Tortura en Irak por las fuerzas armadas estadounidenses.

Los Estados Unidos fueron vapuleados el viernes 5 de mayo 2006 en la primera audiencia sobre los abusos de la lucha antiterrorista. Una nutrida delegación del gobierno de George Bush compareció en Ginebra ante los diez expertos del Comité contra la Tortura de la ONU, que vigilan el cumplimiento de la convención internacional en la materia. La vista oral se reanuda el lunes. Posteriormente la ONU emitirá sus recomendaciones, un dictamen que se pronunciará también sobre los excesos en Afganistan, Irak y Guantánamo.

Fueron unánimes las criticas sobre la inexistencia de una ley federal en los Estados Unidos que castigue la tortura. Los funcionarios del Departamento de Estado trataron de suplir el vacío alegando que los actos constitutivos de torturas están contemplados en otras disposiciones, pero el argumento no tuvo acogida. “Están jugando con las palabras para derogar normas”, exclamó Essadia Belmir, la experta de Marruecos. Su colega Guibril Camara, de Senegal, los intimó a que “adopten la definición de tortura de nuestra Convención porque entre Ustedes y nosotros, son Ustedes los que deben ceder”.

La ONU estipula que se cometen torturas cuando se infligen “dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de la persona o de un tercero información para una confesión”. La formula da la impresión de no satisfacer a los Estados Unidos, que supuestamente quisieran librarse sin limites a interrogar a los detenidos en el combate contra el terrorismo.

Al tiempo, los expertos de la ONU barrieron otros argumentos avanzados por los Estados Unidos, que siguen sin reconocer que la Convención prohibitiva de la tortura se aplica sin restricciones durante los conflictos armados. Y que no exime a los países que la han ratificado de hechos ocurridos fuera de sus fronteras en los que participaren fuerzas bajo su responsabilidad, como acontece para los Estados Unidos en Afganistan, Irak y Guantánamo.

El experto español, Fernando Mariño Menéndez, quien tuvo el papel de fiscal en la comparecencia, desestimó el pretexto mediante el cual un gobierno se negare de informar a la ONU esgrimiendo que no puede hacerlo respecto a operaciones secretas de los servicios de inteligencia. “Las acciones de la CIA son actos de gobierno y Ustedes deben responder por ellos”, explicó. Finalizó recordándole a los Estados Unidos que no pueden entregar prisioneros a terceros países si se sospecha que los pueden torturar, “y eso tanto lo hagan dentro o fuera de vuestro territorio”.

Juan Gasparini