El gobierno de Felipe Calderón entrega anualmente casi 2 mil 442 millones de pesos (222 millones de dólares) por concepto de “pago de membresía” para pertenecer a 243 organismos internacionales.

Mientras en la Cámara de Diputados se encuentra detenido el análisis para desincorporar a México de algunos de estos órganos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha descubierto irregularidades en las transferencias hechas por, al menos, las secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Economía, indica el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006.

De acuerdo con la Evaluación de las membresías de México en organismos internacionales –elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, México desembolsa 221 millones 991 mil 275 dólares a través de 17 dependencias de Estado y organismos descentralizados para el pago de cuotas.

Según el documento, entregado por SHCP a Fortuna por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cancillería mexicana, encabezada por Patricia Espinosa Cantellano, es la que más recursos deposita en el exterior: asigna 113 millones 171 mil 745 dólares (1 mil 244 millones 889 mil 195 pesos) a 75 organismos internacionales.

Le siguen las secretarías de Hacienda, con casi 38 millones de dólares; Educación Pública y Salud, con más de 14 millones de dólares cada una; Agricultura, 11 millones de dólares; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, más de 7 millones; Trabajo y Previsión Social, más de 6 millones de dólares; Economía, casi 5 millones; Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República, más de 1 millón, y Gobernación y Turismo, menos de 1 millón de dólares anuales.

El informe –para cumplir el “Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal”, y publicado el 4 de diciembre de 2006– también indica que las aportaciones de México a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se incrementaron “sensiblemente, al pasar de 1.883 por ciento (del total del presupuesto federal anual) a 2.527 por ciento”.

Precisa que el país es el principal depositario de la ONU en América Latina y el Caribe, al contribuir con el 52 por ciento de las aportaciones de la región, y es el décimo contribuyente al “presupuesto regular de la ONU”. Esto, dice la evaluación, hace que México se vea “cada vez menos como un país receptor de cooperación y cada vez más como potencial donante neto”.

SRE, donante mayoritario

La lista de beneficiarios de la SRE la encabeza el “presupuesto ordinario” de la ONU, al que se le asignan 45 millones 871 mil 116 dólares (504 millones 582 mil 276 pesos). En la evaluación se indica que “para la cancillería el pago de contribuciones es particularmente sensible, porque representa el 20.7 por ciento de su presupuesto; el tercer rubro después del gasto nómina y de las operaciones en embajadas y consulados de México”.

Otros organismos que se enlistan en los primeros lugares para recibir recursos extraídos del erario son: ONU Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 25 millones de dólares; Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura, 8 millones 764 mil 834 de dólares; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 6 millones 623 mil 524 de dólares; Organización de Estados Americanos (OEA), 4 millones 815 mil dólares; Corte Penal Internacional (CPI), 4 millones 534 mil 967 dólares, y ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 2 millones 774 mil 947 de dólares.

De este último –encargado de promover el desarrollo industrial y tecnológico en los países pobres–, el estudio que realiza la SRE demuestra las deficiencias en el trabajo que desempeña en México, debido a que hay un “bajo número de proyectos y déficit de los resultados”.

El análisis del brazo operativo de la ONU en materia tecnológica, único caso que expone la SRE, dice que las “prioridades” se han enfocado hacia el continente africano, “dejando de lado otras regiones como América Latina”. Además, la oficina regional en México “ha estado acéfala por largas temporadas y con escaso personal.

“El organismo trata con multiplicidad de interlocutores. Sin embargo, la coordinación que realiza ha sido deficiente, entre otras cosas, debido a la falta de capacidad administrativa y de gestión, lo cual se refleja en la dispersión de la información en las diferentes dependencias federales y estatales involucradas, dificultando la ejecución de los proyectos y, en consecuencia, de los resultados esperados”, puntualiza el documento.

No obstante, el gobierno mexicano ha decidido permanecer en la ONUDI, “bajo un esquema de observación, a la luz de la redefinición de la agenda de trabajo y prioridades en la relación de México con la organización”.

Mario Di Costanzo, economista y secretario de la “Hacienda Pública” del llamado “gobierno legítimo”, dice que México no se puede desligar de estos compromisos internacionales; sin embargo, sí debe estar al pendiente de los proyectos que podrían ser instrumentados en las zonas más pobres y atrasadas del país. Además, expone, debe haber una mayor fiscalización y transparencia al momento en que el gobierno federal entrega esta parte del erario.

ASF: irregularidades en la SRE

En el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, la ASF determina que la SRE no tiene los mecanismos de control adecuados para la asignación de recursos a organismos internacionales a través de la partida 3826, correspondiente a “cuotas y aportaciones a organismos internacionales”.

El máximo órgano de fiscalización señala que en el último año de Luis Ernesto Derbez al frente de la cancillería, ésta entregó a la ONU 651 millones 314 mil 700, mediante la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas (DGSNU), monto que no estuvo previsto en su totalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Según la ASF, lo anterior contravino el artículo 31 del PEF 2006, que establece, “entre otras medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria, que sólo se podrán aportar cuotas a organismos internacionales cuando las mismas se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados y sean estrictamente indispensables”.

Además, indica que la SRE no presentó evidencia de que a México le correspondía pagar 32 millones 135 mil 200 dólares a la DGSNU, “para verificar si los importes consignados en las notas diplomáticas son aritméticamente correctos”.

Di Costanzo dice que “hay una mala planeación del presupuesto que se ejerce en el país: las asignaciones que hay cada ejercicio fiscal tienen más fines políticos que técnicos y esto es lo que debe de cambiar”.

Además, el especialista en finanzas asegura que “es una falla grave” el que no existan comprobantes oficiales del pago de cuotas, y una vez que termine el periodo de solventación de observaciones que establece la ASF, se les podrían fincar responsabilidades al exsecretario y al encargado de hacer el pago, porque se viola la ley de presupuesto (Contralínea 102).

Salud, transferencias opacas

La Secretaría de Salud –cuyo titular es José Ángel Córdova Villalobos– aporta 14 millones 381 mil 84 dólares (158 millones 191 mil 924 pesos) a 14 organismos internacionales. Del presupuesto destinado a la partida 3826, correspondiente a “cuotas y aportaciones a organismos internacionales”, la Organización Mundial de la Salud recibe más de 50 por ciento, con 7 millones 321 mil 155 dólares.

Otras de las beneficiarias son: la Organización Panamericana de la Salud, que obtiene 5 millones 266 mil 70 dólares; la Comisión de Salud Fronteriza México-EU, 1 millón de dólares; el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro de la Infancia, 214 mil dólares; la Asociación Internacional de Seguridad Social, 186 mil 609 dólares; el Foro Global de Investigación en Salud, 100 mil dólares; el Foro Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis, 100 mil dólares; Grupo Salud OCDE, 68 mil 210 dólares; la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala, 45 mil 500 dólares, y seis organismos más.

Según el máximo órgano de fiscalización, la Ssa también mostró “debilidades” en el otorgamiento de recursos a organismos internacionales, que hace dos años significaron el gasto de 253 millones 652 mil 100 pesos.

El Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 indica que la Secretaría de Salud no aclaró el motivo por el que otorgó “aportaciones voluntarias”, por 19 millones 136 mil 100 pesos. La dependencia que encabezó Julio Frenk Mora no había evaluado el marco legal de las aportaciones, con el fin de transparentar el uso del dinero público.

La Auditoría Superior también enfatiza que no hay documentación que sustente la aportación de casi 700 mil pesos a la OCDE, ya que la factura es una copia fotostática que no está debidamente certificada.

Además, los recursos entregados a la Organización Panamericana de la Salud, por más de 143 millones 97 mil 400 pesos, pudieron significar un daño al erario, dice la ASF, pues la Secretaría de Salud “pagó adeudos por 86 millones 701 mil 300 pesos”, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2004 y 2005, aun cuando esos años contaban con recursos autorizados.

Así como las cuotas voluntarias al Programa Especial de Investigación y Capacitación en Reproducción Humana y al Foro Global de Investigación en Salud, que tampoco cuentan con recibos de aportaciones por 1 millón 132 mil 900 miles de pesos.

Economía: continuarán cuotas

La Secretaría de Economía, que encabeza Eduardo Sojo Garza-Aldape, asigna 4 millones 785 mil 294 dólares (52 millones 638 mil 234 pesos) a 12 organismos internacionales. Nutre de recursos públicos a la Organización Mundial de Comercio, con 3 millones 439 mil 515 dólares; la Conferencia General de Pesas y Medidas, 410 mil 777 dólares; la Organización Internacional de Normalización, 284 mil 994 dólares, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 283 mil 365 dólares.

También, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico recibe 155 mil dólares; la Comisión Electrotécnica Internacional, 111 mil 407 dólares; la Organización Internacional de la Viña y el Vino, 32 mil 532 dólares, y el Grupo Internacional de Estudios sobre el Cobre, 25 mil 820 dólares, entre otras.

El informe de la ASF advierte que en la Secretaría de Economía “no tienen procedimientos que determinen quién es el responsable de dar seguimiento a los acuerdos, tratados o convenios, celebrados con las instituciones y el gobierno mexicano, tampoco hay indicadores que permitan evaluar la conveniencia de ser miembro en estos organismos y no se tiene documentación que justifique debidamente el gasto”.

Mario Di Costanzo asegura que el gobierno mexicano no tiene resultados de lo que significa pertenecer a estos organismos. Es “absurdo, porque nunca ha habido un reporte de evaluación de los beneficios o inconvenientes de estar pagando estas cuotas”.

Lo que se tiene que hacer, dice el asesor financiero, “es aprovechar y sacar ventaja de esas cuotas; no se deberían dejar de pagar porque no nos vamos a aislar del mundo. Sin embargo, sí debemos aprovechar el acceso que otorgan, como es la aplicación de programas de evaluación, campañas de apoyo, vacunación, acceso a tecnología e infraestructura, que no se utiliza porque hay negligencia del gobierno. Hay una ineficiencia en el ejercicio del gasto”.

No obstante, en entrevista con Fortuna, el secretario de Economía asegura que México seguirá aportando los 4 millones 785 mil 294 dólares, que se presupuestan anualmente, pues la SRE ya hizo la “evaluación necesaria y determinó que se seguirá pagando”.

Sagarpa, estructuras paralelas

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que encabeza Alberto Cárdenas Jiménez, destina 11 millones 351 mil 898 dólares (124 millones 870 mil 878 pesos) a 16 instituciones internacionales.

A la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación le asigna 7 millones 757 mil 420 dólares; al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 1 millón 672 mil 528 dólares; a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, 1 millón 155 mil 317; a la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas, 120 mil dólares; a la Oficina Internacional de Epizootias, 109 mil 411 dólares; al Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, 100 mil dólares, y a la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero, 88 mil 330 dólares, entre otras.

De acuerdo con el informe de la revisión de la cuenta pública 2005, la transferencia de recursos al IICA no ha aportado beneficios a la precaria condición del campo mexicano, pues con el dinero entregado sólo se han creado una infraestructura y plantilla laboral paralelas a la Sagarpa.

A pesar de las observaciones hechas por la ASF, en agosto de 2007 el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, firmó el Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos con el representante del IICA, Christopher Hansen; vigente hasta al 30 de noviembre de 2012.

Más contribuciones para el exterior

La SHCP es la segunda dependencia que más aporta a los organismos internacionales, con un presupuesto anual de 37 millones 975 mil 935 dólares (417 millones 735 mil 285 pesos), asignado a 38 entidades.

El principal beneficiario de la dependencia que encabeza Agustín Carstens es el Banco de Desarrollo para América del Norte, con 11 millones 776 mil 781 dólares; le siguen: la Asociación Internacional de Fomento, 5 millones 657 mil 296 dólares; el Programa de Mantenimiento de Valor de Contribución al Fondo para Operaciones Especiales del BID, 5 millones 234 mil 125 dólares; el Banco de Desarrollo del Caribe, 2 millones 250 mil dólares; el Fondo Multilateral de Inversiones, 1 millón 744 mil 220 dólares; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 1 millón 316 mil 269 dólares, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 1 millón 46 mil 825 dólares.

Las dependencias internacionales encargadas de combatir los delitos de cuello blanco reciben 174 mil 395 dólares de la SHCP: el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero, 65 mil 284 dólares; la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, 50 mil dólares; el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de Sudamérica, 28 mil 111 dólares; la North American Association of State and Provinial Lotteries, 16 mil dólares, y el Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero del Caribe, 15 mil dólares.

La Secretaría de Educación Pública, a cargo de Josefina Vázquez Mota, asigna 14 millones 935 mil 36 dólares (164 millones 285 mil 396 pesos ) a 13 organismos internacionales: el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 8 millones 194 mil 528 dólares; la Facultad de Ciencias Sociales, 4 millones 800 mil pesos; el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, 800 mil 230; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 425 mil 24 dólares; la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 262 mil 392 dólares; los programas de la OCDE, 191 mil 370 dólares; la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, 100 mil dólares; el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 57 mil 706 dólares, y el Convención del Patrimonio Mundial, 50 mil dólares, entre otras.

Semarnat aporta un total de 7 millones 481 mil 875 dólares (82 millones 300 mil 625 pesos). Como sus beneficiarios, destacan la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 3 millones de dólares; la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, 1 millón 750 mil dólares, y la Organización Meteorológica Mundial, con 952 mil dólares.

La Sener ocupa 7 millones 336 mil 525 dólares de su presupuesto anual (80 millones 701 mil 775 pesos), para entregarlos a 12 dependencias mundiales, entre las que sobresalen el Organismo Internacional de Energía Atómica, con 4 millones 928 mil 523 dólares, y el Fondo de Cooperación Técnica del mismo, con 1 millón 453 mil 600.

La STPS asigna 6 millones 511 mil 264 dólares (71 millones 623 mil 904 pesos) a cuatro organismos internacionales: la Organización Internacional del Trabajo, 5 millones 800 mil 264 dólares; el Acuerdo de Cooperación Laboral con América del Norte, 700 mil dólares; la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo, 6 mil dólares, y el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, 5 mil dólares.

SCT, que encabeza Luis Téllez, beneficia con 1 millón 960 mil 297 dólares (21 millones 563 mil 267 pesos) a 17 órganos. Por importancia de monto, en los cinco primeros lugares se encuentran: la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 741 mil 613 dólares; la Unión Postal Universal, 327 mil 378 dólares; la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 327 mil 378; la Organización Marítima Internacional, 202 mil 231 dólares, y la OACI para Norteamérica, Centroamérica y Caribe, 136 mil 542 dólares.

La PGR transfiere 1 millón 9 mil 112 dólares (11 millones 100 mil 232 pesos) a cuatro entidades; Gobernación, 764 mil 640 dólares (8 millones 411 mil 40 pesos) a seis instituciones mundiales; Turismo, 289 mil 170 dólares (3 millones 180 mil 870 pesos) a tres, y Marina, 37 mil 400 dólares (411 mil 400 pesos) al Organismo Hidrográfica Internacional.

Negligencia legislativa

Humberto Zazueta Aguilar, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, dice que, pese al análisis presentado por la SRE, “no se ha hecho una evaluación minuciosa de las instancias en las que participa México”.

El problema de fondo, indica el diputado perredista, es el papel que juega México en los organismos internacionales. “Nuestro país había gozado de prestigio internacional porque participamos en la creación de muchos organismos. Sin embargo, a partir de la administración de Vicente Fox, la diplomacia mexicana cayó considerablemente, al grado de que no pudimos participar en el Consejo Permanente de la ONU”.

En el caso de los representantes de México en el exterior, expone Zazueta Aguilar, ha habido un retroceso en los últimos años: sustituyeron diplomáticos de carrera por funcionarios inexpertos, como ocurrió con Jorge Zermeño –exdiputado panista que presidió la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados–, a quien le fue asignada la embajada de España, una vez que entró Felipe Calderón al poder.

El legislador lamenta que México haya pasado de ser un país beneficiario de los apoyos de los organismos internacionales a “potencial donante”, porque sí “hay países en vías de desarrollo que tienen mayores beneficios, pero nosotros nos caracterizamos por pagar en tiempo y forma las cuotas”.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados justifica que no se haya presentado alguna iniciativa en torno al tema, pues “se dejó porque la dinámica del país y las cuestiones políticas fueron ocupando otros temas y no hemos entrado a la discusión”.

Junio 15, 2008