¿Logrará Estados Unidos empujar al Hezbollah a un error?

La sede de Futur TV (la televisión privada de la familia Hariri) fue saqueada por los manifestantes.
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En sólo tres días (7, 8 y 9 de mayo de 2008), se produjo una redistribución total de las cartas en el Líbano. Según la propaganda de la OTAN que tanto nos remachan las agencias de prensa occidentales, el Hezbollah organizó un golpe de Estado y tomó el control de Beirut Oeste. El problema es que dicha versión se desmorona en un segundo si se analizan con cuidado las informaciones que transmiten esas mismas agencias de prensa.

En primer lugar, el Hezbollah libró breves combates contra algunos intereses de la familia Hariri en Beirut Oeste pero se retiró inmediatamente, dejándole el control de la zona al ejército libanés. Por consiguiente, el Hezbollah no tomó el control de la ciudad. En segundo lugar, un «golpe de Estado» es una toma sorpresiva del poder y el Hezbollah no trató de apoderarse del palacio de gobierno ni de liquidar al equipo gubernamental. Por el contrario, el Hezbollah, al igual que todas las demás fuerzas de la Alianza Nacional, sigue ignorando al gobierno de facto, al que no considera legítimo por no tener base constitucional.

4 años de crisis, con 18 meses de estancamiento

Los hechos de estos tres últimos días son un episodio más del culebrón que comenzó desde que el Congreso de Estados Unidos votó la Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restauration Act, el 15 de octubre de 2003. Dicha ley, que se adoptó aprovechando la coyuntura que favoreció la invasión contra Irak, otorgaba carta blanca al presidente Bush para desencadenar una nueva guerra contra el Líbano y Siria cuando le pareciera conveniente.

En mi libro L’Effroyable imposture 2 y en el sitio Voltairenet.org, describí en su momento los sucesivos planes que elaboró Washington para lograr sus fines y los numerosos episodios políticos y militares de dicho proyecto: el asesinato del ex premier ministro Rafik Hariri en momentos en que se estaba aproximando al Hezbollah, la campaña mediática de mentiras tendiente a responsabilizar a Siria con dicho crimen, las elecciones legislativas fraudulentas, la retirada del ejército sirio del Líbano, la decisión del Pentágono de utilizar al ejército israelí como subcontratista encargado de la guerra, el ataque israelí y la destrucción del sur del Líbano, la victoria militar del Hezbollah, y finalmente el ilegal mantenimiento del gobierno de Siniora en el poder y el estancamiento de la elección del presidente de la República.

Recapitulemos por un momento los episodios anteriores. El 11 de noviembre de 2006, la renuncia de cinco ministros provoca la caída del gobierno en virtud del artículo 95A de la Constitución libanesa. Pero el primer ministro Fouad Siniora decide mantenerse en el poder. La «comunidad internacional» otorga su aval a este putsch viendo en él la única manera de cerrarle el paso a la coalición enbabezada el Hezbollah. Se trata, efectivamente, de una cuestión vital para el imperio anglosajón: un gobierno dirigido por el Hezbollah daría la señal para el comienzo de una serie de revoluciones en el mundo árabe y significaría inevitablemente el fin, no del Estado de Israel sino del régimen sionista que ejerce el poder en Tel Aviv.

Aunque es la única formación que pudiera ejercer el poder de forma legítima dada su victoriosa resistencia ante la invasión israelí y el masivo apoyo popular con el que cuenta, la Alianza Nacional –encabezada por el Hezbollah y la Corriente Patriótica Libre– se abstiene de marchar sobre el palacio de gobierno. En vez de ello, Hassan Nasrallah y Michel Aoun se esmeran en demostrar que pondrán la unidad del Líbano por delante de los intereses partidistas, aunque son mayoría. Esta moderación extrema se explica por el temor a una nueva intervención militar directa o indirecta de Estados Unidos, que no dejaría de utilizar para ello a ciertos partidos políticos minoritarios.

La situación política se ha reflejado en la geografía de Beirut. La familia Hariri instaló dos grandes carpas en la Plaza de los Mártires en el momento de la «revolución del cedro» (efímera versión local de las «revoluciones naranjas» orquestadas por la CIA). La Alianza Nacional estableció por su parte todo un gran campamento que cubre todo el centro de la ciudad y que ofrece una demostración visual de la correlación de fuerzas. El resultado fue que los golpistas [del gobierno de Siniora] se refugiaron en el palacio de gobierno, convertido en una fortaleza rodeada de obstáculos de concreto, de alambradas y blindados.

Esta situación se ha prolongado durante 18 meses, en los que ninguno de los bandos ha perdido el tiempo.
El gobierno de facto, que –contrariamente a lo que afirma la prensa anglosajona– no cuenta con el apoyo de Occidente sino con el de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, se dotó de un aparato de seguridad. Conformó una policía especial pagándole salarios a los milicianos de las Fuerzas Libanesas (partido de extrema derecha del criminal de guerra Samir Geagea) y los manda a entrenarse en Jordania con instructores estadounidenses. Además, la familia Hariri creó varias empresas de seguridad, que en realidad son milicias privadas.

La Alianza Nacional reaprovisionó el arsenal de la resistencia con la ayuda oficial de Irán y la no oficial de Siria, como señala la prensa europea, así como con el discreto y continuo apoyo de dos miembros del Consejo de Seguridad: Rusia y China. El Hezbollah envió jóvenes voluntarios a entrenarse en Irán, con los Guardianes de la Revolución, y construyó una vasta red de líneas de defensa en el sur del Líbano.

Simultáneamente, el Hezbollah ayudó a los demás miembros de la Alianza Nacional a militarizarse y a establecer la coordinación necesaria para garantizar en común la resistencia ante la agresión extranjera. El grupo que dispone de los combatientes más aguerridos, después del Hezbollah, es actualmente el Partido Social Nacionalista Pansirio (PSNS) de Ali Qanso. La prensa occidental finge ignorar la existencia de ese partido que, al definirse como laico, no encaja en el análisis confesional que tanto agrada al pensamiento colonial.

El mandato del presidente de la República, Emile Lahoud (cercano a la Alianza Nacional), llegó a su fin el 23 de noviembre de 2007. Negándose a adoptar la misma actitud de aferrarse al poder que observa el primer ministro Fouad Siniora, Emile Lahoud dejó sus funciones en el momento previsto y respetó el procedimiento democrático.

La elección de su sucesor por parte del Parlamento debe hacerse por mayoría calificada, y por tanto, un acuerdo entre los dos bandos. En realidad, al gobierno de facto no le interesa eso porque la función del presidente es esencialmente honorífica. La única preocupación del gobierno es mantenerse indefinidamente en el poder. La Alianza Nacional, por su parte, enfoca esa elección en el marco de un equilibrio global que comprende un acuerdo sobre la representatividad del próximo gobierno y la delimitación de las circunscripciones legislativas.

En Washington piensan que, debido al poco apoyo popular del gobierno de facto, toda evolución política irá en detrimento de este. Así que Estados Unidos ha incitado a sus repetidores locales a congelar la situación. El estancamiento se ha extendido a todos los órganos constitucionales. En este momento el país se encuentra sin gobierno legítimo, sin tribunal constitucional, sin presidente y sin asamblea legislativa (ya que el único mandato que actualmente tiene el parlamento es para proceder a la elección del presidente).
Las instituciones administrativas ya no pueden funcionar. La crisis política dio lugar a una crisis económica.

La miseria va en aumento. La gente sólo logra sobrevivir gracias a la ayuda de los familiares expatriados o con los subsidios de los partidos políticos. En ese contexto, las obras sociales del Hezbollah han venido a llenar el espacio que el debilitamiento del Estado ha ido dejando vacío.

Tres días de combates esporádicos

Esa situación hubiera podido mantenerse durante mucho tiempo más, a pesar de los sufrimientos que implica para la población. Pero la victoria del Hezbollah sobre Israel sigue teniendo efectos en el mundo árabe. Una nueva generación de miembros palestinos de la resistencia, como el Ejército iraquí del Mahdi, se inspiran en su ejemplo. Así que Washington ha planificado algo para ponerle fin.

Como dije en Al-Manar el pasado 18 de abril, el objetivo principal no es aplastar al Hezbollah (lo cual exigiría una guerra de mayor envergadura que la de 2006), sino desacreditar a ese movimiento llevándolo a volver sus armas contra otros árabes. Para ello, Washington ha previsto cínicamente sacrificar a sus principales aliados políticos en el Líbano.
Para garantizar que esa operación no degenere en una guerra regional, la CIA eliminó previamente a los dos jefes militares de la Corriente Patriótica Libre y del Hezbollah: Francois el-Hajj (asesinado en Beirut el 12 de diciembre de 2007) e Imad Mugniyeh (asesinado en Damasco el 12 de febrero de 2008).

Veamos los detalles de la operación: en la noche del 25 al 26 de abril de 2008, comandos estadounidenses llegarían al aeropuerto de Beirut y tratarían de eliminar a Hassan Nasrallah. Lo lograran o no, lo importante era que su breve acción sumiera la capital en el caos y llevara a los militantes del Hezbollah a atacar al gobierno de facto y a la familia Hariri. Mientras más sangre corriera más se justificaría una intervención de la OTAN.

El almirante Ruggiero di Biase, comandante de la FINUL marítima (la fuerza de las Naciones Unidas), cambiaría de pronto las banderas de los navíos italianos, franceses y españoles de la Euromarfor y sus hombres desembarcarían en el puerto de Beirut por orden de la alianza atlántica, supuestamente para socorrer a los sobrevivientes del equipo gubernamental. Todo ello iría acompañado de una intensa propaganda sobre la violencia de los chiítas contra los sunnitas y haría perder al Hezbollah el prestigio que mantiene entre las mases árabes. George W. Bush llegaría entonces a Tel Aviv para festejar los 60 años de Israel e invitar a los «Estados árabe moderados» sunnitas a unirse al Estado judío ante el peligro chiíta.

Washington tenía previsto dejar que sus aliados políticos en el Líbano fuesen masacrados y conservar únicamente a sus agentes operativos. Eso significa, sacrificar al primer ministro de facto (Fouad Siniora) y al jefe de la familia Hariri (Saad), conservando nada más que a los hombres-orquesta de la CIA: el líder druso Walid Jumblatt (vicepresidente de la Internacional Socialista) y su brazo derecho, el extremadamente voluble Marwan Hamade (ministro de Telecomunicaciones en el gobierno de facto).

Es en ese contexto que el Hezbollah arrestó, el 26 de abril, al representante del Partido Socialista francés ante la Internacional Socialista en el barrio sur de Beirut. El franco-afgano Karim Paksad estaba tomando fotos justo al lado del lugar donde se encuentra el bunker de Hassan Nasrallah. Según el Hezbollah, que sospechaba que Paksad era un espía implicado en el apoyo logístico a la operación estadounidense tendiente a asesinar a Nasrallah, el hombre era portador de un equipo que permite interceptar comunicaciones telefónicas.

Como la operación comando fue anulada al descubrirse que el Hezbollah había instalado cámaras de vigilancia en el aeropuerto, Walid Joumblatt invirtió la situación acusando a Hassan Nasrallah de haber preparado una operación militar para destruir un avión en la pista 17 del aeropuerto (la que actualmente utilizan las personalidades gubernamentales). Esto no era totalmente falso, pero el objetivo eran los comandos estadounidenses, no los miembros del gobierno de facto. Creyéndose blanco de la acción, el primer ministro de facto destituyó al comandante de la seguridad del aeropuerto y anunció que iba a desmantelar la red de comunicaciones del Hezbollah, herramienta indispensable para la resistencia.

Simultáneamente, los sindicatos llamaron a una huelga general, el miércoles 7 de mayo. en demanda de un aumento del sueldo mínimo. A ellos se unieron los partidos de la Alianza Nacional, que confirieron un carácter político a la huelga al reclamar la partida de los golpistas.
No se sabe cómo fue que se produjeron enfrentamientos armados entre miembros de Amal (el partido del presidente chiíta de la Asamblea Nacional) y de la Corriente del Futuro (el partido de la familia sunnita de Hariri).

Los incidentes se extendieron por la capital, durante los días 8 y 9 de mayo, después de la conferencia de prensa de Hassan Nasrallah. El ejército se retiró de los barrios del oeste de Beirut, que fueron tomados por militantes de la Alianza Nacional. Estos destruyeron las oficinas de los medios de prensa pertenecientes a la familia Hariri, sin que sus empresas de seguridad trataran de defenderlas, y llamaron después al ejército para que retomara el control de la seguridad pública. Útil precaución ya que, en virtud de la resolución 1701, la FINUL solamente puede intervenir a pedido del ejército libanés (o sea únicamente si el ejército se encuentra en dificultades).

Los enfrentamientos dejaron 18 muertos y numerosos heridos. No se trataba de un combate propiamente dicho, sino más bien de una especia de Intifada popular controlada por el Hezbollah.
Durante esa acción, los sindicatos cerraron el aeropuerto y el puerto para impedir un posible desembarco de fuerzas de la OTAN.
El balance de esos tres días no es ni enteramente favorable ni enteramente negativo para ninguna de las partes. Por un lado, el Hezbollah no cayó en la trampa que le habían tendido, pero metió el dedo en la maquinaria. Del otro lado, la Corriente del Futuro (familia de Hariri) se vio como lo que realmente es: un cascarón vacío.

El sábado 10 de mayo, el primer ministro de facto, Fouad Siniora, se dirigió a la nación. Conforme a lo previsto, afirmó con el mayor aplomo que siempre había apoyado la acción del Hezbollah contra el enemigo israelí (cosa que nadie recuerda), pero que no podía aceptar que ese movimiento utilice las armas de la resistencia en contra de otros libaneses. Declaró que ya no reconoce en Nabih Berri, el presidente chiíta de la Asamblea Nacional, la neutralidad necesaria para poder hacer de mediador. Y al ejército le reprochó lo contrario, criticándolo por no haber intervenido, lo cual pone fin al carácter consensual de la candidatura del jefe del Estado Mayor, Michel Sleimane. Para terminar, después de cerrar así todas las puertas, llamó a sus conciudadanos a manifestar en silencio su rechazo a la violencia el domingo a las 10 de la mañana, en todas las calles del país. Se trata, evidentemente, de una especie de contrahuelga general tendiente a crear las condiciones para reactivar los enfrentamientos y justificar la internacionalización de la crisis.

Inesperadamente, el ejército respondió inmediatamente al primer ministro de facto con una negativa a destituir al comandante de la seguridad del aeropuerto y expresando su oposición al desmantelamiento de la red de comunicaciones del Hezbollah, considerada como un arma indispensable para la defensa nacional.

Próximamente, Washington tratará de presionar al ejército para salga de su neutralidad y pida ayuda a la FINUL contra el Hezbollah. Para lograrlo se necesitará probablemente la eliminación física de ciertos oficiales recalcitrantes. Por su parte, la Alianza Nacional tratará de ahondar su ventaja sin dejarse absorber por la maquinaria.

Para ello debería hacer una pausa que le permita remodelar un escenario político en el que la familia Hariri será la gran perdedora. Michel Aoun tendría que esforzarse para realzar la actuación del componente cristiano para invalidar la retórica del enfrentamiento entre chiítas y sunnitas, desarmando así la trampa estadounidense.

El 19 de mayo se desarrollará la 19ª sesión del parlamento con vista a la elección del presidente de la República. Más que nunca, resultará imposible la obtención de una mayoría calificada.