La Comisión de la Impunidad y el futuro del Sodalicio

El Sodalicio ha anunciado el 25-11-2015 la conformación de una Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación (CEJR) para enfrentar la avalancha de denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra esta organización y la grave crisis de credibilidad que afecta su vigencia como institución. Hoy, curiosamente fecha del 44 aniversario de la fundación del Sodalicio, presentamos este escrito como una contribución a la discusión social y planteamos las principales objeciones que, a nuestro juicio, se pueden esgrimir contra esta Comisión. Finalmente, y en base a esas objeciones, hacemos una invocación a las víctimas de esta organización:

Independencia del Sodalicio: Ciertamente el admitir por fin que existe una situación que hay que enfrentar y solucionar se trata de algo positivo. Pero empezando porque esta Comisión ha sido convocada por el Sodalicio ya el tema entra en el terreno de la suspicacia.

Al no constituirse esta Comisión por iniciativa del Gobierno o del Poder Judicial o de la sociedad civil o al menos de una institución no gubernamental, hace que este organismo carezca inexorablemente de todo atisbo y posibilidad de independencia, confianza e imparcialidad ya que fue creado, nombrado y formado por el Sodalicio; financiado y solventado por el Sodalicio -aunque supuestamente los comisionados convocados por esta organización religiosa trabajarán para ella gratuitamente-; y cuya Constitución y funciones han sido previamente organizadas, reguladas y reglamentadas por el Sodalicio.

Esta situación hace que la CEJR se vea como el gato que trabaja de despensero, o como que la organización de Al Capone conforme una Corte para la supervisión de la moralidad, o que trate de emular al Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima que al final nos sorprende a todos al decirnos que no tiene autoridad legal ni competencia canónica para tratar o juzgar estos graves delitos. En síntesis… una farsa.

Renuncia al Estado Laico: La aceptación tácita para permitir que la CEJR funcione hace que el Gobierno Peruano se vea como lo que realmente es: un Estado que renuncia a sus potestades democráticas para administrar justicia, un Estado que le dice al mundo entero que el Perú no es un Estado Laico y que permite que los crímenes que se cometen dentro de las paredes del catolicismo ultraderechista del Sodalicio sean evaluados, admitidos, juzgados, sentenciados y reparados de acuerdo a la conveniencia y criterio de esa organización de carácter medieval más que por la justicia estatal.

Gran parte de esta aberración, lamentablemente, tiene su causa en que las víctimas hasta ahora no han acudido al Poder Judicial y han preferido presentar sus casos a los tribunales eclesiásticos donde es evidente que nunca lograrán una justicia adecuada.

Representatividad de las víctimas: Lo más deplorable de esta Comisión es que no han considerado a quienes por simple lógica y coherencia debieron haber sido los principales invitados. Estamos hablando de los más importantes protagonistas de este escándalo: las víctimas de diferentes tipos de abusos físicos, psicológicos y sobre todo sexuales, o, al menos, de quienes los defienden o representan.

Ahí está brillando por su ausencia, por ejemplo, el Instituto de Defensa de los Derechos del Menor (IDDEREM), que salió a la palestra con su denuncia contra el Cardenal Juan Luis Cipriani por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, obstrucción de la justicia, complicidad en el delito de violación de menores y omisión de denuncia. Recordemos que junto con el Cardenal han sido denunciados en la 30° Fiscalía Provincial Penal de Lima -por los mismos delitos- Víctor Huapaya Quispe, Vicario Judicial y Presidente del Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima así como Enrique Dupuy, Procurador del Sodalicio de Vida Cristiana en Roma.

Otro gran ausente en esta Comisión es el Capítulo Peruano de SNAP, el Survivors Network of those Abused by Priests, institución que representa a las víctimas de abuso sexual clerical de Estados Unidos y de todo el mundo y que ya ha tenido protagonismo en las denuncias por delitos de lesa humanidad que presentase contra el Vaticano en la Corte Penal de La Haya y en Naciones Unidas en los Comités de los Derechos del Niño y en el de Comité contra la Tortura en representación de aproximadamente 100 mil víctimas y sobrevivientes de 64 países de todo el mundo a inicios del año 2014.

Imparcialidad de criterios: La Sociedad Secular y Humanista del Perú, asociación civil dedicada a promover la ciencia, el pensamiento crítico y las explicaciones naturalistas del mundo, el 25 de octubre del 2015, presentó una carta a Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio de Vida Cristiana, solicitando oficialmente incluir su participación en la Comisión Ad Hoc y cuyo cargo en facsímil se encuentra publicado en su página web institucional. El resultado obvio: un reverendo desaire, desprecio e indiferencia. Evidentemente la SSHP era una institución “demasiado independiente” para el gusto del Sodalicio.

Jean Pierre Teullet, es un sacerdote sodálite. Pero como dice Pedro Salinas, “en este caso estamos hablando del sodálite rebelde que enfrentó al monstruo y que tramitó más de una denuncia contra Figari y conoce al dedillo el accionar institucional, fuera de que no sabe mentir y él sí ha demostrado caridad hacia las víctimas. Me sorprende que no lo hayan considerado siquiera”. Jean Pierre Teullet actualmente se encuentra en el ostracismo, está marginado, prohibido de ejercer el ministerio en los templos sodálites, a punto de dejar la organización. El P. Teullet es el rostro honesto, la conciencia viva, el aire limpio y la voz crítica del Sodalicio. Su inclusión en la Comisión le hubiese dado a ésta la frescura de una brisa de autocrítica y decencia.

Jurisdicción de los delitos: El ámbito de acción de la CEJR está pensada para ejecutarse solamente en Lima sin considerar el resto del territorio peruano donde opera el Sodalicio: Piura, Chincha, Ayaviri y Arequipa -donde no existen oficinas que representen a esta Comisión- y donde las víctimas no tendrán opción de presentarse físicamente. Ni hablar de las probables víctimas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Italia y demás países donde tiene presencia oficial el Sodalicio.

¿Se quiere dar a entender que estos abusos solamente se han dado en la Capital peruana donde han radicado unos solitarios líderes depravados? ¿Se trata de una retrógrada visión centralista o de una sagrada miopía a ultranza?

Magnitud y variedad de los delitos: Los delitos que se han cometido en el Sodalicio se consideran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en la Constitución Política del Perú.

Y esos delitos tienen que ver con: Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Protección de la Honra y de la Dignidad, Libertad de Conciencia y de Religión, Libertad de Pensamiento y de Expresión, Protección a la Familia, Igualdad ante la ley y Protección Judicial.

Por tanto la CEJR, si llegase a funcionar y captase la confianza de los agraviados, no solamente tendría que recibir las denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales. También tendría que enfrentar y resolver quejas y supuestos delitos del más variopinto espectro. Por ejemplo:

El Sodalicio ya fue acusado judicialmente el año 2003 por una madre de familia, Marlene Knowles, por los siguientes interesantes cargos: secuestro, extorsión y corrupción de menores, tortura física y manipulación psicológica, inducción a la dependencia, servidumbre y explotación, conspiración para la destrucción de lazos familiares y afectivos (Alienación Parental), inducción al odio y a la violencia en terceros, inducción a denunciar a progenitores (Interdicción Civil), tráfico de influencias y corrupción de funcionarios públicos, conspiración para cometer actos de intimidación y asesinato, interceptación telefónica y de correspondencia, destrucción y vandalismo de medios informativos, estafa.

La Comisión debería incluso ver casos más específicos hechos ya públicos por la prensa nacional: Violación de la libertad de conciencia en prácticamente la totalidad de sus víctimas (La República), interceptación de datos informáticos a familiares de las víctimas (Osterling - Cuarto Poder), interceptación, violación y ocultamiento de correspondencia privada (P. Salinas), supuesto homicidio culposo en un asilo de ancianas (Diario El Correo), apropiación de bibliotecas privadas (Escardó), supuesto tráfico de pornografía infantil (Murguía), suicidio de un miembro rechazado por el Sodalicio (Las Líneas Torcidas), muerte por ahogamiento en el mar de un sodálite brasilero (Escardó), intento de apropiación ilícita de inmuebles con pagarés falsificados (Gerdt), intento de apropiación ilícita de Centros Educativos estatales y privados en Arequipa (Diario El Correo), intento de apropiación ilícita de instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Arequipa aduciendo su baja (Diario El Pueblo), supuestas apropiaciones de patrimonios inmuebles y herenciales de los adeptos (SUNAT - SUNARP), etc., etc., etc..

Ante la variedad y gravedad de estos supuestos delitos la Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación resultaría totalmente insuficiente, inoperante e incompetente.

Fondos limitados: ¿Cuánto vale la honra de un adolescente violado? ¿Cuánto vale su libertad? ¿Cuánto vale la dignidad de su familia? ¿Cuánto vale el sacrificio y abandono forzado de su educación profesional? ¿Cuánto valen los años de explotación sin salario a los que son sometidos? ¿Cuánto vale el sufrimiento de una familia que sabe que su hijo está en manos de pederastas? ¿Y cuánto valen las lágrimas en el rostro y el dolor permanente en el corazón de una madre con un hijo secuestrado por el Sodalicio?

Los montos que ha tenido que pagar la Iglesia Católica en Estados Unidos son: En California, 660 millones de dólares por la Diócesis de Los Ángeles, allí se encontraron 508 niños abusados por unos 221 sacerdotes. La Diócesis de San Diego acordó pagar 198 millones de dólares y esto la llevó a la quiebra, y la Diócesis de Orange, con 100 millones de dólares. Por otra parte, la Provincia Jesuita de Oregón se fue a la quiebra tras acordar pagar junto con sus aseguradores unos 166 millones de dólares en compensaciones. Otras jurisdicciones eclesiásticas que han pagado indemnizaciones han sido la de Boston, Massachusetts, con 84 millones; Covington, Kentucky, con 79 millones; Wilmington, Delaware, con 77 millones y la de Portland, Oregón, con 71 millones.

En Latinoamérica se ha dado un histórico caso en Colombia hace menos de dos meses, el 10 de octubre del 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia falló contra la Iglesia Católica y la halló responsable por los actos de abuso sexual de su sacerdote Luis Enrique Duque quien abusó de dos niños de una familia pobre que en medio del desplazamiento decidieron aceptar el ofrecimiento del sacerdote para que él los cuidara. Lo que quizá más preocupa a la Iglesia Católica colombiana no es este pago, que es de 400 millones de pesos, sino todos los que podrían venir. Según informa el diario El Tiempo "solo en Bogotá, y con corte a febrero pasado, se adelantaban 29 investigaciones a sacerdotes de la Iglesia católica por delitos sexuales. Además, en 2014 el ente investigador recibió 1.463 denuncias por delitos sexuales que al parecer habrían sido cometidos por representantes de diferentes credos."

¿A cuánto ascienden los fondos indemnizatorios asignados por el Sodalicio a la Comisión? ¿Teniendo en cuenta los antecedentes mundiales en el rubro de indemnizaciones, estará en capacidad el Sodalicio de indemnizar adecuadamente a sus víctimas de abuso sexual?

Prescriptibilidad de los delitos sexuales: Se dice que los casos de abuso sexual perpetrados en el Sodalicio conocidos hasta ahora habrían prescrito y no podrían ser juzgados. Pero lejos de la tranquilidad que esta prescripción le otorga al Sodalicio y a su Comisión CEJR hay varias consideraciones que se deben tomar en cuenta.

Dentro de esta organización no se trata de un solo abusador sino de múltiples abusadores ya conocidos y otros nuevos que pronto saldrán a la luz. Los abusos no pueden haber desaparecido hace 20 años como por arte de magia, es más, como ellos son manifestación de un ejercicio de poder, además de una patología incurable, y sabiendo que éste poder se ha ido acrecentado hasta hace poco, es lógico que existan más casos de violaciones sexuales recientes no prescritos que serán expuestos inevitablemente.

Por otro lado, el Estado Peruano no va a poder permanecer impasible ante la prescripción de estos delitos pues en las Observaciones Finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el 25 de febrero del 2014, en su artículo 61, inciso e) recomienda específicamente que se “promueva la reforma del régimen de prescripción en los países en que este impide a las víctimas de abuso sexual de niños obtener justicia y reparación”.

Es más, aquí en Latinoamérica, con fecha 29 de octubre del 2015 la Cámara de Diputados y la de Senadores de Argentina acordaron que “el plazo de prescripción en los delitos contra la integridad sexual de menores y de trata estará suspendido” adelantándose muy oportunamente a la imprescriptibilidad que podría y debería decretarse en nuestro país.

150 días de vigencia de la CEJR no son nada ante la imprescriptibilidad legal que se anuncia venir para los casos de abuso sexual en el Sodalicio que ya se han dado a conocer y de los casos más recientes que inexorablemente saldrán a la luz pública.

EL FUTURO DEL SODALICIO

Lo que pase históricamente con el Sodalicio de Vida Cristiana no depende ahora de la validez de las investigaciones de Pedro Salinas o Paola Ugaz, ni del retorno o extradición al Perú de Luis Fernando Figari, tampoco depende de las acciones renovadoras que tome el actual Superior General Alessandro Moroni, ni de la Nunciatura Apostólica, del Tribunal Eclesiástico, de la Conferencia Episcopal, de la Iglesia Católica o del Vaticano. Menos aún dependerá de lo que logre esta patética Comisión de Ética para la Justicia y Reconciliación.

Existen personas que no están conscientes que tienen en sí una fuerza tremendamente poderosa. Y esas personas son las víctimas del Sodalicio. Son las personas que antes de publicarse la obra de Pedro Salinas y Paola Ugaz, solamente con la sombra del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados ya trajeron a la sociedad peruana la luz de la verdad. El futuro de esta organización depende ahora de lo que decidan hacer las víctimas de los abusos sexuales del Sodalicio.

El futuro del Sodalicio depende de que ellos tomen la determinación de empoderarse y muestren su cara con nombre y apellido como ya lo han hecho Rocío Figueroa, Jean Pierre Teullet, José Enrique Escardó, Vicente y Martín López de Romaña, Oscar Osterling y Martín Scheuch. Depende de que logren cobrar el valor necesario para enfrentar su propia reivindicación y curación espiritual y psicológica sin acudir de nuevo al pervertido sistema de su institución depredadora. Depende de que reconozcan por qué razón fueron víctimas y recuperen por fin la más preciada de sus libertades: su libertad de conciencia. Depende de que con esa libertad ya plenamente recuperada decidan acudir a las instancias correctas.

El futuro del Sodalicio se debate entre su vergonzosa reestructuración o su decente desaparición, y cualquiera de esas alternativas depende de que estas personas den un salto cualitativo: El salto de pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes. Depende de que dejen de ser objetos, siglas o pseudónimos y se conviertan en seres humanos y guerreros irreductibles.

El periodismo de investigación, los activistas contra las sectas, los librepensadores y los defensores de la libertad de conciencia ya cumplimos nuestro papel; ya es hora de que las víctimas tomen la bandera de su lucha. La historia mundial reciente de las organizaciones religiosas que han perpetrado sistemáticamente abusos sexuales demuestra que esa toma de conciencia ha sido para las víctimas la única alternativa real para lograr reivindicación y justicia.