Jean-Claude Willem, de 75 años, cuenta en esta entrevista como, siendo alcalde (PCF) de Seclin, un pueblo francés de 12 000 habitantes, se vio envuelto en una tormenta jurídica de 7 años y fue condenado a pagar una multa de 1 000 euros por haber expresado su intención de eliminar de los comedores de la escuela comunal los jugos de fruta provenientes de las colonias israelíes ilegalemente implantadas en Palestina. Finalmente, la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo (CEDH) acaba de rechazar la acción jurídica que había emprendido Jean-Claude Willem.
Aunque reconoció como legítima la intención de Jean-Claude Willem de luchar contra el apartheid, la justicia francesa consideró por su parte que la acción de boicot contra cualquier producto del apartheid israelí representaba una forma de discriminación económica contra los productores israelíes. Así que la justicia francesa condenó a Jean-Claude Willem, al mismo tiempo como ciudadano que estaba llamando a ejercer una forma de discriminación basada en la nacionalidad y como autoridad local electa que estaba violando la neutralidad en el ejercicio de su función.
En cuanto a la Corte Europea, ésta última acusó además a Willem de querer tomarse la justicia por su mano al asumir, en lugar de las autoridades gubernamentales, la responsabilidad de establecer un boicot.
En momentos en que los partidarios del apartheid ejercen todo tipo de presiones para lograr que la ley francesa considere el antisionismo como antisemitismo, la Corte Europea acaba de publicar un veredicto traído por los pelos que presenta el antisionismo como una forma odio a los israelíes.
A pesar de lo anterior, la Corte reconoció la supremacia de la libertad de expresión sobre la prohibición del boicot. La Corte indicó también que el llamado al boicot contra los productos del apartheid es legal cuando se produce en el marco de una «discusión libre sobre un tema de interés general». |
Silvia Cattori: ¿Pudiera usted resumir brevemente lo sucedido desde el día que usted anunció, durante una reunión del consejo municipal de la comuna de Seclin, su intención de boicotear los productos israelíes provenientes de las colonias judías que explotan tierras pertenecientes al pueblo palestino?
Jean-Claude Willem: Todo comenzó en octubre de 2002. Yo era, en aquel entonces, alcalde de Seclin. Una noche tuve una reacción de cólera cuando vi en la televisión como las tropas israelíes intervenían en Nablus ejerciendo la violencia, tanto sobre los habitantes como sobre sus casas. Aquella misma noche teníamos una reunión del Consejo Municipal. Teníamos que discutir una serie de medidas vinculadas a la crisis de las vacas locas en Gran Bretaña. Al término de la discusión, en la que habíamos decidido mantener el rechazo gubernamental a la entrada de carne inglesa en Francia, en el marco de esa medida de boicot, yo agregué, como reacción a los actos israelíes de violencia contra el pueblo palestino, que yo había decidido que la cocina municipal de Seclin dejara de comprar productos provenientes de Israel, específicamente los jugos de frutas, que sabíamos que venían de las colonias implantadas en tierras palestinas. El boicot era una forma de protesta contra los actos de violencia, protesta a la que ya habíamos recurrido anteriormente, en otras circunstancias.
Como consecuencia hubo muchas reacciones positivas o negativas en el sitio de la alcaldía. Después de recibir un aviso de la asociación «Action Culturelle Israélite du Nord» [1], el fiscal decidió emprender una acción legal contra mí.
En marzo de 2003 tuve que comparecer ante el tribunal correccional que, al cabo de 8 días, me declaró inocente señalando que yo no había cometido ningún delito al expresar la intención de emprender un boicot, que eso formaba parte de mi libertad de expresión. En pocas horas, después de ese veredicto, el ministro de Justicia, Dominique Prevén, le ordenó a la Fiscalía que apelara. En junio de 2003 comparecí ante el Tribunal de Apelación, que me condenó en septiembre de 2003 a pagar una multa de 1 000 euros. En septiembre de 2004, la Cámara Criminal del Tribunal de Casación rechazó mi apelación [2]. Llevé entonces el caso a la Corte Europea por violación de la libertad de expresión y ésta última rechazó mi demanda el 16 de julio de 2009.
Silvia Cattori: ¿Le sorprendió el veredicto de la CEDH? [3]
Jean-Claude Willem: No, porque no me había echo ilusiones al respecto. Usted sabe, la Unión Europea es cómplice de Israel. Incluso después de la agresión israelí contra Gaza (en diciembre de 2008 y enero de 2009), la posición de la Unión Europea sigue siendo la misma, la UE nunca ha condenado a Israel. Todo hacía pensar que la Corte Europea no iba a contradecir a los 27 países de la Unión Europea [4]. De los 7 jueces, sólo me apoyó el juez checo Karen Jungwiert. Este juez estimó que las declaraciones utilizadas para incriminarme reflejaban la expresión de una «opinión o de una posición política de un [responsable local] electo sobre una cuestión de actualidad internacional».
Silvia Cattori: La Corte europea no lo condenó a usted como ciudadano sino como [responsable] local electo cuya función lo obliga a «mantener cierta neutralidad». ¿Es así?
Jean-Claude Willem: Yo fui enviado a los tribunales como alcalde, y también como ciudadano. En la argumentación presentada a la Corte Europea como respuesta a mi demanda, el gobierno francés afirmó que mi libertad de expresión como ciudadano y mi libertad de expresión complementaria como [responsable] electo no se había visto disminuida. La Corte Europea retomó esos mismos argumentos para rechazar mi demanda, y me condenó al mismo tiempo como [responsable local] electo y como ciudadano.
Silvia Cattori: ¿Entonces, no se trata solamente de prohibir la práctica del boicot en el marco de una colectividad pública sino de un juicio que prohíbe, de forma general, el llamado al boicot contra productos israelíes?
Jean-Claude Willem: Eso es lo chocante en la decisión de la Corte Europea. Es realmente escandaloso que ese órgano se pronuncie contra la libertad de expresión, no sólo de un ciudadano de la Unión Europea sino de un [responsable local] electo por el pueblo de un país miembro de la Unión Europea.
Quiero recalcar que, en lo que me concierne, no he hecho nada que esté en contradicción ni con la ley francesa ni con la ley de la Unión Europea ya que la misma Unión Europea se opone a la importación de frutas, de legumbres, de materiales provenientes de las colonias [5]. Si la Unión Europea respetara sus propias decisiones, tendría que suspender inmediatamente el comercio con Israel. Pero nadie lo hace.
Es importante recordar aquí que, cuando este caso fue llevado a los tribunales, yo no había hecho más que expresar la intención de boicotear productos provenientes de las colonias ilegales que violan el derecho internacional, o sea [boicotear] cultivos que los colonos israelíes obtienen de las tierras palestinas.
Silvia Cattori: ¿En su opinión, ese veredicto de la Corte Europea es entonces un veredicto político?
Jean-Claude Willem: Sí, es una condena política porque no apunta solamente contra mi persona sino contra todo el que se decida a anunciar su intención de boicotear a Israel. Es la confirmación de una violación de la libertad de expresión y de la libertad en general.
Se trata de un juicio político porque no soy yo el único que está en la mirilla. Yo soy el pretexto para esta sentencia, pero detrás de todo eso se les está diciendo a todos los franceses y, por ende, a todos los ciudadanos de la Unión Europea que si quieren condenar a Israel por sus violaciones, van a tener problemas.
Silvia Cattori: ¡Es el mundo al revés! ¡Se castiga al ciudadano que no acepta la impunidad en la que se mantiene el Estado colonial de Israel! ¿Le resulta a usted chocante que ningún medio de prensa europeo haya comentado ese sorprendente veredicto?
Jean-Claude Willem: Claro que sí. Pero, sabe usted, esto no se mencionó ni siquiera en el diario comunista L’Humanité, siendo yo miembro del Partido Comunista. ¡Desde 2002, L’Humanité no hablado nunca este caso! ¡Incluso yo escribí [a L’Humanité] expresándole mi asombro!
Silvia Cattori: El argumento de los tribunales franceses, avalado por la Corte Europea,es que un [responsable local] electo no puede reemplazar a las autoridades gubernamentales para declarar un boicot contra un Estado. ¿Puede servir ese punto de vista como justificación al veredicto de la Corte que afirma que la libertad de expresión de usted no fue violada?
Jean-Claude Willem: No, no lo justifica.
Primeramente, es cierto que mediante mi llamado al boicot yo estaba implicando a la colectividad. Pero no hubo desaprobación por parte de los habitantes de Seclin. Por el contrario, la mayoría me dio su aprobación.
En segundo lugar, un alcalde es una figura política. En una ciudad industrial como Seclin, el alcalde ocupa un lugar político importante. Yo era también vicepresidente de la comunidad urbana de Lille. Es por eso que yo estaba llamado a tomar posiciones políticas.
Otros también lo hicieron. Tomaron conmigo decisiones que quizás no estén en conformidad con la ley tal y como se la concibe ahora. Poco antes de este asunto del boicot, yo había tenido que comparecer ante el tribunal correccional con otros cuatro alcaldes de la región Nord Pas-de-Calais porque nos negábamos a convocar a las empresas a que nos hicieran ofertas para la organización de las vacaciones de los niños. Nosotros estimábamos que no era posible organizar las vacaciones infantiles con el mismo método que se utiliza para determinar qué empresa va a realizar un trabajo de construcción, y que en ese caso no debíamos llamar a las empresas a presentarnos ofertas. Y fuimos declarados inocentes. Ese ejemplo demuestra que no hay que plegarse enteramente a la ley cuando el buen sentido y la justicia están de nuestro lado.
Silvia Cattori: El veredicto de la Corte Europea ayuda a proteger a Israel de algo que constituye el mayor temor de ese país: un boicot que siga el ejemplo del que se aplicó a Sudáfrica en otra época. ¡Usted actuó honorablemente cuando llamó al boicot contra un Estado que se cree por encima de las leyes –lo que sucede, desgraciadamente, con la complicidad de nuestras democracias! Hay que plantearse la siguiente interrogante: ¿No subestimó usted la fuerza aplastante del adversario?
Jean-Claude Willem: No lo creo. En primer lugar, porque no me considero derrotado. Mi posición recogió un amplio apoyo, no sólo en Francia [6], sino a través del mundo. Y recibí mucho apoyo en el momento de mi primera condena en la corte de apelación [7]. De todas partes me están llegando numerosos mensajes de gente que se moviliza a favor de la justicia en Palestina. Es posible que mi posición de alcalde, en aquel momento, haya contribuido a hacer que las reacciones fueran tan numerosas.
Por otra parte, yo siempre repito que esta posición de la Corte Europea no me hará abandonar la lucha que he emprendido. Tengo cada vez más gente que me rodea y que está dispuesta a proseguirla esa lucha.
Silvia Cattori: ¿El objetivo de los proisraelíes que lo llevaron a usted ante los tribunales no era quizás lanzar una advertencia a cualquier colectividad local que pudiera sentir la tentación de seguir su ejemplo? ¿Y hacerle pagar caro a usted mismo esta intención de boicot que usted había expresado?
Jean-Claude Willem: Por supuesto. Hace 14 años que yo soy Caballero del Honor Académico. Se trata de una condecoración que se otorga a las personas que se destacan por su actividad con la infancia y en el sector de la educación. Normalmente, ya tendrían que haberme promovido a la categoría de Oficial. Cuando un inspector de la Academia propuso que me promovieran a esa categoría, el ministerio se negó a hacerlo porque me habían condenado por este asunto del boicot. Peor aún, normalmente al cabo de 30 años de actividad como autoridad local electa uno tiene derecho a una medalla de honor que conceden las autoridades departamentales y regionales. En el pasado mes de abril, el prefecto se negó a concederme esa medalla argumentando que yo tenía antecedentes penales. Esto no tiene para cuando acabar.
Ese veredicto afirma que, debido a ese gesto de boicot, yo estaba perjudicando –como alcalde– la actividad comercial de los agricultores israelíes. El elemento principal que justificaba mi posición hacia Israel era que los frutos y legumbres provienen de las colonias ilegalmente implantadas en las tierras de los palestinos y que, conforme a la ley de la Unión Europea, [esos productos] están prohibidos en los Estados [miembros] de la UE.
Lo queda claramente demostrado es que todo esto se hace para evitar que se toque el fondo del problema: la cuestión política. Por eso se enfatiza en la defensa de la actividad comercial de Israel.
Silvia Cattori: ¿Tenía ese prefecto una posición previa a favor de Israel?
Jean-Claude Willem: Sí. Ese prefecto es conocido como amigo de Nicolas Sarkozy. Cuando el actual alcalde de Seclin anunció que no podía entregarme la medalla por la oposición del prefecto, yo fui ovacionado por todo el personal presente –300 trabajadores de los servicios de la alcaldía. Eso vale más que la medalla que me negó el prefecto.
Silvia Cattori: Es indudable que ese veredicto no podrá evitar que la gente que está en desacuerdo con los crímenes del Estado israelí siga implicándose individualmente en acciones de boicot. Pero, ¿no es posible que evite que las autoridades locales electas, que no han querido implicarse hasta ahora, respondan eficazmente a la campaña «Boicot, Retiro de Inversiones, Sanciones» convocada por la sociedad civil palestina desde el año 2004 [8]?
Jean-Claude Willem: Yo creo que soy el primer [responsable local] electo que ha sido condenado. Pero hay mucha gente que practica el boicot, gente que cuando compra un producto mira de dónde viene y no lo compra si viene de Israel.
Silvia Cattori: Mediante este valeroso gesto, usted ha puesto a las autoridades de la Unión Europea ante sus propias responsabilidades. Teniendo en cuenta el veredicto de la Corte Europea, ¿no exhortaría usted a las autoridades electas locales a presentar a sus consejos municipales mociones que comprometan a la ciudadanía a practicar el boicot y a intervenir en nombre de esa libertad de expresión que usted quiso ejercer?
Jean-Claude Willem: En este momento son más bien las asociaciones implicadas en la lucha por la paz y la justicia en el Medio Oriente las que pudieran hacer eso. Yo no dispongo ya de esa posibilidad.
Existen Consejos Municipales que han tomado claramente posición en cuanto a la injusticia contra los palestinos, que han exigido que la Unión Europea aplique a Israel las sanciones previstas por la ley. Hay responsables de las autoridades locales electas que viajan periódicamente a Palestina para expresar su apoyo a los palestinos.
Como ya le dije anteriormente, a veces hay que saber no respetar la ley cuando ésta contradice nuestra moral, cuando se opone a nuestros ideales de justicia y de fraternidad.
Y sobre todo, cuando no queda espacio para el optimismo. Las cosas no han hecho más que empeorar desde la llegada de Sarkozy. Francia no marcha por el camino correcto.
Silvia Cattori: Muchas gracias.
[1] La «Association culturelle israélite» es una asociación presente en numerosas ciudades y regiones de Francia. Fue el presidente de la «Association culturelle israélite du Nord», Jean-Claude Komar, quien presentó junto con un particular, el señor Guy Bwensoussan, la demanda contra Jean-Claude Willem por su llamado al boicot contra la política ilegal de Israel. Pero fue la fiscalía de Lille la que tomó la iniciativa de las acusaciones mientras que Bensoussan y Komar se presentaban como demandantes.
[2] En su veredicto del 28 de septiembre de 2004, la Corte de Casación considera que el señor Willem «al anunciar su intención de pedir a los servicios de elaboración de alimentos de la comuna que no siguieran comprando productos provenientes del Estado de Israel, incitó a éstos a tener en cuenta el origen de dichos productos y, por consiguiente, a poner trabas al ejercicio de la actividad económica de los productores israelíes, haciendo en realidad este llamado al boicot debido a su proveniencia de la nación israelí».
Ver el texto íntegro del veredicto (en francés).
[3] Ver además una excelente cronología y análisis del caso en el blog Combatsdroitshomme (en francés).
[4] La Corte Europea no es un órgano de la Unión Europea (que se compone de 27 países) sino del Consejo de Europa (que cuenta 47 miembros). A pesar de ello, la Corte Europea nunca ha entrado en conflicto con la Unión Europea, teniendo ambas orígenes comunes.
[5] Ver el análisis –muy bien documentado– del jurista Gilles Devers. En él se señala, sobre la actividad de las empresas instaladas en los territorios ocupados:
«Leamos el artículo 55 de la 4ª Convención de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra: «El Estado ocupante no se considera más que como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas pertenecientes al Estado enemigo que se encuentren dentro del país ocupado. Tendrá que salvaguardar el fondo de esas propiedades y administrarlas conforme a las reglas del usufructo». Y recuerdo la resolución 446 del 22 de marzo de 1979 del Consejo de Seguridad: «La política y las prácticas israelíes que consisten en establecer colonias poblacionales en los territorios palestinos y en otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tienen ninguna validez en lo tocante al derecho y obstaculizan gravemente la instauración de una paz general, justa y duradera en el Medio Oriente.»
Ahí no se trata de organizar medidas discriminatorias, sino de aplicar las bases del derecho de la guerra, en cuanto a las obligaciones del ocupante.
¿Con qué objetivo? Se vuelve imposible la realización de objetivos ilegales, como la construcción del tranvía que destruiría el futuro de Jerusalén-este o las ventas de armas que serían utilizadas en violación del derecho internacional. [Las empresas] Veolia y Alsthom tuvieron que renunciar a la construcción del tranvía y acaban de ser anulados importantes pedidos británicos de armas.
¿Las condiciones de realización? Ahí reside todo el problema de las implantaciones industriales en los territorios ocupados. La potencia ocupante no puede sacar provecho de las tierras que tiene bajo su control. Una transacción pactada entre una empresa dependiente de uno de los 47 países del Consejo de Europa y una empresa que tiene uno de sus talleres instalado en los territorios ocupados puede ser objeto de una acción legal de anulación, por violación de las convenciones de Ginebra. Y, en ese sentido, la CEDH no podría hacer otra cosa que estimular a los alcaldes que actúan a favor de una mejor aplicación del derecho.»
[6] En lo tocante al veredicto de la CEDH, ver específicamente el comunicado de apoyo de la AFPS a Jean-Claude Willem publicado el 19 de julio de 2009.
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