España en busca de laicidad

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció el 23 de septiembre de 2004 que deseaba elaborar una «Hoja de Ruta» para separar definitivamente a la Iglesia del Estado español y terminar con los privilegios únicos de la confesión católica en el país. Quizás se trate de una reacción ante el fuerte retorno del Opus Dei a la escena pública durante los ocho años de Aznar, pero también seguramente a la preocupación por hacer aplicar, veintiocho años más tarde, los principios de laicidad afirmados por la Constitución de 1978.

En un sentido más amplio, los españoles quieren terminar con siglos de enfrentamiento religioso que culminaron con la guerra civil y el franquismo y consagrar a partir de ahora la libertad de conciencia [1].

En virtud del acuerdo establecido con la Santa Sede en 1979, inmediatamente después de la adopción de la Constitución, y cuyo objetivo era mantener el estatus de excepción de la Iglesia Católica, existen aún crucifijos visibles en las paredes de las escuelas públicas españolas y se imparten cursos de religión católica en las mismas en detrimento de las demás convicciones. Por otra parte, la Iglesia Católica disfruta aún de un tratamiento fiscal favorable y de amplias subvenciones estatales.

El contexto

Si bien la mayor parte de los españoles considera estos privilegios como engorrosos espectros del franquismo que deben ser alejados a la mayor rapidez, el gobierno de Aznar restableció las pruebas de religión católica en el programa de bachillerato. Así, los únicos grupos que osan indignarse abiertamente contra el proyecto de reforma de Zapatero se sitúan en la franja más integrista de una iglesia que sólo los apoya con palabras, limitándose a denunciar el «acoso laico» contra la religión católica mayoritaria sin creer demasiado en ello, pues sabe muy bien que el proyecto gubernamental no tiene como objetivo luchar contra una religión, sino, por el contrario, garantizar la libertad de conciencia para todos.

Al reformar la relación entre la Iglesia y el Estado y poniendo todas las convicciones en plano de igualdad, el gobierno actúa conforme la Constitución de 1978 cuyo Artículo 16 estipula que ninguna religión será la del Estado y que nadie está obligado a revelar su confesión. Asegura así la libertad de culto para los individuos y las comunidades sin otras limitaciones que las necesidades de orden público. El Artículo 27 afirma la libertad de crear establecimientos de enseñanza, el derecho a la educación y el derecho a la formación religiosa y moral.

La religión católica ocupa un lugar preponderante en España, quizás más que en todos los demás países de Europa. La identidad española se forjó paralelamente a la Reconquista, que culminó en la época de los reyes católicos, cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla expulsaron a los últimos árabes de Granada en 1492. De esta forma José María Aznar no ha dejado de recordarles a los españoles esos momentos particularmente sombríos de su historia para reavivar las viejas querellas y promover el «choque de las civilizaciones» [2].

Sin embargo, la separación de la Iglesia y el Estado ya fue instaurada por la Constitución de la República en 1931 antes de que el Frente Popular se enfrascara en un anticlericalismo extremo que suscitó como reacción la alianza de la Iglesia y los franquistas en el seno de un régimen «nacional-católico» hasta 1978.
La Iglesia Católica española recibe cada año cerca de 140 millones de euros del gobierno para garantizar su funcionamiento y este último paga a los profesores de religión de las escuelas públicas, a los capellanes del ejército y las prisiones y se encarga de importantes gastos periféricos del culto.

Además, la Iglesia está liberada del pago de la mayor parte de los impuestos y no está sometida a ningún régimen de transparencia fiscal, pero no es todo. Al adoptar el estatus de organización no gubernamental (ONG), las congregaciones, fundaciones e instituciones católicas unen este presupuesto a un segundo financiamiento estatal que se eleva a un total de cerca de 100 millones de euros, a modo de «solidaridad» y de «ayuda al desarrollo».

Las reformas previstas

Las reformas anunciadas figuraban en el programa del PSOE para las elecciones del 14 de marzo último. Sin embargo, el anuncio de la implementación de esta «Hoja de Ruta» ha creado un efecto de sorpresa, pues los españoles se habían habituado a esta contradicción entre una constitución que afirma un Estado laico y una realidad muy indulgente con respecto a los privilegios de la Iglesia.

La vicepresidenta del gobierno de Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, tiene la tarea de coordinar, durante el año próximo, reformas transversales relacionadas con los ministerios de Justicia, Economía y Asuntos Sociales. Una vez redactado el estatus de laicidad, será sometido al Ejecutivo para su aprobación para lo que tendrá el amplio apoyo de las asociaciones educativas, feministas, pacifistas, sindicales, de defensa de los derechos humanos, etc., tradicionalmente a la vanguardia del combate.

El secretario de Estado para la Justicia, López Guerra, defiende el proyecto en estos términos: «La confesión católica se encuentra en una situación ventajosa sin igual, debido por una parte a la tradición, pero también, en el aspecto formal, a los acuerdos de 1979 con la Santa Sede. A fin de cuentas, la «Hoja de Ruta» debería conducir a un estatus efectivo de no confesionalidad del Estado, lo que implica limitar el carácter oficial de cualquier religión. Ninguna puede ser más oficial que las demás, pues ninguna puede ser oficial.»

El nuevo estatus prevé, por lo tanto, instaurar la igualdad de tratamiento entre las diversas religiones representadas en el país. Se estima que hay actualmente en España más de un millón de musulmanes, 2,5 millones de adeptos distribuidos entre las Iglesias Evangélicas y, según los últimos estudios sociológicos, el 20% de la población se declara laica o atea, un porcentaje equivalente al de los practicantes católicos [3]. Así, el proyecto tratará de adaptar las instituciones a un paisaje religioso radicalmente diferente al del inicio de la era posfranquista.

La primera decisión política tomada en esta óptica es la no prórroga de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado para el próximo año; estos serán objeto de un examen por parte del ministerio de Justicia a partir de una óptica constitucional. En cuanto al aspecto educativo, está previsto que la enseñanza de la religión católica, como la de las demás religiones, se imparta fuera del horario escolar y que los alumnos que no deseen asistir no se vean obligados a escoger una asignatura alternativa. Por otra parte, la enseñanza religiosa pasará a ser una asignatura no evaluable.

Las reacciones desesperadas del Episcopado

Su Exc. le cardinal Julián Herranz, miembro del Opus Dei [4] y presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, denunció desde Ciudad del Vaticano el «fundamentalismo laico» que anima a los promotores de estas reformas, haciéndose eco de los principales responsables de la Iglesia Católica española [5]. En su criterio, este «laicismo agresivo» tendrá repercusiones muy negativas en algunos sectores y valores fundamentales de la sociedad como el matrimonio, la familia y la educación de la juventud.

Extrañamente, el Episcopado ibérico, para criticar las reformas, recurre a argumentos que la Iglesia francesa ha empleado poco para defender el uso del velo en las escolares: «No es legítimo invocar la tolerancia para impedir a los cristianos que actúen como tales en el espacio público», ha declarado el arzobispo de Barcelona, Mons. Lluis Martínez Sistach [6].

En una óptica más constructiva, Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía del Derecho, de la Moral y de la Política de la universidad de Valencia, insiste en la necesidad de la autonomía financiera para la Iglesia, pero denuncia lo que ve como una «privatización laica del Estado». Teme que el fin de la subvención pública de la Iglesia prive a los ciudadanos de algunos servicios que esta brinda hoy, pero llama a la «rentabilidad de la cooperación» que, según él, anima al Labor británico con respecto a la Iglesia Anglicana, la de la socialdemocracia alemana o la del nuevo socialismo italiano para fustigar la actuación «laicista, anticlerical y sectaria» del Partido Socialista Español [7].

En la misma edición del diario centrista El Mundo, el periodista José Manuel Vidal remite irónicamente al clérigo español a sus propias referencias par defender el proyecto: en su espacio de opinión titulado «Pobre para ser libre», cita varios pasajes de la Biblia en los que evoca especialmente la elección de Jesús por el estatus de la esclavitud a pesar de su condición divina y el consejo prodigado a sus discípulos de no acumular las riquezas terrestres, para afirmar que la Iglesia española, una vez libre de su dependencia financiera con respecto al Estado, sólo podrá ser más libre y concluir: «Una iglesia dependiente de las subvenciones del Estado es una iglesia domesticada y muda.»