La situación de la universidad ecuatoriana ha sido complicada en ciertos momentos, ya que por el desinterés de varios gobiernos de turno que no priorizaron los servicios de salud y educación, y en lugar de ello recortaron su presupuesto, la crisis educativa y de salud ha sido un mal de siempre.

Estas actitudes egoístas para con el pueblo afectaron a las universidades, que a pesar de esto continuaron con su labor de formar profesionales comprometidos con la sociedad; aunque en el caso de algunas de ellas, sobre todo del sector privado, contribuyeron a la mercantilización de la educación superior: con el aumento espumoso de instituciones que acompañadas por una campaña de desprestigio hacia las instituciones públicas mostraban a estas empresas de educación como las mejores.

Con ese antecedente, la Asamblea Nacional Constituyente, decide emitir el Mandato Constitucional 14, el 28 de junio del 2008, en el cual ordena iniciar un proceso de evaluación a todos los institutos de educación superior, con la finalidad de determinar el estado en el cual se encuentra la educación universitaria. Es así que en los meses de junio a noviembre del 2009 se ejecuta este proceso a las 68 universidades públicas, privadas y cofinanciadas del país, todo esto a cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), quien tomó en cuenta los aspectos de: academia, estudiantes y entorno de aprendizaje, investigación y gestión interna.

Una vez culminando su trabajo, el 4 de noviembre del año en curso presentan a la Asamblea Nacional un informe, firmado por el presidente de dicha institución reguladora, Dr. Arturo Villavicencio, el mismo que muestra datos que clasifican a estos centros en cinco categorías que van desde la categoría “A” a la categoría “E”, esta última con 26 instituciones que deben seguir un proceso de depuración.

La Universidad Central del Ecuador, la más grande del país y con una gran trayectoria histórica, se encuentra en la primera categoría (A), lo cual para quienes decían que la hegemonía ejercida por el MPD en esta institución tenia por los suelos al Alma Mater, fue una verdadera sorpresa, ya que no pueden atribuirse este trabajo.

Este reconocimiento es producto del trabajo realizado durante administraciones anteriores, junto con la activa participación de maestros, estudiantes, trabajadores y empleados que luchan diariamente en por una Patria Nueva. “Son procesos que tienen una historicidad y concepciones con las que se ha manejado la universidad, por lo que nuestra querida Alma Máter es y ha sido una institución de alto prestigio en el contexto nacional e internacional”, afirma Fabián Carrión, subdecano de la Facultad de Filosofía.

La casona universitaria se ha caracterizado por tener una extensa planta de docentes, de los cuales más del 50% tiene títulos de cuarto nivel; y se encuentran preparando a los cerca de 50.000 estudiantes de las 129 carreras que ofrece esta universidad; además cuenta con cerca de 150 programas de post grado y un aproximado de 45 proyectos de investigación en distintas áreas cómo salud, producción, vialidad, protección del medio ambiente y biodiversidad, educación y desarrollo tecnológico, todo esto con la misión de disminuir la dependencia científica y tecnológica de nuestro país.

A pesar de las limitaciones y dificultades existentes, los centralinos no se dieron por vencidos, Franklin Cabascango, ex vicerrector Académico manifestó que a pesar de que el Estado no facilitó los recursos para varios proyectos, buscaron soluciones para continuar desarrollándolos, “lamentablemente el Estado no cumplió con la entrega de los recursos económicos para la investigación, como establece la ley, es decir, que el 1% del PGE debe destinarse para la investigación; eso jamás se entregó. Sin embargo, la Universidad Central no se puso a lamentar sino que al contrario, buscó auspicio y hoy tenemos varios proyectos de investigación ejecutándose”.

Para Franklin Tapia, ex director de la Dirección General Académica (DGA), la aparición de la Central en la primera categoría es el resultado de la realización de todo un proceso democrático y participativo con todos los miembros de la comunidad universitaria, lo cual ha favorecido para convertir las debilidades encontradas en fortalezas y así producir el desarrollo de la investigación, todo en un ambiente de respeto a las ideas ajenas, cosa que en la actualidad no se hace, ya que hay una “universidad abierta”. Pero a pesar de pregonar el respeto al pensamiento divergente, se realiza una persecución a quienes no comparten el mismo pensamiento de las autoridades centrales.

Desde su nacimiento, la centenaria Universidad Central ha sido participe activa de varios procesos sociales y políticos en el país, como por ejemplo la lucha en defensa de una educación laica y gratuita, la oposición a la firma del TLC, el rechazo a la Base Militar de Manta, la defensa de la Soberanía Nacional condenando el bombardeo en Angostura, así como en la participación con sus propuestas en la Asamblea Constituyente y en la defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador; trayectoria ganada a pulso y que a pesar de los intentos desesperados por mantener al Alma Máter aislada de los diferentes sucesos políticos, no lo lograrán porque es parte de la sociedad y no puede mantenerse al margen de lo que suceda con ella. “Una universidad que no es crítica, propositiva, cuestionadora es una universidad que no tiene ni fines ni objetivos”, afirma Franklin Tapia.

Para Fabián Carrión, una universidad con las características de la ‘Central’ no se puede sostener sin un rigor científico y un compromiso con el pueblo, ya que “la universidad pública es principalmente un bien estratégico, eso quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de formar a la juventud que pueda sostener cambios importantes en el país, o sencillamente formar una juventud que sea tecnócrata, que simplemente vaya a cumplir y a validar las inequidades de este sistema”, sostiene.

Ese mismo compromiso que tienen los docentes, autoridades y estudiantes, los motiva a que su preocupación se extienda mucho más allá de su propia institución, ya que la educación superior es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, de ahí su preocupación por los cerca de 13 mil jóvenes pertenecientes a las 26 universidades a depurarse.

Para Rodrigo Herrera, decano de la Facultad de Ingeniería los resultados del CONEA deberían servir con dos propósitos: 1. Tener un diagnostico válido de arranque para el manejo de estos centros educativos y 2. El apoyo institucional a las universidades. “El Estado debe dar a las universidades el apoyo para que no solamente se mantengan en sus niveles, sino que sigan avanzando, mientras que a las universidades que están en los niveles un poco más bajos en lugar de castigar por castigar, debe darles la oportunidad para que en un tiempo prudencial mejoren, cumplan los estándares mínimos y si en esa opción no pasan tendrán que cerrarse; pues porque es muy aventurado el decir desde esta primera calificación, con estas dificultades que ha habido, sacarles del contexto universitario donde el daño al estudiante de estas instituciones puede ser bastante grande”, finaliza.

El proceso de las universidades depende de muchos aspectos: el arduo trabajo de quienes conforman las instituciones, la forma en cómo se las maneja con conciencia del compromiso social; y con el apoyo del Estado, que al brindar los recursos que éstos necesitan contribuirá al desarrollo científico, tecnológico y social del país, que son la razón de ser de los centros de educación superior y que ayudarán al cambio social.

Tatiana Carcelén