Fuerzas castrenses, en busca de “terroristas”

Una cuarta parte de los efectivos del Ejército Mexicano y una tercera de los de la Marina Nacional están en las calles “con el propósito de prevenir y disuadir actos de terrorismo y sabotaje”. De acuerdo con datos del apartado Seguridad Nacional del Primer Informe de Gobierno, durante los primeros seis meses de este año 45 mil 85 militares y 19 mil 718 marinos participaban permanentemente en la “protección y vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales” contra los actos de “terroristas”.

En total, 64 mil 803 efectivos castrenses patrullan el territorio mexicano adscritos a programas independientes a los que se realizan contra el narcotráfico (llamados Operativos Conjuntos) y tienen como objetivo la persecución de “terroristas” y “saboteadores”.

Aunque los programas de “vigilancia y protección del territorio” se han desarrollado desde los años posteriores a la revolución mexicana, en 2000 –al inicio del sexenio de Vicente Fox– apenas 19 mil 781 elementos del Ejército participaban en ellos. Al final del sexenio, 37 mil 253 militares y 14 mil 14 marinos ya eran parte de estos operativos.

Calderón ordenó que durante los primeros seis meses de este año se incrementaran en 20.5 y en 40.7 por ciento los números de militares y marinos, respectivamente, adscritos a los operativos y programas de “vigilancia” y que explícitamente se incluyera como “propósito” la “prevención y disuasión” de actos “terroristas”.

Del Primer Informe de Gobierno se desprende que la administración de Calderón ha colocado como prioridad, en materia de seguridad nacional, el combate al “terrorismo”, término que endilgaría a las guerrillas y movimientos sociales que actúan en el país.

Así, en materia de “adiestramiento”, las fuerzas armadas también fueron capacitadas para librar guerras “irregulares”, pues la Secretaría de Marina (Semar) “llevó a cabo la ‘Operación Foca’ en Isla Socorro, Colima, y en San Luis Carpizo, Campeche, con el propósito de incrementar el nivel de entrenamiento de las Fuerzas Especiales en acciones contra el terrorismo”. Además, se informa que se desarrolló la “Operación Pelotón Comando”, en Puerto Chiapas, Chiapas, “para elevar el nivel de adiestramiento sobre técnicas y tácticas de unidades tipo comando”.

En el mismo apartado de Seguridad Nacional se destaca el decreto de creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal o “grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea”, publicado el 4 de mayo pasado. En el documento se abunda en que dicho cuerpo castrense “tiene como misión apoyar a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad de la nación”.

A tono con el discurso “antiterrorista” estadunidense, adoptado por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, señala que el Instituto Nacional de Migración, la Sedena , la Semar y la Secretaría de Seguridad Pública refuerzan la vigilancia de las fronteras para combatir el tráfico de armas y personas y el “terrorismo”.

Agrega que se “perfecciona lo que será el Programa para la Frontera Sur ”, el cual tendrá como uno de los objetivos principales garantizar la seguridad para los habitantes y “el turismo extranjero”.

Además, se han firmado con el gobierno de Belice los protocolos para la Coordinación Bilateral de Alerta y Respuesta Temprana (Cobart) “para hacer frente a las amenazas terroristas”.

Por su parte, la Semar “ha participado activamente en el Grupo de Trabajo de Protección Marítima Trilateral EU-Canadá-México, para la adopción de medidas de seguridad, cuyo objetivo principal es estandarizar procedimientos y enfoques para la protección marítima y la respuesta a desastres”.

Además, durante los primeros seis meses de este año el Cisen coordinó “dependencias y organismos” (sin que en el Informe se especifique de qué entidades se trata) para combatir las acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Tampoco señala con precisión en qué consistieron las “acciones disuasivas y correctivas al tráfico de armas, municiones y explosivos” emprendidas ni la “atención” a las “actividades de grupos subversivos en México”.

Para José Luis Piñeyro, maestro en sociología por la Universidad de Roma e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el enfoque de la política de seguridad nacional del gobierno de Calderón sigue siendo “restrictivo y está orientado al control interno”.

El especialista lamenta que se dejen fuera de la seguridad nacional las amenazas a la soberanía, la lucha contra la pobreza y la crisis de agua potable que estallará en los próximos años.

“Tampoco sabemos qué se está haciendo para frenar la deforestación, que supera las 600 mil hectáreas por año. Agua, alimentación y aire no aparecen en la agenda de riesgos del país.”

Piñeyro atribuye la incorporación de la lucha contra el “terrorismo” a la política de seguridad nacional –y el desdén para los temas de soberanía y prevención de desastres naturales– a que “en los últimos años ha habido una creciente conflictividad social y política”.

Agrega que el gobierno de Calderón está más al pendiente de la oposición política, “y de la población en general”, que de la pobreza, la desnutrición, el cambio climático y la falta de empleos.

Por su parte, Adriana González Carrillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República , considera que la incorporación del “terrorismo” a la agenda de seguridad nacional “es consecuencia de la atención que el gobierno de la República está poniendo a una nueva situación nacional e internacional”.

La legisladora, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, rechaza que el gobierno de Felipe Calderón se subordine al de Estados Unidos. “No. Con absoluto respeto a la soberanía de México se están encontrando caminos para enfrentar un problema que perjudica a las sociedades mexicana y estadunidense”.