Francia

El caso de Tarnac: síntoma de una sociedad psicótica

por Jean-Claude Paye

El 11 de noviembre de 2008 la policía francesa realizó el espectacular arresto de un grupo de «presuntos terroristas» en un pueblecito de Correze. Dos meses más tarde, resulta que en realidad se trata de un grupo de jóvenes refractarios a la sociedad de consumo y de la vigilancia y que la instrucción no dispone de pruebas acusatorias. El sociólogo Jean-Claude Paye, que estudia desde hace años la tendencia de las sociedades occidentales al autoritarismo, analiza aquí esta extraña aplicación de las leyes antiterroristas.

El caso de Tarnac es un ejemplo de rápido proceso de subjetivización del orden jurídico. Se acusa a alguien de terrorismo, no sobre la base de determinado delito material sino en función de una virtualidad construida por la imaginería del poder. El 11 de noviembre de 2008, en el marco de la «Operación Taigá», 150 policías rodearon Tarnac. Simultáneamente, varios registros tenían lugar en Ruán, París, Limoges y Metz. La detención de 10 jóvenes es ante todo un show cuyo objetivo es sembrar el miedo.

La detención de estos 10 jóvenes parecía estar vinculada a varios actos de sabotaje contra la circulación ferroviaria que habían provocado, el 8 de noviembre, el retraso de varios TGV [Trenes de alta velocidad. NdT.] en el tramo París-Lille.

Se trataba del corte de líneas eléctricas de alimentación de los trenes en circulación, actos que fueron calificados como terrorismo, aunque en ningún momento pusieron en peligro vidas humanas. La parte acusadora, que dice disponer de numerosos indicios, incluyendo documentos escritos así como la presencia de 5 sospechosos cerca de las líneas ferroviarias saboteadas en el momento en que se produjeron los hechos, reconoce que no dispone de ningún elemento probatorio material.

Lo que justifica la acusación es el perfil de los detenidos. Estos fueron arrestados debido a que «su lenguaje es muy radical y tienen vínculos con grupos extranjeros» y porque muchos de ellos «participaban habitualmente en manifestaciones políticas», por ejemplo: «en las marchas contra el fichero Edvige y contra el reforzamiento de las medidas sobre la inmigración» [1]. En cuanto al lugar donde residen, las autoridades lo designan como «un lugar de reunión, de adoctrinamiento, una base de retaguardia para las acciones violentas».

Aunque se describe a estas personas como «el núcleo duro de una célula que tenía como objetivo la lucha armada» [2], la mayoría fueron rápidamente liberadas, algunas bajo condiciones, y otras puestas bajo arresto domiciliario, aunque siguen estando inculpadas. Sólo el «jefe» y su compañera serían mantenidos en prisión. El 26 de diciembre, la Corte de Apelación de París anuló, a petición de la fiscalía, la orden de liberación a favor de Julien Coupat [3].

El 16 de enero, la Corte de Apelación de París ordenó la liberación, bajo control judicial, de Yldune Levy. Su liberación tendrá que ser confirmada el viernes 23 por la cámara de instrucción de París, que debe examinar el contenido de la apelación de la fiscalía.

La argumentación del gobierno realiza una doble transformación: simples actos de sabotaje, como los que pueden tener lugar, por ejemplo, en el marco de la acción de un movimiento social, reciben el calificativo de terrorismo y esos son el tipo de actos que se atribuye a los jóvenes de Tarnac, aunque la policía reconoce la ausencia de todo elemento probatorio de carácter material. La imagen del terrorismo que el poder ha ido construyendo crea una realidad que sustituye a los hechos. No se niegan los hechos pero se les niega toda capacidad explicativa.

Los actos de sabotaje sólo pueden corresponder a personas designadas como terroristas. El acto de calificar, anterior a todo procedimiento de evaluación objetiva, invierte a esta última y la encierra en la imagen, en una forma vacía.

Una reconstrucción del lenguaje

No se ha negado la ausencia de elementos materiales que permitan acusar a las personas inculpadas, pero la necesidad de que prevalezcan los hechos se invierte para favorecer la supremacía la imagen que el poder ha construido. La posición de la ministra del Interior, Michele Alliot-Marie, mencionada en un informe de la Dirección Central de Inteligencia Interna, resulta particularmente interesante: «Adoptaron el método de la clandestinidad», asegura la ministra. «Nunca usan teléfonos móviles y residen en lugares en los que resulta difícil que la policía pueda investigar sin hacerse notar. Se las arreglaron para tener, en la localidad de Tarnac, relaciones de amistad con gente que podía avisarles sobre la presencia de forasteros.» Pero la ministra reconoce que: «No hay indicios de atentados contra personas». [4]

Tales declaraciones son un perfecto resumen del caso en su conjunto. Lo que convierta a esos jóvenes en terroristas es su modo de vida, el hecho de que tratan de escapar a la maquinaria económica y que no adoptan un comportamiento de sumisión «proactiva» a los procedimientos de control. No portar un teléfono móvil se convierte en un indicio de la existencia de intenciones terroristas. El restablecimiento de las relaciones sociales también es considerado como un comportamiento sospechoso ya que esa práctica reconstruye el vínculo simbólico y permite poner un freno al despliegue de la omnipotencia del Estado.

En las declaraciones de la ministra Alliot-Marie, la referencia a los hechos, a falta de toda prueba material, no puede ser integrada racionalmente y engendra la fase del delirio, una reconstrucción de la realidad basada en la imagen del terrorismo.

Ese proceso resulta también visible en los informes de la policía, en los que se desarrolla, en el plano del lenguaje, toda una reconstrucción fantasiosa de la realidad. Como indicio material probatorio de la culpabilidad de los inculpados, la policía habla de «documentos que precisan las horas de paso de los trenes, pueblo por pueblo, con los horarios de salida y de llegada a las estaciones». [5]

Un horario de la SNCF [La SNCF es la compañía ferroviaria francesa. NdT.] se convierte así en un documento particularmente inquietante, cuya posesión implica necesariamente la participación en actos contra la compañía ferroviaria. Asimismo, una escalera se convierte en «material de escalamiento» y, así, su posesión es un elemento acusador.

Esa construcción psicótica no es exclusiva de las autoridades francesas. Bélgica la comparte. El 27 de noviembre, un arresto así como varios registros y confiscaciones tuvieron lugar en los domicilios de los miembros del comité belga de apoyo a los inculpados de Tarnac. En la orden de registro se hablaba de «asociación de malhechores y deterioro [material] en reunión» [6]. La posesión de documentos sobre un comité de apoyo puede, dada la actual correlación de fuerzas, justificar la adopción de acciones judiciales y, al menos, asocia a quienes los poseen a la investigación emprendida en Francia.

Un orden social sicótico

El montaje escenográfico del arresto y la inculpación de los «autónomos de Tarnac» es un fenómeno que revela no sólo un cambio en el orden jurídico sino también una mutación más profunda: la del orden simbólico de la sociedad. La inversión de la función de la ley es en sí misma une «versión perversa» de la Ley simbólica.

Los procedimientos instrumentados representan uno de los aspectos más significativos de la tendencia favorecida por la «lucha contra el terrorismo», en virtud de la cual un individuo es designado como terrorista no porque haya cometido determinados actos sino simplemente porque se le considera como tal.

El poder tiene la posibilidad de crear una nueva realidad, una virtualidad que no suprime sino que suplanta los hechos. La debilidad del movimiento social, la quiebra de la función simbólica explica la ausencia de freno a la omnipotencia del Estado que se muestra como imagen envolvente, como figura maternal. Se reemplaza un orden social neurótico, que se revela contradictorio, por una estructura psicótica, un orden que suprime todo conflicto, toda posibilidad de confrontación subjetiva.

El caso de los «autónomos» de Tarnac no tiene mucho que ver con la vieja noción de enemigo interno y la tradicional estigmatización de la oposición política. Lo que se ataca en este caso no es una ideología en particular, una forma de conciencia, sino simplemente el cuerpo, formas de comportamiento, la negativa individual a entregarse a la máquina de muerte.

No se trata por consiguiente de desmantelar una vanguardia sino que el solo hecho de negarse a amasar dinero, de tratar de sustraerse a los dispositivos de control o la simple voluntad de restablecer el vínculo social son una forma de infracción, la más grave que existe en nuestra sociedad, un acto terrorista. Esto nos concierno a todos y cada uno, no sólo a una minoría.