¿Está Grecia a punto de abandonar el euro?

Desde hace ya varias semanas, las negociaciones entre el gobierno griego y la troika (conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea), se encuentran en un punto muerto. Empeñada en proteger los intereses de los acreedores, la troika apuntala las políticas de austeridad para salvaguardar la confianza en la «moneda común», el euro.

Mientras tanto, Grecia se sumerge en el atolladero. El primer trimestre de 2015, la actividad económica cayó -0.20% en términos anuales, el peor registro entre los países de la Unión Europea, únicamente superada por Lituania (-0.60%) y Estonia (-0.30%). La tasa de desempleo general se mantiene por encima de los 25 puntos porcentuales, en tanto que la desocupación de los jóvenes entre 15 y 24 años se ubica en 52%, según los datos publicados por la agencia Elstat.

En el ámbito de las finanzas, la fuga de depósitos de los bancos griegos se agudiza. Se calcula que las salidas diarias oscilan entre 200 y 500 millones de euros. Es que el Banco Central Europeo (BCE) hizo a los bancos griegos dependientes del programa de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA, por sus siglas inglés), que dicho sea de paso, constituye un «arma económica» ya que, a cambio de otorgar nuevos «fondos de emergencia», el BCE exige llevar a cabo reformas económicas a favor de los prestamistas.

Efectivamente, las «reformas estructurales» son necesarias. En eso hay plena coincidencia entre el gobierno de Alexis Tsipras y las autoridades de Bruselas. La controversia fundamental es por el tipo de «reformas estructurales» que se quiere implementar, las condiciones de operación y el tiempo necesario para evaluar sus resultados.

El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha puesto en claro que comparte las intenciones de la troika de aumentar la productividad, promover la competencia entre empresas, modernizar la administración pública, utilizar los recursos de manera eficiente y transformar los sistemas impositivos y de pensiones [1].

Sin embargo, Varoufakis rechaza la manera en que Bruselas vincula las «reformas estructurales» con el contexto macroeconómico. Para la troika no hay otro camino que la devaluación interna: disminuir los salarios y las prestaciones laborales, avanzar en el programa de privatizaciones, así como aumentar los impuestos y los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, etcétera) [2].

Bajo esa misma perspectiva, las autoridades europeas obligan a Grecia mantener un elevado «superávit primario» (diferencia entre ingresos y gastos públicos, sin contar los pagos de la deuda) para supuestamente, disminuir el nivel de endeudamiento. Para este año la troika exige a Grecia alcanzar un «superávit primario» de 1% del PIB, que para 2018 deberá aumentar a 3.5%.

De esta manera, Bruselas pretende imponer en Grecia las mismas medidas que no sólo no conseguieron aliviar la crisis iniciada en 2010, sino que de hecho, la profundizan. Si el gobierno griego aceptara los condicionamientos de la troika, más allá de violar las «líneas rojas» establecidas por Syriza (oposición a la reforma laboral y al recorte de las pensiones, etcétera), traicionaría el mandato popular.

No hay que olvidar que la izquierda helénica salió victoriosa en las elecciones de enero por el hartazgo hacia el capitalismo neoliberal impuesto por la troika. En busca de una economía alternativa, la victoria de Syriza se constituyó en esperanza.

Alexis Tsipras prometió transformaciones profundas. Sostuvo que era prioritario alcanzar un acuerdo de viabilidad económica de largo plazo, adoptando cabalmente las normas de la zona euro pero sin caer en la «trampa de la austeridad» como en el pasado [3]. Así, Grecia rompería con una «espiral depresiva» que únicamente favorece a las economías del centro (Alemania y Francia), pero que castiga de modo implacable a las economías en situación crítica.

Sin embargo, ante la negativa de la troika para avalar reivindicaciones mínimas, se ha puesto de manifiesto la incompatibilidad de un cambio económico radical con los principios de la Unión Monetaria. El euro es más una «camisa de fuerza» impuesta por el capital financiero, y menos un instrumento de integración económica que privilegie la solidaridad y el bienestar entre los pueblos [4].

Apenas la semana pasada, después de un encuentro de más de 10 horas, las negociaciones se volvieron a estancar por la persistencia de «diferencias significativas» [5]. En días previos, agobiado ante la contracción de su financiamiento, el gobierno griego había anunciado que no sería hasta el 30 junio cuando pagaría los cuatro vencimientos mensuales (1 600 millones de dólares) de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los temores de una moratoria de pagos crecen. Y no por falta de voluntad de Atenas, sino por la intransigencia de Bruselas [6]. Puesto contra la pared, Alexis Tsipras se ha visto obligado a disminuir los alcances de sus compromisos de campaña. Grecia ya aceptó aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en algunos productos, cancelar gradualmente las jubilaciones anticipadas y privatizar parte de su infraestructura (el puerto del Pireo, la compañía de ferrocarriles Trainose y los aeropuertos).

Por lo tanto, todo parece indicar que los acreedores concentran sus esfuerzos en desgastar políticamente a Syriza en el plano interno, socavar su respaldo social y con ello, abrir el camino para un cambio de régimen. En el plano regional, la troika pretende enviar el mensaje de que independientemente de quienes triunfen en los procesos electorales, el pago de la deuda está por encima de cualquier agenda económica nacional.

Syriza debe continuar dando la batalla [7]. A finales de esta semana, el gobierno griego presentará una nueva propuesta ante el Eurogrupo con el objetivo de desbloquear finalmente, el último tramo del plan de rescate (7 200 millones de euros) y así poder cumplir con sus obligaciones financieras.

¿Grecia abandonará el euro en un tiempo breve? Si Bruselas mantiene su intransigencia, ello dependerá básicamente de la voluntad de Alexis Tsipras y su gabinete para defender las aspiraciones populares ante la tiranía del capital financiero.