El neoliberalismo sigue siendo parte de este gobierno, lo que se expresa en el Código de Organización Territorial, que pretende, de a poco, meter la mano en la economía de las familias ecuatorianas.
Durante años, los pueblos del Ecuador se han visto sometidos por la oleada neoliberal, implantada desde el retorno a la democracia con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Ahora, como es costumbre, los beneficiados con esta política siguen siendo los grandes sectores de la burguesía.
El presidente Rafael Correa manifiesta que vivimos el fin de “la larga noche neoliberal” –frase tomada de Eduardo Galeano-, sin embargo, esto se ha quedado en una simple frase, pues los pueblos del Ecuador aún son víctimas del asalto diario a sus bolsillos, y más aún cuando en la Asamblea Nacional se quiere dar paso a la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).
Lo que pretende este Código no solamente es organizar el territorio, sino que, de acuerdo a los debates que se han llevado a cabo en la Asamblea, busca mantener la política neoliberal, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que entregarían a la empresa privada, o en su lugar a las empresas mixtas, la administración y manejo de los servicios públicos, lo que quiere decir que los ecuatorianos estamos destinados a pagar OBLIGATORIAMENTE por los servicios que nos presten. Es decir, el Estado se deslinda de toda esta responsabilidad.
El miércoles 10 de febrero, la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea presentó su informe para segundo y definitivo debate, el cual se realizará luego del retorno de la vacancia legislativa, según lo anunció el presidente del organismo, Fernando Cordero. Existen varias posiciones desde distintos sectores frente a este tema: por un lado la derecha, que busca reafirmar sus intereses utilizando el argumento de una mayor distribución de los recursos para sus municipios y gobiernos locales. Por otro la izquierda revolucionaria, representada por el bloque del MPD, y particularmente por el asambleísta Ramiro Terán, quien expresa que, como está el COOTAD, en el lapso de 8 años se transferirán las competencias de educación y salud a los municipios, y que con esto se violentará el Artículo 261 de la Constitución, en el que se plantea que estos elementos son completamente exclusivos del gobierno nacional.
Por otro lado, es preocupante saber que el Consejo Nacional de Competencia será un organismo con superpoderes, que no tomará en cuenta la participación popular, pues es éste el encargado de transferir las competencias y de autorizar la intervención de otro nivel de gobierno en la gestión de las actividades que no se estén llevando a cabalidad o no sean correctamente ejecutadas.
Frente a esto, la Confederación Unitaria de los Barrios del Ecuador (CUBE) ha tenido varias reuniones para estudiar el proyecto y ha identificado varios peligros:
• La entrega de la administración de los servicios públicos a la empresa privada y/o a empresas de economía mixta.
• El traslado de la responsabilidad de educación y salud a los GAD.
• El cobro de los municipios a la población por todos los servicios que prestan.
• Se continúa con la política de endeudamiento externo por parte de los GAD.
• La creación del Consejo Nacional de Competencias, con suprapoderes y sin participación popular.
• La definición de quién ocupa la silla vacía a través de sorteo.
• El objetivo de debilitar a los Consejos Provinciales del país.
Como se puede ver, el nuevo COOTAD contiene trabas para quienes generan la riqueza de nuestro país, que verán fragmentado su derecho a la participación, y sobre todo verán afectado su bolsillo.
Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter