La guerra económica contra Cuba sigue intacta

Desde el 12 de febrero de 1959, en que EE.UU. se negó a devolver la suma de 424 millones de dólares pertenecientes a las reservas del Banco Nacional de Cuba y llevadas a ese país por los en fuga personeros y criminales del régimen del dictador Fulgencio Batista, hasta hoy, hay una larga historia de agresiones.

El 13 de febrero de ese año, el Journal of Commerce, de Nueva York, insinúa que si las reformas revolucionarias iniciadas no eran detenidas, “ la Isla perdería parte de las tradicionales ventas de azúcar al mercado norteamericano.”

En línea con lo anterior, Roy Robotton, secretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, declaraba: “Sería ventajoso para Cuba defender su posición actual en el mercado norteamericano ya que cualquier ley que el gobierno de Cuba pueda aprobar podría afectar ese mercado.”

Era solo el comienzo, después vendrían otras declaraciones más reveladoras del verdadero objetivo que perseguían. El seis de abril de 1960 Lester Dewitt Mallory, subsecretario de Estado Adjunto, escribió: “Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebido para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros, para disminuir salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.”

Más tarde oficializaron esa política cuando el siete de febrero de 1962 el presidente Kennedy dictó la Orden Ejecutiva 3447, decretando el bloqueo, que sería complementado en 1992 por la Ley Torricelli y en 1996, por la Helms-Burton, ambas con carácter extraterritorial.

A continuación vendrían las medidas contenidas en el Plan Bush, en sus dos versiones, donde dio nuevas y más violentas vueltas de rosca, llegando las medidas hasta el ámbito de las familias y realizando una persecución feroz tras toda transacción económica con la Isla.

La guerra económica desatada viola las leyes y normas más elementales del comercio mundial y afecta los intereses de los propios Estados Unidos. Esa legislación, que se aplica con rigor, continúa persiguiendo el mismo fin que le dio origen.

El nuevo gobierno estadounidense anunció el pasado mes de abril medidas para suprimir algunas de las restricciones más brutales de George W. Bush, las cuales limitaban los vínculos de los cubanos residentes en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba.

Dichas determinaciones constituyen un paso positivo, pero extremadamente limitado. Sin embargo, no hay señales de una verdadera voluntad de cambio en la criminal política de bloqueo económico y se persigue y multa a filiales extranjeras de empresas y entidades financieras que venden artículos a la Antilla Mayor.

Esas y otras medidas de igual corte siguen vigentes, argumentándolas con la vigencia de la Ley de Comercio con el enemigo, de 1917, de aplicación exclusiva para situaciones de guerra, reservada en estos momentos solo a Cuba, y que ha costado a su pueblo daños por más de 96 mil millones de dólares.

Este extraterritorial y genocida bloqueo resulta un acto de agresión al cual se le debe poner fin incondicionalmente. Así lo ha demandado la ONU por 17 años consecutivos y volverá a hacerlo por abrumadora mayoría en este propio mes de octubre.