Los jefes de Estado y de gobierno de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, así como el vicepresidente de Estados Unidos, reunidos con ocasión de la VIII Cumbre de las Américas, ante el deterioro progresivo del orden constitucional en Venezuela y alarmados por el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país:

Instan con urgencia al gobierno de Venezuela a llevar a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias de un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos; y ratifican que las elecciones que no cumplan estas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad.

Manifiestan su determinación de seguir promoviendo, sobre todo en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), medidas e iniciativas que contribuyan al restablecimiento de las instituciones democráticas, el respeto por los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho.

Ratifican su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y reiteran que los actos legales que requieren la autorización de la Asamblea, de conformidad con su Constitución, solamente serán reconocidos una vez que hayan sido aprobados por la Asamblea y, en este contexto, considerarán nuevas medidas que contribuyan al pleno respeto de sus facultades constitucionales en asuntos económicos y financieros.

Instan a los organismos, fondos y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas y de la OEA a implementar de inmediato un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece la población de Venezuela. En este sentido, reiteran su llamado al Gobierno venezolano para que permita el ingreso y la distribución de ayuda humanitaria que mitigue las graves consecuencias de la escasez, sobre todo de comida y medicamentos.

Expresan su profunda consternación por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a irse de su país como resultado de la crisis, e instan a las organizaciones internacionales pertinentes a establecer de inmediato un programa de apoyo y desarrollo de capacidades para que los países de la región puedan responder a las diversas necesidades causadas por este éxodo, incluidas las relativas a seguridad.

Instan a los miembros de la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos y las decisiones de los países de la región para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. En este sentido, invitan a los países que ya han adoptado medidas a ampliarlas y fortalecerlas.

Destacan la importancia de que la comunidad internacional apoye la recuperación económica de Venezuela, una vez que se haya reinstaurado el orden democrático y constitucional.