Golpistas a la sombra del coronavirus

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Supremacía de la lógica administrativa sobre la lógica política

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Numerosos gobiernos de los países industrializados han respondido a la epidemia de Covid-19 ‎decretando el confinamiento de la población. Esa estrategia no tiene nada que ver con ‎la medicina, que nunca practicó el aislamiento de las personas sanas. Se trata en realidad de ‎administrar los medios médicos para evitar un flujo masivo de enfermos que desbordaría los ‎hospitales. Son pocos los países industrializados que, como Suecia, han rechazado esa visión ‎administrativa ante la epidemia. Esos países han optado por una acción de carácter médico y ‎no practican el confinamiento generalizado. ‎

La primera enseñanza que nos deja lo que está sucediendo es, por consiguiente, que en los ‎países desarrollados la lógica administrativa prevalece sobre la experiencia médica. ‎

Sin embargo, aun careciendo de competencias médicas, no dudo que milenios de experiencia ‎médica y sanitaria tienen que ser más eficaces contra una enfermedad que las “recetas” ‎burocráticas.

En todo caso, la observación del fenómeno actual permite comprobar que ‎Suecia cuenta sólo 10 muertos por millón de habitantes mientras que Italia ya registra ‎‎166 fallecidos por cada millón de habitantes. Por supuesto, esto es sólo el principio de la ‎epidemia y se trata de dos países muy diferentes. Pero es probable que Italia tenga que ‎enfrentar una segunda oleada de contaminación y también una tercera mientras que Suecia ya ‎habrá adquirido un nivel de inmunización colectiva y estará protegida. ‎

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Supremacía de los altos funcionarios de la salud sobre los responsables electos por el pueblo

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Después de haber señalado lo anterior, hay que resaltar que el confinamiento generalizado de la ‎población sana perturba, además de la economía, los modos de gobierno. En casi todos los ‎países estamos viendo la palabra de los políticos quedar en segundo plano ante la palabra de los ‎altos funcionarios del sector de la salud, que lógicamente deben ser más eficaces. Y esto es lógico ‎dado el hecho que la decisión de confinamiento es puramente administrativa. Se ha aceptado ‎colectivamente luchar por los hospitales y tratar de protegernos de la enfermedad, en vez de ‎combatirla. ‎

Por desgracia, cualquiera podrá comprobar que, a pesar de las apariencias, no se ha ganado ‎en eficacia. Por ejemplo, los países miembros de la Unión Europea han sido incapaces de proporcionar el equipamiento médico y las medicinas que se necesitan en el momento oportuno. ‎El problema viene de las reglas habituales. ‎

Basta señalar que la globalización económica ha llevado a que quede un solo fabricante de respiradores ‎artificiales… y a que ese fabricante sea chino. Los procedimientos de licitación imponen un plazo ‎de varios meses antes de lograr disponer de ese “producto” y los políticos no están para saltarse ‎esos procedimientos. Estados Unidos ha tenido que intervenir empresas para resolver ese ‎problema. ‎

Francia, país que durante la Segunda Guerra Mundial vivió bajo una dictadura administrativa, ‎encabezada por Philippe Petain bajo la denominación de «Estado Francés», ya ha vivido también ‎cuatro décadas de confiscación del poder político por parte de los altos funcionarios, lo que ‎los franceses han llamado la «ENArquía» [1]. Pero ese sistema ha privado a los políticos del ‎conocimiento en materia de administración que antes obtenían al ejercer diferentes ‎mandatos locales y regionales, antes de llegar al nivel nacional. Actualmente, los responsables que ‎ocupan cargos electivos disponen de menos información que los altos funcionarios y enfrentan ‎grandes dificultades para controlar los actos de estos últimos. ‎

En las actuales circunstancias de la crisis del coronavirus, los altos funcionarios del sector de la ‎salud se ven investidos abruptamente de una autoridad que normalmente no tienen. Ante eso, ‎banqueros y militares aspiran ahora a una promoción similar, en detrimento de los políticos. ‎

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Los banqueros,
a la espera de su oportunidad

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En Reino Unido, Gordon Brown, ex ministro de Finanzas y posteriormente primer ministro ‎británico, acaba de publicar en el Financial Times un texto donde propone utilizar el miedo al ‎Covid-19 para hacer lo que no se logró concretar durante la crisis financiera de 2008 [2]. En aquella época Gordon Brown ‎no logró crear un gobierno financiero mundial y tuvo que conformarse con una simple ‎concertación en el G20. Ahora, afirma Gordon Brown, sería posible instaurar un gobierno mundial ‎de la salud y determinar qué potencias podrían asociarse a los miembros permanentes del Consejo ‎de Seguridad de la ONU. ‎

Nada permite creer que tal gobierno mundial haría las cosas mejor que los gobiernos nacionales. ‎Lo que que sí es seguro es que esa entelequia escaparía a toda forma de control democrático. ‎

Ese proyecto no tiene más posibilidades de llegar a concretarse que el proyecto de gobierno ‎financiero mundial. Gordon Brown era también un acérrimo defensor del mantenimiento del Reino ‎Unido dentro de la Unión Europea, apuesta que también perdió. ‎

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El Estado Profundo estadounidense, agazapado en la sombra

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A través de la historia, las crisis siempre han servido de pretexto a quienes tratan de explotar el ‎argumento de la «urgencia» para modificar el poder sin que la opinión pública tenga tiempo de ‎reflexionar. Esa coartada ha funcionado a menudo . ‎

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el «estado de ‎emergencia internacional en materia de salud pública». Al día siguiente, el secretario de ‎Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, firmaba en secreto una Warning Order (Orden ‎de Alerta) según la cual el NorthCom debe estar listo para la posible aplicación de las nuevas ‎reglas del plan de «Continuidad del Gobierno». ‎

Esas nuevas reglas son Above-Top Secret, lo cual significa que la comunicación sobre las acciones ‎se restringe aún más que de costumbre y se pone en conocimiento únicamente de las personas ‎que disponen del más alto nivel de habilitación y que cuentan además con un acceso nominativo ‎especial en el marco del Special Access Program.‎

Vale recordar que el principio de la «Continuidad del Gobierno» se instauró al inicio de la guerra ‎fría. Se trataba de proteger la administración de Estados Unidos en una situación de guerra ‎nuclear contra la Unión Soviética o ante la muerte u otro impedimento de los principales ‎responsables del país: el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y el presidente de la ‎Cámara de Representantes. En virtud de una directiva escrita del presidente Dwight Eisenhower, ‎ante tales circunstancias un gobierno militar tendría que asumir inmediatamente la continuidad ‎del mando hasta un ulterior restablecimiento de los procedimientos democráticos [3].‎

Esa directiva fue invocada y esa forma de gobierno fue implantada el 11 de septiembre de 2001 por el entonces coordinador ‎nacional de la lucha contra el terrorismo, Richard Clarke [4]. Sin embargo, aunque el país vivió ese día una ‎situación de emergencia, ni el presidente de Estados Unidos, ni su vicepresidente, ni ‎el presidente del Congreso habían muerto, como tampoco estaban en la imposibilidad de ejercer ‎sus funciones respectivas, lo cual me lleva a la conclusión de que el 11 de septiembre de 2001 ‎Estados Unidos vivió un golpe de Estado. El entonces presidente, George W. Bush, no recuperó ‎sus prerrogativas hasta la noche de aquel día y nunca se aclaró qué pasó en la decena de horas ‎durante las cuales su autoridad quedó suspendida [5].‎

Según explica en Newsweek William Arkin, considerado el mejor especialista en temas del ‎Pentágono, actualmente existen 7 planes diferentes [6]:‎
– el Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM), para garantizar la ‎protección del presidente, del vicepresidente y de sus familias;
– el Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP), para garantizar la protección del secretario ‎de Defensa y de los principales jefes militares;
– el Atlas Plan, para garantizar la protección de los miembros del Congreso y de la ‎Corte Suprema;
– Octagon, plan con objetivos totalmente desconocidos;
– Freejack, también desconocido;‎
– Zodiac, igualmente desconocido;‎
– Granite Shadow, plan que prevé el despliegue de unidades especiales en Washington, establece ‎las condiciones para el uso de la fuerza y para poner el territorio bajo la autoridad de los militares ‎‎ [7].‎

Es importante observar que existe una contradicción entre el supuesto objetivo del RESEM –‎garantizar la protección del presidente y del vicepresidente– y el hecho que ese plan se aplicaría sólo en caso de muerte o de impedimento de esos responsables. ‎

En todo caso, la aplicación de estos 7 planes estaría en manos del Mando Militar de ‎Estados Unidos para América del Norte (NorthCom), encabezado por un ilustre desconocido, ‎el general Terrence J. O’Shaughnessy.‎

O sea, en virtud del derecho estadounidense, este general se convertiría en dictador de ‎Estados Unidos sólo en caso de muerte o de impedimento de los 3 principales responsables ‎electos del Estado federal –el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y el presidente de ‎la Cámara de Representantes– pero en la práctica su predecesor, el general Ralph Eberhart, ya ‎fungió como tal a pesar de que esos 3 responsables no estaban muertos ni impedidos de ‎realizar sus funciones. A los 73 años, el ahora retirado general Ralph Eberhart dirige actualmente ‎las principales empresas que proveen la aviónica militar en Estados Unidos. ‎

El 13 de febrero, el general O’Shaughnessy afirmó ante la Comisión del Senado a cargo de las ‎fuerzas armadas que el NorthCom estaba preparándose para lo peor. En el marco de esos ‎preparativos, el general O’Shaughnessy se comunica diariamente con los otros 10 mandos ‎centrales de las fuerzas de Estados Unidos en todas las regiones del mundo [8].‎

También es importante recordar aquí que, además del territorio de Estados Unidos, la «zona de ‎responsabilidad» del NorthCom abarca también Canadá, México y Bahamas. En virtud de varios ‎acuerdos, el NorthCom puede, por iniciativa propia, ordenar el despliegue de tropas ‎estadounidenses en esos tres países. ‎

En 2016, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó la orden secreta ‎denominada Presidential Policy Directive 40 sobre la National Continuity Policy, o sea la ‎‎«Política de Continuidad Nacional». Sólo 2 días antes de que el presidente Donald Trump ‎asumiera sus funciones en la Casa Blanca, el entonces administrador de la FEMA –la agencia ‎federal a cargo de las situación de urgencia–, Craig Fugate, firmó la Federal Continuity ‎Directive 1 (Directiva Número 1 de Continuidad Federal), que precisa ciertos aspectos de la ‎aplicación de ese procedimiento en niveles inferiores. ‎

Todo está previsto en función de «lo peor». La epidemia proporciona el pretexto para actuar. ‎En ese contexto, las preguntas planteadas recientemente por el vocero del ministerio chino ‎de Exteriores [9] sobre ‎la posibilidad de que los militares estadounidenses hayan diseminado deliberadamente el nuevo ‎coronavirus, adquieren el mayor sentido y cobran nueva vigencia. ‎