Desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, se ha denunciado la detención y desaparición forzada de al menos 23 integrantes de organizaciones sociales y políticas. Entre ellos están cuatro indígenas que desaparecieron en las vísperas del cambio de gobierno federal. La lista, integrada por centros de defensa de derechos humanos, no incluye los sucesos en los que no se presume un móvil político. En total, los casos de desaparecidos y levantados en lo que va del sexenio superarían los 300.
Considerada como un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada de personas se ha mantenido vigente como mecanismo para “dirimir” conflictos políticos durante las dos administraciones panistas, denuncian directores de centros de derechos humanos y especialistas.

Advierten que el recrudecimiento de esta práctica coincide con el despliegue de efectivos militares en las ciudades de los estados de la república y en las paupérrimas comunidades indígenas y campesinas. El supuesto combate al tráfico de drogas sería un ardid para militarizar el país. El objetivo real, señalan, sería la desarticulación de movimientos sociales.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentan la desaparición de 23 personas desde las vísperas del 1 de diciembre de 2006 hasta la fecha: más de un individuo cada mes.

La Afadem –que mantiene estatus consultivo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y es integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)– señala, sin embargo, que la cifra verdadera asciende a más de 100 personas, de las cuales la organización aún no acredita que su desaparición se deba a motivos políticos. Otros 200 casos estarían relacionados con las supuestas disputas de los cárteles del narcotráfico.

—Están ocurriendo muchos casos de desaparición que se hacen pasar por levantones del narcotráfico. Por ello debemos ser cuidadosos. Ahorita se trata de una lista preliminar –dice el secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata Montiel.

El también vocal de la Fedefam agrega que “decenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como levantones, para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentes”.

El defensor de derechos humanos reconoce que el número de desaparecidos políticos por sexenio “descendió de manera importante”, luego del fin del régimen priista.

—Nunca dejaron de suscitarse estos actos, pero se hicieron más selectivos con la llegada del PAN (Partido Acción Nacional) al poder. Sin embargo, ahora con el calderonismo se recrudece de nuevo esta situación.

Otras organizaciones –entre ellas el Ejército Popular Revolucionario (EPR)– han señalado la detención-desaparición de más de 30 personas en lo que va del gobierno de Felipe Calderón sin proporcionar más datos. La Afadem, la Limeddh y el Frayba ponen nombre, apellido y lugar de detención-desaparición a 23.

La Afadem –integrante junto con 100 grupos más del Frente Nacional Contra la Represión– no descalifica el conteo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. “No nos cabe duda que hay más de 30 casos de desaparición forzada en México; pero nosotros aún no podemos documentar todos los casos”.

Desaparecidos del calderonismo

Se trata de 16 hombres y tres mujeres secuestrados aparentemente por motivos políticos desde el 1 de diciembre de 2006. A ellos se les suman cuatro hombres más que desaparecieron a 15 de días de que Felipe Calderón protestara como presidente de México.

En los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).

Jorge Gabriel Cerón, arquitecto, fue detenido-desaparecido el 14 de abril de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. Es integrante de las organizaciones civiles Voces y Rostros y Taller de Desarrollo Comunitario. Según testigos de la detención, fue llevado por policías ministeriales del estado.

Baltasar López Pita fue detenido-desaparecido el 9 de mayo en Paso del Limonero, en Acapulco, Guerrero. Hasta el momento de su detención, era un pequeño comerciante de tortilla y masa. Testigos aseguran que quienes se lo llevaron vestían uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El primero era secretario general de la sección 49 de dicha organización. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más: la esposa de David, dos hermanos de ella y otros tres obreros, de quienes no se proporcionaron los nombres. De acuerdo con testimonios recabados por el Frente Nacional Contra la Represión, todos habrían sido detenidos por militares y trasladados al campo militar número 1.

El EPR los ha deslindado de su organización, pero reclama su presentación.

Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez –integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario del EPR y supuestamente directivos de la misma organización– fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007. El movimiento armado ha señalado al Ejército Mexicano y a la policía ministerial de Oaxaca como los autores de la detención.

Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero y del Frente Nacional Contra la Represión, desapareció el 26 de septiembre de 2007. El exintegrante del extinguido Movimiento de Acción Revolucionaria había participado tres días antes en una conmemoración del asalto al cuartel de Madera, en Chihuahua. Hasta el momento no se cuenta con testigos de su detención. Tiene 58 años de edad.

Rafael Bautista Ramírez fue visto por última vez el 25 de mayo de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. El EPR ha demandado su presentación, como la de otras nueve personas, pero ha sido tajante en deslindarlas de su organización.
Virginia y Daniela Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007. Virginia, de 20 años, se desempeñaba como profesora de educación primaria bilingüe. Su hermana, de 14, era estudiante de secundaria. Son originarias de la comunidad El Rastrojo Copala, Juxtlahuaca, en la región Mixteca de Oaxaca. Pertenecen al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).

Lauro Juárez, indígena chatino de 50 años, integrante de la Unión de Campesinos Pobres-Frente Popular Revolucionario (UCP-FPR) desapareció el 30 de enero de 2007. El 5 de marzo pasado se encontró una osamenta que, a decir de las autoridades, sería de Lauro. Los estudios no han concluido.
Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste desaparecieron el 10 de mayo de 2007 en Monterrey, Nuevo León. López Candanosa cubría, entre otras fuentes, la policiaca. Elizabeth Tiscareño, directora de información del canal, dijo a la organización Reporteros sin Fronteras que el periodista cubrió “durante seis meses la presencia del Ejército a causa de la violencia constatada en la región”.

Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, un grupo de supuestos paramilitares de la comunidad Nueva Palestina ingresó a la comunidad Viejo Velasco, perteneciente al municipio chiapaneco de Ocosingo. Luego de la incursión, no se supo más del paradero de cuatro indígenas: Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo. Los habitantes de Viejo Velasco se declaran simpatizantes del zapatismo.

La Afadem ha documentado 1 mil 290 desapariciones forzadas de personas, sucedidas entre 1967 y 2008. El mayor número de casos ocurrió en 1974, año en que se fundó la organización, en plena guerra sucia del Estado mexicano contra los movimientos armados.

Mata Montiel considera que la causa del secuestro ilegal de personas por parte del Estado es la misma en 2008 que durante la década de 1970: “Intentar apaciguar, retener o contener a los movimientos sociales. Pero no sólo se valen de la desaparición forzada: también de la ejecución extrajudicial y la tortura”.

Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, explica que, a diferencia de los secuestros y levantones, las desapariciones son realizadas por cualquier grupo del Estado.

—Se trata de policías estatales, federales, el Ejército y grupos paramilitares. Estos últimos también están ligados al Estado porque cobran en él y están entrenados por el Ejército. Y se realiza contra integrantes de organizaciones políticas, sociales, de defensa de derechos humanos. Busca desarticular a toda la agrupación. Se vale del terror para desaparecer una actividad política en un lugar determinado.

Lamenta que a cualquier secuestro se le llame levantón, porque con ello se pretende descalificar una posible desaparición forzada, haciéndola pasar como un “ajuste de cuentas entre delincuentes”. Agrega que la militarización del país incrementa las posibilidades de violación a los derechos humanos y, por tanto, las desapariciones.

Consecuencias de la militarización

El saldo de la “saturación militar” en las comunidades indígenas y campesinas que presentan casos de desaparición forzada es el deterioro del tejido social, explica Jorge Luis Sierra.

—Las fuerzas armadas están ahí para controlar la población y pueden hacer muy poco para superar los problemas añejos de injusticia y de malestar social y económico.

El autor de El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México explica que el Ejército se apoya en “fuerzas” de las propias comunidades a las que llega. “Y les deposita una función de control social. Como resultado tenemos el uso indebido, indiscriminado e impune de la violencia, como ha sido el caso de los paramilitares en Chiapas”.
Para Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, las desapariciones forzadas en México se siguen cometiendo “porque no pasa nada: no hay un solo enjuiciado por ese delito. Los criminales siguen libres, siguen en diferentes puestos del gobierno mexicano. La misma política se mantiene contra líderes sociales y contra gente que ha estado vinculada a los movimientos armados. Esto ocurre en los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de junio de 2008

Zósimo Camacho

Combate al narcotráfico, la coartada

El incremento del número de casos de desaparición de activistas coincide con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República y el despliegue de efectivos militares en una supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga.
El incremento del número de casos de desaparición de activistas coincide con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República y el despliegue de efectivos militares en una supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga.
Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas, rechaza que los operativos militares incidan en el tráfico de estupefacientes por el territorio mexicano.

—El flujo general de drogas persiste con las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado. Sigue siendo del 10 por ciento del total de la cantidad de droga que se estima pasa por México rumbo a Estados Unidos.

El especialista en política y economía de la defensa, por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, sentencia que, a pesar de los despliegues militares y la campaña mediática de lucha contra el tráfico de drogas, “no hay ningún golpe al narcotráfico”.

Sin embargo, lo que sí está ocurriendo –agrega quien también ha sido consultor de The Washington Office in Latin America– es “una saturación de efectivos militares para el control poblacional; lo que observamos es un uso excesivo de las fuerzas armadas donde el gobierno percibe que hay una situación social que escapa a su control. Esto está ocurriendo principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y es que el Ejército (Mexicano) sí está combatiendo también a la guerrilla”.

José Luis Piñeyro –especialista en seguridad nacional e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco– señala el riesgo de mantener los operativos militares: “Exponer a la población civil a más violaciones a los derechos humanos y entrar a una espiral de violencia que no llevaría a ningún lado”.

El maestro en sociología no tiene duda de que las fuerzas armadas estén combatiendo también a la guerrilla, “aunque no haya noticias de que esté sucediendo; a diferencia de los encuentros de efectivos militares con sicarios del narcotráfico, que son muy publicitados, no hay noticias de lo que se hace contra los comandos guerrilleros”.

Guillermo Garduño, especialista en fuerzas armadas y autor de El Ejército Mexicano. Organización y estrategia, advierte que sería una “torpeza” el uso de militares para combatir por igual a grupos del narcotráfico, guerrilleros y movimientos sociales.

—Cuando todo se coloca en la misma canasta y se quiere atacar a todos, se mete al Estado en un problema enorme. Quien ordenara eso, sólo lograría mostrar su cortedad de miras.

El investigador de la UAM, Iztapalapa, agrega que “un grupo guerrillero cuenta con dos elementos importantes a su favor: posee una ideología, criticable o no, pero tiene un planteamiento de una promesa social; y el otro elemento es que tiene el apoyo de población, hay un grupo de civiles que lo ayuda y le permite reproducirse. Por eso no se puede combatir de la misma manera a narcotraficantes y guerrilleros. Incluso la estrategia cambia de una guerrilla a otra”.

Acerca de la posibilidad de que los militares violen derechos humanos en su supuesto combate al narcotráfico, no tiene duda:
—Guerra y derechos humanos no son compatibles. Cuando se está en una guerra, lo primero que se hace es una suspensión de garantías. ¿Dónde se encuentra una guerra legal? La guerra implica la ruptura del marco de la legalidad. No hay más reglas que la violencia. (ZC)

Con desapariciones, el gobierno busca evitar estallido social

Las desapariciones forzadas son consecuencia de la ilegalidad e ilegitimidad en que se encuentra el gobierno federal, considera el historiador, economista y sociólogo Carlos Antonio Aguirre Rojas.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctorado en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París señala que al gobierno de Felipe Calderón no se le puede pedir que actúe en la legalidad.
“La actual administración es producto de un fraude monumental. Calderón está en una situación de ilegitimidad política de origen: no cuenta con el respaldo de la gente. Tuvo que apostar todo a tratar de reproducir su gobierno basado en la fuerza. No puede gobernar si no tiene el apoyo del Ejército y las policías.”
—¿Pero podría legitimarse en el ejercicio de gobierno, cumpliendo la ley y castigando a los autores de las desapariciones forzadas?
—No, porque eso implicaría modificar el proyecto económico del grupo que representa. Si Calderón respetara las leyes y escuchara a la población empezaría a entregar malas cuentas a quienes lo llevaron al poder. Y como ejemplo podemos citar que está dispuesto a imponer la reforma energética al precio que sea y a pesar de la oposición popular que esto pueda suscitar.
Dice que los abusos del Ejército Mexicano contra la población son consecuencia del papel preponderante que han adquirido las fuerzas armadas en la gobernabilidad del país.
“Si le concedes al Ejército un mayor espacio y le demuestras que sin él no puedes gobernar, entonces reproducirá más ampliamente su lógica autoritaria y represiva para la solución de conflictos. Y le abres espacio para mayor impunidad ante sus actos.”
El autor de, entre otros libros, Mandar obedeciendo. Lecciones políticas del neozapatismo mexicano y director de la revista Contrahistorias señala que los casos de desapariciones forzadas se incrementan porque “México está en la víspera de un estallido social de grandes proporciones. La Otra Campaña tiene razón, como historiador puedo señalar que las contradicciones irreconciliables se están reeditando como lo hicieron en años previos a 1810 y 1910”. (ZC)

El diálogo con el EPR, responsabilidad del gobierno: López y Rivas

El tema de las desapariciones forzadas debe ser uno de los principales en el México actual, considera el antropólogo Gilberto López y Rivas.
El investigador –integrante de la comisión mediadora que propuso el EPR para entablar un diálogo con el gobierno federal por la presentación de los desaparecidos– considera que la sociedad mexicana no puede permitir que continúe la guerra sucia.
“El consenso de todos los integrantes de esta comisión (en la que participan el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz; el escritor Carlos Montemayor; el abogado Juan de Dios Hernández Monge, del Colectivo de Abogados Zapatistas; el exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Enrique González Ruiz; la senadora Rosario Ibarra de Piedra, del Comité Eureka y del Frente Nacional Contra la Represión, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa) es que no puede permitirse la desaparición forzada como mecanismo político, venga de cualquiera de las instituciones del Estado, ya sea del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, policías.”
López y Rivas agrega que en un régimen democrático nada justifica la desaparición forzada de personas: “Ese trato no lo merece ni la izquierda institucional, ni la revolucionaria, ni nadie”.
Acerca de las gestiones para iniciar un diálogo con el gobierno federal por la presentación de los integrantes del EPR, señala que “falta ver qué tanta voluntad política tiene el gobierno”. Considera que nada podrá hacerse si las autoridades federales no atienden el llamado del movimiento armado.
“Nunca habrá condiciones óptimas para diálogos. Todo depende de la vocación y de la intencionalidad política de los actores. La iniciativa está en manos del gobierno federal. Ellos estaban ocupando Oaxaca cuando ocurrieron estas desapariciones y, por tanto, no pueden sustraerse a la responsabilidad que como Estado tienen sobre la desaparición de estas dos personas.”
El 20 de mayo se realizó la primera reunión entre la comisión y la Secretaría de Gobernación, representada por el subsecretario de Gobierno Abraham González. Se acordó como tema prioritario la investigación del paradero de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez. La siguiente reunión será en las oficinas de Servicios y Asesorías para la Paz, en fecha aún por definir. (ZC)

Crímenes de lesa humanidad

La desaparición forzada es uno de los 11 crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.
Se le define como la “detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los desaparecidos, con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo”.
De acuerdo con el estatuto, este tipo de crímenes se caracterizan por ser ataques contra la población civil, producidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz; son generalizados o sistemáticos y son cometidos por funcionarios estatales, con independencia de su jerarquía o cargo.
Los otros 10 son: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelamiento o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto; crimen de apartheid; otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física. (ZC)