Los asesinatos de un dirigente comunero y dos personas más, cometidos el 30 de abril en la comunidad Santo Domingo Ixcatlán –municipio de Tlaxiaco, Oaxaca– se suman a la serie de vejaciones y ejecuciones que grupos paramilitares han realizado en los últimos meses en la zona.

El pasado 19 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propuso medidas cautelares a favor de 60 testigos y familiares de las víctimas. Asimismo, en la referencia MC-113-08 dirigida al gobierno de México, la CIDH solicitó el informe correspondiente y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los habitantes de la comunidad.

Amnistía Internacional también reconoció las versiones de los denunciantes y criticó que, hasta ese momento, no se ejecutaran las órdenes de detención pendientes contra al menos una decena de personas. Además solicita que se indaguen los vínculos entre el grupo de hombres armados y la policía preventiva del estado.

“Las autoridades de los estados con una importante población indígena, especialmente los del sur, como Oaxaca, a menudo incumplen su deber de proporcionar servicios esenciales a estas comunidades y permiten a los caciques mantener el control de las comunidades y cometer impunemente delitos, incluidos asesinatos”, suscribe el pronunciamiento.
Para el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) los hechos suscitados en la región chatina de Juquila, Temazcaltepec –la desaparición forzada del regidor indígena Lauro Juárez (Contralínea 99), la persecución de los denunciantes– y las ejecuciones en Santo Domingo Ixcatlán “no son casos aislados”.

Mauricio Santiago Reyes, representante del Cedhapi, atribuye los asesinatos al incremento de la actividad paramilitar y la instrucción de por lo menos un agrupamiento armado que se capacita en el territorio, disputado por dos comunidades de la región mixteca.

En ambos casos –indica–, el incremento de actos de violencia por grupos paramilitares se vincula a las ambiciones por las estructuras del poder local y estatal que intervienen en los conflictos políticos y sociales de los municipios oaxaqueños. “El saldo es un alto índice de personas encarceladas, desaparecidas, torturadas y asesinadas”, dice.

Enrique González Ruiz, miembro de la comisión de intermediación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), argumenta que las acciones paramilitares en Oaxaca estarían vinculadas al convenio firmado por los gobiernos federal y estatal en diciembre de 2006 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del mismo año).

“La alianza que (Ulises Ruiz) hizo con el gobierno federal le ha permitido imponer un gobierno caciquil que se finca en la violencia y que se ejerce contra la población. Es una alianza obvia con el gobierno impuesto de Felipe Calderón y con los caciques regionales. El propósito es recuperar espacios después de la brutal represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)”.

Luego de la firma del convenio, se recrudeció la violencia en los municipios. “Después del repliegue de la APPO, Ulises Ruiz pretende infundir temor y evitar la organización dentro de las 16 regiones indígenas de Oaxaca”, aduce el también representante del Frente Nacional Contra la Represión.

La masacre agraria

En la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán, la violencia comenzó con el nombramiento del anterior presidente municipal, Freddy Eucario Morales Arias, a quienes los familiares de los asesinados acusan de ser el ejecutor de los crímenes y de dirigir a uno de los supuestos grupos paramilitares de la región.

Según los testimonios recabados, la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo –pueblo del que es originario el gobernador– reclamó terrenos de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán. Dichos predios supuestamente son utilizados para la capacitación de grupos paramilitares. Además, la prima hermana de Ulises Ruiz, Guadalupe Susana Ruiz, presidenta municipal de Chalcatongo, estaría gestionando la compra de las tierras por 40 millones de pesos.

El pasado 30 de abril, Melesio Martínez Robles, de 60 años, secretario de Bienes Comunales del municipio; Gustavo Castañeda Martínez, de 25, e Inocencio Medina Bernabé, de 51, fueron asesinados ante la mirada de vecinos y familiares.

Testigos del hecho aseguran que el ataque fue perpetrado por un escuadrón de entre 40 y 50 individuos uniformados con vestimenta negra. Golpearon de manera tumultuaria a Gustavo Castañeda; después de bañarlo con gasolina de su propio automóvil, el grupo armado le prendió fuego cuando aún se encontraba vivo. Según los testigos –para quienes la CIDH solicitó las medidas cautelares al gobierno de México–, Freddy inició la golpiza asestando un cachazo con su arma a la primera víctima.

Castañeda murió calcinado mientras pedía auxilio en el interior de su automóvil. Al acudir en su ayuda, Melesio Martínez Robles, familiar de la víctima, recibió un balazo en el rostro con arma de fuego de alto calibre. Inocencio también fue acribillado.

En entrevista con Contralínea, algunos testigos –plenamente acreditados, pero que solicitan mantenerse en el anonimato– dicen que Freddy y el actual síndico, Artemio Jiménez Martínez, daban órdenes conjuntas a policías municipales y a los integrantes del escuadrón armado. Comuneros también detallaron las vejaciones y la celebración que entre el grupo armado se produjo en alarde a las acciones cometidas. “Proferían amenazas y disparaban a los familiares mientras regaban por la calle principal los restos de uno de lo asesinados, que fue descuartizado”.

A razón de las ejecuciones, se levantó la averiguación previa 130/2008 en la que familiares y testigos también denunciaron que personal de apariencia militar fotografiaba a miembros de la comunidad durante el traslado de los cadáveres.

María de la Luz Martínez, hija de una de las víctimas y pareja de otra, relata que de manera directa también fue amenazada por Freddy Eucario Morales. Con un arma de fuego que colocó en su cabeza: “Me entregó un oficio supuestamente firmado por la AFI que citaba que yo estaba demandada bajo cargos de narcotráfico”. La AFI desconoció el documento y –explica– lo calificó de apócrifo.

Los comuneros denuncian que en el paraje conocido como Los Reyes, Freddy Morales hizo un campo de entrenamiento. Ahí capacitaría a hombres e incluso niños con armas de alto poder.

Según señalamientos de María de la Luz, y del representante del Cedhapi –quienes también fueron amenazados–, Freddy Eucario Morales Arias actuó de manera represiva contra el regidor del municipio y familiares por oponerse a entregar los predios que por derecho le corresponden a Santo Domingo Ixcatlán.

“Mi padre, como síndico de Bienes Comunales, estaba en desacuerdo respecto a la negociación que realizaba Morales con intereses particulares de personas de Chalcatongo, cuyo propósito era realizar la venta de tierras para la explotación de los recursos naturales que sabemos existen en esta región”.

La víctima y familiar de dos de los ejecutados denuncia públicamente al diputado local Rogelio Sánchez Cruz de proteger y tratar de encubrir a Freddy Eucario Morales; al delegado del gobierno en Tlaxiaco, Martiniano Hernández Cortés, por negar los hechos y que éstos estén relacionados con el conflicto agrario que esa población mantiene desde años atrás.
“También nos constan sobrevuelos de aeronaves en la región, de helicópteros”. Responsabiliza del acoso al exsecretario de Gobierno del estado, Jorge Franco Vargas.

Pese a que el expresidente municipal Freddy Eucario fue detenido, el ambiente de inseguridad prevalece en la región mixteca por la presencia de comandos armados y por las amenazas proferidas.

Pactan violencia

Humberto Guerrero, director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que actualmente existe un proceso de insertar criminales en las comunidades oaxaqueñas. Se trata de personas que pertenecen a grupos que generan actos violentos: secuestro, desapariciones, ejecuciones, violencia sexual.

El representante considera que en este conflicto social y político las mujeres son quienes sufren mayores actos de violación a sus garantías pues, dice, “son el botín de guerra”. Ejemplifica con el caso de las ejecuciones de las dos comunicadoras triquis: “Las autoridades estatales no se pueden excusar de aclarar estos hechos”.
Pero, al cierre de esta edición, ni la Procuraduría General de Justicia ni la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca respondieron a las solicitudes de entrevista que se solicitaron.

En la opinión de Enrique González Ruiz, investigador y académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, “en Oaxaca la violencia no va a parar, porque es parte de una guerra sucia en la que están coludidos los gobiernos federal y estatal”.

Y es que, dentro del acuerdo firmado en diciembre de 2006, las representaciones gubernamentales convinieron específicamente guardar en todo momento la confidencialidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia; así como la reserva de la información de seguridad nacional y la oportunidad de su denuncia.

El investigador y luchador social opina que como Ulises Ruiz permanece impune por todos los crímenes que se le atribuyen desde el conflicto con la APPO, “no tiene ninguna razón para dejar de seguir cometiendo atrocidades. Él decide sobre la vida y la muerte de los oaxaqueños y está actuando en consecuencia. Él se convirtió en el señor de horca y cuchillo”.

Quienes firmaron el Convenio de Colaboración en el Marco de la Ley de Seguridad Nacional entre el Gobierno Federal y el Estado de Oaxaca, en diciembre de 2006, fueron: por la federación, Carlos Abascal, secretario de Gobernación y Jaime Domingo López, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y por el estado, Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de Oaxaca; Heliodoro Díaz, secretario de gobierno, y Lino Celaya, secretario de Protección Ciudadana.

Esta alianza, que posee una vigencia indefinida, suscribió la oportunidad que sin precedentes representa el trabajo conjunto entre los dos niveles de gobierno “en el fortalecimiento de la seguridad de la nación, la preservación de la democracia y la prosperidad económica de nuestro país”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de junio de 2008