La política laboral en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sigue sujeta a las exigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC. Con cada nueva administración y desde hace 25 años, el líder del gremio Fernando Espino acomoda sus piezas para beneficiar a sus allegados.

Con total discreción, la organización sindical designa plazas y prestaciones, mientras los trabajadores de base sufren por la falta de materiales, de seguridad laboral y servicio médico.

“Espino se ha mantenido con el apoyo de la administración y su grupo. La mayoría de los trabajadores no se inclina por otras opciones democráticas porque dudan que puedan tener acceso a beneficios, y es porque el sindicato mayoritario es el titular del contrato y de él dependen”, explica Ángel Álvarez, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Sin intención de mejorar el servicio del Metro, la empresa y el sindicato se coluden para privatizar los servicios y dejar en desventaja a la fuerza laboral del transporte colectivo. El Metro cumple 38 años, mismos en que los trabajadores han visto mermados sus derechos, mientras para los usuarios es más evidente el deterioro del servicio.

Represión y hostigamiento

Juan Leandro Muñoz fue despedido en 1996, después que denunció actos de corrupción, negligencia y nepotismo amparados por Fernando Espino Arévalo, líder sindical del Metro. El exconductor participó en plantones y protestó por la compactación de plazas, la violación a derechos laborales y la violencia ejercida contra sus compañeros activistas.

La agrupación sindical encubrió, dice Muñoz, entre otras irregularidades, el robo y el favoritismo, prácticas que siguen ocurriendo. Sus reclamos se hicieron oír en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados. Espino, quien buscaba convertirse en senador, desistió. Fue entonces que Muñoz perdió su empleo luego de 14 años de servicio. Él entró cuando apenas cumplía los 18 años y sólo ascendió hasta el puesto de conductor porque, dice, no se doblegó.

Pedro Moreno, técnico en mantenimiento material rodante B, no se ha sometido a las presiones de sus superiores. También fue inhabilitado después de organizar el Sindicato Democrático de Trabajadores del STC que se oponía a la discrecionalidad en las prestaciones y plazas y a la licitación de los servicios de mantenimiento a la iniciativa privada. En asamblea celebrada en el taller Ticoman, el 22 de octubre de 1999, los trabajadores acordaron emitir boletines que expresaran su inconformidad y conformar una comisión de seguimiento.

Cinco días después, Moreno es dado de baja por un permiso que solicitó para atender asuntos personales. Su jefe inmediato negó haberlo autorizado y el técnico fue despedido.

En la carta donde le anuncian la rescisión se advierte que no regresó a su puesto, pues fue a realizar “actos de proselitismo a favor de un compañero en el taller Zaragoza, a quien se le levantaba un acta administrativa, queriendo representarlo sin ser acreditado ante el STC, por lo que se deduce que actuó con faltas de probidad y honradez en contra del sistema”.

Según Pedro Moreno sus superiores le hicieron saber que, después de dos horas, el trabajador que no regrese se hace acreedor a una falta, licencia, o a pagar un día económico.

Con anterioridad, Moreno solicitó colaborar en el área administrativa de Ticoman por ser hostigado, amenazado y hasta golpeado por trabajadores afiliados al sindicato, además, por una disposición de carácter médico que le impide cargar más de ocho kilogramos. Ya en 1998, a él y otros trabajadores les impidieron leer información en una mampara, al tiempo que les advirtieron que se cuidaran en la calle porque ahí iban a encontrar a los golpeadores.

El 11 de noviembre de 1999 el gerente jurídico le informa a Moreno que sería reubicado y que su reinstalación se la daría a conocer la dirección administrativa, acto que no ocurrió como apunta Ricardo Vega, director de mesas de coordinación en oficio entregado a Raúl González Apaloaza, entonces director general del STC Metro.

En la misiva anota: “Durante varios días mantuve comunicación con la gerencia jurídica y me informaron que usted me firmaría su reinstalación, en otra que debía ser el jefe inmediato con el visto bueno del sindicato. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro sucedió, porque la situación laboral de Pedro Moreno se había decidido en el periódico Trinchera, donde se anunciaba presurosamente el posible despido del trabajador”.

Así consta en el número de octubre del medio informativo del sindicato del STC Metro, donde se dice de Moreno: “su grupúsculo de bien conocidos contras son provocadores, desinformadores, alarmistas y promotores del divisionismo. Es un auténtico costal de mañas que como psicólogo sorprende a cuanta autoridad se le pone enfrente”.

El mismo día que le anuncian su reinstalación, Pedro acudió a solicitar su quincena y se la negaron, porque ya estaba dado de baja. Moreno no desistió y acudió con Apalouza, quien le ofreció una plaza de confianza para dar por terminado el conflicto. El exsecretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores del STC no aceptó y pasaron tres años y medio para que se le reinstalara.

En 25 años de servicio a Moreno no le han querido diagnosticar como enfermedad profesional el síndrome de túnel carpiano que adquirió cuando trabajaba en los motores de tracción; con el padecimiento se le adormecen las articulaciones de la mano. Tampoco ha recibido dictamen de accidente laboral desde su caída en 1989, cuando se fracturó la columna.

David Santana, vigilante A, sufrió una caída que le dejo secuelas en la rodilla. Pese a que se le otorgó un cambio a un área administrativa y se le designó al edificio de la estación Zapata, continúa haciendo labores de vigilancia, en las que debe pasar jornadas completas de pie, subiendo y bajando escaleras, cargando objetos pesados y enfrentando a vendedores ambulantes.

En oficio fechado el 31 de octubre de 2005, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendó a la subdirección jurídica del STC Metro para que fuera tomada en cuenta la lesión y no se le exigiera realizar funciones que pusieran en riesgo su estado de salud.

No obstante, Santana ha sido objeto constante de represalias desde 1992, cuando denunció la vinculación entre un directivo y vendedores ambulantes en el Metro. Ahora, bajo el mando del sobrino de ese gerente, no se le respetan períodos vacacionales o días económicos, es sancionado arbitrariamente y hasta se le imputó un robo de gasolina. El supuesto incidente ocurrió un 25 de febrero de 2006, cuando Santana fue obligado a pagar un día por haber faltado para acudir a una cita a un juzgado. Para el vigilante se trata de una cruzada en su contra y todo ha sido por defender sus derechos laborales.

Sin derechos ni seguridad

Gilberto Ramírez se lesionó por la escasez de refacciones. Fuera de su horario, él accedió a ir al área de garaje del taller Ticoman por un cilindro y cuando intentó bajarlo se subió sobre una valla de madera que, sin estar bien soportada, resbaló. Para evitar caerse sobre una barrera de hierro de 750 voltios, Gilberto se sujetó y aguantó todo su peso con el brazo izquierdo, se lo desgarró y hoy apenas puede alzarlo. No obstante que a estas secuelas se les tipifica con el grado de discapacidad en la Ley Federal de Trabajo, Gilberto, con casi 30 años en el Metro, no ha recibido la pensión que por derecho merece.

En un puesto exclusivo para hombres, Epifanía Alvarado fue pionera y conductora por 21 años hasta que un dictamen médico concluyó que no podía continuar en la plaza. En 1987 se le diagnostica lipotimia, pero hasta 2004 se le inhabilita, cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene califica como accidente laboral un hematoma provocado por un desmayo en la terminal Politécnico.

Meses más tarde del incidente, la conductora de las líneas 2, 5, 6 y B requirió en una carta dirigida a la misma comisión su reinstalación en otra área administrativa: “Se me han realizado diferentes estudios, desde electrocardiogramas hasta tomografías, y a pesar de que no muestran graves daños, en el área de Medicina Laboral no me permiten regresar a mis funciones. Por lo tanto solicito mi reubicación, porque me siento apta tanto de mis facultades físicas como mentales”.

No obstante pasó un año para que la dieran de alta, pues sometieron su caso a análisis. Durante ese año –señala Alvarado– dejó de percibir un salario de 5 mil 800 pesos y prestaciones como aguinaldo y vales de despensa; en su lugar la subsidiaron con mil 260 pesos mensuales.

Finalmente, el 22 de septiembre de 2005, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene concluyó en un oficio remitido a la gerencia de recursos humanos: “El padecimiento que presenta es de etiología multifactorial sin relación con el trabajo por lo que se sugiere no aplicar el artículo 475 de la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, existe el riesgo de sufrir un evento convulsivo durante el desempeño de sus labores. Por lo que se sugiere cambio de puesto diferente al de conductor”.

Epifanía se reincorporó a la plaza número 1424 con categoría de taquillera. No recibió liquidación y pese a que le aseguraron que conservaría su sueldo, contrario a la ley, se vio obligada a aceptar un salario menor, 4 mil 890 pesos. Como taquillera, Epifanía comenta que se le tiene prohibido introducir alimentos o tomar agua:

“Por despotismo tenemos un plazo mínimo de ocho días para solicitar un permiso y no nos avisan cuando es nuestro período vacacional, cuando en los estatutos se requiere un plazo de tres días. Nuestras áreas de trabajo están en malas condiciones, incluso hacen taquillas provisionales porque se inundan en temporada de lluvias”.

El miembro del CILAS, Ángel Álvarez, describe que, en el 2004, se pretendió obtener el registro para un sindicato de taquilleras: “La Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal opuso resistencia, y entonces recurrieron a un amparo, pero no prosperó; pues era una agrupación con visión de género”.

El especialista en derecho laboral señala que desde que el PRD detentó el poder en el gobierno del Distrito Federal, con la jefatura de Cuauhtémoc Cárdenas sólo se han dado 18 registros sindicales. “Es un régimen que bloquea y no favorece los intentos de democratización. En la Junta Local permanecen las centrales corporativas que están más interesados en proteger a amigos y aliados”, califica Álvarez.

Las taquilleras también sufren las malas condiciones de los vehículos que las transportan. El STC Metro da servicio de traslado de personal del primer y el último turno en camionetas de pésima calidad, con mala suspensión, asientos deteriorados y la falta de radios de comunicación. Un chofer que pidió omitir su nombre comenta que en el 2003, a raíz de un accidente, una trabajadora de nombre Lucrecia falleció mientras era llevada a su hogar.

El conductor relata que la razón fue la sobresaturación de trabajo: “Nosotros hacemos cuatro recorridos en una noche y las rutas van saturadas, nos obligan a cumplir y aprisa y de no hacerlo nos remiten un oficio”. Por ello y para exigir mejores condiciones laborales, recolectó firmas y levantó un acta administrativa en contra de la coordinadora del área y el subgerente de servicios y suministros.

A raíz de ello fue castigado con una guardia para atender cualquier imprevisto con los vehículos. Otra denuncia de esta área es que no respetan el escalafón. “De manera selectiva escogen al personal. No respetan la antigüedad, tengo 18 años y mi superior es alguien con mucha menos experiencia”, alega.

Aunque el artículo 63 del Reglamento de Escalafón establece como factores para ascender la antigüedad, conocimientos, aptitud, disciplina y puntualidad, Epifanía refiere el caso de una conductora deficiente que luego de seis meses se convirtió en inspectora por ser sobrina de una trabajadora de confianza.

“La contratación está controlada por el sindicato y por las personas cercanas al Comité Ejecutivo. En la relación laboral, proponerse para la promoción depende de valoraciones del sindicato, porque los procedimientos están amañados y los criterios de aptitud no son los de conocimientos, sino que permean otro tipo de valoraciones”, explica Ángel Álvarez del CILAS.

Además, la agrupación sindical no está debidamente registrada bajo el apartado A de la Ley Federal de Trabajo; por esta razón no está obligada a tener un contrato colectivo y el derecho a huelga es casi nulo.

Anomalías y Corrupción

Además de ser víctima de acoso y persecución, cada vez que Ramón denuncia alguna irregularidad en su área de trabajo es trasladado a otra. Incluso fue golpeado luego de denunciar que un trabajador de confianza en el área de vías incurrió en malos manejos de personal y material, después de haberse negado a firmar bitácoras ficticias sobre movimientos vehiculares.

No sólo en vías se incurre en irregularidades. Ahora técnico en el taller de mantenimiento mayor Zaragoza, Ramón revela que supervisores y coordinadores de vigilancia hacen mal uso de materiales de desecho: “Los desperdicios los ocultan en los camiones de basura y así se roban cantidades de cobre, bronce y fierro, mientras contraloría y el área jurídica se hacen de la vista gorda”.

Ramón alega que no hay seguridad industrial en el área de talleres y están expuestos a solventes y sustancias que carecen de etiquetas y un procedimiento adecuado para su uso, así como tampoco se utilizan los procedimientos adecuados para manejar material para vías, que incluso no es desechable. A la intemperie se pudre una pila de durmientes nuevos e importados y llantas en buen estado se agujerean por las asperezas del clima.

“Puede ser por descuido o deliberadamente lo hacen así para causar compras continuas y manga ancha para usar recursos. Espino ha sido muy inteligente para colocar personas incondicionales que si llegan a ser sorprendidos cometiendo alguna irregularidad cuentan con el apoyo sindical. Saben que tienen poder y se dedican a robar a diestra y siniestra”, opina Ramón.

Cuando abre su gaveta, se ve el material y las herramientas que Ramón ha tenido que adquirir por su cuenta, pues el STC no se las proporciona. Ramón ha gastado casi veinte mil pesos en su material y ha adaptado su uniforme para protegerse de los discos que se revientan o las rebabas que saltan a los ojos. Asevera que las facturas de material se inflan y aunque se registra como de calidad, el equipo llega muy deficiente.

También en el área de almacenes se alteran las notas de entrada, en donde se colocan datos sobre el ingreso y egreso de materiales. Marco Antonio Hernández de Alternativa Sindical, el ala opositora dentro del sindicato, expresa que las fechas son modificadas para perdonar al proveedor cuando incumple y que prefieren pagar una compensación a jefes inmediatos para no ser sancionados y no perder la licitación.

“Sin materiales no se realiza mucho mantenimiento, pero a nivel de dirección les dicen a los jefes de mandos menores que deben entregar reportes donde digan que todo el servicio se cumple. Aparentan que no sucede nada, mientras nosotros o rehabilitamos el material existente o de plano lo compramos”.

Empresas fantasmas

Para las afanadoras del Metro no hay garantías ni seguridad laboral, perciben salarios mínimos, no pueden acceder a los comedores y no tienen derecho a recibir atención médica.

Cuando Tomasa sufrió una caída, Excelgast, la empresa para la que trabajan ella y su hija de 16 años, no se hizo cargo de sus gastos, por lo que tuvo que acudir a una clínica particular cuando recibe menos de dos mil pesos al mes. La empleada de aseo en los talleres Ticoman no gozó de días de incapacidad y de haber faltado un día, le hubieran descontando tres. Además, cuando trabaja tiempo extra la empresa tampoco le paga.

El representante de Alternativa Sindical, Marco Antonio Hernández, califica de injustas y fantasmas a las empresas de limpieza que prestan su servicio al Metro: “El sindicato y la empresa permiten que estas empresas desaparezcan la razón social, que no les den contrato a sus empleados o que no reciban su pago y cuando ellos protestan, éstas desaparecen”.

Al respecto, Pedro Moreno explica que estas compañías se evaporan cada seis meses para que sus trabajadores no hagan antigüedad: “Sólo mudan de nombre y cada vez que aparece una nueva compañía les cambian la camisola, a veces sólo lo escriben sobre cinta adhesiva y se lo pegan en la camisa roída”. Moreno señala que incluso las trabajadoras deben comprar material y equipo de protección, y en ocasiones el cheque que les pagan no tiene fondos.

Privatización e inmovilidad

En 1999, el secretario de Transporte y Vialidad, Joel Ortega Cuevas, presentó ante la Asamblea Legislativa los proyectos multianuales que autorizaban la licitación pública internacional para contratar servicios de mantenimiento para trenes.

En una misiva enviada a la entonces jefa de gobierno, Rosario Robles, la organización Trabajadores del Metro en Lucha expuso que se trataba de un plan de privatización lesivo para los empleados y usuarios por el probable incremento en el costo del pasaje.

El sindicato encabezado por Espino Arévalo afirmó en un comunicado que no había recibido información alguna del gobierno del Distrito Federal sobre la externalización y la tarjeta inteligente que sustituiría al boleto magnético. Además, sostuvo que por ningún motivo permitirían que se afectaran la fuente de trabajo ni las conquistas ganadas.

Sin embargo, el Plan Empresa 2000-2006 del STC Metro planteó que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de trenes, ejecutados por los empleados de talleres, fueran realizados por empresas externas.

“Las últimas modificaciones a las condiciones generales de trabajo asienta que antes de licitar los trabajos, el STC analizará si estos sean preferentemente ejecutados por sus trabajadores, es decir, no obliga a que los técnicos lo hagan”, indica Marco Antonio Hernández de Alternativa Sindical.

Explica que 2003 y 2004 fueron años de gran inactividad: “Nos tenían parados porque no teníamos herramientas ni material. El poco trabajo recayó en compañías ajenas y entonces tuvieron justificación para despedirnos. Qué seguridad laboral tenemos cuando ya no les somos necesarios a la empresa”.

Bajo ese tenor, el también técnico en electromecánica advierte que con el monedero electrónico se pretende sustituir un turno de los tres que existen en taquillas, por lo que casi 800 trabajadoras podrían perder su empleo. Opina que “estamos más expuestos a la desaparición de áreas bajo la complicidad del sindicato que ve ampliadas sus concesiones y sigue permitiéndolo”.

La inacción es también una orden. Tan pasivos como los vagones estacionados en los talleres, los trabajadores se relajan y esperan su hora de salida. Muy pocos están realizando alguna actividad y en las instalaciones de Ticoman se vive una calma casi inusitada si se le compara con la excitación que se vive al interior de la estación Indios Verdes, a sólo unos metros de ahí.

Pedro Moreno afirma que debido a la eterna pelea entre el sindicato y el gobierno del Distrito Federal, la consigna para los empleados es trabajar lo menos posible: “La empresa no puede obligarlos a hacerlo y a veces el jefe inmediato les dice que les paga tiempo extra si cumplen con su trabajo. Como la gran mayoría ha llegado por la venta de plazas, llegan con la idea que les costó y que pueden hacer lo que quieran”.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: Octubre 2a quincena de 2007
Paulina Monroy