No sabiendo demasiado cómo remodelar el Medio Oriente, Washington, luego de algunas vacilaciones, ha optado por la invención del «Gran Medio Oriente». Ese nuevo concepto geográfico designa a los Estados que van desde los pozos de petróleo del Sahara Occidental a los oleoductos de Paquistán, excepto los países del «Eje del Mal» e Israel que ya está democratizado. Esa zona está condenada a los beneficios de la democracia de mercado gracias a la intervención de grupos de la sociedad civil seleccionados por Madeleine Albright y subsidiados por el Departamento de Estado.
Este artículo fue publicado por primera vez el 15 de julio 2005.
El 9 de mayo de 2002, el presidente Bush anunciaba incidentalmente en un discurso en la universidad de Carolina del Sur su intención de lanzar una iniciativa de asociación con el Medio Oriente (Middle East Partnership Initiative - MEPI). Se trataría de promover tanto la literatura como la creación de empresas, pero también de apoyar grandes proyectos como la creación de una zona regional de libre comercio y la de un foro sobre la reforma judicial.
Ese programa de subsidio se presentaba al contribuyente norteamericano como una necesidad de seguridad nacional: el desarrollo del Medio Oriente pondría fin al terrorismo.
Para las poblaciones interesadas, esa retórica, común en los Atlantistas, es ultrajante. Se basa en supuestos psicoétnicos: los musulmanes viven en países subdesarrollados y no democráticos donde acumulan frustraciones; su celo por el modo de vida occidental los lleva a cometer atentados terroristas contra inocentes. Por lo tanto hay que resolver sus problemas en su lugar.
El concepto, aún impreciso, de iniciativa de asociación con el Cercano Oriente fue discutido con vehemencia en Washington. Ante la cercanía de la invasión a Irak, el Departamento de Estado quería ofrecer una esperanza al mundo árabe.
Mientras, el Pentágono imaginaba la batalla de Irak como la primera etapa de la reestructuración del Medio Oriente. El 10 de julio de 2002, el Consejo Consultivo de la Política de Defensa, presidido por Richard Perle, escuchó una larga exposición sobre la inferioridad de la cultura musulmana y la necesidad de destruir su núcleo central: la tutela de los Seud sobre La Meca.
En definitiva, el 12 de diciembre de 2002, el secretario de Estado, Colin L. Powell anunció ante la archirreacionaria Fondation Héritage que formalizaba la MEPI en un simple programa de subsidios por 90 millones de dólares para 2003 [1].
El programa se subdivide en cuatro pilares:
– Economía: ayuda a la competitividad, ayuda a las inversiones, ayuda a la creación de empresas;
– Política: fortalecimiento de la sociedad civil, promoción del Estado de Derecho, fortalecimiento del pluralismo de los medios masivos de comunicación;
– Educación: acceso de todos a la escuela, mejora de la enseñanza, promoción de calificaciones adaptadas al mercado laboral;
– Derechos de las mujeres.
Todo ello para el conjunto de Estados comprendidos desde Marruecos hasta Arabia Saudí, excluyendo Libia, Israel, Siria e Irak, según la división administrativa en curso en Washington, pero sin realidad geopolítica [2].
Este programa, después de todo muy limitado, fue confiado al secretario de Estado adjunto Richard Armitage y a la directora de la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente, Elizabeth Cheney (hija del vicepresidente Dick Cheney, públicamente opuesta al MEPI). En resumen, las grandes palabras se diluyeron en la burocracia de Washington.
La MEPI fue reactivada, el 6 de noviembre de 2003, por el presidente George W. Bush durante su discurso en la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Sustituye a la iniciativa en el marco de un plan más general de injerencia democrática para transformar al Cercano Oriente. Se han desbloqueado 40 millones de dólares adicionales para financiar asociaciones pro Estados Unidos y medios de propaganda púdicamente calificados «de órganos de diplomacia pública» [3].
En la práctica, la MEPI permanecía también no muy clara: ninguna estrategia legible, sino una acumulación de operaciones de mayor o menor envergadura útiles a corto plazo. De esa forma los dos primeros congresos internacionales organizados por la MEPI, el Foro Judicial de Manama (15 a 17 de septiembre de 2003) y el Foro Económico Árabe de Detroit (28 a 30 de septiembre de 2003), fueron dominados por las cuestiones relativas a los buenos negocios iraquíes y al proyecto de constitución para Irak.
El tercer congreso, Hacia una Nueva Arquitectura Financiera del Mundo Árabe, en realidad fue una recuperación del simposio anual de la Unión de Bancos Árabes de Beirut (9 y 10 de octubre de 2003) para intentar imponerles normas en materia de lucha contra el financiamiento al terrorismo y para establecer un sistema bancario liberal en Irak.
La administración Bush, al apoyarse en el Informe sobre el Desarrollo Humano Árabe, publicado por las Naciones Unidas, revisó su copia y concibió una iniciativa para el Gran Medio Oriente (Greater Middle East Initiative - GMEI). El proyecto, que debe presentarse en junio de 2004 en la Cumbre del G8 de Sea Island (Georgia), se filtró a Al Hayat en febrero.
En un primer momento, el Departamento de Estado lo presentó como la repetición, en el mundo árabe, del proceso de Helsinki que habría llevado la democracia al ex imperio soviético. Esa comparación suscitó inmediatamente un rechazo por parte de todos los Estados interesados.
Como lo señaló el príncipe Saud al-Faisal, «Los resultados en la Unión Soviética son bien conocidos. Fue destruida. Sufrió privaciones económicas. Su pueblo fue el más desdichado durante dos decenios». Y el doctor Marwan Muasher, ministro jordano de Relaciones Exteriores, concluyó: «Nuestro objetivo es que ese documento nunca nazca».
El Gran Medio Oriente es un concepto burocrático sorprendente. Abarca los Estados de la MEPI, además de Afganistán, Paquistán, Irak y Turquía (en algunos casos Libia, eso no está totalmente claro). De hecho, la zona en cuestión corresponde a los criterios de la guerra al terrorismo, lo que dice mucho sobre los objetivos reales del plan. Varios autores han señalado una similitud con un antiguo plan del Likud de reestructuración de la región que permitiría el desarrollo territorial de Israel y el debilitamiento de los demás Estados de la región.
También, en un segundo tiempo, la administración Bush lanzó la comparación con el proceso de Helsinki, mucho más cuanto los acuerdos de Helsinki comprendían tres «canastas», la primera para la Seguridad, la segunda para la Economía y la tercera para los Derechos Humanos. Ahora bien, en el caso del GMEI, Washington no tiene en lo absoluto la intención de mencionar los problemas regionales de seguridad que implicaría la solución de la cuestión palestina y la evacuación de Irak.
Se puede medir la evolución de las intenciones estadounidenses respecto de los dos acontecimientos. EL GMEI ha provocado una ruptura en el seno de la Liga Árabe entre los Estados cuyos gobiernos siguen ciegamente a Washington y los demás.
En definitiva, el presidente tunecino, Ben Ali, canceló la reunión cumbre la víspera de su celebración para finalizar el debate. Simultáneamente, la Fundación Nacional para la Democracia (NED/CIA) acelera su injerencia. De esa forma, organizó un Congreso de Demócratas del Mundo Islámico en Estambul (12 a 15 de abril de 2004).
Durante tres días, 190 delegados participaron en un debate para ratificar una carta escrita de antemano, la Plataforma para la Gobernabilidad Democrática en el Mundo Musulmán. Por consiguiente, hemos visto al Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales (NDI) de Madeleine Albright impartir cursos de buena conducta a líderes musulmanes.
Así, un Estado cuyo presidente no fue elegido, sino designado por fraude, que ha suspendido una parte de las libertades fundamentales (USA Patriot Act), que ha construido un campo de concentración (Guantánamo), que asesina a los periodistas de la televisión árabe, que organiza golpes de Estado (Venezuela, Georgia), que ataca y ocupa otros Estados (Afganistán, Irak), que secuestra a un presidente electo (Haití), que aprueba ejecuciones extrajudiciales y anexiones territoriales (Palestina), etc., se presenta como modelo de democracia.
La paradoja reside en que el nivel de exigencia de los participantes musulmanes es más elevado que el de los organizadores norteamericanos y algunos de ellos han utilizado la tribuna que se les ofrecía para estigmatizar la política de Washington y han señalado que los Estados Unidos no cumplen muchos puntos de la Carta.
Sin miedo al ridículo, los oradores norteamericanos felicitaron a Turquía, país anfitrión, por su evolución democrática, cuando en la actualidad está dirigida por un partido político que ellos hicieron prohibir y condenaron la decisión del Parlamento turco de no participar en la invasión a Irak. Y con la condescendencia inherente a los imperios, los mismos oradores han disertado sobre la compatibilidad del Islam y de la democracia, en el mismo momento en que su presidencia recibía a Ariel Sharon en la Casa Blanca y al suscribir el concepto de «Estado judío» rechazaba los derechos inalienables de los palestinos.
El 19 de febreo, Dominique de Villepin, al explicar la posición francesa en Le Figaro, condenaba de forma inapelable la acción de Washington: «Hay que partir de las necesidades y expectativas de los países del Medio Oriente y no tratar de dictarles soluciones.
Por consiguiente, es importante asociarlos lo antes posible a nuestra reflexión, dentro de la lógica de una verdadera asociación. También hay que evitar un enfoque demasiado uniforme: no se puede tratar de la misma forma al Maghreb, al Medio Oriente y a los países del Golfo. No se debe centrar todo en las cuestiones de seguridad.
Para triunfar, nuestra acción debe de ser global y tener en cuenta todas las dimensiones: política, económica, social, cultural, educativa. De no ser así, nuestra iniciativa corre el riesgo de parecer que está motivada sólo por nuestros propios intereses de seguridad más que por el interés del desarrollo de la región.
Por último, si queremos tener credibilidad, no podemos ignorar el conflicto israelo-palestino. Recrear una dinámica de paz es una condición indispensable para toda iniciativa en la región. (...) Nos oponemos a estrategias que serían las de un Occidente preocupado tratando de imponer desde el exterior soluciones ya hechas.»
[1] Las cifras anunciadas no corresponden a las sumas gastadas efectivamente. El presupuesto real de la MEPI era de 29 millones de dólares para finales del 2002, 90 millones para el 2003, y debería de ser de 89 millones para 2004.
[2] Irán, que inicialmente estaba excluido del programa debería ser objeto de 1,5 millones de dólares de subsidios en 2004, que se destinarán a las asociaciones antigubernamentales.
[3] El presidente Bush anuncia una suma de 80 millones de dólares, pero sólo 40 se destinan a los Estados de la MEPI.
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