Tras la movilización de los sectores populares, el gobierno accedió al diálogo para recoger sus puntos de vista sobre las leyes que se debaten en la Asamblea.
Vivimos una época en que la corriente democrática ha ido acrecentándose en el Ecuador y América latina, con gobiernos que llegaron al poder utilizando un discurso a favor de los pueblos, de corte patriótico y progresista.
En el caso concreto de nuestro país, el pueblo ecuatoriano depositó su confianza en Rafael Correa, que en ese momento se mostraba totalmente accesible a los pedidos de los distintos sectores, es así que se ve un avance de esta corriente, afirmada tras cinco procesos electorales (entre Consulta Popular, Elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, Referéndum y elecciones generales).
Ya con una nueva Constitución, que recoge en su mayoría los planteamientos de los sectores populares, el proceso continuaba sin mayores dificultades al interior de la tendencia, que no sea el aparecimiento de ciertas facciones derechistas a las que había que combatir. Conforme van pasando los meses y con la instalación de la nueva Asamblea (la encargada de debatir y elaborar las leyes que regirán al nuevo Estado) comienzan los problemas, ya que al tomar fuerza estas posiciones derechistas al interior del gobierno, se comienzan a aprobar leyes anti populares, y las diferentes organizaciones muestran su inconformidad y presentan sus propuestas, a lo que el gobierno respondió, equivocadamente, con incultos, descalificaciones e injurias a dirigentes populares y organizaciones sociales.
Esta actitud cerrada de Rafael Correa, arremetiendo con insultos, además de negarse ante las peticiones de diálogo por parte de las organizaciones para llegar a acuerdos que beneficien al pueblo, empujó a grandes jornadas de movilización de todos los sectores a nivel nacional, con el objetivo de hacer escuchar su voz e insistir en el dialogo y en que se corrija el rumbo.
Contrariamente a lo que era necesario, y hasta cierto punto obvio, el primer mandatario no dudó en continuar con su ataque, utilizando sus acostumbrados enlaces sabatinos y cadenas nacionales, mientras la indignación se acrecentaba y cada vez más sectores populares se unían a las movilizaciones de la UNE y la CONAIE. En medio de estas manifestaciones se lamentó el fallecimiento del profesor bilingüe Bosco Wisum, lo que enardeció las protestas y obligó al gobierno a ceder ante las peticiones populares.
En este contexto, luego de haber vivido semanas de intensa movilización por parte de los sectores populares que se negaban a doblegarse ante la prepotencia del primer mandatario, finalmente accedió a dialogar con los principales actores sociales, quienes están interesados en presentar sus propuestas para las diferentes e importantes leyes que se están tratando en la Asamblea.
En el caso de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se ha planteado el trabajo con una comisión conformada por representantes del Ministerio de Educación y de la UNE, quienes han fijado una agenda con las principales temáticas a tratarse, como: Ley de educación; Ley de carrera docente y escalafón del magisterio; Jubilación; y Evaluación docente. Las mismas que por su grado de importancia se han visto en la necesidad de discutirlas conjuntamente con la comisión encargada en la Asamblea Nacional, pues “es necesario trabajar en coordinación ya que no tendría sentido que nuestra comisión debata los temas y que la Asamblea vaya aprobando otras cosas”, señala Mariana Pallasco, secretaria de actas de la UNE.
Cada temática está siendo debatida intensamente, con la documentación necesaria, para lograr las rectificaciones en beneficio de los docentes y de los estudiantes, que serán los principales beneficiarios de una ley de educación de calidad. Dificultades por el lado del gobierno, como por ejemplo no conocer la realidad educativa, no han impedido que se continúe con las propuestas. “El ministerio, por ejemplo, tiene una visión de utilizar la tecnología para avanzar, y es correcto, pero si está alejado de la realidad es cuando vienen los problemas. Pero si se cuenta con la participación del gremio que, con su visión y vivencia de la realidad de las instituciones, puede diseñar mejores mecanismos, se lograrán resolver muchos de los problemas”, afirma Pallasco.
Por otra parte, el sector indígena no ha corrido con mucha suerte en este aspecto, pues a pesar de haber iniciado el proceso de diálogo antes que los maestros, no ha tenido mayor avance, ya que por diferentes motivos, como la ausencia de las autoridades, o por la asistencia de funcionarios del gobierno de menor rango y sin facultad de decisión, no se han podido instalar las mesas con regularidad.
Las principales temáticas a tratarse en este proceso, fijadas en consenso por los dos sectores son: Ley de Aguas, Ley de Educación, Ley de ordenamiento territorial, Sistema de interculturalidad Bilingüe, de las cuales, según declaraciones públicas de Jorge Guamán, coordinador nacional de Pachakutik, la mesa de diálogo que mayores avances tiene es la que se encuentra tratando el tema del Agua.
A pesar de las distintas dificultades e inconvenientes que han tenido que afrontar estos sectores, este proceso continúa, con la colaboración de los principales actores, que con propuestas y el debate encaminado a que sus opiniones sean tomadas en cuenta al momento de aprobar las leyes, está dejando en claro la posición del gobierno y la de los diferentes sectores en los diferentes temas. (JT)
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