“Lo mejor es darse la pela de una vez y limpiar de droga esos parques, que seguir en una eterna discusión ambiental y asistir como testigos a que esos parques se acaben porque no se procedió de manera efectiva contra la droga que estaba plantada allí”

Álvaro Uribe Vélez[1]

A pesar de los adversos resultados obtenidos por la estrategia de erradicación aérea de cultivos de coca y amapola en el 2004, cuando se fumigaron 139.651 hectáreas sin que se redujera un metro la superficie detectada en el 2003, el presidente Álvaro Uribe Vélez anunció la inminente aspersión de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Normas constitucionales y convenios internacionales como el de Diversidad Biológica, Ramsar, OIT y Unesco, que lo obligan a proteger las especies vivas, las minorías étnicas y el medio ambiente, quedan, pues, en entredicho.

La decisión de asperjar con agro-tóxicos las áreas protegidas se justifica con los argumentos de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Tolerancia Cero frente a las Drogas. La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez, y el Ministro del Interior y la Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, señalan la necesidad de evitar la “brutal” proliferación de los “narcocultivos” en estas zonas y atacar los “centros de operación” de los grupos armados por fuera de la ley. Sin considerar el daño que su propia decisión causa a los ecosistemas, el alto gobierno llama también a proteger el patrimonio natural amenazado por la tala de bosques y los insumos químicos empleados en la siembra y el procesamiento de los alcaloides.

Sin embargo, el gobierno no sale bien librado de sus paradojas. Reconoce la vulnerabilidad de las reservas naturales pero las convierte en blanco de una guerra química sobre las especies; detecta los cocales por satélite pero no dimensiona las dinámicas sociales que empujan la colonización hacia áreas que es preferible mantener intactas; convoca Consejos Comunitarios y firma pactos sociales con los cultivadores, pero termina por desconocerlos en su afán de mostrar resultados inmediatos, sin llegar a las soluciones estructurales que se demandan.

Atentando contra la biodiversidad

Aún a costa de envenenar las reservas naturales, el Consejo Nacional de Estupefacientes se dispuso a desmontar los pocos controles ambientales que aún tenia el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG).

La Resolución 0013 de junio del 2003 autoriza fumigar cualquier parte del territorio nacional con presencia de cultivos ilícitos, incluidos los Parques Nacionales Naturales[2], y da pié a la reducción de las franjas de seguridad sobre centros poblados, acueductos, páramos, cuerpos de agua y áreas de interés socioeconómico, étnico y ambiental, dejándolas prácticamente desprotegidas del efecto deriva[3].

Con estos instrumentos se intenta arremeter contra el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales (SINAP). En una superficie de 10 millones de hectáreas - el 10% del territorio nacional-, se agrupan 51 parques, nueve santuarios de flora y fauna, dos reservas naturales, un área natural única y una vía de parques, a decir de los especialistas, el “banco genético de la nación”.

Su importancia ecológica está fuera de duda. No solo por pertenecer a uno de los 12 países megadiversos del mundo[4], sino por las reservas bióticas y los servicios ambientales que alberga: el 40% de los centros de endemismo identificados en el país, el 62% de los acuíferos nacionales, el 12% de los refugios húmedos de América Latina, y el lugar de nacimiento de 5 estrellas hidrográficas que alimentan las cuencas por los cuatro puntos cardinales.

Lamentablemente hasta aquí han llegado los cultivos de coca y amapola, causando unos estragos que nadie, en su buen juicio, puede ignorar. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en el 2003 se contabilizaron 3790 hectáreas de coca en 18 PNN, lo que frente a las 6.057 detectadas en el 2001, representa una notable reducción del 41%. Aunque el censo del 2004 no se conoce oficialmente, se sabe que la cifra global se mantiene o disminuye ligeramente, pero muestra un preocupante incremento de 1.152 a 2.630 hectáreas en la Sierra de La Macarena.

Estas cifras no concuerdan con los reportes norteamericanos. Según la Central de Inteligencia Americana, las hectáreas cultivadas superan entre un 200% y un 300%, los cálculos del SIMCI. Para el 2004, la CIA reconoce 6550 hectáreas en solo 6 reservas naturales, con la Sierra de la Macarena en el primer lugar (3.500 has), Nukak en el segundo (1.200 has) y Catatumbo-Barí en el tercero (800 has), Tinigua en el cuarto (700 has), seguidos de La Paya y la Sierra Nevada de Santa Marta con 450 has entre los dos.

En cualquier caso estamos hablando de una porción insignificante de la coca plantada en cada parque y a nivel nacional. Aún si llegaran a presentarse cifras más altas, Colombia no puede enfrentar el problema con la opción más costosa en términos ambientales.

Tres parques en la mira

Tres parques naturales están en la mira de la Policía Nacional Antinarcóticos en el 2005.

En la región central, la Sierra de la Macarena, declarada en 1933 “Patrimonio Natural de la Humanidad” por ser hábitat de especies vegetales y faunísticas de la Orinoquía, los Andes y la Amazonia, y contar con un endemismo biótico inigualable en América Latina. Asociaciones de Colonos Campesinos de las cuencas de los ríos Lozada y Ariari - Guayabero, con sólida tradición comunitaria pero estigmatizados por las dinámicas de la guerra interna, han ratificado su voluntad de emprender procesos concertados de sustitución gradual y reconversión económica.

En el norte, la Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva de la Biosfera desde 1974 y territorio ancestral de las comunidades indígenas Wiwa, Koguis y Arhuacos, con un Pacto Social suscrito entre el Consejo Territorial de Cabildos y el gobierno nacional, a punto de perderse por las fumigaciones y el desconocimiento de los derechos indígenas consignados en la Constitución.

En la frontera con Venezuela, hacia el oriente, el PNN Catatumbo - Barí, constituido en 1989 para la protección de los últimos relictos de bosque húmedo tropical, con la participación de las comunidades indígenas Yukos, Bari y Dobokubis. En el momento, la Asociación Indígena Barí reclama por la consulta previa a la erradicación, y el respeto a los Planes de Vida que adelanta con ayuda de la cooperación internacional europea.

De estos tres Parques Naturales, solo la Macarena registra un incremento de los “plantes” de coca. Lo que el gobierno tendría que explicar, en su lógica discursiva antiterrorista, es porqué las siembras se dispararon en el epicentro del “Plan Patriota”, con “control del territorio” y el “repliegue de la subversión” hacia Chiribiquete.

Indudablemente, otros factores determinan las curvas oscilantes de los cultivos ilegales, factores más relacionados con las difíciles condiciones de la colonización en la frontera agrícola que con la presencia interesada de actores armados repartiendo semillas y acumulando dólares para la guerra. Lo cual tampoco se niega. Hoy por hoy, los PNN son corredores estratégicos de movilidad y retaguardia que inciden en sus dinámicas ocupacionales y alteran el equilibrio de los ecosistemas.

De lo que se trata es de contar con una mirada más plural. La Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), lo plantea con claridad cuando enumera las tendencias socioeconómicas y políticas que presionan las áreas protegidas: “violencia social, colonización, ampliación de la frontera agrícola sobre suelos inconsistentes, cultivos ilícitos, urbanización acelerada y sin planeación territorial ambiental, macroproyectos de desarrollo minero, hidroenergético o agroindustrial (y) presiones directas sobre los bosques, entre otros”[5].

Sin margen de soberanía

No cabe duda de que los Estados Unidos ejercen una influencia determinante en la medida.

Desde el 2003, cuando se reporta la presencia de 10.431 hectáreas de coca en 22 parques naturales de Colombia, la Embajada insiste en la reducción de la oferta de droga en un 50%, meta fijada por el Plan Colombia para el 2006. Ello implica desplegar las flotillas de avionetas y helicópteros hacia zonas usualmente no asperjadas, como los Resguardos Indígenas y los Parques Nacionales, sin consideraciones atenuantes ni con las comunidades locales, ni con el medio ambiente.

Entre tanto, el Congreso Americano hace lo suyo. En el marco de la Iniciativa Regional Andina aprueba un paquete antinarcóticos para intervenir en parques, siempre y cuando el Departamento de Estado demuestre que la fumigación cumple con las leyes colombianas y que no “hay otras medidas alternativas para reducir los cultivos de droga en estas áreas”[6]. Con esta lógica se tramitan recursos adicionales por US$130 millones para sumar 94 aeronaves en los operativos antinarcóticos.

Con la intermediación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, Estados Unidos contrató un estudio para validar “científicamente” la intervención en Parques Naturales. El doctor Keith Solomon, director del equipo de investigación, defiende la inocuidad del glifosato sobre organismos acuáticos, animales terrestres y la salud humana, donde los efectos son “moderados” “o casi nulos”[7].

Conclusiones que el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia desvirtuó en sus aspectos metodológicos y conceptuales, considerando que se desestimaron “riesgos directos o indirectos sobre ecosistemas o agroecosistemas vecinos, pérdida de biodiversidad, muerte de animales domésticos, desplazamiento de población o incremento en procesos erosivos del suelo”, entre otros[8].

Es un hecho que la política antidrogas liderada por los Estados Unidos impone a los países andinos exigencias que la Casa Blanca no está dispuesta a asumir en cumplimiento del principio de corresponsabilidad. Nos referimos a las 10 mil toneladas de cannabis que se cosechan anualmente en sus sótanos, jardines y campos, entre ellos varios Parques Nacionales de Florida, Kentucky, Indiana y California, sin que se contemplen controles drásticos a la producción, ni mucho menos la erradicación aérea con herbicidas de amplio espectro como el Glifosato. Sólo en cuatro Estados se “dispensa sustancias químicas directamente a la planta, con mínimo o ningún impacto en el suelo que la circunda”[9].

Hasta tal punto llega la laxitud doméstica, que no se conocen reportes confiables sobre la localización y extensión de los cultivos de marihuana, ni informes oficiales que den cuenta de los circuitos económicos por donde discurre la comercialización en suelo americano.

En 2001, la CICAD reclamó a Estados Unidos la no implementación de sus recomendaciones: “Estados Unidos no recaba ni mantiene información sobre la superficie total cultivada ni sobre las áreas que ya no están bajo cultivo. Sólo recopila datos en relación con la cantidad de plantas incautadas o terrenos erradicados por las entidades estatales y locales” señala el órgano fiscalizador de la OEA. Dos años después vuelve a insistir sobre este punto.

Resistencia ambiental

Las alarmas ambientales se prendieron desde el primer intento del gobierno de fumigar con herbicidas los Parques Naturales, Resguardos y Reservas. Pronunciamientos públicos, artículos científicos, editoriales de prensa y debates en el Congreso de la República lograron detener la imposición norteamericana en el 2004. En esa oportunidad, 60 parlamentarios colombianos señalaron su inconformidad con la medida, y propusieron alternativas manuales de erradicación.

Con la reactivación de la amenaza, los defensores del medio ambiente volvieron a movilizarse.

La Comisión Quinta del Senado citó a debate a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y al Ministro del Interior, quienes ratificaron su preocupación por los cultivos y contra toda razón defendieron las bondades de la erradicación química. El senador Jorge Robledo, por su parte, denunció la irresponsabilidad del gobierno y advirtió que “el cultivo de coca en los parques de Colombia se explica por la falta de oportunidades que desde siempre han padecido los pobres de las zonas rurales del país”.

La resistencia civil contra las fumigaciones indiscriminadas tuvo eco afortunado en la opinión pública nacional e internacional. El 18 de mayo, un día después de su comparecencia en el Congreso, la Ministra de Ambiente declaró: “Si bien es cierto que el Consejo Nacional de Estupefacientes adoptó la Resolución 0013 del 27 de junio del 2003, mediante la cual aprobó la aspersión de cultivos ilícitos en áreas protegidas, hasta la fecha no se ha llevado a cabo esta medida, y no está prevista en el corto plazo”[10].

Una victoria parcial y condicionada que nos obliga a mantener la guardia en alto.

[1] Frase pronunciada por el presidente Álvaro Uribe Vélez en el acto de constitución oficial del Parque Nacional Natural “Florencia”, el 10 de marzo del 2005. Ver: “Lo mejor es darse la pela para limpiar de droga los parques”, www.presidencia. gov.co.

[2] CNE, Resolución 0013 de junio de 2003.

[3] El Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente en el 2001 estableció franjas de seguridad de 2000, 1600 y 200 metros. La Resolución 0031 de septiembre del 2003 reduce el rango de protección de 10 a 100 metros como máximo.

[4] Los países megadiversos concentran el 70% de la riqueza biológica del mundo. Hacen parte de este grupo Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, China, India, Indonesia, Kenia y Sudáfrica.

[5] UAESPNN, “Parques para la Gente: Política de Participación Social en la Conservación”, Bogotá, 2001.

[6] Nota de Sergio Gómez Maseri, El Tiempo, Enero 7 de 2004.

[7] Solomon Keith, “Estudio de los efectos del PECIG y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, consultoria para la CICAD-OEA, Wasnhington, D.C., marzo de 205.

[8] León Sicard Tomás, “Glifosato si genera efectos ambientales”, UN Periódico, Bogotá, Mayo 22 del 2005, Pág.14

[9] CICAD-OEA, “Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2001-2002. Estados Unidos de Norteamèrica”.

[10] “Cruzada por la defensa de los parques nacionales naturales”, MAVDT, Bogotá, Mayo 18 de 2005, www.presidencia.gov.co

Sandra Mejía y Luis Argüelles