se valen de medidas cautelares que incluyen el descerraje de puertas, el embargo físico de artefactos, la agresión a ancianos y ancianas, la malcriadez indecible por teléfono con matonerías que asustan al común de nuestros hombres y mujeres y todo ello fue consagrado para que TdP logre el dinero que le adeuda gente que no pudo o dejó de pagar sus facturas. ¿Quién controla a estos delincuentes de cuello y corbata?
Decir que sin TdP no habrían los millones de teléfonos en el Perú equivale a entender que el precio fundamental de la modernización es el robo a mano armada y a través de facturas infladas e indescifrables. Cosa distinta es que aquí las leyes se hagan para que unos pillos, con la ayuda de los nativos de adentro, se enriquezcan en cinco años lo que debería tomar normalmente diez o quince. ¡Cualquier otra empresa de telecomunicaciones de categoría habría hecho lo mismo o mucho más!
En 1998 me tocó lidiar hasta en seis juicios con TdP. Desde enero de aquel año me apuñalaban con supuestos consumos por arriba de los US$ 500 mensuales. La primera factura -y en partes- la pagué en agosto y durante ese largo lapso nunca pudieron cortarme la línea. Por una razón simple: ¡protesté por escrito, personalmente, por teléfono y nunca, pero nunca, arrié la bandera de mis reclamos! Vencí y pagué el 10% del total, que era lo justo. ¿Qué hubiera ocurrido si decenas de miles de usuarios hubieran hecho lo mismo? ¡Otro sería el cantar!
TdP: ¡que se vayan estos rateros!
¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!
Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz.
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