¿El Estado agente vendedor-cobrador de Odebrecht?

Se lee en el Decreto de Urgencia 003-2017 lo siguiente:

“Artículo 4.- Procedimiento de adquisición

4.1 Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo cualquier título, algún bien o derecho de alguna de las personas a las que se refiere el artículo 2, así como acciones u otros valores representativos de derechos de participación emitidos por personas constituidas en el Perú comprendidas en el artículo 2, aun cuando estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren
sido transferidos en fideicomiso o bajo otra modalidad semejante, debe presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita manifestando su interés. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puede requerir la información adicional y documentación sustentatoria que considere pertinente.”

¿Ministerio de Justicia simple intermediario, o algo más, de la venta del condenado Odebrecht a un tercero?

Alegó la muy cuestionada y aún ministro de Justicia, Marisol Pérez Tello, cuando anunció por televisión el cese de la procurador Katherine Ampuero y lo propio de la presidente de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, que se estaba “trabando” la venta de Olmos y que eso, palabras más, palabras, menos, era la catástrofe para todo el mundo.

¿Decreto de alguna urgencia criminal para vender Olmos por un precio que sólo el gobierno peruano lo sabrá, o quizá sólo PPK, y gran parte del cual puede ser pagado en el extranjero entre insondables empresas off shore? ¿Para estos negocios claramente turbios la Constitución permite la dación de Decretos de Urgencia?

Querría decir entonces que las ofertas para Olmos fueron presentadas “previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –vía- solicitud escrita manifestando su interés”. ¿Cuántas fueron las ofertas interesadas y con qué montos? Hasta donde yo sé nadie sabe esa información puntual y precisa.

Más aún. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con ofertas económicas de las que nadie tiene conocimiento y que pueden ser muy arbitrarias, secretas y dónde lo único que no interesa es el resarcimiento económico del Estado, ni los trabajadores sino el cómo pagar lo menos posible con el máximo beneficio de quienes intervengan en esta fina urdimbre en un escenario lo menos propicio posible como es Justicia?

El secretismo apunta al predominio de cualquier sector y sin duda alguna otros empiezan con sus disparos de todo calibre. ¿No hemos visto cómo Babuino Gordo, el de Pintor Rosales 64-66, Madrid, ha expresado su “censura” por la fulminación de Ampuero y Príncipe, esta última muy vinculada a su cogollo al más alto nivel?

Da la impresión que este gobierno tiene el raro deporte de sacrificar alfiles en el tablero del complicado ajedrez político nacional. Chinchero fue artículo mortis para Martín Vizcarra. Olmos es el final de su breve papel público de Marisol Pérez Tello. Thorne renunció con sabor a chicharrón de historia anticipada. Si la administración Kuczynski se hubiera preparado contra sí misma ¡jamás lo habría hecho tan autodestructivamente bien!

Mientras tanto, las idas y venidas dan risa por la hipocresía ambiente y provocan indignación porque hay más jugadores en la cancha, algunos ultra poderosos y sirvientes de intereses foráneos y favorecedores de los grupos criollos que se reparten la torta financiera y económica a espaldas de la sociedad civil.

¿Y el pueblo? ¡Olvidado como siempre y padeciendo a sus mediocres taifas pandilleras!