Ajuste de cuentas en ISOSA

Con el llamado “tiro de gracia”, el pasado 29 de agosto Francisco Villarreal Antelo, director operativo de la empresa “privada” Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), fue asesinado en las calles de Coyoacán.

El homicidio del directivo -calificado por Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, como un “evidente ajusticiamiento”- ocurre en medio del proceso de “limpieza” del llamado fraude transexenal aduanero, organizado en 1993 y ejecutado, hasta la fecha, desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La línea de investigación, que las autoridades capitalinas siguen sobre el supuesto ajuste de cuentas, relaciona la muerte de Villarreal Antelo con su actividad laboral y con el manejo extrapresupuestal de al menos 19 mil millones de pesos.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estos recursos -derivados del cobro de la contraprestación por los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento aduanero- han sido saqueados y triangulados por la SHCP y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II (Consorcios de Comercio Exterior II) y a ISOSA.

Ambos fideicomisos y la empresa, al igual que las dependencias, han sido acusados por la ASF de causar daños al erario público por más de 10 mil millones de pesos, pues durante más de una década han gastado recursos del Derecho de Trámite Aduanero al margen del presupuesto.

Entre las irregularidades documentadas por la ASF destacan los ejecutores: el Aduanas I tiene como fideicomitente al SAT, como fiduciaria a Nacional Financiera (Nafin), y como fideicomisaria a Hacienda; el Aduanas II, aunque cuenta con fideicomitentes privados, repite fiduciaria y fideicomisaria. En el caso de ISOSA el 99 por ciento de sus acciones es propiedad de Nafin y sólo el uno por ciento es propiedad privada.

El Fideicomiso Aduanas I es considerado como el eje rector del fraude: fue utilizado como captor directo de las contribuciones hechas por importadores y exportadores en las 48 aduanas del país, y como la figura que aún triangula estos recursos a ISOSA y al Aduanas II (considerados fondos públicos por la ASF, y no privados como Hacienda y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la recién dictada resolución a la controversia 84/2004, pretenden hacer creer).

El caso de la defraudación aduanera estalló en marzo de 2003 cuando la ASF dio a conocer el primer quebranto detectado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2001, por 4 mil 561 millones de pesos. Para junio de ese mismo año el Congreso constituyó el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras, conocido como Fidemica, que sustituye al Aduanas II.

En diciembre de 2003 el asunto llegó a manos del presidente Vicente Fox quien, a petición del contralor Eduardo Romero Ramos, ordenó a Francisco Gil Díaz “legalizar” y devolver los recursos al erario público.

Como parte de este compromiso de “transparencia”, en 2004 la Secretaría de Hacienda creó, con carácter de público, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), que suple al Aduanas I.

Actualmente, el Fidemica y el FACLA son las únicas figuras fiduciarias facultadas para contratar, a través de licitaciones públicas, los servicios relacionados con el procesamiento de datos y el segundo reconocimiento.

Otro avance derivado de este proceso se dio el año pasado cuando el SAT resarció 2 mil 500 millones de pesos a las finanzas públicas, de los más de 10 mil millones observados por la ASF como daños patrimoniales.

Miles de millones en juego

Tan sólo 15 días antes del asesinato de Francisco Villarreal Antelo, a quien el secretario Gil Díaz dijo no conocer personalmente, la Suprema Corte declaró como privados los recursos obtenidos por el cobro del también denominado DTA.

Con este fallo se cancela el proceso de transparencia ordenado por el presidente de la República, e inicia el reajuste de todo el esquema: según informó el diario La Jornada, al referirse a las auditorías que se le siguen a ISOSA. El pasado 31 de agosto el secretario de la Función Pública afirmó: “No tengo noticia de que hubiera elusión de pago”.

La declaración dista de la posición que asumió en 2003, ocho meses después de asumir el cargo, cuando solicitó al presidente Fox que conminara al secretario de Hacienda a devolver los miles de millones de pesos que se resguardaban en el Fideicomiso Aduanas I y se transfieren discrecionalmente a ISOSA.

Además, su recién asumida posición niega los resultados de la auditoría 160/2003, practicada por la Secretaría de la Función Pública a las finanzas del Fideicomiso Aduanas I y de la cual se posee copia, que confirman los quebrantos patrimoniales en contra de la hacienda pública denunciados por la ASF.

Y es que la resolución de la Corte, dictada el 14 de agosto pasado, no sólo deja sin efecto la fiscalización hecha por la Auditoría Superior, sino que avala el manejo extrapresupuestal de 19 mil 523 millones 753 mil pesos. Cifra que, hasta el primer trimestre de 2005, integraba el patrimonio del Aduanas I, indican sus estados financieros en poder de Fortuna.

La información de la fiduciaria Nafin referente al fideicomiso también identificado con el número 954-8 detalla que, hasta marzo de 2005, el activo resguardado en el contrato Aduanas I se contabilizaba en 7 mil 263 millones 63 mil pesos.

El asunto no es menor. Como parte del supuesto proceso de transparencia, el pasado 20 de junio el SAT dio a conocer las nuevas finanzas del Aduanas I. Mientras que a inicios de 2006 la disponibilidad en efectivo ascendía a 10 mil 573 millones 622 mil pesos, al segundo semestre de este mismo año suma apenas los 2 mil 134 millones 448 mil pesos.

En los últimos tres años se han extraído 8 mil 439 millones, de los cuales 5 mil 271 millones fueron transferidos a la empresa ISOSA y 2 mil 500 millones se enteraron a la Tesorería de la Federación, revela el breve informe financiero elaborado por el fideicomitente, es decir, por el SAT.

Los traspasos multimillonarios a favor de la compañía “privada” son injustificables: de acuerdo con el informe de la ASF sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2004, a partir de ese año la única figura facultada para contratar los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento del despacho aduanero es el FACLA y no el Aduanas I.

Además, el SAT carecía de facultades para disponer de los recursos en tanto la Suprema Corte no hubiera resuelto la controversia constitucional 84/2004, promovida por la Secretaría de Hacienda en contra de la Auditoría Superior, situación que ocurrió hasta agosto pasado.

Sin embargo, dichas restricciones no cancelaron el manejo de la figura fiduciaria, que por orden de la dependencia encabezada por José María Zubiría Maqueo continuó con la operación de los servicios del procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento a través de ISOSA y del Aduanas II, según se desprende de la propia información dada a conocer por la dependencia.

Como lo informó Fortuna, el balance del SAT descubre que, en los últimos tres años, la empresa privada -cuyo director operativo era justamente Villarreal Antelo- incrementa sus ingresos por estos conceptos en más de mil millones de pesos por ejercicio fiscal. Esto le permite captar un total de 5 mil 271 millones 265 mil pesos erogados del Aduanas I, mientras que 642 millones 603 mil pesos son transferidos al Aduanas II.

Tan sólo en el ejercicio 2004, la empresa -creada en 1993 por órdenes del entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz- se embolsó 2 mil 384 millones 924 mil pesos, cifra que revela un incremento de mil 123 millones 368 mil pesos en comparación con los mil 261 millones 556 mil pesos que cobró en el ejercicio 2003.

La tendencia a la alza se mantiene en 2005 cuando cobra mil 970 millones 951 mil pesos, es decir, 709 millones 395 mil pesos más que en 2003, y repunta en el primer trimestre de 2006: en este periodo de tan sólo tres meses obtiene 915 millones 390 mil pesos, indica el informe publicado por el SAT.

Según los datos publicados por el SAT, del primer trimestre de 2000 al primer trimestre de 2006 los ingresos de ISOSA se contabilizan en 9 mil 227 millones 662 mil pesos desglosados de la siguiente manera: 672 millones 692 mil, en 2000; 764 millones 271 mil, en 2001; mil 257 millones 878 mil, en 2002; mil 261 millones 556 mil, en 2003; 2 mil 389 millones 924 mil, en 2004; mil 970 millones 951 mil, en 2005, y 915 millones 390 mil pesos de enero a marzo de 2006.

El ajuste de cuentas

La sospecha de que el asesinato del alto ejecutivo de ISOSA se relaciona con su actividad laboral se desprende de los testimonios recabados por las autoridades ministeriales, que han trascendido a la prensa nacional.

De acuerdo con la viuda de Villarreal Antelo, la muerte del director operativo de la empresa creada por órdenes de Gil Díaz se deriva de su trabajo y no de un intento de robo. Además, los testigos presenciales indican que antes de que el homicida diera el tiro de gracia a la víctima, ambos intercambiaron palabras.

Las especulaciones generadas por el crimen van desde la presunción de que el directivo “sabía demasiado” sobre ISOSA y por algún motivo afectó o podría afectar intereses de personas o de la propia empresa, hasta la filtración de la información sobre los negocios de Hildebrando con esa compañía y con el SAT, que fue utilizada por Andrés Manuel López Obrador durante el segundo debate de los entonces candidatos presidenciales.

Un día después del crimen, Francisco Gil Díaz, quien en 1993 signó por puño y letra el contrato del Fideicomiso Aduanas I y ordenó en la primera sesión del Comité Técnico, que él presidía, crear la empresa ISOSA, declaró: “Que hayan asesinado a una persona, no se qué otra opinión puede merecer, más que es una tragedia espantosa que estén asesinando a la gente en la forma como la están asesinando en la ciudad de México”.

El principal ejecutor del esquema de recaudación aduanera afirmó que “es un problema de seguridad bastante grave y, aunque no conocía yo a esta persona, no deja de ser lamentable que se trate además de un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de ISOSA”.

El secretario aseguró que no tiene “absolutamente ninguna” relación con la empresa que, dijo, está constituida dentro del derecho privado y presta servicios a participantes en el comercio exterior.

El funcionario añadió que “ha habido todo un litigio, por llamarlo de alguna manera, relacionado con la empresa, por la forma como en su origen el Congreso canaliza recursos, el Derecho de Trámite Aduanero, para que se conviertan en el pago de una contraprestación por ese servicio que acabo de mencionar”, pero que ya se resolvió a favor de la Secretaría y en contra de la Auditoría Superior.

Gil Díaz puntualizó que la materia de la controversia constitucional 84/2004 fue sobre la naturaleza de los recursos derivados del cobro de la contraprestación, a la que él mismo, por “error”, llamó DTA: según el fallo de la Corte se trata de una contraprestación privada, no de un derecho o impuesto.

Con evidente desconocimiento de la discusión -pues los ministros Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo votaron en contra de la resolución final por considerar que se trata de recursos públicos- el todavía secretario de Hacienda concluyó: “Y por un voto, nada más de 11 a cero, la Suprema Corte resolvió que se trata de recursos privados. O sea que este asunto está perfectamente resuelto desde el punto de vista jurídico”.

Oscura historia aduanera

En mayo de 1993 Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, ideó un esquema de recaudación del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) operado a través del fideicomiso privado Aduanas I, auxiliado por la empresa privada ISOSA y el fideicomiso Aduanas II.

Documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda, obtenidos por intermediación del Instituto Federal e Acceso a la Información, revelan que Gil Díaz signó los contratos de creación de ambas figuras fiduciarias, mientras que la empresa fue constituida por su ahora secretario particular y entonces colaborador, Lorenzo Hernández.

Desde entonces el Aduanas I o fideicomiso 954-8 es considerado como privado a pesar de que es enteramente tutelado por dependencias públicas: su fideicomitente es el SAT, su fiduciaria es Nacional Financiera (Nafin) y su fideicomisaria es la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la ASF, de 2001 a 2004 este esquema ha causado quebrantos al patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos. Para el máximo órgano de fiscalización los daños se cometieron en el siguiente orden: en 2001 por 4 mil 561 millones; en 2002 por 2 mil 200 millones; en 2003 por 2 mil 585 millones, y en 2004 por 836 millones 346 mil pesos.

El máximo órgano de vigilancia, encabezado por Arturo González de Aragón, no es el único que ha cuestionado el esquema de recaudación: en este sexenio la Secretaría de la Función Pública (SFP) no sólo detectó anomalías en el manejo de los miles de millones de pesos obtenidos por el cobro de la contraprestación sino que conminó a Gil Díaz a regularizarlo.

El oficio número 06/780/514/2003, girado por el titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Nafin, Jorge Sánchez Baca, señala que entre las irregularidades detectadas en la administración del fideicomiso SHCP Aduanas I, destaca la omisión del SAT de enterar los recursos provenientes del cobro del DTA a la Tesorería de la Federación.

La cédula de observaciones, correspondiente a la auditoría 160/2003 practicada por la SFP, revela que el monto involucrado en esta anomalía equivale al total de los ingresos: 3 mil 160 millones de pesos, pues el SAT no reportó ni un solo peso a la Tesorería.

El documento de fecha 24 de septiembre de 2003 indica que “el mecanismo establecido por el SAT para la transferencia de los recursos al fideicomiso a través del sistema bancario, para cubrir las contraprestaciones de los importadores y exportadores de la República Mexicana, difiere de lo estipulado en el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso que indica que éstos serán entregados por conducto de la Tesofe”.

La observación “por su relevancia fue incorporada al Sistema de Información Periódica de la Secretaría de la Función Pública”, advierte el informe del OIC. Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior, esta anomalía ha implicado daños patrimoniales por 9 mil 347 millones de pesos, supuestamente cometidos por el SAT en el primer trienio de la administración foxista.

Además, en su recomendación preventiva el OIC señala que “para salvaguardar su responsabilidad fiduciaria se deberá vigilar que el esquema operativo del fideicomiso y disposiciones legales aplicables se ajusten a los fines y términos establecidos en el contrato y convenio modificatorio”.