La marcha de Guayaquil marca el inicio de una nueva etapa de embestida de las fuerzas oligárquicas, que pretenden capitalizar (y nunca mejor usada esta expresión) el descontento creciente de los ecuatorianos, y los errores del régimen.
La derecha busca reagruparse. Lee muy bien el escenario político: mientras el gobierno de la denominada “revolución ciudadana” no solo que se aleja cada vez más de su proyecto político original, sino que enfrenta como a enemigos principales a las fuerzas progresistas y de izquierda, protagonistas en gran medida de sus continuos triunfos electorales, la derecha gana fuerza, se recompone. Mientras la insatisfacción de los pueblos, expresada en la caída de la aceptación al primer mandatario, aumenta, la derecha busca reconquistar espacios perdidos, revertir lo avanzado, detener el cauce de transformaciones.
Es obvio que los sucesivos golpes que las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda le han propinado a la derecha no han provocado su exterminio, simplemente la replegaron, la volvieron fuerza minoritaria pero en constante acecho, en permanente conspiración contra el avance de la tendencia de cambio. Nos referimos a la tendencia, no al gobierno. Al nivel de conciencia política alcanzado por los ecuatorianos, que rechazan el neoliberalismo, la dependencia, que discuten sobre política y buscan participar en las decisiones del Estado, nos referimos a la legitimación de la lucha social como camino para la conquista de derechos.
La derecha, al golpear al gobierno de Rafael Correa lo que principalmente intenta golpear es al pensamiento de izquierda, a la doctrina socialista, y no del siglo XXI, sino a la doctrina del socialismo científico que es a quien realmente le teme porque implica su sometimiento por parte de los trabajadores y los pueblos, porque implica la construcción de una sociedad encaminada a la desaparición de las clases sociales. Ese es el enemigo fundamental para la derecha, siempre lo ha sido y siempre lo será.
La marcha de Guayaquil, desarrollada el 11 de febrero pasado, marca el inicio de una nueva etapa de embestida de las fuerzas oligárquicas, que pretenden capitalizar (y nunca mejor usada esta expresión) el descontento creciente de los ecuatorianos, y los errores del régimen. Aunque muchos voceros de la derecha, como el diario El Comercio, se muestren incrédulos cuando evalúan la incorporación de la gente al llamado de Nebot y al contenido político del discurso y la propuesta que el burgomaestre hace para adelante, es obvio que ahora se lo ve decidió a asumir un rol de liderazgo nacional, o por lo menos contribuir a que su espacio local permita construir nuevos liderazgos en la Sierra y en otras regiones del país. Detrás le siguen, para cumplir con esta estrategia, personajes como César Montúfar y Carlos Vera. El uno anunció una caminata de un mes de duración, desde Guayaquil hasta Quito, y el otro convocó abiertamente a una marcha en Quito (que intenta ser una reproducción de la de Guayaquil), para el 18 de febrero en la Avenida de los Shiris, emblemático sitio de concentración de masas de los sectores medios y medio altos de la población capitalina.
El mensaje que intentan construir es que Guayaquil se convertirá, nuevamente, en el iniciador del proceso independentista, como ocurrió el 9 de octubre, y que Quito lo consolidará, como pasó el 24 de mayo. Es decir, buscan construir el imaginario del destino manifiesto de los “madera de guerreros”, y el espíritu definitorio en los sucesos políticos de los últimos años, para los quiteños. Hablan de un proceso de independencia de la tiranía socialista.
En este escenario, el papel de las fuerzas de izquierda se vuelve fundamental: actuar con independencia de clase, no ubicarse a la cola de la oposición derechista, ni aliadas de un gobierno que se derechiza al tiempo que baja en su popularidad. Se vuelve indispensable identificar con claridad el rumbo de la Patria Nueva y el Socialismo, que implica una condición fundamental: la unidad de los trabajadores, nacionalidades y pueblos, en función de un proyecto político revolucionario. Implica la movilización, la lucha callejera y de todas las formas, no solo porque estén constitucionalmente garantizadas, sino porque son legítimas, porque son históricamente necesarias.
En ese sentido, la defensa de las organizaciones y sus dirigentes populares es clave. No se puede permitir que se los criminalice, que se use a los aparatos de justicia, a la vieja usanza de la “larga noche neoliberal”, para perseguir, reprimir y encarcelar a quienes se ponen a la cabeza del proceso de liberación social y nacional. Así mismo, es necesario amplificar por todos los medios el mensaje de la auténtica transformación; exigir, conquistar y ejecutar el derecho a comunicarse que tienen los pueblos. Por ello, mientras continúa nuestro festejo por los nueve años de OPCIÓN, afirmamos nuestro compromiso de desarrollarnos a nuevos niveles, de caminar con el ímpetu, la iniciativa y la experiencia de jóvenes y de experimentados comunicadores, luchadores populares.
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