Los anhelos de cambio de todo un país, plasmados en la nueva Constitución aprobada con un arrasador porcentaje en un referéndum el 28 de septiembre del 2008, marca una nueva etapa en la vida política y social del Ecuador. Se inicia con la elaboración de las nuevas leyes que regirán al país en los diferentes aspectos.

De esta manera, el 30 de de abril del 2008, mediante Mandato Constitucional se determina un proceso de Diálogo Social, en el cual el presidente debía abrir un canal de dialogo con los trabajadores para recoger sus opiniones y poner parámetros y acuerdos en lo que respecta a los temas de contratación colectiva de trabajo en las diferentes empresas, publicas, privadas y estatales.

Exactamente un año después, el 30 de abril del 2009, el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 1701 dicta criterios con los cuales deben regirse la negociación de la contratación colectiva sin haber cumplido el proceso de dialogo social. Además de violar algunos derechos humanos y laborales de los trabajadores, así como a los distintos tratados internacionales firmados entre ecuador y la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en especial los tratados 87 y 98 que hacen referencia a la libertad sindical ,protección del derecho de sindicación y a la negociación colectiva, también viola el artículo 326 numeral 7 de la Constitución Política del Estado.

Dicho decreto facilitó a algunos de los empresarios el maltrato a los obreros sin recibir ninguna sanción, tal como fue el caso de FETSA S.A., TELEFONICA MOVISTAR, SOLCA, ECOVIA, INTERAGUA, Petroindustrial – Refinería de Esmeraldas-, Sindicato de Bomberos Aeronáuticos, donde más de doscientos ochenta trabajadores fueron despedidos solamente por ejercer su derecho a la organización sindical.

Ante estos hechos las principales centrales sindicales de trabajadores como la Unión General de Trabajadores (UGTE), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS),Confederación de Ecuatoriana de organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional exigiendo la derogatoria del Decreto 1701 el 27 de mayo del 2009, pues a más de mancillar los principales derechos de los trabajadores al impedirles organizarse también se pretende anular la contratación colectiva mediante la clasificación de los trabajadores entre los que realizan trabajo físico y trabajo intelectual, excluyendo a estos últimos del código de trabajo.

“Una vez emitido este decreto, inmediatamente las cuatro centrales sindicales presentaron la demanda de inconstitucionalidad y hasta hoy no se ha obtenido respuesta alguna de la Corte Constitucional, ya que no ha asumido su compromiso y su responsabilidad frente al pueblo ecuatoriano en declarar a esta demanda como inconstitucional para que se restituyan los derechos de los trabajadores” afirma Lenin Ordoñez, asesor jurídico de la UGTE.

Tras meses de constante movilización de los trabajadores y mediante intensos diálogos en mesas de trabajo con representantes del gobierno, se continúa con el proceso legal que a finales de octubre se realizó la audiencia previa al dictamen final, en la cual los trabajadores ratificaron su posición, pues consideran injusto que con el pretexto de eliminar los privilegios se eliminen también los derechos legítimamente conseguidos durante años de lucha.

En el proceso de lucha se establecieron mesas de dialogo entre los principales actores de la problemática laboral “venimos discutiendo y analizando cómo ha golpeado el decreto 1701 a los trabajadores, sin embargo es notoria la tozudez del gobierno y sus representantes que han estado en estas mesas de dialogo , pero nosotros pensamos de que en el actual escenario puede llevarse adelante la recuperación de algunos beneficios y derechos de los trabajadores; sin embargo de eso nuestra acción tiene que estar en el marco de buscar la emancipación de la clase obrera de buscar una nueva sociedad donde efectivamente los trabajadores dirijan el poder” enfatiza Ordoñez.

Actualmente se espera que la resolución final por parte del Tribunal Constitucional sea favorable para los trabajadores pues en caso contrario se estaría consagrando una verdadera injusticia frente al reclamo de los trabajadores, quienes se encuentran vigilantes.

“Continuamos con la movilización luchando para que se dé un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del decreto 1701, que tiene como pilar fundamental la eliminación de los derechos laborales que consagra la misma Constitución de la República del Ecuador y esperamos ser escuchados ya que los trabajadores somos actores fundamentales de los cambios y del avance que requiere la sociedad ecuatoriana” finaliza Lenin Ordóñez.