“Estos ataques y amenazas forman parte de una campaña sistemática contra emisoras, organizaciones y personas que defienden los derechos de comunidades afectadas por algunas empresas y grupos de poder económico, buscando limitar o impedir el ejercicio de su libertad de expresión”, denunció la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Algunas de las emisoras que atraviesan la situación denunciada son Radio Oriente de Yurimaguas y La Voz del Cainarachi de Barranquita, ambas comprometidas con la promoción de los derechos de campesinos y población nativa en las zonas de Loreto y San Martín.

El director de La Voz de Cainarachi, el sacerdote Mario Bartolini, y la monja Lucero Guillén, presidenta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza local, fueron amenazados de muerte con mensajes pintados en la fachada de la Iglesia de Barranquita.

Los informes también dan cuenta de campañas difamatorias en medios comerciales contra José Luis Astigarraga, Obispo de Yurimaguas, y contra Geovanni Acate, director de Radio Oriente.

Existen fuertes indicios que estas amenazas y campañas se deban a la cobertura que, desde hace más de un año, el medio realiza a las protestas de los pobladores por la concesión de más de 20 mil hectáreas de tierras expropiadas por el Estado a los campesinos y cedidas a la empresa Palmas de Cainarachi del Grupo Romero, uno de los consorcios económicos más poderosos del país.

Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) el hecho ocurrió "luego de que el comunicador social, junto con Guillén, a través de su medio de información, recogió las demandas de los agricultores para que se les otorgue títulos de propiedad de sus campos de cultivo".

Esta campaña se ha extendido contra Radio Cutivalú (Piura), Radio Marañón (Jaén), Chami Radio (Otuzco), Radio Santa Mónica (Chota), Radio Coremarca (Bambamarca), Radio Santo Domingo (Chimbote) y Radio Manantial (Huarmey), así como otros medios e instituciones vinculadas al desarrollo como el CIPCA de Piura, que trabajan en zonas afectadas por actividades mineras sin responsabilidad social y medioambiental.