Afganistán 2004

Hace dos años, la operación Libertad duradera de la Coalición Global puso fin a 23 años de guerras y de inestabilidad en Afganistán. Oficialmente, la intervención fue emprendida luego de los atentados del 11 de septiembre para «detener y llevar a los tribunales a Osama Bin Laden y a aquellos que lo protegen».

De manera adicional, permitió instaurar un nuevo Estado aprovechando que la comunidad internacional no reconocía a las diversas autoridades que se compartían el país, entre ellas el Emirato de los talibanes [1].

Mientras que la ONU realizó un gigantesco esfuerzo de ayuda a las poblaciones, en particular al escolarizar a 4,2 millones de niños y al restablecer el sistema de salud, la Coalición se desentendió de la reconstrucción política. De alguna forma, el 4 de enero de 2004 se adoptó una Constitución. Por ello, la Unión Europea se dispone a solicitar la convocatoria de una conferencia internacional con el fin de llevar a término el proceso de estabilización y democratización de Afganistán.

El derrocamiento de los talibanes, quienes controlaban la región de Kabul, no es obra militar de la Coalición sino de la agrupación de facciones rivales alrededor del Frente Islámico Unido, rebautizado por la prensa occidental como «Alianza del Norte» y apoyado desde hace mucho por la India, Irán y la Federación de Rusia.

Estados Unidos, que había colocado en el poder a los talibanes, se limitó a dar su apoyo a otro bando y a comprar, por medio de millones de dólares, la adhesión de jefes de guerra.

El final de las hostilidades no condujo por consiguiente a un cambio de sistema político sino que traduce una inversión de las relaciones de fuerza.

El Acuerdo de Bonn, negociado entre facciones bajo los auspicios de la ONU, pero sobre todo bajo la presión estadounidense, permitió establecer un gobierno provisional centralizado alrededor de Hamed Karzai, quien ejerce simultáneamente las funciones de presidente y de primer ministro.

Karzai, ex agente de la CIA en la época de William Casey, emigró a Estados Unidos donde obtuvo la doble nacionalidad y se convirtió en amigo personal de la familia Bush así como en cuadro del holding petrolero UNOCAL, encargado de controlar las obras del proyecto del oleoducto transafgano.

Desprovisto de legitimidad en Afganistán, su autoridad y la de su gobierno son proporcionales a la protección que le ofrecen las tropas extranjeras de la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad (ISAF). Ahora bien, como el número de estas es limitado, lo que les impide aventurarse fuera de Kabul, la autoridad del gobierno fuera de la capital sigue siendo incierta.

En provincia, está representado por ex jefes de guerra cuyo comportamiento evoluciona con lentitud. Los combates entre facciones pudieran reiniciarse fuera de Kabul en cualquier instante. Durante el último trimestre de 2003, los choques fueron más numerosos y mortales que durante los veinte meses anteriores.

El retorno de la violencia causó la muerte a numerosos civiles y representantes de organizaciones internacionales. Todo parecía indicar que la guerra entre el clan de Atta Mohammed y el de Dostum se reanudaría en octubre en Mazar al-Sharif.

Felizmente se pudo negociar con prontitud un cese al fuego entre estas facciones, el que incluyó el desarme de las armas pesadas [2]. El mantenimiento de la paz está por lo tanto vinculado al despliegue del ISAF.

Esta fuerza multinacional creó los primeros «equipos de reconstrucción provinciales», pero a causa de la falta de efectivos en la actualidad sólo quedan cuatro: los de las provincias de Kunduz, Parwan, Herat y Kandahar.

El programa de desarme general, de desmovilización de las fuerzas de unos y otros y de formación de un ejército nacional acaba de comenzar. La fase piloto del desarme, denominada «Programa Nuevo Inicio para Afganistán», se inició el 24 de octubre 2004 en la provincia de Kunduz y permitirá desmovilizar y reinsertar a mil combatientes. La segunda fase, iniciada en Gardez el 9 de noviembre 2004, permitió desmovilizar y reinsertar a más de 1,500 soldados. La tercera dio inicio en Kabul el 10 de diciembre 2004 y abarca a 2,000 hombres mientras que la cuarta comenzará más tarde en Gardez.

De manera paralela se está creando el ejército nacional afgano bajo el mando de oficiales estadounidenses. Hasta la fecha incluye a 6,500 hombres distribuidos en 12 batallones. Según los cálculos, esta cifra deberá elevarse a 70,000 hombres en un decenio.

La formación de la policía no avanza con mayor celeridad. De 50,000 policías y 12,000 guarda fronteras previstos, menos de 3,000 han sido reclutados con la ayuda financiera de la Unión Europea. Se sabe que el presidente Karzai confía tan poco en su gobierno que su seguridad cercana es garantizada por mercenarios de una empresa privada estadounidense.

Independientemente de este problema de organización, el orden público depende de la promulgación de nuevas leyes. Hasta la fecha no se ha redactado ni el Código Civil ni el Código Penal. El Ministerio Talibán para la Promoción de las Virtudes y la Supresión de los Vicios fue sustituido por el Departamento de Instrucciones Islámicas pero las diferencias entre uno y otro son mínimas [3].

Además, es difícil saber cómo restablecer una apariencia de justicia sin juzgar a los criminales de guerra. Ahora bien, el general Dostum, apodado Gengis Kan por su gusto de cometer crueldades en público, es responsable manifiesto de la masacre de al menos 3,000 combatientes en Mazar al-Sharif por solicitud implícita de Donald Rumsfeld durante la operación Libertad duradera [4]. Es poco probable que tenga alguna vez que dar explicaciones y su nombramiento como ministro de Defensa es tema de actualidad.

El único cambio importante en las costumbres es la reanudación del cultivo del opio, severamente reprimido por los talibanes a finales de su emirato y que hoy ya no lo está. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el crímen (UNODC), publicado el 29 de octubre, los ingresos agrícolas por concepto del opio se calculan en 2,300 millones de dólares, más de la mitad del PIB afgano.

El país ha vuelto a ser el primer productor mundial de opio. Es poco realista creer que esta droga pueda ser cultivada y exportada en tales volúmenes sin el acuerdo, al menos tácito, de las autoridades nacionales y la ayuda militar internacional.

La restauración del Estado exige el establecimiento de un sistema político que cuente con la adhesión de la población. El Acuerdo de Bonn preveía la instauración progresiva de la democracia. Para redactar la Constitución se creó una asamblea, la Loya Jirga, que incluye a 340 miembros electos de las provincias, a 110 representantes de las minorías políticas (mujeres, minorías religiosas, nómadas) y a 52 personalidades nombradas por el presidente-primer ministro.

Si tenemos en cuenta que menos del 3% de los electores potenciales pudo participar en la elección de los diputados, la Loya Jirga semeja una ficción democrática. La Constitución aprobada por esta curiosa asamblea no es el fruto de la deliberación.

Fue redactada por el representante especial estadounidense Zalmay Khalilzad y sometida a su aprobación. Los jefes de guerra negociaron algunas enmiendas, en especial la supresión de la referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la subordinación a la Charia de las leyes positivas.

Muchos votos fueron comprados u obtenidos bajo los efectos de la amenaza. En definitiva, esta Constitución, algunos de cuyos pasajes pueden ser objeto de variadas interpretaciones, concede plenos poderes a Hamid Karzai. La puesta en escena se limitó por lo tanto a darle apariencia de legitimidad a un gobierno fantoche impuesto por Washington.

Para los afganos, la libertad y la democracia están aún por conquistar.