Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, encubre a estos dos, y se quita de encima la obligación de exigirles cuentas sobre las denuncias y que los periodistas quejosos mejor recurran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde, al menos, se expiden recomendaciones que, si bien no les hacen caso, dejan un antecedente para activarlo cuando un titular del Poder Ejecutivo se decida a iniciar los procesos penales correspondientes.

Calderón y Medina Mora, con Castro y Orellana, tan nada hacen que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPT) concluyó que el gobierno federa (y los estatales) ha sido ineficaz para poner en marcha las acciones penales contra quienes han agredido (asesinado y desaparecido) a los periodistas por el desempeño de su profesión.

Medina Mora ha obstruido la averiguación por la denuncia de Lydia Cacho, a quien el (des)gobernador de Puebla, Mario Marín, y sus policías en complicidad con sus tribunales torturaron, amenazaron y trataron de fincarle imputaciones falsas, para intimidarla en su trabajo de informar sobre abusos sexuales de los amigos de Marín.

A éste, en plena campaña electoral, Calderón le “enseñó una tarjeta roja” en señal de reprobar su conducta. En cuanto al panista, ilegítimamente se posesionó de la sucesión presidencial, se dedicó a protegerlo, aliarse con él y olvidarse de los atropellos que hizo a la periodista. De la Suprema Corte ya ni hablar, desde que desoyó la conversación telefónica entre el textilero Nacif y Mario Marín, dejando en la indefensión a la periodista.

El recado del CPT lleva como destinatarios a Calderón y Medina Mora, quienes han demostrado que no les interesa que se acumulen las denuncias contra funcionarios que han atacado las libertades de prensa con hechos violentos, de todo género, principalmente contra reporteros y columnistas que informan y critican los abusos del poder gubernamental. Es, dice el comité, la ineficacia de las autoridades, para perseguir, detener y enjuiciar a los agresores, lo que ha generado impunidad.

La reportera Natalia Gómez Quintero (El Universal, 4 de febrero de 2008) precisa que el comité señala: “Las autoridades mexicanas fallaron otra vez en perseguir enérgicamente a los autores de violencia contra periodistas, dejando a reporteros vulnerables a ataques y a los medios de comunicación recurrir a la autocensura”. El déspota Robinson-Bours (por ejemplo) ha sido acusado, con pruebas, de agresiones que violan los artículos 6 y 7 constitucionales, es decir que configuran delitos federales y la PGR no ha movido un dedo.

El comité agrega: “México es uno de los países más peligrosos para la prensa”. Y “en los pasados 15 años, 13 periodistas han sido asesinados por la relación directa con su trabajo y otros 14 han muerto”. Es un recado a los panistas que desprecian las libertades de prensa.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 01 de junio de 2008

Álvaro Cepeda Neri