El déficit de energía eléctrica, provocado por la prolongada sequía en la zona de Paute, deja otra vez mal parado al gobierno y toda su prédica de “meritocracia”. Es evidente que los tecnócratas de alto nivel del gobierno han sido incapaces de establecer con tiempo un plan de contingencia que mitigue los previsibles impactos de la ausencia de lluvias en la zona y su consecuencia inmediata: la reducción de la generación eléctrica.

Incapacidad e irresponsabilidad que pretende ser justificada como lo hacían otros gobiernos, culpando al gobierno anterior, algo que es cierto en parte, porque la otra parte, que también es cierta, es que el gobierno actual tiene casi tres años de ejercicio y no ha tomado las medidas necesarias para evitar este problema. Sus funcionarios no previeron que el desuso y el óxido deshabilitarían a las plantas termoeléctricas, y la construcción urgente de hidroeléctricas fue anunciada con gran despliegue publicitario.

Buena parte de la energía del presidente Correa ha estado destinada a atacar las movilizaciones de los estudiantes universitarios, de los trabajadores, de los indígenas, de los maestros y de cuanta movilización se ha producido en el país, que han tenido como principal objetivo rechazar la prepotencia y autoritarismo con el que se están imponiendo algunas leyes en la Asamblea Nacional.

Por otro lado, el presupuesto para el 2010 alcanzará 21 mil millones de dólares, con un déficit de 4.100 millones. Se ha destinado para el pago de la deuda pública interna 400 millones de dólares y para el pago de deuda externa 559 millones. Se calcula que el promedio de venta del barril de petróleo será de 65 dólares. El Gobierno proyecta un crecimiento del 6,81% del PIB. Uno de los componentes importantes del presupuesto es el ingreso por impuestos que espera recaudar: 8.200 millones de dólares; recaudaciones que vienen de los sectores populares, sin que hasta ahora se conozca cuánto se ha recaudado de los empresarios que evaden el pago de los impuestos.

Conforme se apagan las esperanzas del pueblo en el gobierno de Correa, es evidente también que se enciende el descontento popular por el involucramiento del gobierno en actos de corrupción, por la adopción de medidas antipopulares, por la prepotencia y el ataque desmedido hacia las fuerzas populares, hacia las organizaciones sociales que tienen una larga trayectoria de lucha en de defensa de la soberanía y los derechos de los pueblos. Es decir hacia los actores principales del cambio.

Frente a esta situación el movimiento popular tiene que transitar por un camino de independencia, que le permita enfrentar los embates antipopulares del gobierno, movilizándose para detener cualquier tipo de retroceso y para afirmar su condición de actor y gestor principal de nuevas estrategias de acción social y política que acerquen los objetivos de las transformaciones revolucionarias.