En el Ecuador la explotación minera ha sido realizada, por más de tres décadas, en distintas zonas del país, en forma artesanal y también tecnología por empresas nacionales y extranjeras.

Poblaciones como las de Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe y otras, durante algunos años se han organizado para protegerse y detener el uso y el abuso en la población y la naturaleza por parte de las compañías canadienses, porque pretenden en algunos casos apropiarse de fuentes de agua que sirven para el consumo humano, para el riego, de terrenos que son propiedad de comunidades y de áreas protegidas violando así los derechos humanos ylos derechos a la naturaleza.

A pesar de las manifestaciones de múltiples poblaciones organizadas, el Gobierno hizo público su apoyo al “virtuoso” trabajo de las compañías mineras, como la canadiense ECSA, Iam Gold y otras, porque utilizan supuestamente “tecnología de punta, que no genera daños ambientales, calificándola a ECSA de exitosa por la gestión realizada y de ejemplo a seguir.

Más de 260 empresas con la marca de la famosa hoja de maple de la bandera canadiense, operan en casi todo el mundo, convencen a los gobiernos de su “solvencia y eficiencia” en las actividades extractivas, y a lo largo de su acción evidencian negociados y pocos ingresos a las cajas fiscales, desalojos, abusos, aprovechamiento absoluto de las fuentes de agua, degradación del ambiente y una enigmática situación jurídica.

Dicha misteriosa situación fue develada a través de una investigación realizada por un ciudadano canadiense en la que se evidenció que muchas de las compañías mineras son solamente inscritas en ese país del norte, por ser considerado un paraíso minero, pues sus capitales y accionistas son foráneos.

A las compañías que deciden operar en ese país de Norteamérica, se les ofrece extensos territorios con potencial geológico (oro, cobre, níquel, zinc, plata, diamantes, potasio, asbesto) para estas actividades extractivas, y además se les garantiza el acceso a recursos energéticos y agua al mejor postor, privilegiando los intereses empresariales y no la vida de las comunidades indígenas o territorios protegidos. Canadá posee 57 millones de ha., ocupadas por concesiones mineras, ya que la mayor inversión pública que se hace en porcentajes importantes, es en el sector privado de ese carácter.

En el marco jurídico, es el Estado quien ha diseñado las leyes acordes al sector empresarial, es quien define el territorio a concesionar y el que otorga derechos y supra poderes a las empresas privadas mineras. En este tema, la legislación ambiental es casi inexistente, ya que “los estudios ambientales” de las zonas a explotar son esas mismas cuestionadas empresas.

A nivel internacional, Canadá se ha promocionado en los últimos 20 años y ha logrado incidir en el Banco Mundial, consiguiendo una reforma en los códigos mineros en los países endeudados o participando en la definición en inversión minera en Colombia, Perú, Guinea, y en otros países latinoamericanos, con sus propias leyes, lo que quiere decir que Canadá se permite exportar sus propias leyes, por ser un paraíso judicial para la industria minera.

Ha sido tal la incidencia que han alcanzado las mineras canadienses, que muchas de ellas no pagan impuestos en su propio país. En México el 90% de mineras son canadienses; en el Congo, por el poder e inmunidad que han alcanzado, han dejado 5 mil muertos a causa de los abusos cometidos.

En el campo financiero, las compañías mineras obtienen el apoyo (préstamos y garantías) del Estado a través de agencias del gobierno, los cuales utilizan fondos del Estado, pensiones de organizaciones de maestros, de trabajadores e inclusive de jubilados, para entregar el capital de riesgo para la exploración minera, en la que se cuentan que son unas 1200 empresas, solo en Canadá.

De este trabajo exploratorio y de explotación, en el Canadá existen unas 10 mil minas abandonadas en 275 lugares provocando un riesgo ambiental mayor por el impacto de los desechos ya que al ser incinerados se vuelven más peligrosos para las comunidades aledañas, lo que es comprobable con el incremento de enfermedades cancerígenas en la población.

Al ser Canadá el primer productor de Uranio, con el 30% de la producción mundial, el territorio donde se extrajo y las zonas cercanas del mineral permanecerán bajo radioactividad durante 4,5 millones de años. Según los especialistas, una limpieza no sería posible, ya que los conocimientos científicos actuales no son suficientes para remediar los impactos ya provocados.

Amparo Sigcha