¡Delinquen Cecilia Blume y ministros dadivosos!

La tozuda corrupción, enquistada en el área penal de fiscalías, juzgados, salas superiores y supremas, ministerios y otros entes de la administración pública, utiliza los crípticos conceptos de delito y de prueba como chicle o goma de mascar, a su antojo. Los estiran a discreción, hacia y hasta donde quieren favorecer, si acaso están Julio Gagó, Alejandro Toledo o Alan García, u otros de la misma laya, al frente. Lo hacen de tal manera confusionista, nombrándola como lobby, para salir bien librados, con la prensa venal de aliada.

Se trata de conceptos, delito y prueba, preñados de subjetivismo. Por eso los emails dirigidos por la abogada Cecilia Blume, desde la comodidad de su computadora en casa, a sus amigos ministros en funciones, nunca serán vistos como eficaces medios comisivos del delito de tráfico de influencias (Artículo 400º, Código Penal), pese a que los comedidos ministros no tenían ante sí el caso administrativo en cuestión, ni conocían el forro del expediente. Una normal gestión abogadil se hace ante la autoridad encargada del asunto y no ante su jefe, pues una llamada telefónica de éste o el reenvío del correo recibido pasa a ser vista por el subalterno como una “influencia real”, para otorgar “cualquier ventaja”, pues su estabilidad, ventura o desgracia en el cargo depende de aquél. Además, fue buscado para “servir” y “servirse”.

Para la citada abogada Blume, ejercer su profesión a través de correos electrónicos, sin la molestia de tomar el taxi e ir al ministerio concernido, se convierte en una práctica habitual. Ni siquiera tiene que dirigirse al juez de la causa, verle la cara y sus gestos, conocerlo y tratar de persuadirlo, porque la razón le asiste, pues según ella puede ir directamente al presidente de la Corte Suprema, vía correo electrónico, o por teléfono, para que él gestione por ella. Hace lo mismo si utiliza al dadivoso ministro, ya que sabe que los dóciles subalternos doblegan fácilmente su cerviz.

Pensando de semejante modo jamás se configuraría el delito de tráfico de influencias ni los correos electrónicos descubiertos serían indicio probatorio alguno. Nada saldría del eufemismo conocido como lobby.

Ahora sabemos, que Cecilia Blume ejerce la abogacía no ante los funcionarios que tienen su caso y el expediente sino, ante los ministros mismos, como René Cornejo, Luis Castilla y Milton von Hesse, para favorecer a sus clientes-empresa. Veamos un email suyo:

“Milton, en ANA no expide aún el permiso de aprovechamiento hídrico de agua de “mar” de Fénix. Se ha hecho todo lo que mandada [sic] la ley, incluso el monitoreo participativo. Por favor, tenemos que entrar en operación. ¿Puedes darme una mano? Si requieren algo más sobre temas legales me avisas” (30-1-2013).

Von Hesse, como ujier de Blume, escribió, al día siguiente, al secretario general del ANA, Francisco Dumler: “Ayúdame con esto, por favor”. No pasaron 2 días y Dumler contestó a su ministro-jefe: “Listo ministro, emitimos la resolución. Un abrazo, buen fin de semana”. El servido von Hesse tributó su agradecimiento en otro correo: “Muchas gracias, doctor”. Otra muestra de la influencia real, sobre el mismo subalterno, que ejerció el ministro en cuestión: “Ya me llamó el Ministro (Von Hesse) y Cecilia Blume. Cuándo fueron atendidos?”, reza un correo de Dumler a Humberto Cruz, técnico encargado de allanar el camino a la empresa que patrocinaba Cecilia Blume.

¡Qué interesante modo de ejercer la abogacía, como supuesto lobby, por todo lo “alto” de la corrupción, que los ministerios, fiscalías y juzgados, de cualquier jerarquía, la reputan como un modo habitual de servir a los compadres, a quienes se tuvo en la rociada francachela o el convite de la noche anterior miraflorina o sanisidrina!