¡Ejecútenlos!

Todo esto viene a colación porque las soluciones inmediatas, siempre aplaudidas, son las que apantallan. Lo mismo en la economía –reciente engendro fiscal– que para combatir la violencia –formar grupos paramilitares–. En el primer caso se habla de que la recaudación del próximo año será menor a la esperada; en el segundo, parece que ya se dio carta blanca en las alturas del poder a los escuadrones de la muerte.

Horas antes de que el actual presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León –sitio donde se concentran los más ricos del país–, Mauricio Fernández, anunciara la muerte de Héctor Saldaña Peralta, el Negro, éste había sido asesinado junto con sus hermanos Alan y Carlos, y con César Rodríguez.

El mensaje, para cualquier investigador mediano, es claro: vamos por todo. La autoridad federal en éste, como en la mayoría de los asuntos, mostró su incapacidad para reaccionar conforme a derecho.

Mauricio Fernández había sido denunciado por Reporte Índigo, el periódico electrónico de Ramón Alberto Garza, por tener conversaciones con Alberto Beltrán Leyva, jefe del famoso clan que maneja la frontera del país. Negada por el político, fue exhibido en una conversación donde pedía una tregua. No obstante que en otra parte del orbe hubiera bastado para causarle una derrota, logró los votos para una vez más hacerse cargo de un lugar que gobernó anteriormente.

En el discurso referido, habló de no seguir la ortodoxia, utilizar mano ruda contra los delincuentes, formar equipos no oficiales de gente armada y no hacerse güeyes para afrontar los problemas de violencia. Cátedra acerca de cómo los poderosos no tienen miedo de violar la ley; ejemplo de que los poderes constituidos dejan hacer todo a los que manejan la economía real.

No es el primer caso en que los adinerados forman sus pequeños o grandes ejércitos para su cuidado y el de algunos, no todos los ciudadanos. Desde hace tiempo hay sicarios del Mossad israelí y de exintegrantes de la Central Intelligence Agency y la Drug Enforcemeng Administration, que cuidan a diversos personajes; en Veracruz tuvimos noticias de los Matazetas; existe, también, el Comando Ciudadano por Juárez y hay varios más en diferentes estados del país.

Sus resultados son pobres, raquíticos. Algunos de ellos han servido, incluso, para tener información privilegiada y luego secuestrar a los hijos de quienes los contrataron. Pero incluso en Ciudad Juárez el número de asesinados hasta ahora es de 1 mil 800, de un total de 2 mil 400 en el estado de Chihuahua, el más violento en el país y seguramente en el mundo, si exceptuamos a Afganistán e Irak.

Y es que la famosa guerra que desató Felipe Calderón contra el narcotráfico ha sido un chasco. Octubre fue el segundo mes más violento de esta administración, con 840 ejecuciones; el total en los 35 meses de calderonismo es 15 mil 290 ejecutados…y va para largo.

El asunto es tan problemático que comentaristas allegados al Ejército y hasta un exmilitar en un libro han señalado que la estrategia seguida por Felipe es errónea y desgastante. Algo en lo que coinciden expertos de seguridad nacional.

Un caso reciente, de que hasta los delincuentes son puestos como ejemplo de eficacia ante las torpezas oficiales, lo dio el exsubsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jeffrey Max Jones, quien aseguró que los narcos sí conocen bien el mercado y tienen éxito. En la antípoda, se prohibió la canción de los Tigres del Norte “La granja”, porque muestra que el combate a los malosos es una ilusión más que una realidad.

Curioso, mientras en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, se despenaliza la mariguana, entre nosotros se pone el acento en la mano dura; se privilegia la policía supuestamente especializada, se insiste en aumentar la presencia de los verdes y se contratan bandas paramilitares. En este último caso, los ejemplos de Guatemala, Argentina, España y Colombia, en diversas épocas, muestran que el resultado es un Frankestein que nadie sabe, después, cómo desactivar.

Lo básico es castigar la impunidad, evitar la corrupción, rehabilitar al adicto, crear fuentes de empleo, fortalecer la convivencia ciudadana y desarrollar la cultura, algo que se descuida en la crisis.

Recientemente ultimaron al periodista Vladimir Antuna, el cuarto en el estado de Durango en 2009 y el doceavo en el país. Frente a dichos crímenes, la autoridad, tan enérgica para agredir a los jóvenes y a los sindicalistas, ha sido un espectador más.