¿45 días para devolver lo robado?

Sostiene la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, que las operadoras que brindan el servicio de energía eléctrica, tienen hasta 45 días para devolver lo que a nadie consultaron y que se refiere al gasoducto del sur (Cobro de Afianzamiento de Seguridad Energética, CASE). Ese dinero no hay que buscarlo porque está en las cuentas corrientes o a plazos de estas empresas que discretamente se allanaron a exaccionar al contribuyente durante largos meses.

Entonces si el caballazo que hicieron para incluir un concepto que era un auténtico robo –no hubo acuerdo, aquiescencia ni conformidad de ninguna especie por parte de los usuarios- fue sistemático, mes a mes, paciente y cínicamente, ¿por qué hay que aguardar tantos días para que sea devuelto?

¿O hay plazos fijos que honrar en depósitos bancarios o cuentas secretas en que fueran depositados aquellos ingentes fondos? ¿Quién o quiénes se benefician de este negociado?

Años atrás ocurrió lo mismo y los peruanos fueron víctimas de asalto en sus recibos de luz cuando se trató de Camisea. Y muy poco o nada hicieron políticos, congresistas, gobernantes, ministros, alcaldes o autoridades regionales.

¿Qué es lo que invierten las grandes empresas que se hacen de concesiones si se trata de enchufar a los usuarios un costo que ¡NUNCA MAS! debiera hacerse?

De repente alguna gente cuerda en el Congreso se anima a investigar y determinar quién o quiénes resultaron favorecidos con estos cobros ilegales. ¡Más aún, el detalle de los mecanismos asaltantes tiene que salir a la luz: depósitos, plazos, gerentes, operarios, burócratas de ministerios involucrados! El que las empresas de luz sean privadas, no enerva ni inhibe que el escrutinio sea severo y castigador de estos asaltos masivos.

Un conjunto de ley o leyes debería preceptuar que no hay “impuestos” ficticios si no salen del acuerdo expreso, escrito y razonado de los millones de usuarios que NO tienen por qué reemplazar las carencias o pasar por alto las vivezas de supuestos inversionistas en combinación con funcionarios del Estado en contratos claves.

La cárcel es el destino de quienes le roban al Perú. Y la corrupción muta, refina sus métodos, cambia de apellidos, pero igual roe, destruye anemiza y anquilosa a la Nación. Pulverizarla y a sus portaestandartes es obligación de la ciudadanía sin distinción de credo, raza o ubicación.

Así de simple. ¿Por qué 45 días para devolver lo robado?