La Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (Attac) España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular (PP) de las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”. También Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica [...]. El gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión; una rebaja contraria a las normas de derechos humanos que España ha firmado y obligaciones internacionales que ha contraído”. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.

Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión: legal, la de la policía en la calle; burocrática, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión; y sucia, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para “prevenir” manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.

En los 2 últimos años se han impuesto más de 1 mil 100 multas, pero aún es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, identificados aleatoriamente por la policía. Se va a la cárcel sólo por participar en manifestaciones o piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.

Por su parte, Attac España expone que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir las leyes, pues disponen de margen para aplicarlas y se muestran especialmente duros con el pueblo, mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que campa la impunidad entre poderosos, policías, aparatos de gobierno y del PP. Y, si hay alguna condena, el gobierno indulta veloz y sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores y defraudadores de impuestos.

Attac España considera presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.

El nuevo rey de España, Felipe VI, ha asumido la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial. Para ello, el Centro de Madrid fue tomado por 7 mil policías y guardias civiles; más de 2 mil de ellos, antidisturbios; 120 francotiradores su posicionaron en los tejados de la zona Centro. Además han fueron cerrados 11 aparcamientos públicos y la entrada y salida de varias estaciones de Metro. El gobierno también prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos en Madrid durante toda la jornada, además de las manifestaciones en favor de la República. Aires oscuros de tiempos pasados que creíamos haber superado.

Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen”. Lo mismo ha expresado con lucidez y humor Andrés Rábago, el Roto, en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son!”

Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.

Xavier Caño Tamayo
Fuente
Contralínea (México)