Pinochet por Lucía Hiriart

16 de octubre de 1998

El viernes 16 de octubre de 1998, pasado el filo de la medianoche, el sueño impune de Augusto Pinochet se desintegró en Gran Bretaña. Sus dos Lucías, madre e hija, le comunicaron la mala nueva muchas horas después de despertar de la morfina, suministrada para calmarle los dolores postoperatorios de una intervención quirúrgica por una hernia discal.

Lo acompañaban en Inglaterra, en una gira privada, a la que había sido invitado oficiosamente como responsable de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, donde ocupaba una banca vitalicia desde el 10 de marzo anterior, cuando cedió reglamentariamente el mando a su sucesor como Comandante en jefe del ejercito, el general Ricardo Izurieta.

Pinochet se encontraba en Londres desde el 22 de septiembre, recorriendo fábricas de armamento, comprando libros sobre Napoleón y tomando el té con Margaret Thatcher, hasta que las fisuras de sus cartílagos y la posibilidad de quedar inválido lo incitaron a una cirugía de urgencia el 9 de octubre. La lenta convalecencia fue cortada de un tajo por el juez español Baltasar Garzón quien, desde Madrid, ordenó la detención, por el sumario a su cargo caratulado "terrorismo y genocidio en Argentina".

Paradójicamente, serían las denuncias propulsadas por aquellas mujeres solas que bailaban la cueca de la ausencia, las que aportaron las pruebas para solventar la captura. El 26 de abril de 1998, en efecto, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Chilenos (AFDD), mayoritariamente compuesta por mujeres, elevó a Garzón una querella por la desaparición en Argentina de 94 chilenos.

Eran algunas de las 12.000 víctimas del Plan Cóndor, la coordinación represiva enhebrada por Pinochet para ensamblar su dictadura con las de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, elucubrado en Santiago durante un cónclave de militares especializados del Cono Sur, que se extendió entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975.

Como en Chile "no se mueve ninguna hoja si yo no la estoy moviendo", o "sin que yo no lo sepa", como rezan las dos versiones de su antológica frase de 1981, Pinochet creyó que estaba libre de culpa y cargo por los homicidios, torturas y ejecuciones clandestinas llevadas a cabo dentro de su país, desestimando las consecuencias de las perpetradas también por gavillas a su mando fuera de la geografía chilena.

Para cerciorarse de que nada podía temer en el extranjero, en octubre de 1997 envió a Madrid al general auditor del Ejército de Chile, Fernando Torres Silva, con el objeto de averiguar la situación de los expedientes por violaciones a los derechos humanos que incoaba la justicia española de manera separada sobre Argentina y Chile.

Con base legal en las convenciones internacionales en la materia, al haberse cerrado las instancias judiciales en Chile y Argentina en virtud de las leyes de amnistía promulgadas oportunamente en los dos países en 1978 y 1987 respectivamente, y no existiendo ninguna corte penal regional o internacional competente para sancionar esas atrocidades, los tribunales españoles empuñaban la jurisdicción universal que les otorgan a las cortes nacionales los tratados sobre crímenes de lesa humanidad como el genocidio y la tortura, reconocidos como tales en su propia legislación interna.

En la Audiencia Nacional con sede en Madrid, el juez Manuel García Castellón instruía una causa sobre Chile y el magistrado Baltasar Garzón otra sobre Argentina. Torres Silva no advirtió indicios directos que pudieran inculpar a Pinochet en el procedimiento de García Castellón, descontando que Garzón tuviera elementos para imputarle a su jefe desde la Argentina, aconsejándole que viajara al Reino Unido sin temores, pero se equivocó.
Las dos Lucías se erigieron en portavoces del dictador, que estuvo varios días sin hablar.

Premonitorio, le había anticipado taciturno al periodista John Lee Anderson del New Yorker, que "los dictadores nunca terminan bien". Empero decía esto pensando que él sólo era "apenas un aspirante", fotografiándose en el Hotel Dorchester de Londres en los días previos a que la ley le cayera encima. Engreído y mirando de soslayo, sin revelar sentimientos, como si hubiera dejado de disfrutar de este mundo, Pinochet de pie quizá se sintió filmando una película, con la levedad de su mano derecha arañando el mantel blanco de una mesa donde se alineaban cuatro copas de cristal.

Su esposa e hija lo reconfortaron en las horas aciagas, mostrándole sus declaraciones a la prensa, arropándolo como a un "mártir", un "héroe nacional", blanco de una conspiración del comunismo internacional. Festejó su cumpleaños 83 el 25 de noviembre de 1998, con un regalo inesperado: la Cámara de los Lores no le reconocía inmunidad diplomática.

Lucía alucinaba. De repente oscilaba con bruscas subidas de presión o síntomas de pulmonía, llorando sin cesar, aturdida por visiones amarillas cuando leía. Se sumergía en pozos depresivos, "terriblemente mal" y encerrada en la habitación matrimonial. Limaba las suelas de sus innumerables pares de zapatos, en los 200 metros cuadrados del suntuoso caserón que servía de cárcel al genocida chileno en la campiña del Reino Unido. No podía convencerse de "que un senador de una república independiente, que no le debe nada a nadie, sea vejado de esta manera".

Tergiversando la realidad hacia hipotéticos fines pecuniarios de los familiares de los más de 3.000 muertos que contabiliza la dictadura chilena, supuestamente en búsqueda de una indemnización, ella tildaba de innoble el procesamiento penal contra su marido. Sin embargo, el mes de marzo retrocedería hacia los favores en las cábalas del tirano.

El del año 2000 lo devolvió a Chile por "razones de salud", una decisión política del gobierno del primer ministro Anthony Blair, y de su entonces ministro del interior, Jack Straw, que anuló la extradición judicial para que fuera juzgado en España, una medida tomada a contramano de las salvaguardas que antepone la jurisprudencia internacional.