6.7 millones de dólares sería la perjuicio que esta institución episcopal realizó al Estado a través de CDR desde la crisis bancaria de 1999. “La Curia” también negociaría bonos de deuda pública y ahora quiere ”catequizar” contra la nueva
Constitución.
Como ‘buenos’ negociadores la Conferencia Episcopal Ecuatorina fue la única que no tuvieron que soportar la crisis económica de 1999. En ese año, Filanbanco, una de las entidades financieras que pasó a manos del Estado, entregó Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) para ser negociados en el mercado financiero. Esto, como parte de pago de los depósitos realizados por varias personas naturales y jurídicas, entre ellas la CEE. Como es conocido, los CDR, al momento de ser negociados, pierden su valor nominal, lo cual ocasionó que varias personas que adquirieron estos ‘papeles financieros’ perdieran parte del total de sus depósitos efectuados en Filanbanco. ¿Por qué se le acusa a la CEE de peculado?
Hasta finales del año 1999 “La Curia” recibió los CDR de varias instituciones religiosas y personas naturales para ser negociados con esta misma entidad bancaria. El objetivo: la adquisición de bienes que pasaron a manos del Estado como parte de pago de los cerca de 1600 millones de dólares que recibió el Filanbanco por parte del Estado en el salvataje bancario. Desde enero del 2000, en momentos de la crisis política y social que vivía el país y donde el 21 de ese mes cayó el ex Presidente Jamil Mahuad, “La Curia” negoció sus CDR con Filanbanco y recibió los bienes. Según información pública de la fiscalía, la CEE recibió bienes avaluados en 4 millones de dólares, “La Curia” les compró en dos millones de dólares y los vendió en un monto superior a los 8 millones. Es decir, que Filanbanco negoció los CDR de la CEE por encima del límite que permitía el decreto 1492 que posibilitaba a los bancos canjear deuda por papeles financieros. Con esta ilegal operación financiera la CEE habría perjudicado al Estado con 6.7 millones de dólares por la adquisición de 95 departamentos, 2 haciendas, 6 casas, 1 terreno en Quito, 2 terrenos en Otavalo, 129 lotes en Guayllabamba, 1 terreno en Nanegalito, 30 oficinas y 1 local comercial. Esta transacción ilegal la realizaron, en ese entonces, el representante legal de la CCE, José Vicente Eguiguren; Stela Izurieta, quien negoció la venta de los bienes con “La Curia” y era gerente Regional de Filanbanco, y Adrián Galindo, que participó en la transacción como gerente de Operaciones y Servicios.
Las grandes cantidades de dinero que manejaría la CEE para realizar este tipo de transacciones se deben a que son ‘buenos negociadores’ ya que también se beneficiarían de un capital promedio de 5 millones 420 mil dólares de dos fideicomisos: “Proyecto Turístico Cruz Loma” y “Mercantil”. A estos se suman cuatro fideicomisos más, confirmados por las autoridades de la CEE, pero que no han confirmado sus capitales. Estas transferencias de propiedad son: Caminos del Norte, Mercantil “La Mina”, Autopista General Rumiñahui y San Mateo. A esto se suman también la administración de algunas empresas: Inmobiliaria Imbabienes S.A, Faintek S.A, Imbaterra S.A, Refertop S.A y Juan Pablo II. Según el artículo 7 del Código de Comercio se indica que “esta prohibido comerciar a las corporaciones eclesiásticas, sacerdotes y clérigos”. ¿Cuánto es el capital que genera la CCE con estas transacciones ilegales?. Según investigaciones realizadas, parte de este dinero provendría también de la compra de bonos de deuda pública. Además, el famoso sacerdote Flores, que con la venia de la CEE ocupó la Gerencia Distrital de la Corporación Aduanera Ecuatoriana- Quito (CAE), cumple hoy una pena en el ex Penal García Moreno por corrupción.
Curia: negociadores de deuda pública
En un informe realizado en 1999 por los diputados Julio Noboa y Bolívar Sánchez, quienes viajaron a New York para indagar quiénes eran los tenedores de Bonos Brady locales, hicieron público 17 nombres, entre los que se encontraba la Curia. En esos momentos esta entidad episcopal también, como se conoce hoy, negociaba los CDR con el Filanbanco.
La entidad religiosa habría comprado, en el gobierno interino de Fabián Alarcón, 30 millones de dólares en Bonos Brady (deuda externa por canje de bonos) y habrían resultado favorecidos con el Decreto Ejecutivo 618 dictado por Gustavo Noboa ( del Opus Dei) el 26 de julio del 2000. Esta ley autorizó la emisión de bonos por 5.750 millones de dólares para reestructurar un tramo de la deuda externa y canjear por Bonos Global 12 y Global 30. Como es lógico, muchos de estos tenedores de Bonos Brady locales, que recibían un interés anual del 1.5%, cambiaron a Bonos Global 12 (12 años plazo) a un interés anual del 12% y desde 4% en el 2001 y hasta 9% en el 2030 de intereses anuales en Bonos Global 30 (30 años plazo). Si la Curia habría cambiado los 30 millones de dólares a Bonos Global 12 habría tenido hasta el 2006, es decir en cinco años y solo de intereses, cerca de un millón 800 mil dólares, y como el plazo se extiende hasta el 2012, tendrían un aproximado 43 millones 200 mil dólares. ¿Se imaginan cuánta cantidad de dinero más del pueblo ecuatoriano se llevarían si cambiaron a Bonos Global 30?.
Triangularon capitales
1.-La CEE recolectó CDR;
2.-Negocia los bienes con Filanbanco;
3.-Bienes pasan a manos de empresas Ervo y Cayuga en las islas Vírgenes;
4. Estas empresas venden los bienes y el dinero pasa a la CEE.
Extracto
Carta Abierta a Monseñor Néstor Herrera
Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
Quito, 20 de febrero de 2006
Monseñor Néstor Herrera
Presente
Estimado Monseñor
No nos convencen los intentos por justificar tales hechos manifestando que se inscribieron dentro de la ley. Aunque fuesen legales, el grave perjuicio ocasionado al Estado no deja de ser un robo que perjudica los intereses de los pobres a quienes el Estado debe atender. Como cristianos, y aún más, como miembros de la iglesia, debemos recordarle que las acciones de cualquier naturaleza deben ser ante todo morales, aunque para esto se tenga incluso que actuar contra la ley o fuera de ella. La ley sólo nos habla de la legalidad de las acciones pero no de su justicia y de su moral. Ampararse en las leyes no siempre es sinónimo de justicia o de moral, pero ampararse en las leyes para beneficiarse, afectando a otros y particularmente a los más pobres, es un crimen.
Atentamente,
Fabricio Moreno Salas
CI 170530514-0
COMISION DE VIVENCIA, FE Y POLÍTICA
famosa7@hotmail.com
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