Ultraderecha mexicana: ¡asesina de mineros!

El actual gobierno de México representa los intereses de sectores empresariales y de círculos de la ultraderecha, representados por personajes como el secretario del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz y su antecesor en ese cargo y hoy secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.

A lo largo de los seis años del gobierno de Fox ha sido sistemática la agresión contra los trabajadores de diferentes áreas, en el marco de la implantación de un capitalismo salvaje que no entiende de justicia ni de sentimientos humanitarios. Mientras que los miembros de la llamada familia presidencial, y algunos funcionarios encumbrados, hacen ostentación de influyentismo y de derroche, en los últimos días se han dado a conocer varios casos increíbles de injusticias laborales que ya han cobrado saldos trágicos.

Uno de ellos es la muerte de más de 60 mineros que trabajaban en condiciones de inseguridad en una mina del estado de Coahuila, ante la indiferencia de las autoridades del Trabajo, para las que no es una prioridad la defensa de los intereses de los trabajadores, hecho comprensible si se considera que funcionarios como Salazar Sáenz no tienen raíces en sectores populares, sino en grupos ultraderechistas vinculados a intereses empresariales.

Salazar Sáenz fue en los años 70 dirigente de la Unión Estatal de Padres de Familia, época en la que propició la infiltración del MURO, grupo anticomunista violento, y de grupos secretos extremistas, en esa organización, que desde principios del siglo XX representaba ya uno de los membretes conocidos de la derecha católica.

Las actividades que en aquel tiempo desempeñó Salazar Saénz en apoyo a esos grupos de choque están documentadas en los acervos históricos confidenciales de lo que fuera la policía política mexicana, la Dirección Federal de Seguridad. Esos archivos están bajo el control nada menos que de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Abascal, quien al igual que Salazar Saénz está identificado con la ultraderecha mexicana.

Obviamente, esos datos sobre Salazar no se van a difundir, pues el interés de Abascal es, de acuerdo con su filiación política e ideológica, golpear con la información de que dispone a quienes considera enemigos del gobierno derechista.

Sin embargo, se han publicado algunos datos sobre la militancia original del cuestionado secretario del Trabajo. Por ejemplo, en el libro La educación privada en Méxco 1903-76 (Colmex-UIA, México, 1997, pp. 241-3), de la historiadora Valentina Torres Septién se relata que en 1974, en el contexto de la polémica de la derecha contra los libros de textos gratutos promovidos por el gobierno, Francisco Javier Salazar, presidente de la Unión Estatal de Padres de Familia en San Luis Potosí y Gonzalo Robles Valdés, se trasladaron a la Santa Sede, donde acusaron al episcopado mexicano de condescender con ese proyecto de las autoridades. Más aún, “Durante su estancia en Europa, entregaron numerosos documentos, algunos de ellos de carácter absolutamente reservado, a los centros tradicionalistas, radicados en Grenoble (Francia) y de Madrid", los días 1 y 13 de enero de 1975”.

Posteriormente en Bélgica, publicaron boletines donde acusaban al episcopado de ser cómplice del gobierno mexicano "para comunizar y corromper a México mediante los libros de texto de primaria...".

Salazar Sáenz y otros miembros de grupos agresivos de la extrema derecha impulsarían en las elecciones de la UNPF y con métodos poco limpios, la candidatura de César Nava Miranda "reconocido miembro del MURO", según comenta Valentina Torres.

De acuerdo con testimonios de ex integrantes del grupo secreto Yunque, Salazar Sáenz era en esa época el jefe de las operaciones de esa organización en San Luis Potosí.

El 14 de junio de 1992, el entonces gobernador interino de San Luis, el priísta Gonzalo Martínez Corbalá, prohibió las actividades de la Fundación Mexicana de Planeación Familiar, Mexfam, a petición de Provida, la Unión Estatal de Padres de Familia y otros grupos conservadores que acusaban a la organización de que en sus programas de educación sexual promovían los métodos anticonceptivos y la “promiscuidad sexual”.

Esa campaña contra Mexfam fue apoyada por los panistas Francisco Salazar Sáenz, que era diputado local y Alejandro Zapata Perogordo, quien como funcionario municipal amenazó al día siguiente de la prohibición con encarcelar a quien repartiera materiales educativos de Mexfam. Zapata Perogordo fue diputado federal plurinominal de 2000 a 2003 y vicecoordinador de la bancada panista.

Los hechos ocurridos en 1992 en San Luis Potosí fueron una de las manifestaciones que evidenciaron la alianza del ex presidente Carlos Salinas de Gortari con el partido Acción Nacional y con los grupos conservadores, juego de fuerzas que impulsó el arranque de carreras políticas como la de Salazar Saénz y la de Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó en esa época a la secretaría general del PAN, partido privilegiado durante el salinismo.

Salazar Saénz, quien pertenece al PAN desde 1976, fue diputado federal de 1994 a 97 y senador de 1997 a 2000, en el gabinete de Fox ha sido Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo. En noviembre de 2003, fue uno de los participantes en el Congreso Internacional de la Familia, auspiciado por el DIF y que reunió a personajes y grupos de la ultraderecha tanto mexicana como internacional.

Tan indiferente ante la seguridad y bienestar de los trabajadores, que evidentemente no forma parte de sus compromisos éticos, Salazar Saénz sigue teniendo, sin embargo, una participación muy activa en defensa de proyectos sectarios. Recientemente en el llamado Foro Etico Mundial, celebrado a fines de enero, participó en el área de Política y Participación Ciudadana, acompañado de otros viejos militantes derechistas como Federico Muggenburg y Guillermo Velasco Arzac, dirigente de la Coordinadora Ciudadana, quien también fue miembro del MURO. Al igual que ellos participó en esa discusión el antichavista Asdrúbal Aguiar, enemigo como Salazar de los intereses de los trabajadores y de los pobres.

Salazar Sáenz, quien ha sido fuertemente cuestionado por los familiares de los mineros accidentados, dada su responsabilidad en las condiciones de trabajo que propiciaron la tragedia y su falta de compromiso en las labores de rescate, decía en esa ocasión “Los millones de muertos por las guerras, los campos de concentración, el hambre, el terrorismo y los seres abandonados chocan con nuestra inteligencia”. También aprovechaba el evento para criticar a las corrientes de izquierda, que según él quieren “nmolar al individuo en aras del Estado”. Desde luego, la apelación a la ética, como en el caso de Salazar, no es sino un pretexto para lanzar esos ataques y para promover la represión de la sexualidad.

También ante la indiferencia de las autoridades laborales otro grupo de trabajadores vive situaciones dramáticas por el despido injustificado, falta de pago de sus salarios e incluso confiscación de sus pertenencias. Se trata de los investigadores del área histórica de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la Procuraduría General de la República.

En suma, lo mismo mineros que llevan a cabo tareas peligrosas, que estudiosos con títulos universitarios son agredidos por un gobierno cuyos integrantes provienen en muchos casos de círculos plutocráticos y de grupos secretos de la ultaderecha.