Villarreal, el fallido chivo expiatorio de la PGR

La tarde del pasado 30 de septiembre, Ramsés Villarreal Gómez, de 27 años, fue bajado violentamente del microbús por cuatro sujetos vestidos de civil que dijeron ser agentes de la Policía Federal. Lo subieron a una camioneta sin distintivos de corporación policiaca alguna. Luego de amenazarlo, le informaron que estaba detenido. Un día después, fue presentado como el “terrorista” que arrojó explosivos de fabricación casera a bancos y establecimientos comerciales ese mismo mes.

Al momento de su detención, el estudiante se dirigía al plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a prestar su servicio social en la edición de la revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad. Egresado de la carrera de sociología con promedio de 9.6, se encontraba a 20 días de titularse con la tesina Los resortes de la rebelión de los pueblos de Oaxaca en 2006. Años atrás, fue activista en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que sería expulsado por supuestamente haber dirigido una protesta en la Preparatoria 2.

—Me tomaron por el cuello; me lo doblaron; agacharon mi cabeza y me doblaron también el brazo; yo no me resistí –explica repantigado en la sala de su casa, luego de que la noche del 2 de octubre el juez Ranulfo Castillo le otorgara su libertad al calificar de ilegal su detención.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Villarreal de atentar contra, al menos, un cajero automático en la delegación Venustiano Carranza. Fue “identificado” a partir de un video captado por la cámara de seguridad de un banco. “Prueba” que, sin embargo, dos días después de la detención, el juez Castillo consideró “insuficiente” para declarar culpable al joven sociólogo.

Se “criminaliza” lucha social

Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo –dedicado a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, de conciencia e injustamente presos–, comenta que el Estado mexicano montó un nuevo espectáculo ante su incapacidad investigativa para encontrar a los responsables.

“Lo que hacen es mover las plumas que están a su servicio y empiezan a construir un imaginario social de que ellos (activistas como Ramsés) son responsables: criminalizar antes del juicio”. Agrega: “los medios (de comunicación) están jugando un papel violatorio de los derechos humanos porque están juzgando sobre una base de mentiras”.

Para Donato Amador, del Colectivo de Abogados Zapatistas –organización que asume la defensa de Villarreal–, esta detención forma parte del “proceso que hay de criminalización de la lucha y de los luchadores sociales”, en el que se busca a los más vulnerables.

—No están buscando quién la hizo, sino quién la paga –comenta el propio Ramsés–. La intención era también castigar o mostrar represión ante gente que se ha atrevido a luchar, a expresar su descontento ante injusticias, a defender su derecho de libre expresión.

El Estado mexicano quiso dar un “doble golpe” ya que además de considerar su perfil académico (sus estudios en sociología y economía) y su historia como activista, también tomaron en cuenta la familia a la que pertenece, asegura Raymundo Villarreal –padre de Ramsés– quien desde hace aproximadamente 30 años forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Martín Barrón, maestro en criminología e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explica que “no se debe estigmatizar a una persona por sus antecedentes. Inclusive si se trata de antecedentes penales”.

—Más allá de lo que digan los medios de comunicación, hay que demostrar la culpabilidad con pruebas y no con una serie de especulaciones.

Hechos

El pasado 12 de octubre, Ramsés Villarreal, a través del Colectivo de Abogados Zapatistas, presentó una denuncia ante la PGR y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que responsabiliza y exige se castigue a la PGR, a agentes federales del Ministerio Público, a la Policía Federal y a quienes resulten responsables por los delitos de tortura, difamación, robo, abuso de autoridad, detención ilegal y los que resulten de los hechos ocurridos contra su persona desde el momento de su detención hasta el de su liberación.

“En cualquier país que se cumplan las leyes, esas personas mínimamente tendrían que ser destituidas de su cargo”. Por eso “lo vamos a denunciar para que quede el ejemplo y que la sociedad no permita este tipo de actos. A lo mejor no vamos a obtener nada, pero, cuando menos, para que cuando cometan otra atrocidad, la piensen”, dice Pedro Suárez, también integrante del colectivo que asume la defensa de Ramsés.

Cuando lo estaban deteniendo, Villarreal pensó que era un secuestro. En ningún momento le mostraron la orden de aprehensión, no le notificaron el motivo de su detención ni le informaron adónde lo llevaban. El Colectivo de Abogados Zapatistas califica de ilegal dicha acción (tal como lo determinó el juez Castillo), al no cumplirse los criterios de flagrancia y/o la detención por urgencia o por orden de aprehensión.

El pasante de sociología narra que fue hostigado, humillado y amenazado desde el momento de la detención; hechos que disminuyeron sólo hasta las primeras horas del siguiente día, a partir de que rindió su declaración y se atrevió a denunciar esta “tortura sicológica”. Los agentes federales lo privaron de sus llaves y su celular (mismos que nunca recuperó), lo amenazaron con golpearlo, violarlo y asesinarlo. Le cubrieron la cara con su propia playera, y le colocaron otra encima. Le dijeron que iba a ser detenido y le exigieron que explicara “todo lo que había hecho”.

En la PGR de Camarones, lugar en el que fue presentado aproximadamente 30 minutos después de su aprehensión, policías federales lo acusaron de haber hecho explotar bombas en bancos. En aquel momento le dijeron que su detención no fue fortuita: que había sido investigado luego de una supuesta denuncia anónima en su contra.

La PGR vincula a Villarreal con los atentados contra bancos y establecimientos comerciales, ocurridos los días 1, 8, 14, 16 y 22 de septiembre pasado, según consta en las averiguaciones previas AP/PGR/DF/SPE-XII/4126/09-09, AP/PGR/DF/SPE-XII/4241/09-09, AP/PGR/DF/SPE-XII/4313/09-09 y AP/PGR/DF/SPE-XII/217/09-09. Así, señala su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de daño a propiedad, violación a la ley de armas de fuego y terrorismo.

“El único delito de Ramsés, a petición o imaginación de la PGR, es que se parece a la persona de la fotografía del banco”, expresa el Colectivo de Abogados Zapatistas. Y es que, hasta el momento de presentar su declaración, la única prueba contra su defendido era una imagen captada por una cámara de seguridad de una sucursal Bancomer, que peritos de la PGR, a partir de estudios antropométricos y de identificación fisonómica, determinaron que se trataba de Villarreal.

Ramsés no es el individuo de la fotografía, argumenta su defensa: no se parecen a simple vista; la frente del primero es más amplia que la del segundo; existe una diferencia en la masa corporal de las dos personas.

Villarreal narra que, una vez en la PGR, se le negó el derecho de realizar una llamada hasta pasadas las 22 horas.

—Me decían que para qué quería hablar si me iban a tirar a un barranco, a matar, a desaparecer. Fui llevado, en distintas ocasiones, a cubículos a los que llegaba gente distinta, entre siete u ocho personas, a amenazarme. Las amenazas subían de tono. En una intentaron ponerme una bolsa de plástico en la cabeza, y otra vez, una cobija mojada. Yo las rechacé con las manos.

También lo amenazaron con violar a su esposa; agredir a sus padres y familiares; catear su casa para sembrarle, entre otras cosas, bombas; desaparecerlo, tirarlo a un barranco y encerrarlo toda su vida en la cárcel. A la par, le proponían inculpar a otras personas y ser “testigo protegido”.

—El gobierno buscó un chivo expiatorio. Pensó que “el vulnerable” era Ramsés porque pensaron que él se iba a dejar intimidar y aceptar que tenía algo que ver; por eso lo estuvieron torturando. No contaban con que el compañero iba a tener el valor suficiente, no sólo para no aceptar que él era, sino además denunciar la tortura –considera Donato Amador.

Villarreal dice que los interrogatorios pasaron por distintas etapas. Le pidieron que aceptara su culpabilidad; después, que diera nombres de otras personas; y luego de mostrarle borrosa y en blanco y negro la fotografía captada desde una sucursal bancaria, le pidieron que identificara al sujeto que aparecía ahí, a partir de nombres que sus propios captores le proporcionaban; posteriormente, le fueron mostradas otras seis fotografías de personas que asegura no conocer.

Ramsés no dice nada sobre las características de estas personas. Agacha la cabeza, pero enseguida se repone y, sin titubear, comenta: “Prefiero evitar mencionar detalles acerca de las personas de las fotos porque no me gustaría que al saber los medios de comunicación quiénes son, comiencen con una campaña de difamación y los llamen terroristas sin primero comprobar algo. Yo no puedo culpar a personas que seguramente son inocentes como yo”.

“Se me propuso que se me liberaría, pero que tenía que aceptar ser llevado en una camioneta a los domicilios de estas personas”, consta en la relatoría de hechos de Villarreal. “También me confesaron que no tenían línea de investigación, que no sabían quién lo había realizado, incluso me plantearon que yo era inocente”.

El último de los interrogatorios ocurrió la madrugada del 2 de octubre, momentos antes de ser trasladado, sin aviso, al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. “Mientras me grababan, me propusieron, a cambio de mi libertad, decirles apodos de gente de quien sospechaba y, finalmente, decirles los nombres de mis amigos para que pudieran abrir líneas de investigación”.

Luego de ser consignado, Villarreal fue liberado por orden del juez Ranulfo Castillo. De manera inmediata, la PGR solicitó una orden de reaprehensión, misma que fue negada por el juez, quien determinó entonces que no se acreditaba la probable responsabilidad del acusado; tampoco, el delito de terrorismo.

Ya en libertad, Ramsés se enteró que el 1 de octubre, mientras sus familiares y amigos se manifestaban frente a las oficinas de la PGR en la avenida Reforma, elementos de la Policía Federal realizaron un cateo a su departamento. Los uniformados sustrajeron una cámara de video, siete discos duros, una computadora personal y una de escritorio y 3 mil pesos en efectivo, mismos que, asegura Villarreal, no recuperó.

Libre pero “temeroso”

El Colectivo de Abogados Zapatistas asegura que la situación jurídica actual de su defendido es de absoluta libertad. El licenciado Pedro Suárez, integrante de dicha agrupación, explica: “El artículo 23 constitucional dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero hay una tesis jurisprudencial que establece que no es necesario que sea sentenciado para que se considere que es investigado por el mismo delito, sino que, incluso, en la averiguación previa ya no puede ser investigado. La PGR podrá acusarlo de cualquier otro delito, y no dudamos que le fabrique otros, pero de éstos, ya no”.

Ramsés Villarreal Gómez teme que, “ante la impotencia de no poder proceder legalmente”, se cumplan las amenazas de las que fue objeto. Responsabiliza al procurador Arturo Chávez Chávez y al gobierno federal de lo que pueda ocurrirles a él y a su familia. “Y no es una cuestión de venganza, es un acto que él hizo, y como tal, es responsable”, puntualiza su defensa.

Se solicitó entrevista con Ricardo Nájera, vocero de la PGR. Sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.