Una visión objetiva sobre la naturaleza y perspectivas de los servicios secretos venezolanos durante la radicalizada gestión de Hugo Chávez, permite conocer la sorprendente doctrina de “Defensa integral de la Nación” que implementa el régimen venezolano para enfrentar mediante una guerra asimétrica, una hipotética invasión directa de EE.UU o una agresión promovida por dicha potencia; igualmente, se explora la influencia de Cuba en la reforma de la inteligencia venezolana, en medio de los esfuerzos por desarrollar un “socialismo venezolano del Siglo XXI” y de una alianza estratégica del eje Caracas-La Habana, ante quien consideran una amenaza común: EE.UU..

¡Patria o muerte! ¡Viva el Che Guevara, Carajo! ¡Al socialismo del Siglo XXI!
Lemas del Presidente Chávez, en el mitin contra la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina - Noviembre del 2005).

Con una mirada retrospectiva hacia los inicios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), encontraremos que en marzo de 1969, la Dirección General de la Policía (Digepol), se transformó en la Disip durante la gestión del Presidente Rafael Caldera, dependiendo del Ministerio de Relaciones Interiores, aunque el cambio de nombre tuvo la intención verdadera de enterrar el nefasto recuerdo que había dejado la Digepol, como temible policía política. Acto seguido, la Disip sirvió como punta de lanza de operaciones contra el régimen cubano y grupos marxistas en la zona del Caribe.

Y es que la Disip, fue organizada bajo una fuerte influencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. y del servicio secreto israelí (Mossad), mediante cuadros formados por cubanos anticastristas que llegaron a dirigir los Departamentos de Acciones Inmediatas y de Investigaciones de la Disip, donde se albergó equipos de operaciones especiales, como el “Grupo de los anillos negros”, dedicado a perseguir, chantajear y asesinar a opositores políticos; pese a ello, la Disip continuó siendo empleada como instrumento represor, por los sucesivos gobiernos venezolanos, al punto que llegó a celebrar su aniversario en dos fechas distintas, dependiendo del partido político que ocupara el poder (Acción Democrática o Copei).

¿Fuerzas del orden o del desorden?

Venezuela padece una proliferación de fuerzas de seguridad que causa conflictos y duplicación de funciones en tres niveles: a escala nacional opera el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), responsable de las investigaciones criminales, servicios forenses y otras áreas como tráfico de drogas; la Disip al igual que la Cicpc, es un cuerpo adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, como principal servicio secreto nacional que también interviene en asuntos policiales.

A la vez, hay una entidad policial militarizada, como la Guardia Nacional, encargada de la seguridad en áreas sensibles: aeropuertos, carreteras, fronteras nacionales, zonas de producción de petróleo o minería, cárceles y la represión del contrabando. La Dirección General de Inteligencia Militar (Dim), es parte del Ministerio de Defensa y conduce operaciones de inteligencia para la seguridad nacional en las fuerzas armadas, pero además actúa en algunos casos criminales.
A ellos se añaden 95 cuerpos de policía en el país, de los cuales 71 son policías municipales y 24 estadales, gobernados por sus propios estatutos. La Policía Metropolitana (Pm), es la principal fuerza urbana del país y sólo en Caracas, operan 10 fuerzas diferentes: junto a la Pm, tienen organismos de seguridad los municipios caraqueños de Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre, entre otros.

Esta superposición de fuerzas del orden y la carencia de un mando unificado en el ámbito de la inteligencia nacional, se complica todavía más por la aparición de grupos de movilización social paragubernamental entrelazados mediante la “Red nacional de los círculos bolivarianos” del Movimiento Bolivariano Revolucionario, inspirados en los cubanos, “Comités de defensa de la revolución”; actuando como una red de inteligencia paralela que brinda información a los servicios secretos y fuerzas de seguridad, sobre una presunta conspiración para desestabilizar al gobierno y eventuales planes de magnicidio contra el Presidente Hugo Chávez.

Más inquietante aún, es la presencia de equipos de operaciones especiales interagenciales (Dim, Disip, Cicpc y Guardia Nacional) que actúan encapuchados, fuertemente armados y en vehículos sin identificación, llegando hace unos meses incluso al asesinato de tres estudiantes desarmados en una zona de Caracas. Y no obstante que el crimen fue condenado por el Presidente Chávez, evidencia los excesos cometidos por los cuerpos de inteligencia y seguridad, que a menudo son incriminados por efectuar detenciones arbitrarias, hacer uso excesivo de la fuerza y espiar a la oposición.

Adicionalmente, no sólo hace falta una ley de inteligencia nacional, sino que encima, el Parlamento carece de una comisión específica para supervisar el funcionamiento de los servicios secretos dentro del Estado de derecho, aunque sí existe una comisión congresal permanente de “Defensa y seguridad”, pero con poca disposición para investigar temas que afecten al gobierno.

La complicada reforma de la Disip

Dado el contexto nacional e internacional de aguda confrontación política, por el que atraviesa la administración Chávez, es lógico que se haya fijado el objetivo de robustecer sus servicios secretos, como una herramienta para afianzar la seguridad nacional, pero también para el sostenimiento de un gobierno como el venezolano, que se ha abierto múltiples y simultáneos frentes de conflicto y tiene un enemigo declarado muy poderoso en EE.UU; ante lo cual, incluso se ha creado una nueva doctrina de “Defensa integral de la Nación”, que demandará un replanteamiento en la misión de los servicios secretos.

Desde junio del 2004, la Disip se integra al Viceministerio de Política Interior del Ministerio de Interior y Justicia, para asistirlo “en la formulación de políticas y planes que garanticen la vigencia del estado democrático, social, de derecho y justicia”; así como elaborando diagnósticos por medio de la producción de inteligencia, contrainteligencia e información; la Disip coopera además en la represión del narcotráfico, el diseño de la política antidelictiva y apoya a los cuerpos policiales en la conservación del orden y la seguridad de funcionarios públicos, pudiendo intervenir a nivel nacional e incluso detener en sus prisiones a presuntos delincuentes.

Con un presupuesto de 36 millones de dólares en el 2005 (en la década de los 80 era de 77 millones de dólares), la Disip ha estado integrada por unas 3.000 personas y unidades operativas de elite, como la dirección de acciones inmediatas, junto a las direcciones de: inspectoría, inteligencia interior, investigaciones, administración, personal y recursos humanos, control de aprehendidos, antiexplosivos, inteligencia exterior, operaciones, inteligencia económica, antiterrorismo, contrainteligencia, bienestar social, patrullaje (función de vigilancia que ha estado ocupando al 35% del personal de la Disip); y la dirección de las 36 bases regionales de apoyo a la inteligencia, entre otros.

¿Una misión imposible?

El actual jefe de la Disip, general del ejército en actividad, Henry Rangel Silva, asumió el cargo en junio del 2005 y es oriundo del Estado de Trujillo, graduado en ingeniería de sistemas, antes se desempeñó como “Viceministro de vivienda” y “Director del consejo nacional de la vivienda”; pero sus detractores lo recuerdan por que durante el proceso electoral del 2004, siendo comandante del Regimiento de Comunicaciones del Ejército, un soldado a su mando que resguardaba un centro de votación, mató a la ciudadana Katerina Blanco, en un confuso incidente.

La reforma de la Disip -que pasaría a llamarse “Dirección nacional de inteligencia” y se trasladará a un nuevo local donde se invertirá 5.5 millones de dólares en su adquisición e implementación- ha sido anunciada hasta en cuatro ocasiones durante la gestión de Hugo Chávez, por sus jefes militares anteriores: Jesús Urdaneta, Carlos Aguilera, Eliécer Otaiza y Miguel Rodríguez; sin embargo en esta oportunidad, el proceso de cambio ya está en marcha, aunque todo indica que será un duro reto para el general Rangel Silva consolidarlo, ya que él mismo fue nombrado, tras la destitución de su antecesor, debido a un escándalo suscitado por la fuga del narcotraficante colombiano y colaborador de las Farc, José Corredor Ibagué, alias “El Boyaco”.

Corredor Ibagué escapó en junio del 2005, burlando seis anillos de seguridad en “El Helicoide”, sede principal de la Disip ubicada en la Roca Tarpeya (Caracas), donde estaba recluido desde el 2004, luego de ser arrestado por fuerzas antidrogas venezolanas y la DEA de EE.UU.; pero lo más grave, es que varios agentes de la Disip, han sido acusados por las autoridades, de haber recibido unos 3 millones de dólares para facilitar la huida del criminal, cuya extradición había sido solicitada por el gobierno de Bush.

En esa coyuntura, el nuevo jefe de la Disip desarrolla desde julio del 2005, una política institucional orientada a “plasmar una organización moderna, eficiente, proactiva y cohesionada, fundamentada en las cualidades éticas y morales, en el patriotismo, el ideario bolivariano y la profesionalización de su talento humano”, que contribuya a garantizar la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la “República Bolivariana de Venezuela”. Mas allá de la retórica, lo concreto es que las modificaciones anunciadas han causado gran expectativa e inquietud en la comunidad de inteligencia.

El régimen de Chávez intenta que la Disip se dedique a la seguridad del Estado, reconociendo que con el paso del tiempo ha adquirido excesivos roles que están muy alejados de lo que es el trabajo de inteligencia estratégica y contrainteligencia para la seguridad nacional; en consecuencia, las actividades policíacas de la Disip, podrán ser asumidas por el Cicpc y otros entes policiales regionales.

Luego de diseñar el perfil de los funcionarios de la “nueva” Disip, se prevé depurar al personal y reducir algunas direcciones, principalmente en el ámbito operativo y en menor medida en el de análisis; siempre conservando a los cuadros más experimentados no ligados con acciones dolosas y que hayan demostrado profesionalismo así como eficiencia en el cargo, ya que ningún servicio secreto prescinde de esta clase de personal en forma masiva sin menoscabar gravemente su operatividad, por cuanto el proceso de su formación y capacitación es muy difícil y lento, debido a las características especiales del trabajo de inteligencia, al tiempo que la adaptación del personal nuevo a la idiosincrasia institucional de los servicios secretos, es complicada.

En todo caso, los trabajadores excedentes serán reubicados en otras instituciones estatales de seguridad, para su reclasificación o cese definitivo respetando los derechos laborales. Otra circunstancia que obliga a poner mucho interés en el personal, es conocida a nivel internacional y fue confirmada ante el Congreso por el ex jefe de la Disip, Carlos Aguilera: los agentes secretos venezolanos son vulnerables a ser reclutados por entidades privadas o gubernamentales nacionales y extranjeras, debido a la corrupción y a la ausencia de una ley de inteligencia que enmarque su labor.

A propósito, con un visible escepticismo los críticos del gobierno manifiestan que la reforma de la Disip servirá para que el régimen chavista afiance el control total del organismo, colocando a oficiales del Ejército y partidarios incondicionales en cargos directivos y puestos claves, facilitando igualmente, una peligrosa injerencia de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

Por lo pronto, recortes presupuestarios aplicados por el régimen de Chávez en la partida de “gastos secretos”, a raíz de objeciones planteadas desde la Contraloría General de la República, provocó que la Disip modificara su “Plan Operativo Anual 2005” y redujera su capacidad de respuesta operativa y funcional, dificultándole por ejemplo, la adquisición de software para los sistemas de seguridad y comunicaciones, así como otros equipos para potenciar la plataforma tecnológica.

Logros en medio de la inestabilidad

En esencia, el proyecto: “Reestructuración, para la modernización y transformación institucional de la Disip”, comprende la renovación del sistema de comunicaciones, adquisición de nuevos equipos de inteligencia tecnológica, desarrollo de laboratorios de investigaciones propios, actualización del parque computacional, interconexión de las brigadas territoriales y alcanzar un elevado nivel de interoperatividad con los otros cuerpos de seguridad del Estado.

En paralelo, la Disip trabaja en la redefinición de la estructura organizativa, con el objeto de mejorar los salarios y seguridad social, la eficacia y el profesionalismo del personal, apuntando a un nuevo modelo de servicio secreto nacional, que garantice óptimos resultados en materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia para la seguridad del Estado; en esa ruta, la agencia formuló proyectos como: Red de comunicaciones Tetra-Disip, laboratorio de criminalística y equipamiento electrónico, comunicacional y aeronáutico, unido a la automatización de los procesos de administración y personal.

Consciente que uno de sus puntos más débiles es la fuga y venta de información, la Disip pone énfasis en perfeccionar los sistemas tecnológicos de información y comunicación que permitan, por un lado, la prevención y detección de la infiltración electrónica y la salida de información; y por el otro, proveer una interconexión con las “Bases regionales de apoyo a la inteligencia y contrainteligencia” y demás cuerpos de seguridad.

En otro plano e intentando reforzar la autoestima del personal de la Disip y cambiar la actitud de desconfianza y hasta temor, que subsiste en muchos sectores de la sociedad respecto a dicho servicio secreto, desde el 2001, la División de Bienestar Social de la entidad, realiza acciones cívicas en barrios urbanos pobres (atención médica, infraestructura básica y mercados populares), proveyendo asimismo, técnicas de planificación y asesoría jurídica, para ejecutar proyectos de desarrollo comunal con recursos del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social.

En los rubros: “Acciones de inteligencia, investigación criminal y contraterrorismo”, la Disip ejecutó durante el último año, operativos en la vital industria de hidrocarburos, gracias a su “Brigada Petrolera”; del mismo modo, rescató a diversos ciudadanos secuestrados en los Estados de Apure, Barinas, Zulia, Táchira, Portuguesa, Lara y Aragua; mientras incautó mercancías de contrabando y explosivo tipo C-4, dinamita y detonadores; habiendo allanado en el Estado Zulia, un local del partido Movimiento al Socialismo, requisándole material que lo vincularía con el Frente Guerrillero Bolivariano.

Confirmando su inclinación hacia lo operativo antes que a lo estratégico, la Disip ha neutralizado grupos de ultraderecha conformados por oficiales de la Policía Metropolitana y civiles armados, que pretendían atacar una marcha cívica en Caracas, para adjudicarle la responsabilidad al gobierno nacional y más tarde intervino un campamento al Sur de Caracas, haciendo fracasar un supuesto plan para desestabilizar al país, con la participación de paramilitares colombianos. Por si fuera poco, confiscó más de dos toneladas de cocaína en el Estado Guárico, frente al Mar Caribe, en el Aeropuerto Simón Bolívar, Maiquetía y en otros lugares.

Coadyuvando a reforzar el trabajo de inteligencia nacional, por su parte el gobierno venezolano, sigue impulsando el “Sistema de vigilancia del Orinoco y Amazonía” (Sivoram) -interconectado al “Sistema de vigilancia de la Amazonía del Brasil” (Sivam)- que proveerá de información a la Disip y a otros servicios de seguridad nacional, para vigilar la frontera a fin de detectar y neutralizar incursiones de guerrilleros, narcotraficantes, contrabandistas de armas, paramilitares y mineros ilegales.

Adicionalmente, después de firmar el acuerdo con la República Popular China para la adquisición del satélite comunicacional “Simón Bolívar” (funcionará desde el año 2008), destinado a lograr un “manejo absoluto y seguro de la información” en las áreas de telefonía, transmisión de datos y acceso a Internet; el Presidente Chávez anunció la compra de un segundo satélite “de observación y monitoreo territorial” y la construcción de un centro de control satelital en Venezuela, que sin duda le otorgará una ventaja estratégica frente a los países de la región.

La Disip y sus recursos humanos

Como un caso destacable en Latinoamérica y remontando una aparente inestabilidad institucional, la Disip ascendió en los últimos meses a 265 funcionarios y reclasificó a 65 de ellos; en simultáneo y dentro de una activa política orientada a incentivar los recursos humanos, se adjudicaron -a través de un fondo estatal- 99 viviendas al personal de la Disip, en los Estados de Aragua, Carabobo, Barinas y Portuguesa.

Al mismo tiempo, unos 400 integrantes del organismo y sus familias, recibieron jornadas de salud y nutrición, reforzadas por la suscripción de un contrato con la compañía de seguros, “GEH Asesores Integrales de Salud” y otro de afiliación a la proveedora de medicamentos, Locatel; en esa misma senda, la Disip siguió pagando primas por riesgo fronterizo al personal operativo en áreas especializadas de despliegue táctico.

Finalmente privilegiando la capacitación constante, 484 integrantes de la Disip, recibieron cursos de pre y postgrado en la Universidad Santa María; Universidad Nacional Abierta; Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional; Universidad Simón Rodríguez; Escuela Nacional de Hacienda Pública; Instituto de Estudios Superiores Administrativos; Universidad Central de Venezuela y el Instituto Universitario de Policía Científica, entre otros. Conjuntamente, pilotos y técnicos aeronáuticos, así como oficiales de contrainteligencia, son capacitados en la Federación Rusa, Cuba y España.

Convulsión en el frente interno y externo

Cabe recordar, que un reciente informe de Amnistía Internacional recomienda a Venezuela, vigorizar la administración de justicia y acabar con la impunidad; despolitizar a las fuerzas armadas y de seguridad (ante una extendida militarización de la administración Chávez); garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información y abordar las causas subyacentes de la crisis política, es decir, la pobreza y la marginación; haciendo un llamado para que todos los sectores sociales, incluidos el gobierno y la oposición, participen en este programa de derechos humanos a fin de salvaguardar el Estado de derecho.

También arrecian las denuncias de grupos antagónicos del gobierno, sobre la presunta existencia de unos 300 consejeros militares, políticos y de inteligencia cubanos en Venezuela, entre los 12,000 médicos cubanos que han llegado al país en una misión denominada “Barrio Adentro”, de asistencia a los suburbios pobres, a los que se añaden técnicos deportivos, agrícolas y maestros, a cambio de unos 70 mil barriles diarios de petróleo que provee Venezuela a Cuba a precios subsidiados. Según esta versión, los “consejeros” estarían liderados por el agregado militar de La Habana en Caracas, el Capitán de la Marina cubana, Sergio Cardona, y bajo su comando, adicionalmente dirigirían la guardia presidencial de Chávez y asesorarían a los Círculos Bolivarianos.

Otros políticos, periodistas y analistas, están convencidos que en la Embajada de Cuba en Caracas, trabaja un equipo con expertos en planificación y movilización política a favor del régimen de Chávez, dirigido por Felipe Gil Chamizo, Consejero Político de la Embajada cubana, uno de los más importantes analistas del Área de América del Comité Central y de los servicios secretos de Cuba, muy vinculado a la izquierda latinoamericana, las organizaciones del Foro de Sao Paulo y el Foro Social Mundial.

En lo concerniente a la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip), ésta expresa su repudio a “la conducta autoritaria del gobierno venezolano orientada a coartar las libertades democráticas, que deteriora el Estado de derecho y por esa vía restringe gravemente la libertad de expresión”. En consecuencia, la Sip exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su “Relatoría para la libertad de expresión” en la OEA, a mantener una permanente vigilancia sobre la administración Chávez.

Ante estos juicios de valor que ponen en duda la libertad de expresión, es pertinente mencionar una realidad: Venezuela tiene 15 periódicos a nivel nacional (14 en Caracas y 1 en Maracaibo); 77 diarios regionales; 89 revistas y periódicos semanales; 34 corresponsales extranjeros; 47 agencias de noticias de radio y televisión nacionales e internacionales; 344 estaciones comerciales y 150 emisoras de radio comunitarias de FM y AM; 31 canales de televisión, 23 de ellos en el interior del país. Tanto los medios oficiales como los privados están fuertemente politizados y casi todos los principales diarios son contrarios al gobierno de Chávez, con excepción de uno en Caracas, que goza de ingente publicidad estatal.

Por otro lado, las inculpaciones no cesan: la administración Bush y ex-presidentes defenestrados que están sintonizados con la política exterior de EE.UU. como Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Sánchez de Lozada (Bolivia), denuncian sin exponer pruebas, que el gobierno de Chávez tiene vínculos con el terrorismo internacional y financia grupos radicales en Ecuador, Perú y Bolivia. La verdad, es que el gobierno chavista ha retado a EE.UU., comprando armas defensivas a Rusia y España, cuestionando la política de EE.UU. ante la comunidad internacional, estrechando lazos con Fidel Castro y realizando visitas de Estado a Siria, Libia, Irak e Irán para firmar tratados de cooperación.

En respuesta, el gobierno de EE.UU. bloquea la venta de armas de Israel, España y otros países hacia Venezuela; promueve y apoya movimientos que enfrentan al régimen de Chávez, mediante tres instituciones privadas norteamericanas que operan desde Caracas con un fuerte financiamiento: Development Alternatives Incorporated, International Republican Institute, National Democratic Institute y el poderoso National Endowment For Democracy.

En este clima tormentoso, el gobierno venezolano rompió relaciones con la DEA (agencia antidrogas de EE.UU), tras denunciar en agosto del 2005, que sus agentes realizaban operaciones de espionaje contra el Estado venezolano, bajo la cubierta del combate al narcotráfico. Claro que esta acusación es rechazada por el régimen de Bush, que mas bien sindica a Venezuela por una supuesta falta de cooperación antinarcóticos.

¿El revólver humeante?

Respecto a este tema, en el libro “El Código Chávez: descifrando la intervención de los EE.UU. en Venezuela” (2005), la jurista Eva Golinger y el investigador Jeremy Bigwood, revelan documentos obtenidos bajo el amparo de la “Ley de libertad de información de los EE.UU”. donde se probaría que los EE.UU. sí estaban enterados con anticipación de los detalles del golpe contra el Presidente Hugo Chávez en abril del 2002, que incluía planes para generar violencia durante las manifestaciones, el arresto del Mandatario y una participación activa en la asonada golpista.

Según esta pesquisa, en el documento clasificado: “Senior Executive Intelligence Brief”, del 6 de abril del 2002, cinco días antes del abortado golpe contra Chávez, la CIA informó lo siguiente: “Facciones militares disidentes, que incluyen algunos altos oficiales descontentos y un grupo de oficiales radicales de menor rango, intensifican esfuerzos para organizar un golpe contra el Presidente Chávez, probablemente durante este mes”. No obstante que EE.UU. asegura que avisó del golpe al gobierno venezolano, este último lo niega.

En cambio, el diario venezolano Últimas Noticias, difundió los nombres de dos oficiales de EE.UU. que se encontraban en el Fuerte Tiuna -sede de la Comandancia del Ejército venezolano- el 11 de abril del 2002, junto a los militares golpistas, lo cual fue confirmado por el entonces ministro de Defensa venezolano, general Jorge García Carneiro, quien estuvo el día del golpe en el recinto militar e identificó a los militares norteamericanos: el teniente coronel James Rodgers, asistente del agregado militar de EE.UU. en Caracas y el coronel Ronald McCammon, oficial de Inteligencia.

Otros indicios razonables de la injerencia norteamericana: el entonces Embajador de los EE.UU. en Caracas, Charles Shapiro, fue el primero en entrevistarse con Pedro Carmona, el efímero Presidente de facto; mientras, los golpistas se beneficiaron con las “recomendaciones” de una consultora privada, Phoenix Consulting Group, que emplea a antiguos agentes de la CIA, y durante las horas del golpe, el territorio venezolano fue asediado por embarcaciones y aeronaves norteamericanas que ingresaron en forma irregular, llegando a sobrevolar los alrededores de la isla La Orchila, donde estaba detenido el depuesto Presidente Chávez.

Sobre este espinoso asunto, el diario inglés The Guardian, el 19 de abril del 2002, reveló declaraciones de Wayne Madsen, ex agente de los servicios secretos de la Marina de EE.UU., quien afirmó que “desde junio del año pasado los EE.UU. han considerado la posibilidad de un golpe para deponer al Presidente Chávez”. Y enfatizó: “La Marina de los EE.UU. ayudó al golpe de Estado del 11 de abril del 2002 con el envío de información secreta a los golpistas, desde sus navíos en el Caribe”. Más allá de estos señalamientos, EE.UU. no oculta su desprecio por el régimen de Chávez, al tiempo que impulsa su aislamiento y desestabilización.

Un nuevo elemento de tensión surgió entre Venezuela y EE.UU., cuando en noviembre del 2005, la Fiscalía General venezolana aseguró que “transnacionales del delito y agentes de la CIA”, participaron desde Panamá y Miami, en el asesinato con explosivos, del fiscal Danilo Anderson (2004), que investigaba a quienes complotaron en el pretendido golpe del 2002; homicidio por el que además se ordenó la captura de la periodista opositora Patricia Poleo, un empresario televisivo, un cubano anticastrista y un general retirado, entre otros.

A la par, subsiste la desconfianza y fricción entre los servicios secretos de Venezuela y Colombia: en noviembre del 2005, la revista colombiana Cambio, destapó la existencia de una red de espionaje que habría operado desde el Consulado venezolano en Bucaramanga (Colombia), entre los años 2000 y 2005, a órdenes del coronel Carlos Hernández, del Departamento de Inteligencia Militar de Venezuela (Dim), para monitorear a las Fuerzas Armadas colombianas en la frontera y proponer estrategias que contrarresten a militares y políticos colombianos opuestos al Ejecutivo venezolano.

Como réplica, el Mandatario Chávez acusó al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (Das), de “fabricar conspiraciones” contra su gobierno y de actuar junto a las Fuerzas Armadas colombianas como entes autónomos de los jefes de Estado; esta inculpación surge en medio de una grave crisis en el Das, que llevó a la destitución de sus jefes y a una amplia purga, al descubrirse que ha sido penetrado por grupos paramilitares.

La Disip y la sorprendente “Guerra asimétrica”

En el “Primer foro militar sobre guerra de cuarta generación y conflicto asimétrico”, que organizó la Comandancia del Ejército venezolano a inicios del 2005, por disposición del gobierno se fijó la nueva doctrina de “Defensa integral de la Nación” -que regirá la misión de los servicios secretos y de las otras instituciones de seguridad nacional- como reflejo de una corriente ideológica estimulada por la intelectual marxista chilena, Marta Harnecker, directora del centro de investigaciones “Memoria popular latinoamericana” de La Habana, recibiendo un sólido aval político y doctrinario de Fidel Castro.

Convertida ahora en una de las personas más influyentes en el entorno ideológico del gobierno venezolano, Harnecker (viuda del comandante Manuel Pineiro, ex Director General de Inteligencia de Cuba en los años sesenta) destacó por la difusión de sus libros de inspiración althusseriana, entre los años 70 y 80. Últimamente se ha dedicado a estudiar las experiencias de los gobiernos locales del Partido de los Trabajadores de Brasil y la trayectoria política del Presidente Lula.

Con esa misma orientación se aprobó en setiembre del 2005, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (FAN), donde se establece seis componentes: Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. A los que se añaden, la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, que operarían desde el 2006 al mando del Presidente Chávez, orientados a la resistencia local. Porque todo el esquema cívico-militar está diseñado en función de una hipótesis de guerra, que el gobierno ha definido como “Guerra asimétrica”.

Ya antes el Mandatario Chávez había activado el “Comando general de la reserva de la FAN”, con la misión de organizar a las milicias populares conocidas como “Unidades de defensa popular”; las cuales ya tendrían unos treinta mil reservistas del Ejército, Armada, Guardia Nacional y Fuerza Aérea; y se prevé convertirlas en el quinto brazo armado de la FAN, incrementando su pie de fuerza en más de 100 mil reservistas.

Para lograr esto, el gobierno venezolano intensificará la formación militar de ciudadanos en barrios populares, y como complemento en diciembre del 2005 llegan 30.000 fusiles de guerra AK-103 y 104, y en marzo del 2006, los restantes 70.000, comprados por Venezuela a Rusia; con lo cual se crea también un contrapeso frente a la institución militar y un factor de disuasión ante un posible golpe de Estado contra el régimen de Chávez.

Dicha estrategia -que incorporará la Disip- de resistencia ante una posible invasión externa, le da cabida a cuatro hipótesis de guerra. Una: conflicto regional (“Andinización del Plan Colombia II”) como extensión del conflicto de países vecinos, aduciendo la necesidad de contrarrestar factores generadores de violencia. Dos: la posibilidad de intervención de una fuerza multinacional con autorización de las Naciones Unidas o de la OEA. Tres: la posibilidad de un golpe de Estado promovido por organizaciones transnacionales o “predadores corporativos”. Y cuatro: la posible intervención militar de EE.UU. en Venezuela, con el objetivo final de controlar los recursos petroleros y “acabar con la revolución bolivariana”.

Complicado escenario para la Disip

Según esta lógica, eso explicaría por que desde el 2005 se han redoblado las acusaciones desde la administración Bush contra el gobierno de Chávez, supuestamente, por comprar armas de manera “no transparente”, violar los derechos humanos, socavar el sistema democrático-representativo, desestabilizar gobiernos de la región, y hasta por tener una presunta actitud permisiva frente a grupos terroristas.

La Disip, acogerá otras apreciaciones similares del “Taller de alto nivel: El Nuevo Mapa Estratégico”, organizado por Marta Harnecker (noviembre del 2004), donde asistieron Hugo Chávez y los principales líderes de su gobierno. A partir de este cónclave donde se trazaron los objetivos estratégicos del régimen chavista, se identifica más nítidamente como “amenaza permanente” y potencial invasor, al gobierno de EE.UU.. Por ende, se reconoce la posibilidad de encarar una guerra asimétrica de carácter cívico-militar, que dispondría de una “red de inteligencia social”; en tres niveles superpuestos: a) el regular, correspondiente a la FAN; b) el cívico-militar institucional (Reservistas) y, c) el popular, integrado por unidades de resistencia civil contra la potencial invasión.

Al respecto, se sabe que el libro: “Guerra sin restricciones” de los coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui, a propósito de la invasión de EE.UU. a Irak (2003), es considerado por los jefes de la Disip y estrategas castrenses venezolanos, una obra de consulta esencial sobre las guerras asimétricas futuras. En ella los militares chinos analizan el empleo de toda forma de lucha no convencional y sin frenos éticos, ante un enemigo superior en fuerza, tecnología e influencia política y económica.

Esta nueva concepción venezolana también se nutre de las teorías militares sobre la “guerra popular prolongada” de Mao Tse Tung y Ho Chi Minh; la “guerra del pueblo, ejército del pueblo” del general vietnamita Vo Nguyen Giap contra Francia y EE.UU.; así como la “guerra de todo el pueblo” que Cuba plantea frente a una posible invasión militar estadounidense.

Claramente, el anuncio de que la forma defensiva a emplear sería la guerra asimétrica, permite inferir que el régimen de Chávez considera que puede perder el control del Estado, tal como ocurrió con los talibanes en Afganistán o con el partido Baath en Irak.

Desde esa perspectiva, si la hipotética invasión se torna fulminante como parte de una “Guerra de tercera generación” donde se imponga la tecnología y potencia bélica o deriva en un despliegue posicional de fuerzas, como “Guerra de segunda generación”, la FAN venezolana se transformaría en un sistema defensivo de fuerzas irregulares que pudieran incorporar fuerzas externas, para no presentar blancos fijos tal como ocurre en las guerras simétricas, evitando así repetir la fatal experiencia del Ejército de Saddam Hussein en su choque contra las fuerzas de EE.UU. en Irak.

En ese marco, se potenciaría la resistencia popular y comenzaría la guerra asimétrica o “Guerra de cuarta generación”, denominada por Chávez: “Guerra de los cien años”. Según este razonamiento, guerra asimétrica es la de los mujaidines de Afganistán contra el Ejército invasor soviético; la de la resistencia subversiva iraquí contra la intervención de EE.UU.; los ataques terroristas del 11-S contra EE.UU.; el conflicto en Chechenia y la escalada bélica que se perfilaría en Colombia. De acuerdo a este enfoque, para los estrategas de la nueva Disip y de la FAN, el gobierno de Chávez se debe preparar para la guerra asimétrica, toda vez que EE.UU. podría invadir Venezuela.

Reflexión final

Mientras se profundiza la estrategia de EE.UU. para aislar y deslegitimar a la administración Chávez, acusándola -hasta ahora sin pruebas concretas- de desestabilizar a la región latinoamericana, el gobierno venezolano radicaliza su postura de confrontación con el régimen de Bush y con grupos opositores internos ante los cuales muestra rasgos autoritarios.

En ese panorama, el Ejecutivo venezolano reformula la misión de sus servicios secretos como parte de una nueva doctrina de “Defensa integral de la Nación”, que le permita enfrentar mediante una guerra asimétrica, una hipotética invasión directa de EE.UU. o una agresión promovida por dicha potencia; consecuentemente, es previsible que se opte por un modelo mixto de central de inteligencia nacional, compuesto por un órgano que produzca inteligencia estratégica y otro dedicado a la inteligencia operativa o táctica.

Finalmente, en medio de una progresiva militarización del régimen de Chávez, se avizora un continuo fortalecimiento del sistema de inteligencia venezolano -que podría entrañar roces de mayor magnitud con Colombia- incluyendo una intensificación del asesoramiento cubano, buscando aprovechar la experiencia de La Habana en su prolongado conflicto con EE.UU., considerado una amenaza común por dos aliados estratégicos: Chávez y Castro.

Jorge Serrano Torres