Nidia Solís es una destacada dirigente y luchadora popular, con una concepción muy fuerte en defensa de la vida. En la actualidad forma parte de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida y la Soberanía, organización que aglutina a los pueblos y las comunidades afectadas por las transnacionales hidroeléctricas y mineras.

Por su actividad solidaria y combativa, Nidia está enjuiciada por este régimen, que criminaliza la lucha social y popular (por lo menos en el tema minero).

- ¿Cuál es la realidad de los pueblos afectados por la minería a gran escala y a cielo abierto?

– Uno de los elementos centrales de esta realidad es que los pueblos han logrado dimensionar la amenaza que significa la minería a gran escala y a cielo abierto para la vida. Desde ese punto de vista, empieza una primera reacción: defender su tierra, que representa un patrocinio colectivo, ancestral. El sentirse expropiados de su terruño, despojados del derecho a vivir en paz en su territorio, por parte de verdaderos invasores transnacionales, las empresas mineras, ha causado indignación, asombro e incredulidad.

- ¿Cuál es tu comentario acerca de la posición que tiene el actual gobierno respecto al tema minero?

– El gobierno en su discurso oficial y en las acciones concretas que está impulsando desde el Ministerio de Minas y Petróleo, refleja una firme decisión de entrar en una época minera (adelantándose a la época post petrolera): está definida ya un propuesta básicamente economicista, es decir, de obtener dinero a costa de la extracción de oro, plata y cobre. Esta situación ha roto con una propuesta programática que el Gobierno mismo la difundió cuando estaba en campaña; rompe, también, con el posicionamiento de mucha gente que hemos estado a la expectativa de un proceso de cambio frente a temas estratégicos como la soberanía y el bienestar de la vida de los pueblos.
Identificamos a la propuesta del Gobierno como una propuesta pro minera, que ni siquiera tiene un atisbo de nacionalismo, porque se remite a las mismas empresas transnacionales: existen acuerdos con las empresas Exxa, IMC, I’ am Gold, entre otras, que trabajan precisamente donde están localizados los conflictos más graves, donde están localizados los yacimientos más grandes… El Gobierno pretende canjear la vida de las comunidades asentadas en la zona y de la biodiversidad de la región; pretende sacrificar las fuentes de agua, a costa de cobrar regalías que van del 3% y 5 %, una insignificancia.

- Sin embargo,el gobierno habla de minería sustentable, responsable, con altos controles ambientales…

Ese es el discurso de las transnacionales mineras, pero por más que se hable de minería sustentable, responsable, con tecnología de punta para controlar los niveles de contaminación ambiental, todo es un engaño. Los países desarrollados, donde existen más controles al respecto, han preferido desarrollar esta actividad en otros países, para saquear los recursos naturales y contaminar lejos de su territorio: los grados de envenenamiento ambiental no se han resuelto en ninguna parte del mundo, por la gran concentración de químicos que se utilizan para el proceso de la explotación minera.

- ¿Cuáles serían las alternativas para generar riqueza en el país, ya que desde su punto de vista la explotación minera no es la solución.

– Si hablamos de un desarrollo a largo plazo, del progreso sostenido de los pueblos, no se puede apostar a las actividades extractivistas; tendríamos que apostarle a la generación de riqueza por medio de la producción, para ello tenemos potencialidades muy grandes: nuestro territorio es pródigo en regiones, climas, microclimas, y todo lo que eso representa para las actividades productivas; además esta la potencialidad de nuestra gente.
De lo que se trata es de idear un nuevo concepto de desarrollo, que no se mida por el crecimiento económico ni por la obtención de dinero fácil, sino por procesos sustentables en el tiempo y que a largo plazo vayan cambiando formas de pensar que el capitalismo nos ha impuesto: niveles irracionales de consumo y de producción anárquica. Debemos guardar armonía con la naturaleza, sintiéndonos parte de ella; debemos fomentar relaciones sociales y culturales diferentes.

- ¿Te sientes un poco defraudada por este gobierno?

– Todos tenemos una carga de defraudación, pero lo que más me indigna es que hay una forma de traición hacia una propuesta política colectiva; no hemos estado tras un hombre, una figura, sino atrás de una propuesta política, que provoque cambios sustanciales en nuestro pueblos.
La posición de Correa en el tema minero rompe este acuerdo político, lo desestructura para beneficiar a ciertos grupos que se encuentran en su Gobierno. Ante los anhelos sociales, el gobierno responde con represión, con intolerancia, con descalificación a los dirigentes, con la continuidad a una política de criminalización de la lucha popular, que la empezaron gobiernos anteriores, y que tiene una vinculación directa con los intereses de las transnacionales.
Nos sentimos dolidos que un gobierno por el que trabajamos y en el que pusimos muchas expectativas, haya reprimido duramente a los luchadores populares, inclusive iniciando procesos penales en su contra, por el hecho de defender sus derechos y ser parte de una protesta y movilización social.

- ¿En qué instancia está el proceso de los juicios penales; tenemos entendido que tú también estás enjuiciada?

– Hubo las amnistías que otorgó las Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por intermedio de un Mandato; sin embargo, estas amnistías no se están cumpliendo, han sido parciales. Además, no todos los enjuiciados y enjuiciadas estamos dentro de ese proceso de amnistías. Estamos peleando porque sé dé una extensión de este Mandato, para que se incluya a todos los que estuvimos formando parte del primer levantamiento minero y en la paralización del 2 de abril… Mientras tanto, la Fiscalía continúa con los juicios.
Tengo que señalar, también, que el tan mencionado Mandato Minero tampoco se cumple en su totalidad: se han revertido únicamente las concesiones más pequeñas, las otras, las más grandes, donde mayor conflicto social hay, ni siquiera están suspendidas.

La ANC debe controlar y fiscalizar la aplicación de sus propios Mandatos.

Fernando Oña Pardo