Esos intereses privados que gobiernan los Estados Unidos

Para el presidente James Madison (1751-1836), uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, «El sistema político estadounidense se basó en la desigualdad natural de los hombres». En efecto, como el valor filosófico que había salido victorioso era la riqueza que a su vez engendraba el poder, las personas que lo ejercen -una minoría excepcionalmente dotada y compuesta esencialmente por blancos- sólo tienen que rendir cuentas a sus pariguales. En lo que a la población atañe, tiene que contentarse con la lucha económica si quiere hallarle un sentido a todo eso. No es de asombrarse si los legisladores norteamericanos se presentan como defensores de intereses grupales y no del interés general. Ni de que, en la práctica, defiendan muchas veces sus intereses personales en vez de los de los grupos coaligados que supuestamente representan. Ya se trate de las contribuciones para la campaña que muchas veces pueden embolsillarse a título personal, o de votar las leyes, sometidos a importantes presiones e incitaciones por parte de los lobbies, los legisladores están enfrentados en todo momento a conflictos de intereses. Al igual que en los estados europeos, las instituciones locales se prestan mucho más que las otras a tráficos de influencia y a la corrupción. Tan es así que la ausencia de un marco legislativo y la subexposición mediática tan comunes en los parlamentos de los estados federados, garantizan prácticamente una casi-impunidad.

«La mejor democracia que su dinero pueda comprar»

Esos problemas ocuparon un lugar central en un proyecto dirigido por el Center for Public Integrity, organización sin fines lucrativos, no partidaria, que lleva a cabo investigaciones sobre temáticas nacionales importantes vinculadas con la ética de la función pública. Al informar al público para proporcionarles armas que le permitan poner frente a frente a los electos con sus responsabilidades, el CPI no hace sino llevar a la práctica la tesis no obstante evidente de Thomas Jefferson, otro de los padres fundadores, cuya herencia está menos presente, según la cual la Libertad no puede ejercerse en la ignorancia, al menos mientras reine la civilización.

El Centre for Public Integrity lo creó oficialmente en 1990 el periodista Charles Lewis quien anteriormente había realizado sondeos para la cadena ABC y para el programa 60 minutos de la CBS. El centro, financiado en un 90% por las fundaciones, primero publicó una carta informativa en soporte de papel, The Publici, antes de apoyarse en una vasta audiencia en línea. Después de haber llevado a cabo sondeos sobre el gobierno federal, con las series The buying of the President y The buying of the Congress, el CPI se dedicó a elaborar un voluminoso expediente con los conflictos de intereses al nivel de los estados federados desde principios de los años 90, a solicitud de la prensa que estaba perdiendo un tiempo precioso en juntar informaciones en las polvorientas oficinas de los capitolios estaduales. Al hacer accesibles los registros de millares de contribuciones electorales y de declaraciones de los ingresos de los candidatos electos a través de un banco de datos informatizados, permitió a los observatorios y a los órganos de prensa poder trazar los vínculos entre el cabildeo y las leyes o reformas efectivamente votadas, que muchas veces se alejan de las promesas de las campañas.

Los primeros experimentos en los estados de Illinois y de Indiana pusieron de inmediato de manifiesto la utilidad de esta iniciativa al descaracterizar a los legisladores independientemente del partido a que pertenecieran que proponían y votaron leyes que beneficiaban directamente a sus empleadores, o a donantes que generosamente financiaban sus campañas. Las columnas de los periódicos locales se llenaron de artículos que trataban de la corrupción o de conflictos de intereses a medida que el Centro iba publicando el resultado de sus investigaciones.
Fortalecido por esas primeras experiencias exitosas, el centro decidió extender su campo de investigación a todos los estados en 1999, examinando leyes de ética, conflicto de intereses y declaraciones financieras aplicables a los 7 400 legisladores estaduales de costa a costa. Que 41 estados hayan recurrido a legisladores a tiempo parcial les llevó a examinar asimismo las declaraciones financieras de los que resultaron electos, a pesar de ser una medida obligatoria [1], para brindar a los electores los medios de controlar si sus impuestos efectivamente se dedicaban a defender sus intereses. El resultado de esa labor de hormiga se llevó a cifras y se puso a disposición del público en el sitio del Center for Public Integrity.
Un consorcio de 50 órganos mediáticos se apoyó en esos trabajos para revelar a su público las interacciones entre los intereses financieros privados de los electos y su actividad como legisladores.

La obra titulada Capitol Offenders [2], publicada en 2002, reúne los resultados y análisis de cinco años de investigaciones del CPI. Si los conflictos de intereses al nivel federal se revelan con regularidad a través de los medios de comunicación, explica la introducción del libro, los norteamericanos no sospechan hasta qué punto los órganos legislativos de los estados federados son el lugar de una corrupción organizada por los cabildeos, refrendada por los electos y a veces hasta regulada por las leyes.
Uno de los factores que favorece la divulgación de los conflictos de intereses es la falta de motivación del gran público por los parlamentos estaduales [3], al contrario de lo que sucede con el parlamento federal que está permanentemente bajo la mirada escrutadora de la prensa nacional y, por ende, sometido a la vigilancia pública. Igualmente, los ingresos externos de los legisladores estaduales no se limitan, al contrario de lo que pasa con los de los miembros del Congreso Federal. Los primeros frecuentemente deben tener un empleo fuera porque sus ingresos como parlamentarios no son suficientes, en tanto que los segundos cobran un salario consecuente. La disparidad de las leyes en dependencia de los estados parece, por otra parte, desalentar cualquier labor de observación y de análisis global del funcionamiento de las cámaras de legisladores.

Más allá del poder de decisión sobre el ejercicio de su propio mandato, al igual que sobre su duración, el financiamiento de las campañas o la redefinición de las circunscripciones, el CPI observa que la mayoría de las veces son los legisladores de los propios estados quienes se encargan de definir los límites de la acción de los cabildeos así como su propio marco jurídico. Es el clásico esquema de la democracia estilo anglosajón; élite económica y élite política se confunden, funcionando todo en un coto cerrado. Se venden entonces a los electores programas desconectados de la realidad mientras que los cabildeos organizan el saqueo de los fondos públicos en beneficio de algunas empresas que poseen entradas en el Parlamento. El método es sencillo, pero funciona siempre asombrosamente bien.

Capitol Offenders reitera una vez más hechos esenciales: en 1999, 36 959 empresas, entidades comerciales o agrupaciones de intereses aparecían repertoriadas como entidades que cabildeaban en torno a legisladores de los estados federados, ¡lo cual equivalía a seis grupos de cabildeo por cada electo! Por otra parte, el 18% de los parlamentarios estaduales tienen vínculos financieros con entidades comerciales o con organizaciones de cabildeo que actúan sobre los gobiernos federados. Durante los períodos electorales del año 1998, individuos y organizaciones destinaron más de mil cien millones de dólares a los candidatos, lo que representa un inquietante promedio de más de 150 000 dólares de contribución por cada electo en funciones. En suma, entre 1998 y 2002, más de 100 000 leyes fueron adoptadas por los estados federados, lo que afectó la vida de cada ciudadano norteamericano.

La desregulación energética: un saqueo organizado que se apoya en el cabildeo

Tomemos el ejemplo del sector energético [4]. Los parlamentarios de California lo desregularon en 1996 y más tarde otros 24 estados siguieron su ejemplo. Esa nueva legislación ha permitido a los gigantes del corretaje, como Ebron, obtener ganancias máximas, pero provocó la caída de la oferta hasta las mega interrupciones de electricidad. Además, el CPI puso en evidencia que en 1998, el 22% de los miembros de la Cámara de Representantes de California estaban vinculados exteriormente a la industria energética. Hubo parlamentarios que recibieron millones de dólares de las firmas energéticas, como contribución a su campaña de reelección; inevitablemente terminaron por votar una ley que francamente favoreciera a sus generosos donantes. Durante el debate sobre las leyes de desregulación, algunos parlamentarios influyentes recibieron sumas por valor de 9 000 dólares por concepto de comidas, bebidas y viajes al extranjero [5]. Por aquella época, los electos alternban mandatos legislativos y empleos en la industria energética, lo cual les garantizaba un buen dominio de la situación.

El principal argumento de esos abogados de la desregulación era el de la competencia que arrastra los precios a la reducción. En realidad, ciertos californianos experimentaron un aumento en sus costos de electricidad que llegó a ser hasta del 300%, y tuvieron que renunciar a toda idea de estabilidad de los precios, de suerte que considerables sumas pasaron del bolsillo de los contribuyentes directamente a los fondos de los proveedores privados de electricidad quienes no vacilaron en ejercer el chantaje con el suministro para pedir que los techos de precio de venta a los consumidores se aumentara o simplemente se suprimiera. Otra consecuencia de la desregulación es el hecho de que cuando la demanda aumenta, los mayores suministradores pueden limitar la producción y esperar a que los precios aumenten para vender la electricidad. En razón del aumento de la concurrencia y de la disminución resultante de los costos, la capacidad de producción eléctrica aumentó a un punto tal que en el año 2000 hubo que alternar los cortes (rolling blackouts) para evitar una catástrofe en cadena. El escándalo de la contabilidad de la sociedad energética Enron y por extensión el de la desregulación del sector energético despertaron a una parte de la opinión pública estadounidense que seguía creyendo en los milagros de la política del «laissez-faire», es decir, del dejar hacer. Desgraciadamente, ya resultaba demasiado tarde: primero California desde el año 2000 y después el Nordeste en el 2003, vivieron uno de los períodos más oscuros de su historia, en todo caso sin alumbrado.

Asfixia de las instancias de control

Únicamente 23 estados poseen una comisión de ética independiente que regule el comportamiento de sus parlamentarios, los 27 restantes dejan la vigilancia a cargo de comités deontológicos, lo cual quiere decir que los propios electos se vigilan a sí mismos [6]. Cuatro de estos últimos estados prácticamente no poseen ningún texto para regir las prácticas de sus legisladores: Michigan, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Vermont. Otros nueve han creado agencias independientes encargadas de aplicar las leyes en materia de declaraciones de ingresos y de actividad. Por lo general, se limitan a compilar las declaraciones. Otros sencillamente se contentan con confiar esos asuntos a los secretarios de Estado o a los fiscales generales. En bastantes casos, los legisladores han encontrado fallos que les permiten debilitar los comités y agencias de ética legislativa. El más fácil de explotar es el financiamiento de dichos organismos que es un tema sobre el cual los electos tienen con frecuencia algo que decir. Cuando no utilizan simplemente su voto para obstaculizar la creación de tales comisiones, los electos las asfixian limitando su presupuesto. Pese a ello, las iniciativas ciudadanas que permiten que los electores voten directamente las leyes, al igual que los referéndums populares que permiten a los electores aprobar o rechazar una ley, alcanzan un éxito creciente. Así, en 22 estados, las iniciativas ciudadanas han logrado que se limite el número de mandatos consecutivos autorizados para los legisladores.

La encuesta del CPI sacó a la luz que, desde 1990, por lo menos 78 parlamentarios en activo o que hubiesen terminado su mandato fueron hallados culpables, no apelaron o fueron condenados por diversos crímenes y delitos. Algunos siguieron ocupando sus escaños a pesar de la sentencia.
Los bufetes de abogados están bajo la influencia de los reglamentos que les impiden representar las dos partes en un mismo proceso. La Asociación Médica Nortemericana recomienda a los especialistas de medicina general que no acepten cobrar comisión cuando remitan a sus pacientes a los especialistas. Los grupos de prensa prohíben a los periodistas financieros invertir en las empresas sobre las que escriben y a los jugadores de béisbol no se les autoriza a hacer apuestas en los juegos. Lo propio cabría hacer con los legisladores de los estados federados, para quienes existen mucho menos trabas que para los miembros del Congreso Federal. Ocupados por ganarse el pan fuera del Parlamento, los legisladores locales muchas veces no tienen tiempo de estudiar las leyes que votan. Por defecto, se apoyan entonces en los sagaces consejos de los participantes de los cabildeos para tomar sus decisiones. En fin, pese al imponente trabajo que el CPI ha realizado, muchos elementos de información que permiten identificar los intereses privados defendidos por los legisladores quedan fuera del alcance de la vigilancia pública, sencillamente porque son los propios legisladores quienes definen lo que está o no en el marco de sus intereses privados.

La moral puritana, de la que se vanagloria la clase dirigente en los Estados Unidos, condena severamente no solamente la corrupción activa, sino también la aceptación de situaciones con posibilidad de ceder a un conflicto de intereses El departamento de Estado lleva a cabo campañas en el seno de las organizaciones internacionales como la OCDE o la ONU para sancionar comportamientos que perjudiquen la libre competencia. La NED/CIA, a través de la asociación Transparency International, denuncia a los estados que toleran los bakchichs.
Sin embargo, la misma moral puritana se acomoda sin dificultad a idénticas prácticas cuando se legalizan, no se indigna por las sumas de dinero que pagan las grandes empresas a los legisladores locales norteamericanos para comprar sus votos siempre que los que lleven a cabo el cabildeo estén debidamente registrados y las sumas declaradas.

En la práctica, el marco legislativo ético en los Estados Unidos no tiene como finalidad prohibir la corrupción, sino legalizarla y hacerla transparente. El mercado de los electos se erige en libre mercado y los electos ellos mismos se venden acatando las reglas de la libre competencia.
En los estados del tercer mundo, se cobra discretamente por debajo de la mesa. En los Estados Unidos se declaran estos pagos con el nombre políticamente correcto de «contribuciones». En los estados del tercer mundo las derogaciones de leyes se pueden comprar. En los Estados Unidos se pueden comprar las leyes.