Más contención espera a los boat people haitianos

La histórica fragilidad política, social y económica de Haití, que estimuló el éxodo masivo de sus ciudadanos hacia costas estadunidenses –con balsas y barcos maltrechos–, despertó el interés de los legisladores de Estados Unidos al examinar las previsiones del estudio Política de inmigración de Estados Unidos hacia los migrantes haitianos, de la especialista en migración Ruth Ellen Wasem. El documento revisa el efecto de las políticas migratorias impuestas por las administraciones estadunidenses desde 1974 hasta 2009, y estima posible que tras el sismo que destruyó la mitad del territorio haitiano se “dispare” un éxodo de los llamados boat people en busca de refugio en países vecinos.

La investigación, publicada por el Centro de Investigación del Congreso de Estados Unidos el 15 de enero de 2010, describe que el flujo de haitianos comenzó a ser significativo para las autoridades estadunidenses en la década de 1970 y que persiste hasta la primera década del siglo XXI. Desde entonces, centenas de ciudadanos del país más pobre del continente abandonan a sus familias y a su país para emprender una riesgosa travesía marítima que les lleva semanas.

Todos son afroamericanos, insolventes, desnutridos y poco o nada calificados laboralmente que buscan trabajo o asilo político. Sin embargo, su expectativa fracasa cuando las embarcaciones se vuelcan tan pronto se hacen a la mar por el peso de los pasajeros, se incendian, encallan en las costas de La Florida o son interceptadas por la Guardia Costera.

Por lo general, los estrechos marítimos son los que cobran el mayor número de víctimas. El mar en esos lugares suele ser traicionero por sus peligrosas corrientes; el estrecho de Florida, entre Cuba y Miami, ha cobrado innumerables vidas de balseros en su intento por llegar a Estados Unidos; en el estrecho de la Mona, entre República Dominicana y Puerto Rico, el mar ha engullido innumerables yolas, refiere Jorge Durand en su investigación “Mortandad en la frontera” (revista Migración y Desarrollo, 10).

A pesar de que el Caribe tiene una tradición de emigración, Haití es el país de menor índice migratorio, con sólo 9 por ciento de su población viviendo en el exterior; mientras que Granada tiene 69.4 por ciento de sus ciudadanos en el extranjero; Puerto Rico, el 51 por ciento; Barbados, 42 por ciento, y Jamaica, el 39 por ciento, señala Durand. Por otra parte, el Banco Mundial indica que Haití es el país de esa región que más remesas recibe, con casi 14 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que Trinidad y Tobago apenas recibe el 1 por ciento.

Doble discurso

En 1980, tras el llamado Éxodo del Mariel, por el que emigraron hacia Estados Unidos unos 120 mil cubanos, se manifestó el flujo masivo de haitianos hacia ese mismo destino, que se prolongó hasta 1990. A lo largo de esa década, unos 22 mil haitianos fueron detenidos en el mar; de esa cifra, sólo 11 calificaban para solicitar asilo en Estados Unidos, según determinó el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés).

Para responder a esa presión, las administraciones de Ronald Reagan, George H W Bush, William Clinton y George Walker Bush diseñaron políticas migratorias de contención específicas para los originarios de Haití. En 1981, la administración de Reagan estableció un programa para detener y buscar a los barcos sospechosos de transportar haitianos.

Ese acuerdo, pactado con el entonces dictador Jean-Claude Duvalier, autorizaba a un oficial de Guardia Costera y a un inspector del INS a abordar buques privados haitianos en alta mar e interrogar a los pasajeros; si alguno se negaba a responder el interrogatorio, él o ella podría ser perseguido y descartado para el asilo.

El trabajo de Ruth Ellen Wasem apunta que, en ese tiempo, el gobierno estadunidense consideraba a los boat people haitianos como migrantes económicos que escapaban de la miseria de su patria. El golpe militar de 1991 en Haití, que depuso a Jean Bertrand Aristide como presidente, desafió el supuesto de que todos los boat people haitianos tenían motivaciones económicas.

Refiere que el Departamento de Estado mostró una actitud “titubeante” frente a esos migrantes dada la fuerte condena al golpe que manifestaron el propio gobierno estadunidense y la Organización de Estados Americanos. Así, el 11 de noviembre de ese año, paradójicamente, guardacostas estadunidenses retenían a 450 haitianos, mientras la administración de George H W Bush consideraba sus opciones, una de ellas era enviarlos a terceros países de la región.

Entre 1990 y 1992, 37 mil 618 balseros fueron detenidos. Dada la magnitud del flujo, fueron alojados en la base naval de Guantánamo, en Cuba, que Estados Unidos ocupa desde 1903. Ahí, se estableció un criterio de preselección para otorgar el asilo sólo a quienes demostraran un temor “creíble” de sufrir persecución por el régimen haitiano.

Entretanto, unos 10 mil 490 fueron liberados “bajo palabra” de reintentar su petición de asilo por la vía legal. Sin embargo, el 24 de mayo de 1992, el entonces presidente Bush ordenó a la Guardia Costera reiniciar las intercepciones en el mar.

La administración de William Clinton anunció que los haitianos interceptados serían conducidos a una zona del Caribe, procesados como “refugiados potenciales” –una política que sólo duró del 15 de junio al 5 de julio de 1994. El estudio Política de inmigración de Estados Unidos hacia los migrantes haitianos explica que Clinton, al igual que Bush, “aludió al éxodo de los boat people haitianos como una razón para suspender el proceso de refugio”.

En 1997, Estados Unidos ofreció, a quienes alegaban temor de persecución en su país, la opción de “santuarios” regionales. El fiscal general garantizaba a los haitianos la “salida impuesta, ordenada y diferida” por un año, lo que significaba que, quienes invocaban el peligro a su vida si regresaban a Haití, merecían el derecho a una audiencia para convertirse en refugiados y serían reubicados en un tercer país.

A modo de ejemplo, se señala que en 2005, de los 1 mil 850 que fueron interceptados en el mar, apenas nueve haitianos tuvieron una audiencia, y de ellos, sólo un hombre recibió el estatuto de refugiado.

En 1998, el Congreso emitió la Ley de Inmigración del Refugio Sincero por la que el migrante haitiano que esgrime el argumento del “miedo creíble” es atendido por un juez de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración. Esto permitió a los haitianos que, antes del 31 de diciembre de 1995, formalizaran su solicitud de asilo o que fueran liberados bajo palabra y ajustar su permanencia como residentes legales.

A partir de los ataques contra blancos estadunidenses del 11 de septiembre de 2001, se creó una estructura institucional con la misión expresa de interrumpir el acceso a territorio de Estados Unidos de todo migrante indocumentado, entre ellos, los balseros haitianos. Para ese país, la inmigración internacional constituye un asunto de seguridad nacional porque supone que detrás de los inmigrantes existen redes de traficantes de seres humanos que podrían estar ligados a grupos terroristas; además, tienden a crecer muy rápido y luego de cierto tiempo, reclaman espacios de participación política.

En 2006, ese procedimiento garantizó el asilo de 570 haitianos y fue negado a 2 mil 522; en 2007, lo obtuvieron 587 personas y otras 510 en 2008. Esto representa una tasa de aprobación del 4.6 por ciento y 4.8 por ciento, respectivamente, indica Ellen Wasem.

Aunque el número de personas “sin papeles” iba a la baja, continuaron las intercepciones: en 2007 fueron detenidos 2 mil 868 haitianos. Bajo la administración de Barack Obama, en 2009 las autoridades estadunidenses detuvieron a 1 mil personas, y los primeros días de enero de 2010, antes del sismo, 17 balseros haitianos habían sido interceptados.

Actualmente, esa responsabilidad recae en, al menos, cinco instancias federales con funciones específicas: la intercepción corre a cargo de la Guardia Costera del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, por sus siglas en inglés), las aprehensiones e inspecciones se realizan por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. Otras detenciones las opera la Agencia de Inmigración y Aduanas, y la determinación final de la existencia o no del llamado “miedo creíble” a ser repatriados recae en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

De acuerdo con el estudio Política de inmigración de Estados Unidos hacia los migrantes haitianos, la existencia de tal estructura revela que, en el futuro cercano y frente al potencial incremento de oleadas de migrantes haitianos sin documentos, el DHS sería el órgano institucional que lidere el manejo de la política hacia los migrantes del país caribeño.

México: puerta entreabierta

Entre los destinos que prefieren los migrantes indocumentados haitianos, México no es prioritario sino una vía de tránsito hacia Estados Unidos, particularmente La Florida o Chicago y, después, Quebec, Canadá. Así lo indican estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), elaboradas por su Centro de Estudios Migratorios. Los datos muestran que en 2009 ingresaron al país 1 mil 337 haitianos por vía aérea, la mayor parte en agosto, mes que registró la entrada de 167 personas.

Ese total contrasta, por ejemplo, con los 40 mil 964 cubanos que llegaron a este país o con los 8 mil 606 ciudadanos de la República Dominicana –que comparte territorio con Haití. En cuanto al registro de extranjeros alojados en estaciones migratorias, el INM reporta que en 2009 hubo nueve haitianos, todos ellos ingresaron entre enero y abril.

A lo largo de ese año, sólo figura un ciudadano haitiano entre los beneficiarios de las “Resoluciones favorables para permanecer legalmente en México bajo la calidad de migrantes”, que otorga el Programa de Regularización Migratoria de esa dependencia. Otro más fue el único haitiano en recibir del INM la declaración de “inmigrado” (el que adquiere derechos de residencia definitiva en el país); mientras que seis más recibieron en 2009 la declaración de “inmigrante” (el extranjero que se interna legalmente al país con intención de radicar en él).

Tras el sismo del 12 de enero, el INM anunció que suspendía la detención de haitianos que permanecen “de manera irregular” en México; ofreció acelerar su regularización migratoria y agilizar nuevas solicitudes de asilo, así como permitir que los estudiantes en México permanezcan “hasta que pase la emergencia”. Ésa fue la respuesta oficial a las 11 propuestas de la organización civil Sin Fronteras; también, garantizar el acceso expedito al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y suspender la repatriación de haitianos.

El problema, detrás de esos anuncios, radica en cuál será la calidad migratoria de los haitianos en México a futuro, pues más allá de que se les reciba por un tiempo, sí hay resistencia a otorgarles condiciones de residencia o que apuntan a ella. Hay un silencio total respecto de esa cuestión, estima Margarita Aurora Vargas, investigadora del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe.

Admite que pocos países están en condiciones de recibir una fuerte cantidad de haitianos. En México, existe un discurso público de aceptación, pero en los hechos no se especifica en qué condición quedarán quienes estaban por ser repatriados o que solicitaban asilo.

Considera que México y Estados Unidos “están en la misma línea” de aceptar a pequeños grupos de haitianos, aunque sin otorgarles ni refugio ni asilo. Así ocurrió cuando 17 haitianos llegaron al país el 25 de enero sin que las autoridades hicieran explícito su deseo de concederles la calidad de refugiados.

Ante la posibilidad de un éxodo masivo, la especialista en temas de América Latina explica que la experiencia histórica muestra que, cuando se originan las oleadas de migrantes, los países receptores optan por hacer una selección, y en ese caso, afirma, “ya sabemos quiénes estarán fuera: los más pobres y menos calificados: ellos son los que más sufrirán”. Ante ese escenario, prevé que la política migratoria de México se alineará con la estadunidense para contener una migración masiva.

Observa una “manipulación política del desastre por diversos sectores”: la Organización de Naciones Unidas y sus organismos, los gobiernos que prestan ayuda económica al país caribeño, en este caso, Estados Unidos y de Brasil, que se beneficiarán a futuro de la reconstrucción.

Afirma que el tradicional éxodo de haitianos, que se agudizará en el corto plazo, sólo se frenaría si el Estado haitiano participa en la reconstrucción: “Son ellos los que tienen que decir cómo hacerla”, y el gobierno estadunidense y los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, deberían respetar esa voluntad. “Sé que es iluso, pero las cosas tendrían que ser así, con respeto de la soberanía y la voluntad del gobierno haitiano”, concluye.