Entre 1998 y enero de 2008, la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, suscribió 10 contratos y convenios y cuatro modificaciones con Pemex Refinación por más de 100 millones de pesos. Seis de ellos los firmó cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía (Sener) y como coordinador de asesores del entonces titular del ramo, Felipe Calderón Hinojosa.
La firma de los contratos supone conflicto de intereses, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y coalición de servidores públicos, tipificados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal, de acuerdo con juristas. Los especialistas evalúan que, aunque el último contrato que firmó Mouriño data de hace cuatro años, por tratarse de un acto continuo, es decir, que la dependencia y los funcionarios que asignaron los contratos y convenios fueron los mismos y que todos fueron adjudicaciones directas, los supuestos ilícitos en que habría incurrido aún no han prescrito.

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Un análisis realizado por auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para Contralínea, destaca irregularidades de la compañía aun en los contratos que no fueron suscritos de manera directa por Mouriño Terrazo. Explica que, de acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, Ivancar habría incurrido en anomalías, pues el parentesco de sus actuales directivos con el hoy secretario de Gobernación era motivo suficiente para que Pemex se abstuviera de su contratación.
La misma ley prohíbe adjudicaciones en condiciones de parentesco directo de la compañía con funcionarios de cualquier dependencia, y todas las asignaciones de Ivancar están en este esquema. Además, las contrataciones superaron el tope presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las adjudicaciones directas.
Por cada contrato, convenio y las modificaciones a éstos de Ivancar con Pemex, a partir de que Mouriño ingresó como funcionario público, éste debió presentar a su superior inmediato, es decir a Felipe Calderón, una declaración de intereses en conflicto o en su caso una declaración espontánea de incumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y Calderón, a su vez, dar vista a la SFP, la cual no recibió ninguna notificación al respecto.
La responsabilidad por estas supuestas irregularidades alcanzaría a los abogados adscritos a la Oficina del Abogado General de Pemex, César Nava Vázquez, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón, a su sucesor José Néstor García Reza, así como a funcionarios de Pemex Refinación que autorizaron los contratos y quienes habrían incurrido en delito patrimonial al contratar indebidamente obra pública o servicios.
En sus declaraciones patrimoniales ante la SFP, Mouriño omitió los ingresos que obtuvo por estas transacciones comerciales con Pemex. En su primera declaración, hecha en 2003, cuando firmó el más reciente convenio de Ivancar, declaró que tenía ingresos mensuales netos por 5 mil pesos por actividades financieras (las cuales no especificó); que recibía 100 mil pesos al mes por actividades que no aclaró; así como ingresos que superaban el sueldo que percibía como funcionario de la Sener, por 86 mil 75 pesos.
“Se trata de negocios al amparo del poder que desde ese tiempo ha realizado Juan Camilo Mouriño”, considera el coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), que aglutina a legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y del Trabajo (PT), indica que el caso Mouriño “es una continuidad de la forma en que operó el gobierno de Vicente Fox, porque es el mismo giro que operaban los (hermanos) Bribiesca, y es también el apoyo que por debajo del agua le dio Fox a Calderón; por eso el PAN se niega a que se finquen responsabilidades”.
Explica que “los contratos y convenios son contundentes para demostrar que el panismo ha tomado a Pemex como su caja chica, como antes hizo el PRI con la Lotería Nacional”. Reflexiona que “éste es el concepto que tienen quienes ahora buscan la reforma energética: el de una empresa que no debe ser de la nación, sino un área de negocios por ellos controlada”.

Funcionario y contratista

Luego de que Contralínea dio a conocer que como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y como funcionario de la Sener, Juan Camilo Mouriño firmó con Pemex contratos, convenios y modificaciones para la empresa TEISA de la cual es accionista; y luego de que Andrés Manuel López Obrador lo acusara públicamente de traficante de influencias, Mouriño reconoció haber suscrito dichos documentos, uno de ellos cuando ya era subordinado de Calderón Hinojosa.
El 5 de diciembre de 2003, Mouriño Terrazo, a la sazón director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, señaló en su primera declaración patrimonial que ingresó a la dependencia –entonces a cargo de Calderón– el 16 de octubre de ese año.
Dio como domicilio el piso 16 de Insurgentes Sur 890, colonia Del Valle, del Distrito Federal, es decir, la sede de la Sener; con su correo electrónico jcamilmt@energia.gob.mx y con número telefónico 50-00-60-87.
Mouriño firmó como representante y apoderado legal de TEISA el convenio GTT-00142-01/2004, para la prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados de petróleo, por 8 millones 300 mil pesos –que según los juristas implicaría responsabilidad penal–. El convenio le fue entregado en la gestión de Juan Bueno Torio –entonces director de Pemex Refinación– por adjudicación directa, y sin que la empresa demostrara su capacidad técnica ni económica.
En su dualidad como funcionario y contratista del gobierno federal, ante la SFP señalaba como su domicilio la sede de la Sener, mientras que en los documentos mercantiles con Pemex, el de la oficina de la transportista, en avenida Ruiz Cortines 112, torre B, tercer nivel, edificio Torres de Cristal, Colonia San Román, Campeche, Campeche.
Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el pasado 7 de marzo, Mouriño aseguró que aún cuando como funcionario de la Sener firmó uno de los convenios de Ivancar con Pemex, ya no tenía relación con la transportista, pero dicho documento –GTT-00142-01/2004– asienta que Mouriño ofreció como fundamento legal una escritura pública de 1998 en la que él aparece con el 10 por ciento de las acciones.

Acciones en duda

Como lo reveló Contralínea en su edición del pasado 15 de febrero, a seis años de que los padres del hoy secretario de Gobernación, Manuel Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo Blanco, se convirtieran en accionistas de TEISA (junto con otros seis socios), el 13 de agosto de 1991 incluyeron a sus tres hijos: Carlos, María de los Ángeles y Juan Camilo Mouriño Terrazo.
Así, el 25 de febrero de 1997 los cinco accionistas de TEISA crearon el Grupo Energético del Sur (GES), cuyo objeto social, según su acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades”. La primera empresa del corporativo fue precisamente TEISA; luego, en menos de 10 años se harían de otras 47 compañías.
En sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la SFP a partir de 2003, Mouriño asegura que de 1993 a 1994 ocupó el cargo de gerente administrativo de GES y de director de finanzas de 1995 a 1997, cuando fue electo diputado del Congreso de Campeche. Sin embargo, el acta constitutiva indica que GES se creó en 1997.
Entre el 24 de mayo de 1995 y el 28 de abril de 2004, Mouriño Terrazo se desempeñó como apoderado legal de Ivancar. Pero aunque el 26 de enero de 2005, Luis Fernando Coyoc lo sustituyó como representante de la compañía, hasta ahora la compañía no ha presentado ante Pemex el acta modificatoria que indique que el hoy secretario de Gobernación ya no es accionista.
El único movimiento registrado por la contratista ante Pemex fue un acta del 27 de mayo de 1999, en la cual los accionistas de Ivancar, Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles Mouriño Terrazo trasladaron sus acciones de TEISA al corporativo GES. De hecho, la documentación fiscal para el cobro a Pemex son facturas que incluyen tanto a GES como a Ivancar.
La documentación contable expedida a favor de GES –registrada en la escritura pública número 19, del 25 de febrero de 1997, ante el notario público 47 de Campeche, Fernando de Trueba Browm– indica que los accionistas son Manuel Carlos Mouriño Atanes, María de los Ángeles Terrazo Blanco, Carlos Mouriño Terrazo, Juan Camilo Mouriño Terrazo y María de los Ángeles Mouriño Terrazo.

Los contratos de Ivancar

Aunque desde hace más de una década TEISA presta servicios a Pemex, no está registrada –como marca la ley– en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal, el cual administra la SFP a través del sistema Compranet. Inexplicablemente, el portal de compras del gobierno federal no da cuenta de los contratos ni de los montos otorgados a Ivancar.
En octubre de 1997, Juan Camilo Mouriño fue electo como diputado del Congreso de Campeche por el PAN. Tres meses después, Ivancar recibió de Pemex Refinación un convenio para transporte de hidrocarburos, vigente del 1 de febrero al 31 de diciembre de 1998, por asignación directa del entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willars Andrade y del subdirector comercial Emilio Aguado Calvet.
Willars, amigo del entonces presidente Ernesto Zedillo, está prófugo de la justicia desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por un supuesto fraude de 140 millones de dólares en agravio de Pemex Petroquímica, que involucra también a las empresas Proesa y Oximex, ambas de Alfredo Miguel, también fugitivo.
El 15 de diciembre de 1999, el diputado Juan Camilo ayudó a su padre a coordinar la campaña de Vicente Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Fue entonces cuando Pemex Refinación adjudicó a Ivancar el convenio GTT-0142-01/2000 por 3 millones 701 mil pesos, vigente durante 2000. El documento, de seis fojas, fue firmado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, encargada del despacho de la Gerencia de Transporte Terrestre y por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex –quien ayudara a Jaime Mario Willars a fraguar el supuesto fraude en agravio de la paraestatal– y por Manuel Carlos Mouriño Atanes.

Legislador y contratista

Si bien desde hacía algunos años Ivancar era prestadora de servicios de Pemex, fue precisamente a partir de que Juan Camilo Mouriño, el 9 de septiembre de 2000, se convirtió en presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando operó como contratista de la paraestatal. Y fue entonces también cuando los convenios de Ivancar que él firmaba se duplicaron y triplicaron. Después vino un contrato transexenal.
Así, el 14 de noviembre de 2000, Ivancar recibió los convenios GTT-0142-02/2000, por 630 mil 351.16 pesos, para el periodo del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2000, y el 4 de diciembre, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, para el periodo del 4 al 31 de diciembre del mismo año, ambos por asignación directa.
El primer convenio que de manera directa firmó Juan Camilo Mouriño para Ivancar fue el GTT-0142-01/2001, el 20 de diciembre de 2000. El monto se duplicó en 6 millones 856 mil 722.82 pesos, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
El 28 de agosto de 2001, Mouriño firmó el convenio GTT-0142-02/2001, por 2 millones 100 mil pesos para el periodo de agosto a diciembre.
Cuatro meses después, el 20 de diciembre de 2001, Juan Camilo firmó el convenio GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El 20 de diciembre de 2002, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2003, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Dos meses antes de que este convenio concluyera, Pemex Refinación otorgó a Ivancar la operación de nuevas rutas de transporte de hidrocarburos: Irapuato-Guadalajara, Rosarito-Mexicali, Madero-San Luis Potosí, Gómez Palacio-Parral, dentro del proyecto piloto que impulsó Juan Bueno Torio, y que fue calificado como irregular por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Contralínea 97) y denunciado ante la SFP y la Procuraduría General de la República por diputados de oposición. El 1 de septiembre Juan Camilo Mouriño firmó el convenio modificatorio número GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre de 2003, Mouriño firmó el convenio GTT-00142-01/2004, por el que, según juristas consultados, habría incurrido en delitos penales, merced a que ya era director general en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Sener.

Beneficios transexenales

El 1 de octubre de 2004 se autorizó a Ivancar un monto adicional de 1 millón 660 mil pesos por el último convenio que firmara Mouriño, formalizado en el documento GTT-00142-01-M/2004, suscrito por Luis Fernando Coyoc como apoderado de la transportista. En diciembre de ese año se le asignó el convenio GTT-00142-01/2005 por 9 millones 530 mil pesos, para el periodo de enero a diciembre de 2005.
A la salida de Juan Camilo Mouriño de la Sener para incorporarse a la campaña de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, Ivancar recibió de Pemex un contrato transexenal, actualmente en vigor.
El 26 de enero de 2005, el Consejo de Administración de Pemex Refinación, presidido por Juan Bueno Torio, acordó asignar contratos multianuales a transportistas miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).
El oficio DG 69/2005, remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, contiene el listado de transportistas a los que les darían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, y cuyo monto fue de 10 mil 114 millones de pesos.
La lista de los beneficiados fue remitida por la Canacar a Pedro Carlos Gómez Flores, exfuncionario de Pemex, quien actualmente enfrenta denuncias penales y administrativas por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos para transportación de hidrocarburos vía marítima y terrestre.
Resultaron beneficiadas Ivancar y las empresas de la familia de Juan Bueno Torio: Autotanques de México; Fletera Continental de Líquidos (propiedad de Luis Ortiz Ríos, hermano de Juan José, cuñado de Juan Bueno); Transportadora y Distribuidora Isabel (propiedad de Emilio Bueno Lázaro), y Autotransportes Flensa, de la que Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox, es accionista.
El 1 de junio de 2005, cuando Mouriño se desempeñaba como vicecoordinador de campaña de Felipe Calderón, Ivancar obtuvo, por primera vez, un contrato transexenal GTT-00142-CM/2205-2208 por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, firmado por José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Convenios y Contratos, y sellado con el nombre de Silvia Oropeza Querejeta, subgerente Jurídico de Contratos. Éste ha presentado irregularidades fiscales como duplicación del monto autorizado como tope presupuestal.
A unos días de que Felipe Calderón nombrara a Mouriño Terrazo como secretario de Gobernación, Pemex Refinación otorgó un incremento a Ivancar de 7 millones 929 mil 295 pesos por dicho contrato transexenal, avalado por Silvia Oropeza Querejeta, gerente Jurídico de Convenios y Contratos, según el convenio modificatorio GTT-00142-CM-M/2005-2008 que se especifica en un legajo de tres fojas, firmado el 7 de enero de 2008 por Oswaldo Machado Martínez, apoderado de la subsidiaria, y Luis Fernando Coyoc Ramírez, por la transportista.
Para justificar el incremento presupuestal dijeron que “durante 2006, en atención a los requerimientos operativos derivados principalmente de la problemática presentada en el transporte marítimo (malos tiempos y falta de capacidad instalada por declararse desiertas diversas licitaciones), aumentó significativamente la utilización de transporte terrestre”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 2a quincena Marzo de 2008

Ana Lilia Pérez

Patrimonio oculto

A medida que Juan Camilo Mouriño ha ascendido en sus cargos públicos –siempre de la mano de Felipe Calderón– ha ocultado los bienes que en los últimos cinco años ha acumulado, según se revela en siete declaraciones patrimoniales entregadas entre 2003 y 2008 a la Secretaría de la Función Pública.
En la primera de ellas, del 25 de junio de 2003, declaró ingresos mensuales por 85 mil 75 pesos como funcionario público; por “actividad financiera” 5 mil pesos, y otros no especificados por 100 mil pesos. Una casa de 300 metros cuadrados construida en un terreno de 825 metros cuadrados, adquirida de contado en 1997, con valor de 350 mil pesos. Una casa de 711 metros cuadrados, construida en un terreno de 1 mil 627 metros cuadrados, con valor de 2 millones 124 mil 35 pesos, adquirida por “donación” el 30 de noviembre de 2003.
Igual, una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos. Muebles por un valor de 170 mil pesos, recibidos como obsequio el 8 de mayo de 1999, y otros por valor de 30 mil pesos, adquiridos en junio de 2000. Joyas y obras de arte por 220 mil pesos recibidos como regalos, y otras por 40 mil pesos adquiridas en diciembre de 2002. El menaje de casa estimado en 80 mil pesos.
Para el 21 de mayo de 2004, Mouriño declaró ingresos salariales por 86 mil 37 pesos; por actividad financiera 5 mil pesos. Sus casas ya valían 484 mil pesos una y 2 millones 579 mil 80 pesos, respectivamente. El 16 de diciembre de 2003 adquirió una camioneta BMW X5 modelo 2004, con valor de 655 mil 856 pesos. Sus muebles valían 560 mil pesos; sus joyas y obras de arte 340 mil pesos, además de inversiones bancarias en pesos y en euros, cuyos montos no especificó.
Pese a que se ha manifestado como un promotor y ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, Mouriño no ha sido consecuente con estos propósitos, pues el 26 de mayo de 2003 modificó su declaración. Reportó por actividad industrial y comercial 400 mil pesos anuales, y gastos de manutención por 750 mil pesos.
En noviembre de 2006, presentó una declaración como coordinador general del Fideicomiso para apoyar el cambio de la administración del Ejecutivo Federal, y para evitar que alguien conociera sus ingresos blindó el sueldo que recibía, así como todos sus bienes muebles e inmuebles; lo mismo ocurrió en su declaración como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, cargo que ocupó en diciembre de ese mismo año. (ALP)