Los ciudadanos europeos boicotearon masivamente en junio 2004 la elección del nuevo parlamento de la Unión Europea (UE). El índice de abstenciones superó el umbral crítico del 50%, más allá del cual ninguna institución democrática puede aspirar a ser legítima. Ello evidencia un rechazo a las nuevas orientaciones de la OTAN y de la Unión desde la caída de la URSS y en particular de la extensión hacia el Este decidida por Bush padre y James Baker en 1991. Hace improbable la aprobación del proyecto de Tratado Constitucional y cuestiona el modelo de una Europa diseñada en Washington y llevada a la práctica en Bruselas, sede de la UE.
Para la mayoría de los electores europeos que constituían parte de la primera Unión Europea, compuesta de 15 países miembros [1], la ampliación o aceptación para que algunos países del Este [2], se conviertan en nuevos miembros de la Unión Europea, no ha sido de su gusto.
Hay muchas razones, el miedo de que una inmensa mano de obra venga a disputar los escasos puestos de trabajo es una, pero también porque estos nuevos países miembros, son considerados como verdaderos Caballos de Troya, por ser más pro-estadounidenses que el mismo EEUU, lo que generará sin dudas una tensión, entre aquellos que están por los intereses europeos en primer lugar, o aquellos que prefieren situarse en la órbita norteamericana estando en la Unión Europea.
Durante la Guerra Fría, Europa era el fruto de un deseo doble: por una parte, el deseo de los europeos de poner fin a las incesantes guerras que los han estado enfrentando a través de la historia y, por otra, el de los Estados Unidos de controlar e incluir a Europa occidental al bloque atlántico (OTAN). Este proyecto fue formalizado en el marco del Plan Marshall.
Desde la caída de la URSS, ese consenso muere: Washington ya no busca estabilizar el Occidente, sino aislar a la Federación Rusa. El 2 de octubre de 1991, James Baker, el secretario de Estado de Bush padre, llama a fundir la OTAN, la Unión Europea y la CSCE en el seno de un Consejo de Cooperación del Atlántico Norte. Se trata ante todo de acercar al «grupo de Visegrad» (Polonia, Checoslovaquia y Hungría) [3] y a los Estados del Báltico (Estonia, Letonia, Lituania) a la OTAN y a la Unión.
El grupo de Visegrad ingresó en la OTAN en marzo de 1999, y los Estados bálticos el 1º de mayo de 2004 [4]. Unos y otros se integran a la Unión Europea el mismo día, al mismo tiempo que Chipre y Malta, que estaban en la lista de espera, y que Eslovenia, que supo montarse en el tren en marcha. La ampliación de la Unión Europea a los Estados de la Europa Central y bálticos (ex países del bloque socialsita) no es un deseo de los miembros originales ni de los nuevos miembros, sino una recomposición impuesta por Washington y aceptada por todos.
Como se observa, en este sentido no es posible distinguir la historia de la Unión Europea de la de la OTAN, ni tampoco analizar la crisis actual de la Unión sin entender la evolución de la OTAN.
El Parlamento Europeo
Aunque las atribuciones del Parlamento Europeo han sido reforzadas por los Tratados de Maastricht (1991) y de Ámsterdam (1997), siguen siendo limitadas. El Parlamento ha sido llamado a emitir un juicio consultivo sobre los asuntos que dependen del Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno (agricultura, sistema fiscal, medio ambiente, seguridad, justicia...) -procedimiento de consulta-; a emitir un criterio según las iniciativas de la Comisión en la gestión de los Fondos estructurales y de cohesión -procedimiento de cooperación-; y a legislar conjuntamente con el Consejo respecto de las demás cuestiones -procedimiento de decisiones conjuntas. No puede tomar ninguna decisión por sí mismo y aparece, a menudo de forma caricaturesca, como un vasto foro sin objetivo alguno.
Creado en 1958, el Parlamento Europeo estaba inicialmente compuesto por diputados delegados por los parlamentos nacionales. Desde 1979, fue elegido por sufragio directo sobre base proporcional [5]. En la perspectiva inicial de la Unión, los Estados europeos estaban llamados a integrarse en una federación, cuya Asamblea única llegaría a ser el Parlamento Europeo. Este enfoque culmina en el Tratado de Maastricht (1991) que prevé el financiamiento de partidos europeos. Sin embargo, tras el derrumbe de la URSS, Washington, que presionaba para lograr la integración política, se opone a ello.
Esta divergencia se acentúa de manera crítica cuando una parte de los europeos, dirigidos por Alemania y después por Francia, se niega a participar en la invasión a Irak. El nuevo cuestionamiento de la integración política europea se traduce, entre otras cosas, en el cese del proceso de integración del Parlamento Europeo.
Se abandona la idea de realizar elecciones mediante un escrutinio único en todos los Estados miembros, con circunscripciones nacionales pero con listas electorales europeas. Se adopta, por el contrario, el sistema de escrutinios regionales con la pretensión de crear un acercamiento entre diputados y ciudadanos, aunque en verdad se trata de garantizar que el Parlamento no posea nunca la legitimidad necesaria para asumir nuevos poderes, como lo hicieron en determinado momento las asambleas en la construcción de las democracias.
En Francia, el escrutinio regional es promovido por Michel Barnier (UMP) y Pierre Moscovici (PS) con la intención velada de aprovecharse de ello para eliminar a los partidos pequeños.
El hecho de que los partidos políticos nacionales ni siquiera hayan realizado campañas en coordinación con sus futuros aliados extranjeros en el Parlamento y que no se preocupen por los resultados obtenidos por sus aliados en los demás Estados miembros, confirma el carácter intrínsecamente antieuropeo de este escrutinio. Las prensas nacionales han reflejado fielmente este estado de hecho al informar sobre los resultados en el extranjero sin referirse nunca a los futuros grupos políticos, sino limitándose a interpretar los resultados según los intereses locales en juego.
La abstención
En junio de 2004, los 25 Estados miembros de la Unión Europea eligen a sus 732 diputados al Parlamento Europeo. En el gráfico que aparece abajo, se constata que el índice de participación ha sufrido un descenso constante desde 1979. Durante los quince primeros años, la erosión es lenta. Refleja el desaliento ante un parlamento sin poderes, pero a partir de 1999, cuando se fortalecen las atribuciones del Parlamento, la caída aumenta al reflejar el desconcierto de los electores ante la evolución de la propia Unión.
La legitimidad de una institución democrática guarda relación con su base electoral. Por debajo del umbral crítico del 50 % de participación, ninguna elección puede otorgar legitimidad democrática. Si exceptuamos a Bélgica y a Luxemburgo, donde el voto es obligatorio, se observa en el gráfico que la participación sólo es satisfactoria en un bloque mediterráneo (Italia, Malta, Grecia, Chipre) y en Irlanda.
Todos los demás pueblos se niegan a participar en la Unión ampliada. Este rechazo es particularmente virulento en los Estados del grupo de Visegrad y en los Estados bálticos, o sea, en todos los introducidos por imposición de Bush padre y James Baker.
La confusión de los electores repercute en los partidos políticos. En todos los Estados miembros, la mayoría de los grandes grupos está dividida en cuando a su visión del futuro de Europa, hasta el punto de que les resulta imposible elaborar programas legislativos. Por consiguiente, los elegidos ocuparán escaños por grupos políticos y no por sus convicciones, lo cual hará que esta confusión se prolongue durante todo el mandato.
La primera decisión importante que deben tomar será la votación del proyecto de Constitución. Contrariamente al título que la designa y a su apariencia pomposa, no se trata en lo absoluto de una constitución que regula una federación y establece una separación de poderes, sino de un Tratado que rectifica el de Niza (2000). El objetivo principal que está en juego es redefinir el peso de los votos de los Estados miembros para adaptar las reglas fijadas por 15 miembros a una realidad de 25.
La abstención masiva hace ilusoria la adopción de este proyecto «constitucional» que, por cierto, modifica profundamente el carácter de la Unión. Pero la no adopción de este proyecto es también problemática, ya que ello remitiría al Tratado de Niza que fue aprobado para cubrir la forma, pero que nadie quiere aplicar. La Unión, por tanto, se encuentra en un atolladero.
Sin embargo, no es el primero de su historia y siempre ha sabido inventar soluciones de última hora. Esta vez no bastará utilizar la imaginación, sino que, sobre todo, habrá que precisar si los Estados miembros desean o no perseverar en la integración política. Esta se haría entonces, no bajo presión de los Estados Unidos, sino contra ellos.
[1] Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Austria, Grecia, Suecia, Noruega, Finlandia, España y Portugal.
[2] El 1 de mayo 2004, el Tratado de Adhesión entra en vigor y se hace realidad la mayor ampliación que haya experimentado nunca la Unión Europea, tanto en dimensiones como en diversidad, con diez nuevos países: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y Eslovenia, diez países que suman más de 100 millones de ciudadanos a la Unión.
[3] Fue en Visegrad, cerca de Budapest, que Casimiro III el Grande (rey de Polonia), Carlos I (Hungría) y Juan de Luxemburgo (Bohemia) se reunieron en el siglo XIV para solucionar sus disputas. Fue también en Visegrad que, el 15 de febrero de 1991, Lech Walesa, Arpad Göncz y Vaclav Havel deciden la creación de una zona de libre intercambio entre los tres países inspirada en el modelo económico estadounidense.
[4] Es algo más complicado: Checoslovaquia se ha escindido en dos. La República Checa entró primero en la OTAN, después lo hizo Eslovaquia. Ambos Estados ingresaron juntos en la Unión.
[5] Excepto el Reino Unido, que estableció una derogación.
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