TELESUR desmonta discurso manipulado de informe de Reporteros Sin Fronteras

Ver video sobre la ONG (Organizacion No Gubernamental) y asociación francesa Reporteros Sin Fronteras
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A continuación el texto del análisis titulado La consolidación de una mentira mediática a través de 39 embustes:

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

Embuste. 1. m. Mentira disfrazada con artificio. 2. m. pl. Baratijas, dijes y otras alhajas curiosas, pero de poco valor.

La organización Reporteros Sin Frontera (RSF) adelantó el contenido de un informe que será presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Se trata de “su“ evaluación a la no renovación de concesión a una televisora privada de Caracas.

RSF no estuvo en Venezuela para evaluar un caso específico, mucho menos para defender algún derecho de la población de ese país, simplemente cumplió con una misión encomendada desde Washington: ’defender derechos e intereses corporativos del consorcio 1BC (dueño del canal RCTV), la práctica oligopólica de la comunicación y el comportamiento desestabilizador de la empresa que usufructuó la señal VHF 2.

El periodista e investigador mexicano Mario Méndez Acosta cuestionó el informe, señalando: “RSF realizó un trabajo que constó de nueve días de investigación, durante los que se entrevistaron (únicamente) a periodistas, editores, dueños de medios de comunicación privados, empresarios y políticos de oposición al gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez”.

Veamos las mentiras del informe:

1er. embuste: Radio Caracas Televisión (RCTV) es el más popular medio de comunicación de Venezuela. Por el contrario, los rating han mostrado que el medio televisivo más popular es Venevisión.

2do. embuste: Asegura el informe que las manifestaciones de opositores son más numerosas que las de partidarios de la medida. En realidad, antes de que venciera la concesión, ni el gobierno ni los sectores políticos que apoyan la medida convocaron para manifestar en apoyo a la misma. Sólo el domingo 27 de mayo, último día de la concesión a 1 Broadcasting Caracas, 1BC (corporación mediática que gestiona entre otras empresas mediáticas la empresa RCTV), se produjo una masiva y festiva celebración para dar la bienvenida al nuevo canal de servicio público, Televisora Venezolana Social (TVes).

Esta convocatoria tuvo su continuidad el sábado 2 de junio, cuando centenares de miles de personas acudieron a respaldar la medida junto al Presidente Chávez, en la única concentración verdaderamente masiva que se ha producido en el país en torno a la medida.

3ero. y 4to. embustes: Afirma el informe que según la ley, “se necesita” condena judicial para negar al canal el derecho a emitir durante los próximos veinte años.

(3era.) La Ley de Telecomunicaciones habilita al Presidente de la República a tomar la medida sin necesidad de orden judicial: Artículo 108.- No se otorgará la concesión de uso del espectro radioeléctrico a quienes, a pesar de haber sido escogidos de conformidad con las modalidades establecidas en esta Ley, sin embargo, estén incursos en los supuestos siguientes...: 5. Cuando surjan graves circunstancias atinentes a la seguridad del Estado que, a juicio del Presidente de la República, hagan inconveniente su otorgamiento.

(4to.) No se niega al canal el derecho a seguir emitiendo, que lo seguirá haciendo por Internet, por cable o por satélite, en la medida de su interés. Lo que sucede es que no se renueva la concesión para emitir por el canal abierto VHF 2, que es un patrimonio de todos los venezolanos, administrado por el Estado en su nombre, a través de sus representantes electos.

5to. embuste: Asegura RSF que 70% de la población no está de acuerdo con la medida. Los sondeos de opinión que se citan sin fuente, son elaborados por los propios opositores. Luego, darles crédito no significa más que voluntad de afirmar su posición.

6to. embuste: Se denuncia que “las peticiones de audiencias con miembros del gobierno y representantes de medios de comunicación públicos o progubernamentales, quedaron sin respuesta”. No obstante, distintos organismos y medios del gobierno negaron haber recibido peticiones de la organización para dichas “audiencias”. A su vez, por estos días, recoger en Caracas declaraciones públicas y opiniones de sectores favorables a la medida, es un ejercicio de investigación de estudiantes de secundaria.

7to. embuste: En su afán de caricaturizar al gobierno del Presidente Chávez, RSF señala que se trata de un “peculiar régimen político al que se conoce como chavismo”. Se pretende así equiparar el gobierno de una República a un régimen político, así como asociar despectivamente el adjetivo que se utiliza para señalar a los seguidores del Presidente al régimen político vigente en Venezuela, el cual fue escogido por la abrumadora mayoría de los votantes por medio de un referéndum de aprobación constitucional.

8to. embuste: El “cierre del canal” inaugura una auténtica hegemonía del poder sobre el espacio audiovisual. No obstante, luego de la salida del canal 2 de la empresa RCTV, la mayoría del espectro sigue en manos del capital privado.

Banda VHF: En el año 2000 había 19 canales privados y 1 de propiedad pública; en 2006 apareció un nuevo canal privado en esta banda, pasando de 19 a 20, mientras se mantenía un solo canal estatal. Esto cambió a partir del 28 de mayo, ya que ahora hay 19 canales manejados por el sector privado, un canal del estado (VTV) y un canal de servicio público y social (TVes).

Banda UHF: En el 2000 el sector privado disfrutaba de la concesión de 28 canales y el sector público sólo 2. Esto cambió en el 2006, cuando se incrementó hasta 6 los canales públicos, mientras que los privados pasaron de 28 a 44. En ese periodo nacieron 28 canales de televisión comunitaria, que tienen plena autonomía.

Emisoras de radio: En AM, en el 2000 había 36 emisoras públicas y 143 privadas, al igual que en el 2006. En FM, en el 2000 había 365 emisoras privadas, y el sector público sólo contaba con 3. Para el 2006, el sector privado creció llegando a 440 emisoras, mientras que el sector público pasó a sólo 10 emisoras. A su vez, aparecieron 167 emisoras comunitarias, que tienen un rango de emisión limitado a cada comunidad.

9no. embuste: Asegura el informe que dado que Chávez dio un golpe en 1992, no es el más indicado para acusar a sus detractores de “golpismo”. Es como afirmar que si Robert Menard, el director de la RSF, se pasa por alto un buen día un semáforo, no puede quejarse de que la semana siguiente le atropelle un carro que se saltó la luz roja. En cualquier caso, Chávez es el Presidente constitucional y democrático de la República, lo que ha sido refrendado por una creciente mayoría de la población nacional en cuatro ocasiones (1998, 2000, 2004 y 2006). Es el Jefe de Estado, y al igual que en cualquier otra nación, tiene toda la legitimidad para denunciar cualquier ensayo de golpe de Estado o de atentado contra las instituciones.

10mo. embuste: Reitera la misma mentira que la señalada en primer lugar, pero en este caso presentando cifras sin sustento. Afirma el informe que “El canal, orgulloso de su 42% de audiencia televisiva, muy por delante de la competencia pública y privada…” No obstante, todos los estudios de rating (tanto de AGB como de Intelimedia, las dos empresas que realizan estos estudios en Venezuela) muestran sostenidamente que es la estación de televisión Venevisión la que goza del mayor favor del público.

11avo. embuste: Dice el informe de RSF: “…Las razones administrativas que permiten justificar el no renovar la licencia se mezclan con acusaciones de orden moral y político: RCTV emitiría pornografía y, por encima de todo, habría jugado un papel de motor en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y en las huelgas petroleras de los años 2003-2004…”. Los cierto es que ese canal ha sido objeto de un cierre en los años 80 por emitir pornografía en horario inconveniente, y en 2006 recibió sentencia del TSJ por el mismo motivo.

12avo. embuste: Asegura uno de los entrevistados, Antonio Pasquali, que “La mayoría de los manifestantes, al contrario que los patrones de la prensa, no conocían a Pedro Carmona”, quien protagonizó el golpe de Estado de abril 2002.

En realidad, durante meses, Carmona fue insistentemente proyectado como el líder de la oposición, y su figura como líder de la “sociedad civil” fue ensalzada hasta la obsesión. Como afirma el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en los meses previos al golpe de Estado los medios privados promovieron “sin ningún reparo las agendas de los partidos de oposición, ignorando el profesionalismo y el equilibrio” (CPJ: Ataques a la prensa en el 2002. Las Américas).

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, “los canales privados de televisión... tenían una línea editorial e informativa que estuvo abiertamente a favor de la salida de Hugo Chávez del gobierno y del establecimiento de Carmona Estanga en el poder” (Entre el estruendo y el silencio. La crisis de abril y el derecho a la libertad de expresión e información).

Como afirma la propia organización RSF en su informe de 2003, “la prensa privada se convirtió en la punta de lanza de la oposición... Una toma de partido que se saldó con numerosas faltas a las reglas más elementales de la deontología”. Este comportamiento es señalado por la organización de derechos humanos española Equipo Nizkor como “el más evidente riesgo a las libertades civiles en todo el mundo, porque se enmarcan en el funcionamiento de organizaciones ad hoc, cuyas actividades sobrepujan las instituciones democráticas, y que crean sistemas de control político-social fuera del estado de derecho”.

Mientras los otros canales que lideraron el golpe desistieron de esta actitud antidemocrática, la empresa a la que se le ha denegado la renovación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico, RCTV, la ha mantenido en el tiempo, usando el derecho de explotar la señal de servicio público para fines golpistas.

13avo. embuste: Carmona es presentado implícitamente como el único responsable de la operación de ruptura del hilo constitucional. En realidad, medios privados fueron actores principales del mismo, y como reporta el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) “varios ejecutivos de los medios se reunieron el sábado con Pedro Carmona, jefe de la asociación empresarial venezolana Fedecámaras, quien fue colocado en la presidencia por los líderes del golpe.” (CPJ. Periodistas siguen en riesgo. Nueva York, 17 de abril de 2002). En esta reunión, “los empresarios se habrían comprometido a cooperar con la política comunicacional del gobierno de facto” (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, ídem).

14avo. embuste: “Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación Espacio Público, precisa: “El 13 de abril, Pedro Carmona anunció que iba a disolver el Parlamento y revocar los mandatos de gobernadores y alcaldes. El golpe de Estado parecía haberse consumado, pero la población se enfadó y los militares destituyeron a Pedro Carmona. Entonces Hugo Chávez regresó al poder. Los canales privados, excepto el canal de información continua Globovisión, ocultaron el acontecimiento emitiendo programas de ocio y telenovelas. Un silencio que el Presidente no olvidará”…”

En realidad, los sectores golpistas, así como los medios que los auparon, saludaron el golpe y la disolución de poderes como un amanecer democrático, con gran efusión y por medio de múltiples declaraciones públicas y comunicados de prensa. De hecho, los medios silenciaron completamente las protestas, en contraste con el impulso mediático que se ofreció al golpe de Estado: “La ausencia informativa en momentos previos al retorno de Chávez al poder se hizo particularmente notoria debido a que los días precedentes, se le había dado una completa y continúa cobertura al paro general, la marcha del día 11 y la llegada de Carmona al poder...”, asegura el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

15avo. embuste: Señala el informe que “RCTV tenía todo el derecho a pedir, y normalmente a obtener, un nuevo derecho de emisión”. Por una parte, a la empresa que operaba el canal 2 no le fue negado en ningún momento el derecho a pedir. Por otra parte, del derecho de pedir no se desprende en ningún caso como condición ’normal’ el derecho de obtener.

16avo. embuste: Asegura RSF que los otros medios que participaron en la escalada al golpe de abril de 2002, asumieron dos años más tarde la “alineación mediática”. Lo que hicieron fue dejar de jugar al golpismo, convirtiéndose en vehículos de expresión moderada y no de manipulación o alineación con los sectores que han seguido impulsando la desestabilización de la democracia venezolana.

17avo. embuste: Afirma el informe que la jurisprudencia de la OEA prima sobre el derecho nacional y Venezuela, cuando en realidad se trata de un sistema subsidiario a la misma. Además, el sistema no ha emitido ninguna decisión condenatoria que tenga que acatar el Estado, sólo recomendaciones y medidas de protección, que no son de obligatorio cumplimiento.

18avo. embuste: Se refieren unos “recursos” supuestamente resueltos “favorablemente en la Comisión, y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, insinuando que ambos organismos habrían emitido decisiones jurisprudenciales contra el gobierno en relación con la empresa 1 Broadcasting Caracas, 1BC. En realidad, sólo hace un mes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un primer caso relacionado con dicha empresa ante la Corte, como parte de la articulación internacional orientada a consolidar la matriz de violación estructural de libertad de expresión. Lo que hasta la fecha se ha concedido son medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un número que no llega a la decena.

19avo. embuste: Asegura RSF que “Hugo Chávez no hace caso del derecho internacional”. No obstante, el gobierno actual, y así lo han reconocido en varias ocasiones los organismos del sistema interamericano, no sólo cumple con el derecho internacional que le compete, sino que ha reconocido la responsabilidad del Estado venezolano en casos que se remontan a gobiernos anteriores, y que las respectivas administraciones se negaron a reconocer. Notoriamente, en relación con el reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso de la masacre del 27 de febrero de 1989, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez mandó masacrar indiscriminadamente a la población que se rebelaba contra las medidas neoliberales que impuso; o en el caso de la masacre del Retén de Catia del 27 de noviembre de 1992, cuando fuerzas del orden masacraron a 37 reclusos, en el marco de una rebelión militar.

20avo. embuste: El informe cita al propietario de la empresa 1 Broadcasting Caracas, 1BC, Marcel Granier, quien asegura que “Nosotros hemos ganado en un centenar de casos de agresiones a nuestros periodistas” ante los organismos de la OEA. El informe no matiza esta información, con lo que es evidente que la considera veraz.

21avo. embuste: Se pregunta RSF: “¿Qué pretendía exactamente Hugo Chávez obligando a RCTV a un cierre desaprobado por la opinión pública y la comunidad internacional?”. Así, luego de repetir la mentira de que se trata del cierre de un medio, se señala el supuesto rechazo masivo a la medida y una supuesta desaprobación generalizada de la medida a nivel internacional. No obstante, el exiguo número de pronunciamientos de rechazo no parece conducir a la conclusión que propone el informe.

Se destaca, entre otros, la resolución del Parlamento Europeo, la cual fue aprobada con el 5,4% de los votos favorables de dicho órgano representativo – es decir, los representantes de 1 de cada 20 europeos. Asimismo, se señala la “desaprobación” de varios gobiernos o Parlamentos latinoamericanos, insinuando un vasto arco de países que iría “de Brasil a México, pasando por Chile”. No obstante, tan sólo tres órganos parlamentarios se han pronunciado al respecto (de Brasil, Chile y Nicaragua), mientras que el único mandatario que ha mostrado su rechazo públicamente es Oscar Arias, Presidente de Costa Rica.

El resto de mandatarios que han dado declaraciones al respecto, o bien han afirmado la soberanía del gobierno venezolano en la materia, o bien han señalado su aprobación a la medida, como es el caso del conjunto de países del ALBA (Bolivia, Nicaragua y Cuba), que ha emitido un comunicado conjunto de apoyo al gobierno de Hugo Chávez y de rechazo a la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

22avo. embuste: El informe se adentra en materia no relacionada en absoluto con el caso de la no renovación de la concesión, citando ampliamente a Teodoro Petkof, el coordinador de la campaña del candidato opositor que fue derrotado en las últimas elecciones presidenciales. Entre los señalamientos que recoge, se encuentra la acusación de que Chávez pretende reformar la Constitución para establecer la reelección indefinida del cargo de Presidente – un aspecto habitual de ordenamientos jurídicos de numerosos países occidentales que no se encuentran bajo la lupa de la organización por supuestos riesgos democráticos. Entre ellos, Francia, la nación en la que tiene su sede central RSF.

23avo. embuste: Otro tema que RSF considera relevante tratar para abordar el tema de la libertad de expresión es la creación de un nuevo partido por los seguidores del gobierno. Al respecto, y como supuesta muestra de rechazo, afirma que la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la “rechazan las formaciones Podemos (centro izquierda), Patria para todos (izquierda) y el Partido Comunista”, partidos que acompañan al presidente Chávez en su gestión. No obstante, ninguno de estos partidos ha señalado su rechazo a la creación del PSUV, sino que han decidido no disolverse para sumarse al mismo.

24avo. embuste: La lista de firmantes de la petición por el referéndum de 2004 no contiene 12 millones de nombres, como asegura Humberto Prado, uno de los activistas opositores citados. En realidad, la cifra es inferior a los 2 millones 400, centenares de miles de las cuales fueron falsificadas, como quedó claramente evidenciado a través de un procedimiento conducido por las autoridades electorales y validado por observadores internacionales de la OEA.

25avo. embuste: Eva Golinger es una prestigiosa abogada e investigadora de nacionalidad venezolana y estadounidense, que ha destapado incisivamente la participación de la CIA y otros organismos de intervención en el proceso de desestabilización del gobierno bolivariano liderado por Hugo Chávez. Golinger no vive en Nueva York como afirma RSF, sino en Caracas.

26avo. embuste: Si Chávez tuviera control total del Estado, como insinúa el informe, el Tribunal Supremo de Justicia habría sentenciado a los autores del golpe, incluyendo a Marcel Granier, lo que a su vez derivaría en que la gran mentira mediática montada por RSF se habría desinflado completamente.

27avo. embuste: En su afán de construir un cuadro de control total del Estado por parte del Presidente Chávez, asegura el informe que “Veintidós gobernadores de estados (de veinticuatro) [están] totalmente entregados”. En realidad, veintidós gobernadores fueron elegidos bajo partidos que acompañaban a Chávez, en condiciones democráticas avaladas por organismos internacionales como la OEA, el PNUD y el Centro Carter. Esto lo que quiere decir es que representan la tendencia de las mayorías democráticas, lo que no parece avalar RSF. En todo caso, para la fecha del informe, al menos 2 de los gobernadores señalados han traicionado el proyecto por el que fueron elegidos, y no acompañan el proyecto de Chávez.

28avo. embuste: Asegura RSF que ahora la “sociedad civil” se verá prácticamente encerrada en una campana de vidrio. No obstante, la “sociedad civil” a la que se refiere, y que equipara con los sectores de la sociedad venezolana que desearían el derrocamiento del gobierno, cuentan con las tribunas de la mayoría de radios de AM y FM del país, de la mayoría de diarios de circulación nacional e internacional, con la divulgación agresiva de sus puntos de vista por parte del canal televisivo Globovisión, y con el apoyo progresivamente incondicional de la inmensa mayoría de agencias de noticias del mundo.

29avo. embuste: La insinuación de que el principal diario nacional, Últimas Noticias (200.000 ejemplares de circulación diaria), así como los canales privados Televen y Venevisión, son del chavismo, evidencia un profundo desprecio por el periodismo independiente. Todos estos medios nada tienen que ver con el chavismo, son de propiedad íntegramente privada y en muchas ocasiones critican al gobierno, sin que eso les cree ningún problema. En concreto, Ultimas Noticias abre sus páginas diariamente a noticias y a columnistas de oposición, entre ellos líderes connotados de partidos de ultraderecha, como el dirigente del Comando Nacional para la Resistencia, Antonio Ledezma. También escriben Pompeyo Márquez, Julio Borges y otros dirigentes de partidos opositores.

30avo. embuste: El informe busca subir la temperatura del supuesto autoritarismo que impregnaría la sociedad venezolana, afirmando un supuesto “control total del Estado, del gobierno, de las fuerzas armadas” por parte del Presidente Hugo Chávez. Llama la atención al respecto, que RSF considere inapropiado que un Presidente controle el gobierno que preside, mientras que le preocupe que las fuerzas armadas estén sometidas al gobierno civil, lo que es un elemento consustancial a todo sistema democrático, y garantía de la defensa de la constitucionalidad.

31avo. embuste: El informe asegura que la reforma constitucional cuenta con “artesanos extranjeros”. No obstante, la Comisión que se ha encargado de proponer la reforma está exclusivamente conformada por representantes de los poderes públicos venezolanos y por intelectuales de nacionalidad venezolana.

32avo. embuste: Entre los supuestos “artesanos extranjeros” de la reforma, RSF señala a Ignacio Ramonet, quien sería “el patrón de Le Monde Diplomatique”. No obstante, el prestigioso periodista francés es presidente de dicha publicación, y no su dueño.

33avo. embuste: Otro supuesto “artesano extranjero” de la reforma sería el argentino Norberto Ceresole, el cual falleció hace cuatro años, por lo que no parece estar en condiciones de participar en la fantasiosa artesanía sobre la que basa RSF uno de sus múltiples embustes.

34avo. embuste: Es cierto que Chávez no necesita una ley para que habilite al Jefe de Estado para transmitir “cadenas” nacionales de radio y televisión, porque ya existe. En efecto, de acuerdo al artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que fue ampliamente consensuada con el conjunto de operadores de señales de televisión “el Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta, la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros”.

35avo. embuste: Afirma RSF que “el establecimiento jurídico” de la participación de RCTV en el golpe sería “condición imperativa para justificar la no renovación de la licencia del canal”. No obstante, como se ha mostrado anteriormente, el marco legal faculta al Presidente de la República a no renovar una concesión sin ningún condicionamiento de esa naturaleza.

36avo. embuste: El Tribunal Supremo de Justicia no ha ordenado el embargo de los equipos de RCTV en beneficio del nuevo canal Televisora Venezolana Social (Tves), como asegura el informe, sino su cesión temporal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como medio para garantizar la continuidad de un servicio publico de comunicación.

37avo. embuste: Asegura RSF que dicho “embargo no sólo priva a RCTV de su salida por las ondas hertzianas, sino que además podría comprometer su emisión por cable”. Aclarado que no se trata de un embargo, conviene señalar que las empresas de cable han declarado públicamente que RCTV puede salir en emisiones por cable en un plazo de un mes, luego de reservar la frecuencia, y de realizar las inversiones en satélite que corresponden.

38avo. embuste: Se acusa al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, “al no aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la protección del personal y el material de RCTV”. Se trata de una afirmación de percepción, que no está tomando en cuenta que la protección que recibe la empresa es equiparable a la de cualquier otra empresa de comunicación de propiedad privada.

39avo. embuste: La última mentira del informe repite la contenida en el título, al señalar que “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido unilateralmente el cierre de RCTV”. En realidad, el Presidente lo que ha decidido es no renovar la concesión de uso del espectro radioeléctrico del canal VHF 2 por parte de la empresa 1 Broadcasting Caracas (1BC), y lo ha hecho efectivamente de manera unilateral, como se deriva de la legislación vigente, y que aplica en la mayoría de democracias del hemisferio occidental.

En síntesis:

1.- El informe de RSF, no cumple el más mínimo criterio de ética periodística. Sólo cita a las personas cuya opinión se usa para demostrar que todos están en contra del fin de la concesión. Decir que les fueron negadas audiencias por parte de representantes del Estado y medios públicos, es falso ¿pidieron audiencia a Telesur?

2.- Qué ética periodística permite calificar en un informe que se pretende equilibrado: “régimen político al que se conoce como chavismo”.

3.- Muchas de las “opiniones” son registradas sin citar la fuente, algo que en periodismo no es ético y se conoce con el nombre de “manipulación” Son ejemplos de éste informe de RSF: “dice un periodista independiente”, “según el parecer de diferentes periodistas e intelectuales”, “la corresponsal venezolana de un periódico extranjero”, o “rechina un periodista”.

4.- RSF asegura que numerosos (recursos resueltos favorablemente para Rctv en la Comisión y después en la Corte Interamericana de DDHH). La única denuncia admitida hasta ahora por la Corte Interamericana de Derechos Humanos data del 25 de mayo de 2007.

5.- La resolución que citan como del Parlamento Europeo, es un documento suscrito por apenas 43 de los 784 eurodiputados que conforman el Parlamento Europeo. Un quórum ridículo.

6.- Es falso que la medida no ha sido apoyada en la región: Agencia EFE.: “De manera unánime, Bolivia, Cuba y Nicaragua, países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), expresaron su apoyo irrestricto a la decisión soberana del gobierno venezolano de dar nacimiento a la primera experiencia de televisión de servicio público del país, con la Televisora Venezolana Social (TVES)”.

7.- Es falso que el presidente Hugo Chávez puede ser reelegido indefinidamente. La actual constitución venezolana, aprobada en 1999, no lo estipula. Cosa que sí ocurre en Francia, donde un presidente puede postularse las veces que lo desee y continuar, si es elegido, los períodos que sean… Francia, es la sede de Reporteros Sin Frontera.

8.- La abogada Eva Golinger, citada referencialmente por RSF, no vive en Nueva York.

9.- Ignacio Ramonet no es el patrón de Le Monde Diplomatique, es el presidente de ese medio de comunicación internacional.

10.- Según RSF, el argentino Norberto Ceresole es el artesano de la futura gran reforma constitucional. Ceresole Falleció en el año 2003 en Buenos Aires, Argentina, víctima de un infarto al miocardio, por lo tanto no está para artesanías futuras.

11.- Es mentira que el establecimiento jurídico de la participación en el golpe sea ”condición imperativa” para la no renovación. Existe un expediente completo sobre las faltas a la legislación cometidas por RCTV.